01 julio, 2009

Socialismo al estilo estadounidense

por James Dorn

James A. Dorn es Vice-presidente para Asuntos Académicos de Cato Institute y especialista en China y coautor de China's Future: Constructive Partner or Emerging Threat? (El Futuro de China: ¿Socios Constructivos o Amenaza Emergente?).

Casi al final de su periodo, el Presidente estadounidense George W. Bush dijo: “Estoy abandonando los principios de libre mercado para rescatar el sistema de libre mercado”. Pero antes de eso ya había aumentado considerablemente el tamaño y la envergadura del gobierno federal. Su último acto fue el de rescatar a General Motors y Chrysler. Esa estrategia continúa claramente bajo el Presidente Barack Obama y la mayoría demócrata en el congreso.

El gasto federal en el año fiscal 2009 se acercará al 28 por ciento del producto interno bruto y el déficit presupuestario estadounidense se espera que llegue a alrededor de $2 billones, o alrededor de 13 por ciento del PIB. Durante la próxima década el gobierno estadounidense emitirá aproximadamente $10 billones de nueva deuda para cubrir sus gastos planificados en programas, por encima y más allá, de la recaudación por impuestos prevista.

Lo malo del estímulo fiscal es que alguien debe pagarlo. Inglaterra está aprendiendo esa lección con el reciente anuncio de que su calificación de crédito de triple A podría ser reducida a menos que la tendencia de gastar de su gobierno sea revertida. EE.UU. está en una posición ligeramente mejor pero la considerable expansión del gasto deficitario de EE.UU., la decisión de la Reserva Federal de monetizar la deuda federal y los billones de dólares en promesas no financiadas por parte del Seguro Social y Medicare, constituyen un peligro para aquellos que han depositado su confianza en la deuda soberana estadounidense.

Pocos dudan que existe una burbuja en el mercado de la deuda del gobierno estadounidense. Mientras que los intereses aumentan, lo cual deben hacer mientras que se empieza a recuperar la economía y la Reserva Federal encoja su hoja de balance vendiendo activos, el valor de los bonos de la Tesorería caerán.

Aunque hay poco riesgo de que el gobierno estadounidense no cumpla con sus obligaciones, hay una probabilidad mucho mayor de que el costo de financiar una deuda nueva y masiva a lo largo de la próxima década impondrá una carga todavía mayor por sobre el presupuesto federal conforme las tasas vayan subiendo.

Si el congreso presiona a la Reserva Federal para que mantenga las tasas a largo plazo bajas, para ayudar a financiar el gasto deficitario, los mercados podrían empujar hacia arriba las tasas de intereses nominales para reflejar la prevista inflación más alta. El anuncio de la Reserva Federal de que comprará bonos a largo plazo del gobierno—bajo su política de “facilitamiento cuantitativo”—despierta dudas acerca de su compromiso con la estabilidad de precios frente a una recesión prolongada.

Luego de la recesión de 2001, la Reserva Federal mantuvo las tasas de intereses demasiado bajas por demasiado tiempo. El crédito barato fue absorbido por el mercado de bienes raíces, el cual fue alentado por las empresas patrocinadas por el gobierno—diseñadas para fomentar la difusión de crédito para vivienda.

Es esencial para el crecimiento económico y la estabilidad de EE.UU. que la Reserva Federal no ceda ante la presión política para anclar las tasas a largo plazo y para ayudar a financiar los déficits fiscales mediante la impresora de billetes. La deuda pública de EE.UU. ahora es de $7 billones, o cerca de 47 por ciento del PIB. Se espera que esa cifra llegue a 77 por ciento para 2013. Si la deuda inter-gubernamental es incluida (por ejemplo, los bonos del fideicomiso del Seguro Social), la deuda bruta nacional es de alrededor de $11 billones hoy y será más del doble en una década. Si los déficits proyectados en seguridad social y Medicare son incluidos, el total de la deuda soberana estadounidense, explícita e implícita, excede por mucho el 100 por ciento del PIB y continuará creciendo en el futuro—a menos que se de una reforma fundamental.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que China, el principal tenedor de bonos de la Tesorería de EE.UU., esté empezando a preocuparse acerca de los beneficios de acumular alrededor de $800.000 millones de deuda del gobierno estadounidense. Es irónico que una de las consecuencias no deseadas de la estrategia de desarrollo de China ha sido ayudar a promover el gasto excesivo del gobierno estadounidense. Las conversaciones alrededor de China ahora se han desplazado de discutir el “capitalismo con características chinas” hacia el “socialismo con características estadounidenses”.

Eventualmente, China se beneficiaría de mercados de capitales más abiertos y de un tipo de cambio flotante, junto con tasas de intereses determinadas por el mercado y un banco central más independiente y con el objetivo de mantener la estabilidad de precios a largo plazo. La acumulación oficial de reservas en dólares en ese entonces podría acabarse—y, con eso, la política indirecta de promover el crecimiento del gobierno estadounidense. Eso sería una buena noticia para la estabilidad y la prosperidad a futuro tanto en China como en EE.UU.

EE.UU.: ¿Cuál fue el resultado de rescatar a General Motors?

por Daniel Ikenson

Daniel Ikenson es Director Asociado del Centro de Estudios de Política Comercial de Cato Institute.

General Motors debería haber aplicado para obtener la protección prevista en el Capítulo 11 de bancarrota en otoño del año pasado o incluso antes. Era obvio en 2008 que GM estaba en rojo, quemando dinero, luchando para cumplir con su deuda, sufriendo marcados declives en sus ventas, enfrentándose a malos prospectos y fracasando en encontrar nuevas fuentes de capital.

En noviembre GM le pidió al gobierno federal un préstamo o salvataje—la única y última alternativa a la bancarrota. Luego de bastantes discusiones y algunos debates profundos, el congreso votó en contra de un salvataje, aparentemente cerrándole la puerta a todas las opciones excepto aquella de la bancarrota. Pero antes de que GM pudiera valerse de la protección de bancarrota, el Presidente Bush tomó la desafortunada decisión de eludir al congreso y desviar $15.400 millones del Programa para Aliviar Activos Tóxicos (TARP, por su sigla en inglés) hacia GM (en el cálido espíritu de evitar malas noticias alrededor de las festividades).

Ese fue el pecado original. George W. Bush es en gran parte culpable de la nacionalización de GM y de la cascada de intervenciones similares que puedan suceder de ahora en adelante. Si Bush no hubiese financiado a GM en diciembre (bajo autoridad cuestionable), la empresa probablemente hubiese aplicado para obtener la protección de bancarrota el 1 de enero, momento en el cual los potenciales compradores, tanto extranjeros como domésticos, hubiesen aparecido y hecho ofertas para obtener activos derivados o porciones de activos en el “Nuevo GM”, tal como está sucediendo ahora.

Por supuesto, un juez de bancarrota, actuando en un ambiente despolitizado, hubiese tenido que determinar si GM podría salir del proceso del Capítulo 11 como una entidad viable. Esa determinación hubiese requerido diferentes concesiones por parte de los diferentes intereses involucrados. Por ejemplo, el sindicato de Trabajadores de Automóviles Unidos hubiese tenido que aceptar cortes reales de salarios (no solamente reglamentos de trabajo reformados) y puede que a los tenedores de los bonos no se los habría forzado a recibir pennies por sus inversiones en dólares. Y, seguramente, los recursos del contribuyente no hubiesen sido tocados. Seguro, hubiesen habido cierres de fábricas, concesionarios de carros y pérdidas de trabajos, de igual manera que los hubo bajo el plan de nacionalización.

Pero el camino que hemos tomado, lamentablemente, atraviesa un campo político minado. Si GM sale de la bancarrota organizado y gobernado por el plan creado por la administración de Obama, es imposible ver cómo los mercados libres tendrán algo que ver con la industria automotriz estadounidense de ahora en adelante. Con el gasto de $50.000 millones del dinero de los contribuyentes (como mínimo), la administración hará lo que sea que tenga que hacer—incluyendo la implementación de políticas que induzcan a los consumidores a comprar GM, hacer las cosas más difíciles para la competencia de GM o subsidiar los costos de GM—para que GM triunfe. Por lo tanto, $50.000 millones es una suma que es más probable que crezca a que sea repagada. También es una suma que servirá como justificación para que hayan más intervenciones del gobierno a favor de GM.

Por lo tanto, ¿qué sucederá con Ford? Con el respaldo del gobierno a GM, ¿estará dificultado el acceso al capital de Ford? ¿Puede competir en contra de una entidad respaldada por la tesorería nacional sin límites? O, ¿será que habrán más bancarrotas patrocinadas por el gobierno en el futuro?


Los fabricantes de autos que no pueden competir deberían desaparecer

Yo odio la política industrial paternalista, bajo la cual las decisiones acerca de quién hace cuánto de qué son tomadas en centros de investigación de políticas públicas en Washington y en oficinas estatales por “expertos” en políticas públicas que se creen ingenieros sociales. Eso es una manera condescendiente de mirar el mundo, la cual busca homogenizar las preferencias individuales hacia una concepción orwelliana del “bienestar social” o del “interés nacional”.

Se ha sugerido que yo veo el destino de GM como un asunto de irrelevancia nacional. Eso es correcto, porque yo no he cometido el error de igualar el estado de GM con aquel de la industria automotriz estadounidense. Estén en juego o no los supuestos “intereses nacionales” en mantener una industria automotriz saludable (y yo no estoy convencido que los hay), creo que la salud viene de un proceso evolutivo en el que las empresas que han tomado las decisiones correctas sobreviven y crecen, y aquellas que han tomado malas decisiones se contraen y algunas veces inclusive desaparecen.

No es solamente justo pero además eficiente y sabio que el mercado recompense a las empresas que hacen mejores productos a mejores precios con ganancias mayores y mayores porciones del mercado, mientras que las empresas que hacen productos no deseados a un costo alto pierdan ganancias y porciones del mercado.

Algunos no están de acuerdo con esa perspectiva al decir que necesitamos una industria automotriz estadounidense para que esta diseñe y construya la próxima generación de carros que sean eficientes en el uso del combustible. Bueno, esa industria existe—en el momento actual. Pero su existencia está amenazada por un gobierno que parece estar dispuesto a mover la balanza a favor de una empresa.

Hay bastantes productores de autos en EE.UU., todos ellos se enfrentan a una demanda en contracción. Pero socavamos el objetivo si Ford, Toyota, Kia, Honda, Volkswagen y todos los demás no pueden competir bajo condiciones iguales con GM para poder diseñar la próxima generación de autos eficientes en el uso del combustible.

Algunos hablan de los peligros de la “administración obsesionada con el costo” rápidamente deshaciéndose de los recursos necesarios para hacer autos mejores y más innovadores. Pero la eficiencia o la obsesión con el costo (como la llaman de manera despectiva) es la esencia de la competencia.
Y no vayamos a endilgarle a aquellos que favorecemos los procesos de mercado el pecado de “destruir la capacidad productiva de nuestro fabricante más grande de autos y de forzar a que miles de proveedores quiebren”. Los administradores de GM y el sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos hicieron eso solos, al ser cómplices en una mala administración y ambición y luego justificar su comportamiento destructivo con la presunción de que ellos eran demasiado grandes para fracasar y que el gobierno estaría ahí para limpiar el desastre.

¿De verdad GM es demasiado grande para fracasar? La pregunta es importante. La demanda de autos ha caído en EE.UU. a lo largo del último año. El mercado se está contrayendo. No todos los productores pueden cubrir sus propios costos y conseguir ganancias. Los más eficientes y valiosos sobrevivirán.

Algunos solamente ven destrucción en este proceso, pero la creación vendrá de las mayores oportunidades, del mayor espacio para las economías de escala y los mayores incentivos para tomar las decisiones correctas que las firmas sobrevivientes enfrentarán—a menos que la política interfiera con el proceso.

CEObama

El plan pre-empacado de bancarrota de la administración de Obama para General Motors es una receta para el desastre. Aún si el Presidente Obama fuese sincero acerca de su aseveración de que el no quiere conducir una empresa de autos, será imposible que evite políticas que favorecen claramente a GM. Con el gasto de $50.000 millones del dinero de los contribuyentes (para empezar), la administración hará lo que sea que tenga que hacer para demostrar que fue sabia su intervención.

Eso requerirá, por lo menos, un retorno positivo por sobre la inversión realizada de manera coercitiva. Pero para simplemente recuperar lo invertido por los contribuyentes en el 60% de las acciones de la empresa, GM tendrá que valer $83.000 millones (60% de $83.000 millones es $50.000 millones). ¿Cómo y cuándo sucederá eso alguna vez? En su cima en el 2000, el valor de GM (basado en su capitalización de mercado) era de $60.000 millones. Por lo tanto, la barra más baja para declarar “éxito” requerirá un aumento de 38% en el valor de GM desde donde estaba en los días felices del 2000, cuando los estadounidenses estaban comprando 16 millones de autos al año. Las proyecciones de demanda en EE.UU. de autos para los próximos años está en alrededor de 10 millones de autos al año. Que los contribuyentes sean dueños de GM es algo a lo que todos nosotros deberíamos acostumbrarnos y la “inversión” solamente crecerá. Considere el caso de Amtrak.

Debería ser obvio que la administración se valdrá de políticas públicas (política tributaria, comercial y regulaciones) para inducir a los consumidores a comprar productos de GM, para subsidiar la producción y de hecho, socavar la competencia de GM. Esto tendrá efectos perversos sobre Ford y otras empresas a las cuales se les hace difícil competir en contra de una Tesorería que gasta sin límites. Y todo esto sucederá aún si el presidente cumple con su promesa de no querer administrar una empresa de autos. Él puede tomar su distancia de la administración de la empresa y al mismo tiempo favorecer a GM.

Pero el presidente quiere administrar esta empresa de autos. Es central para su misión de convertir a EE.UU. de una economía basada en el carbón hacía una basada en energías renovables. “CEObama” ya ha despedido a su antecesor, prometido al sindicato de Trabajadores de Automóviles Unidos que GM no importará carros pequeños de sus fábricas extranjeras y ha prometido convertir a GM en el modelo de la producción verde. Pero el gobierno nunca ha sido bueno para inducir a los fabricantes de autos a producir vehículos que las personas quieran comprar. Si algo logra, es que los fabricantes de autos hagan carros que la gente no quiere comprar. Los estándares de eficiencia en el uso del combustible han inducido a los fabricantes a hacer vehículos costosos de alto millaje a lo largo de los años y para que los vendan sin derivar ganancias de ellos o generando pérdidas debido a la limitada demanda. De acuerdo con esto, la política gubernamental es una de las razones por las cuales GM colapsó.

La única cosa que puede salvar a EE.UU. de este matrimonio apresurado de GM es un juez de bancarrota dispuesto a rechazar el plan de reorganización de la administración. Es posible que el juez insistirá que GM aumente su capital por parte de inversionistas privados en lugar de depender del dinero de los contribuyentes, pero dado que hace poco el juez aprobó el plan de la administración para Chrysler, no esperemos que eso suceda.

A favor y en contra del mercado

por Alberto Benegas Lynch

Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

Para entrar en este tema, primero es menester explicar que significa el mercado. En primer lugar digamos que es una expresión que simplifica o resume el hecho de millones de arreglos contractuales. El mercado en este sentido no es un lugar sino un proceso que trasmite información por su naturaleza fraccionada y diseminada a través del sistema de precios y basado en la institución de la propiedad privada. Esto último implica el uso y la disposición de lo propio, lo cual, en las transacciones, da lugar a los precios. Sin propiedad no hay precios y, por ende, no resulta posible la contabilidad, la evaluación de proyectos ni el cálculo económico en general. No habría respuesta posible si en un lugar donde no hay propiedad privada si preguntara de que conviene construir los caminos con oro o con cemento. Una de las razones centrales de la caída del muro de la vergüenza en Berlín fue precisamente el caos que necesariamente provoca un sistema sin precios. A su turno, la propiedad privada resulta indispensable para signar los siempre escasos factores productivos: quien acierta en los gustos de su prójimo obtiene ganancias y quien se equivoca incurre en quebrantos. El cuadro de resultados va mostrando donde es más eficiente la administración de aquellos factores escasos. Si los bienes crecieran en los árboles y hubiera para todos todo lo que requiere, no habría necesidad de aquella institución.

Ahora bien, este proceso de mercado coordina los referidos millones de arreglos contractuales. Como bien lo ha ilustrado John Stossel, para que pueda existir un trozo de carne en la góndola del supermercado son necesarias muchísimas operaciones que son guiadas a través del antes mencionado sistema de precios. Mirando para atrás, imaginemos los agrimensores en el campo, las empresas inmobiliarias, los alambrados y las empresas de alambrado con sus transportes, cartas de crédito, empleados, edificios, etc., los peones que recorren el campo a caballo, la crianza de caballos, la producción de monturas y riendas, los fertilizantes y plaguicidas, los tractores, las cosechadoras y todo lo que significa su producción tanto horizontal como verticalmente, los vacunos, los frigoríficos y tantos mecanismos de producción donde en cada segmento cada hombre en el sitio está usando sus particularísimos conocimientos sin prestar atención al trozo de carne ni al supermercado que también requiere administración y asignación de recursos. Estos ejemplos implican un haz de innumerables contratos y sapiencia que no está en ninguna mente en particular sino dispersa y fraccionada. Por ello es que cuando los megalómanos del poder pretenden “planificar” todo se desmorona: se trata de un problema de ignorancia que no es posible vencer ni con el almacenamiento más extraordinario en ordenadores puesto que sencillamente la información no se encuentra disponible ex ante.

Entonces, el mercado es un mecanismo neutro moralmente que trasmite lo que la gente demanda. Esto no quiere decir en modo alguno que se deba estar de acuerdo con lo que se reclama, por ejemplo, sadismo sexual, drogas alucinógenas para usos no medicinales o ideas socialistas. El funcionamiento del mercado no requiere que todos acepten la estructura axiológica de las mayorías. Si se considera que se venden novelas o música de mala calidad no quiere decir que no se escriban otras novelas o se produzca otra música considerada mejor. Lo mismo va para el mercado de ideas: que la mayoría muestre sus preferencias por el totalitarismo socialista no significa que otros no puedan contrarrestar esa tendencia, entre otras cosas, para preservar el funcionamiento del mercado ya que, por definición, el totalitarismo en el poder acabará con el puesto que desconoce los derechos de las personas entre las que se cuenta de disponer del fruto del trabajo, es decir, de propiedad.

En esos casos, podrá aparecer a simple vista la paradoja de que debe navegarse contra el mercado al efecto de preservar el mercado. Sin embargo, no es así. No es contra el mercado sino dentro del mercado que se intenta neutralizar las ideas (o en otro caso los bienes) para que pueda seguir funcionando ese mecanismo. Este es el sentido de todas las instituciones educativas y centros de divulgación que hoy se esfuerzan por explicar las ventajas y las virtudes de la sociedad abierta.

Se podrá preguntar para que se quiere el mercado como expresión de los deseos y reclamos de otros si cuando se expide se lo intenta neutralizar. Pero es que en esta neutralización parcial o total estriba la competencia que es parte fundamental del mercado. Reiteramos, lo que muchos demandan no quiere decir que deba ser compartido por todos y si no lo es a éstos les asiste el pleno derecho de ofrecer otras cosas e ideas que compiten con las primeras.
La inmensa mayoría de las cosas que hacemos diariamente implican contratos, de lo cual no se desprende para nada que las personas ajenas al convenio coincidan con las preferencias de las partes. Cada uno hace sus contratos, lo cual permite diversidad de bienes y de ideas. Cuando nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno están presentes los contratos de compra-venta (del microondas, la heladera, la tostadora, la mermelada, los cereales, etc.), cuando salimos a trabajar y tomamos un taxi y dejamos los hijos en el colegio están presentes los contratos de transporte y de enseñanza, cuando vamos al trabajo hay un contrato laboral, enviamos a la secretaria a hacer trámites hay mandato o gestión de negocios y si es para un depósito en el banco (contrato de depósito), se establece un nuevo emprendimiento con socios (contrato de sociedad), invitamos a colegas a almorzar (contrato de donación), alquilamos una oficina (contrato de locación) etc., etc.

Todos los contratos a su vez significan la existencia de la institución de la propiedad y los precios correspondientes. Cuando los gobiernos interfieren en el mercado los precios resultantes no expresan las valoraciones de las partes y, consecuentemente, transmiten señales falseadas que provocan operaciones equivocadas y malguiadas que no aprovechan la estructura de capital, lo cual redunda en menores salarios e ingresos para la gente puesto que las tasas de capitalización son la única fuente de aquellas entradas. No es que necesariamente haya maldad en el gobernante, es que inexorablemente hay ignorancia de cualquiera que se arrogue la facultad de coordinar las mencionadas millones de operaciones que se suceden en base a información y conocimiento disperso y que incluso no pocas veces el propio operador en el sitio no la puede articular porque es conocimiento tácito tal como ha explicado Michael Polanyi.

En todo caso, queremos resaltar en estas líneas que lo que aparentemente es la contradicción de ir contra el mercado para fortalecerlo no es más que ofrecer dentro del mercado otros productos o ideas en competencia y si se trata de contrarrestar los principios socialistas se trata de permitir que subsista ese mecanismo trasmisor de información que denominamos mercado.

Siempre, en la medida en que se lo ha dejado funcionar, el mercado es el proceso de asignación de los siempre escasos factores productivos que permite consolidar la buena marcha de la economía o, en su caso, rectificar rumbos en la buena dirección. Un ejemplo de esto último ha sido la crisis del treinta, iniciada por el estatismo de Hoover y acentuada en grado superlativo por el Leviatán fabricado por Roosevelt, cuyos efectos devastadores se disimularon (principalmente la desocupación mayúscula debida a los decretos de salarios mínimos en momentos en que la crisis consumía las tasas de capitalización), esta cosmética fue debida a las doce millones de personas empleadas en las Fuerzas Armadas para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Pero el fenómeno comenzó a revertirse cuando, muerto Roosevelt, Truman —a regañadientes— despidió a socialistas extremos en el gabinete (tales como los muy influyentes Harold LeClaire Ickes y Henry Agard Wallace) reemplazándolos por funcionarios más razonables, eliminó los controles de precios, decretó el final de la “economía de guerra” y, por ende, liberó recursos para emplearse en actividades rentables, se atenuó sensiblemente la política irresponsable de la Reserva Federal (marcas en alguna medida mejoradas por Eisenhower), al tiempo que los lamentables destrozos en las economías de Europa y Japón tornaron súbitamente a Estados Unidos en altamente competitivo en muy diversos rubros, a lo que debe agregarse la relativa apertura de las fronteras en la posguerra lo cual facilitó grandemente el comercio.

En resumen, como queda expresado, el mercado es una institución que permite conocer las valoraciones de la gente y asignar eficientemente los recursos disponibles a través de la coordinación del conocimiento, necesariamente disperso y fraccionado. Cuando se desarrollan actividades y se producen bienes distintos y hasta opuestos a los que se ponen de manifiesto en el presente, no se está operando en contra del mercado sino dentro de ese proceso, en competencia con aquellas exteriorizaciones.

Zelaya buscaba crear el caos constitucional

Juan Carlos Hidalgo es Coordinador de Proyectos para América Latina del Cato Institute.

¿El anunciado retorno del presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa subirá al máximo la tensión en ese convulsionado país?

Efectivamente. El presidente provisional de Honduras, Roberto Micheletti, ha dicho que espera a Zelaya con una orden de captura. Ciertamente, la salida de Zelaya, el domingo, se presentó en un marco de incertidumbre y quedan muchas preguntas en el aire acerca de por qué se lo expulsó del país y por qué no se lo juzgó por los delitos que ha cometido. Además, por qué no se le siguió un procedimiento civil a través de un juicio político. Todo esto ha dado paso al circo que Zelaya ha armado alrededor de su destitución.

¿Por qué habla de circo?

La salida de Zelaya y las conferencias de prensa que ha tenido, junto con los líderes de la Alba y demás, le han servido para presentarse ante la comunidad internacional como la víctima de un golpe militar injustificado. Pero la realidad es un poco más turbia que eso, pues Zelaya venía cometiendo repetidas violaciones a la Constitución hondureña y a la separación de funciones en ese país. Se ha presentado como una víctima, y no como el principal responsable de la crisis que vive Honduras.

¿Y quién está detrás de esto?

Este circo ha sido montado hábilmente por Hugo Chávez (presidente de Venezuela) y por sus socios bolivarianos de la Alba. Hace tres semanas, durante la Cumbre de la OEA en San Pedro Sula (Honduras), estos países y en especial el presidente Zelaya, catalogaron a la Carta Democrática de la OEA de “babosada”. Esto, en el marco de sus esfuerzos por incorporar nuevamente a Cuba dentro de la organización. Ahora, apelan a esta misma Carta, para tratar de suspender a Honduras. El presidente Chávez cuenta con una gran caja de resonancia en América Latina, donde muchos líderes siguen o callan ante sus bravuconadas y sus esfuerzos por exportar su revolución bolivariana.

Entonces, ¿usted cree que Hugo Chávez y sus colegas de la Alba exacerban el panorama político de Honduras?

Ellos son los que han apelado a la retórica más desafortunada alrededor de este hecho. Incluso el presidente Chávez ha hablado de derrocar al actual Gobierno (provisional) de Honduras. Es curioso que estas palabras, que constituyen una intervención inaceptable de un país en los asuntos de otro, no han sido mencionadas, ni menos aún condenadas por otros países latinoamericanos.

¿Cuáles son los delitos políticos y errores que se achacan al presidente Zelaya?

La Constitución hondureña es muy celosa y muy particular, pues establece claramente que buscar la reelección presidencial es un delito grave. El artículo 42, en su inciso 5, señala que incitar, promover o apoyar el continuismo y la reelección del Presidente de la República es causa suficiente para perder la ciudadanía. El artículo 239 es el más claro de todos, cuando señala que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente. Quien quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen, cesarán de inmediato en sus cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. El hecho de que Zelaya impulse una reforma, un llamado a una Constituyente, con el objetivo claro de buscar la reelección presidencial, entra en conflicto con este articulado de la Constitución. No lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que declaró ilegal la consulta que pretendía Zelaya.

Al tenor de la Constitución de Honduras, ¿la defenestración de Zelaya es legal?

La Constitución hondureña no define un mecanismo civil para la remoción de un Presidente en caso de que este violente las leyes y la Constitución. Dice que pierde su cargo, pero no cómo.

¿Destituir a Zelaya no es la salida adecuada para solucionar la crisis?

Eso no lo sabemos. Desde la semana pasada, he escrito que Zelaya, deliberadamente, buscaba una confrontación y crear el caos constitucional. No le importaba lo que decían los entes del Estado.

Gabriela Calderón discute la crisis en Honduras en Teleamazonas

Esta entrevista a Gabriela Calderón, Editora de ElCato.org, fue realizada el 30 de junio de 2009 en Teleamazonas (Ecuador).

Los “bolivarianos” y la corrupción

Los países latinoamericanos alineados tras el ejemplo y los modos de Fidel Castro y Hugo Chávez comparten actitudes, errores y malas costumbres.

La existencia y accionar del “eje bolivariano”, liderado por Fidel Castro y Hugo Chávez, conforman un peligrosísimo fenómeno político-social latinoamericano al que no cabe minimizar. Sus distintos integrantes tienen algunos denominadores comunes.

En primer lugar, procuran el autoritarismo, sin el cual son incapaces de “gobernar”, a su manera claro está. Para ello someten a la democracia a un proceso de demolición, basado en la concentración de poder en torno al Ejecutivo. Con ese objeto promueven la democracia “participativa”, por sobre la “representativa”. Esto supone adoptar un método permanentemente “deliberativo”, con el que procuran manipular la opinión pública a través de los “movimientos sociales”, a los que controlan por control remoto, como meros instrumentos de su voluntad. Además, todos concentran fuertemente el poder en el Ejecutivo, transformando al Legislativo en un mero “sello de goma” y controlando al Poder Judicial, de modo de asegurarse que no sea independiente, ni mucho menos imparcial, sino apenas un agente más del Poder Ejecutivo, cuya misión primordial es la de asegurar impunidad frente a todo, sea la destrucción de las instituciones, sea la corrupción generalizada.

En segundo término, pretenden controlar a los medios de comunicación masiva. A este efecto, invierten fuertemente en “medios oficiales”, a los que cargan con insistencia con un mensaje de odios, resentimientos e ideología y generan una ola permanente de propaganda gubernamental (jamás vista en la región) con la que procuran tanto ensalzar permanentemente la acción de gobierno, como demonizar a la oposición y a sus líderes. Como si esto fuera poco, atacan sistemáticamente a la prensa y a los periodistas libres, procurando a veces intimidarlos y otras co-optarlos con dinero o presencia. Respecto de la prensa libre, el objetivo final es el de debilitar su capacidad de influir democráticamente en la sociedad; esto es, relegarla a segundo plano, impulsando su desaparición. Con “leyes de prensa” y abusos de todo tipo en el uso de las normas y de los tribunales, la persiguen y denuestan hasta el agotamiento.

En tercer lugar, los “bolivarianos” (como hiciera Cuba, en la década soviética de los setenta) operan sobre la región toda, como objetivo conjunto. Descaradamente. El principio de “no ingerencia” o “no intervención” en asuntos internos de otros Estados sólo juega a favor. Jamás en contra. Los tentáculos del “bolivarianismo” apuntan a envolver a la región toda, a la que llaman “Patria Grande”. Como si los Estados no existieran. El más burdo en su accionar es, claramente, Evo Morales. El mejor ejemplo de sus permanentes “ingerencias” es lo que hoy sucede en el Perú, donde -a través Ollanta Humala- Morales se dedica a sublevar a las poblaciones indígenas. Una a una. En el Amazonas como en el Cuzco. El dinero lo suministra Hugo Chávez, con “valijas” repletas de petrodólares y otros métodos “alternativos”. La inteligencia viene generalmente de Cuba. Nuevamente.

Pero esto no es algo oculto. No es una política opaca. Es una directiva oficial. Quien no lo crea, puede simplemente ponerse a leer, en la “página-web” del propio gobierno chavista, el plan denominado pomposamente: “Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación: 2007-2013”.

Allí encontrará no sólo una soberbia lección de marxismo disfrazado sino, en materia de política exterior, concretamente, algunas definiciones en las que puede detenerse. Como las del Capítulo VII, titulado: “Nueva Geopolítica Internacional”. Particularmente en el primer párrafo de la página 48, donde se define la peculiar “misión” del “servicio exterior venezolano”, apuntando a la “formación de círculos informativos alrededor de las embajadas, creando las estrategias necesarias para la movilización de masas en apoyo al proceso revolucionario”. Con esa relativamente eufemística “excusa oficial”, en los hechos, todo vale.

En cuarto lugar, los regímenes “bolivarianos” son profundamente corruptos. Por donde se los mire. Como jamás en la región. No es de extrañar, por cierto. Quienes no se ruborizan siquiera al manejar a su gusto y paladar la ley y desnaturalizar a las instituciones, no conocen de fronteras de ningún tipo. En todo caso, creen que el Estado lo conforman ellos mismos y su entorno inmediato.

Por ello la Bolivia de Evo Morales en un gigantesco monumento a la corrupción. Lo allí sucedido en torno a YPFB es tan sólo una de las experiencias más notorias y lamentables. Venezuela pertenece -de hecho- a Chávez y a la “boliburguesía” que lo secunda y acompaña, facilitando el fraude. Para él no hay restricciones cambiarias. Ni límite legal alguno. Ecuador y, sobre todo, Nicaragua, como veremos, no les van en zaga. Los “bolivarianos” se adueñan del poder político y se apoderan, asimismo, del económico. Son, también en este sentido, absolutamente totalitarios. De veras.

En la Argentina, país que -por ahora- orbita muy cerca del “bolivarianismo” -porque abrazarlo de lleno podría generar un rechazo masivo- las cosas no son muy diferentes. Las tremendas revelaciones en materia de concertación de política exterior con Fidel Castro con motivo de la “Cumbre de las Américas” de Mar del Plata, realizadas por el lamentable piquetero oficialista Luis D’Elía, así lo han demostrado palmariamente.

Para utilizar las palabras de una certera editorial del diario La Nación del 20 de junio, hay “numerosos casos de intervención del Gobierno sobre mercados o empresas a fin de inducir o facilitar su adquisición por grupos económicos amigos del poder”. “En diversas ocasiones (sigue diciendo la valiente editorial) la acción oficial se realizó a través de determinadas regulaciones que, sostenidas en el tiempo, consiguieron agotar la viabilidad del negocio, además de la paciencia de sus titulares”. Pareciera ser así. “Los ejemplos se multiplican y suman también un manejo discrecional de contratos en el área de las obras públicas que favorecieron un notable crecimiento de empresas contratistas amigas del poder”. Por eso concluye que: “El Estado al servicio de los amigos es la cara indisimulable de la corrupción”. Porque, agrega, “no es difícil imaginar que detrás de muchos de los negocios con contratistas y proveedores cercanos al oficialismo de turno, así como en los pagos de subsidios, la regla suficientemente conocida, aunque no denunciada, es la del pago de retornos a personeros de la administración”. Va de suyo.

Fábulas ecuatorianas

Sólo a través de la acción de la prensa libre y de sus valientes denuncias se conocen normalmente los episodios de corrupción. Es ella que hace real aquello de que, contra la corrupción, el mejor antídoto es la luz del día. Sin ella, la corrupción se instala y deviene oficial con el límite de la voluntad del líder que puede -o no- tolerarla. Dependiendo de las personas, los tiempos, y las circunstancias. Por esto el empeño bolivariano común en someter a los medios.

“El Comercio”, de Ecuador, en su edición del 6/20/09, contiene una muestra de esto. Cuando llama la atención acerca de las actividades “comerciales” de Fabricio Correa, el propio hermano del Presidente Rafael Correa; de su cuñada, Jessica Zenck; de Federico Zenk; y de su suegra, Carmen Vivar.

En Ecuador, desde agosto del año pasado, el artículo 62 de la Ley de Contratación Pública prohíbe expresamente adjudicar obras a los familiares de los funcionarios públicos, sea a través de personas naturales o jurídicas.

Pese a ello, según informa “El Comercio”, el comercialmente hiper-activo hermano del propio Presidente: Fabricio Correa, contrató con el Estado “con (a través de) empresas que están a nombre de terceras personas, como “Megamac” y “Cosurca”. Con utilización de “testaferros”, entonces. Como parece suceder también en la Argentina de los Kirchner, presumiblemente.

Pero a estar a lo que informa detalladamente el medio aludido, hay mucho más. “Una empresa en la que Correa sí está registrado como socio, obtuvo un contrato con el Estado: Helpec.” Allí aparecen, según el medio, todavía más familiares presidenciales: hasta la madre: Norma Consuelo Delgado, que tiene acciones, además de Fabricio. Esta empresa le vendió tuberías a la Armada de Ecuador. Tiene, además, la propiedad de SIDEC Construcciones, que “construyó puentes sobre el río Paute” para el Ministerio de Obras Públicas y sigue concursando en otras licitaciones que, queda visto, gana.

El Comercio detalla, además, las contrataciones de otra empresa con conexiones íntimas con Fabricio: “Quality”, que ya se habría adjudicado nada menos que siete contratos, fundamentalmente en el sector de los hidrocarburos.

El hermano del Presidente Correa reconoció públicamente, recuerda El Comercio, que opera ciertamente en la mencionada “Cosurca” a través de sociedades panameñas (cuyos accionistas no aparecen, esto es no tienen que ser identificados) “para evitar que su nombre aparezca”. “Cosurca” fue la adjudicataria de una obra vial por 29 millones de dólares, tres días después de lo cual fue casualmente adquirida por Don Fabricio Correa, a través de una sociedad panameña. Un vivo, el hombre.

Pero la situación descripta es frecuente en Ecuador. Esto es lo que ha descubierto “El Comercio”. Sólo eso. No es, para nada, imposible que haya más. El apetito de los muchachos es inagotable. Van por todo. Como otros.

El asesor jurídico de Carondelet (la Casa de Gobierno), Alexis Mera, dijo “nosotros no sabíamos de los negocios de Fabricio. El Presidente tampoco”. Es claro, están muy ocupados con el manejo de la cosa pública como para gastar su tiempo en pensar en su familia. De horror.

Maravillas sandinistas

Nicaragua pertenece al eje “bolivariano”. Su presidente es Daniel Ortega, cuyo gobierno no respeta ni los límites legales, ni los morales. A punto tal que en las últimas elecciones municipales de su país las acusaciones de fraude aparecieron desde todos los rincones de la sociedad, incluyendo la normalmente moderada Iglesia Católica. Ortega las desoyó, impertérrito. Como si no existieran.

Cuando la oposición salió -en protesta- a las calles, Ortega lanzó contra ellos a sus bandas de patoteros y milicianos, que los desalojaron con oleadas de violencia, a palo limpio. Esta es su noción de “convivir en democracia”, de tolerancia, de transparencia.

Como resultado de esas elecciones municipales fraudulentas, un conocido boxeador (ex campeón del mundo) Alexis Argüello, se coronó como alcalde de Managua, pese a las acusaciones de fraude.

Pensar en que Argüello tiene capacidad de gestión municipal es algo así como suponer que Diego Maradona sería un buen Canciller de la República Argentina. Absolutamente imposible, aunque seguramente ni Argüello, ni Maradona, están concientes de su falta de idoneidad. Ninguno de los dos parece capaz de reconocer sus limitaciones, porque han sido “entronizados” por la sociedad de tal modo que ambos se sienten “capaces de todo” y por encima de todo. Es una lástima para ellos, ciertamente, pero también para sus sociedades. No es de extrañar entonces que Alexis Argüello, en su breve gestión, enfrente toda suerte de problemas y de insólitos “pasos en falso”.

Empecemos por los problemas. Todos tienen que ver con la inmoralidad que inunda a su gestión. Argüello contrata la obra pública municipal prioritariamente con empresas sandinistas. Les ha adjudicado nada menos que 64 distintas obras. Según él, por razones de emergencia y por los bajos costos ofrecidos, de los cuales no ofreció prueba alguna. Cree que su “palabra” santa es suficiente.

Las empresas ejecutoras están -casi siempre- ligadas indirectamente a funcionarios o líderes del gobierno sandinista y ni siquiera están inscriptas en el Registro de proveedores estatales. La Municipalidad de Managua no tiene siquiera registro de proveedores municipales. De las obras en curso, la mayoría tiene graves atrasos. Así lo confirma “La Prensa”, de Managua.

Una de ellas -informa el medio- es “Construnixa”, propiedad de Manuel Tremiño, hermano de un conocido dirigente de la juventud sandinista: José Tremiño. Esta empresa construye un puente vehicular y está realizando obras de “recarpeteo” en el barrio de Villa Reconciliación, así como en el barrio Camilo Ortega. Otra, “Inseco S.A.”, tiene a su cargo el adoquinado del barrio Augusto C. Sandino.

“Inverglosa”, cuyos propietarios estarían ligados -según los medios locales- al Ministerio de Transporte e Infraestructura, asfalta el barrio Luis Alfonso Velásquez y el barrio Buenos Aires.

También aparece “Corasco”, propiedad de Leonardo Corea Torres, personaje conocido que pertenece al “bloque de empresarios sandinistas”, que hoy “recarpetea” el barrio 19 de Julio. A estar siempre a lo informado por el diario “La Prensa”, de Managua, “Corasco” “anticipa” los proyectos que van apareciendo y tiene así oportunidad de “estudiarlos” antes que nadie. Llamativo. Pero no en el “ambiente” de Managua.

Por último aparece “Cosansa”, que también trabaja en obras viales. Hay otras empresas con el mismo perfil. Incluyendo a “CONINSA”, vinculada a los mandos militares, que acaba de ganar una licitación vial denunciada como irregular por algunos empresarios tradicionales del sector de la construcción.

Las empresas constructoras con años de experiencia han quedado de costado, desde hace varios meses y sufren la intensa “sequía” política. La “discrecionalidad” que impera las posterga inevitablemente.

La mayor parte de las obras urbanas han sido adjudicadas “por razones de urgencia”. Son necesarias para una ciudad que sufre inundaciones durante la temporada de lluvias. Adjudicadas a firmas sin los antecedentes y experiencia del caso registran demoras importantes, como era predecible.

Además de tener “manga ancha” con los amigos, Alexis Argüello, como dijimos más arriba, es proclive a dar “pasos en falso”. Acaba de manifestar públicamente que la construcción del Museo de la Victoria Sandinista (un monumento disparatado a la ideología) es para él más importante que la tarea de descontaminar la Laguna Tiscapa, cercana al casco urbano. En su opinión, porque “invertir en la laguna es como botar el dinero” (sic).

Desde hace meses, la Laguna Tiscapa no se descontamina. Pese a que tiene un importante potencial turístico y un enorme pozo que la comunica con las aguas y napas subterráneas de Managua a través del cual se ha contaminado su manto acuífero. Por ello, si la laguna está contaminada, también lo están las aguas de la ciudad.

Pero para Argüello esto no tiene mayor importancia. Ni importa si la laguna cratérica contiene sedimentos y basura. Solo es urgente la construcción de edificios públicos que, en rigor, son panegíricos monumentales de una revolución, la “sandinista”, que cada vez que gobernó a Nicaragua la dejó postrada moralmente y económicamente destruida.

Argüello habrá sido un gran boxeador, pero parece no tener la idoneidad necesaria para conducir el Municipio de Managua. No tiene preparación alguna y la Alcaldía le queda grande. Hasta moralmente, según queda visto.

Su gestión puede derivar en daños irreparables para la salud de los nicaragüenses. Pero sus urgencias son otras. De naturaleza política. Pobre Nicaragua, con esas prioridades, propias de los “bolivarianos”. © www.economiaparatodos.com.ar
La derrota K: un primer paso de un largo camino para recuperar la Argentina

El domingo, se dio un paso importante para poner fin a un modo de hacer política basado en el autoritarismo. Queda ahora el gran debate para lograr establecer políticas públicas que nos permitan terminar con la permanente decadencia nacional.

Tal vez podría decirse que Kirchner comenzó a construir su derrota electoral, que el domingo a la noche se transformó en muy dura, cuando inició el conflicto con el campo y lo prolongó hasta hoy. Y digo hasta hoy porque ningún problema del sector fue resuelto. Pero, en rigor, si la derrota de Kirchner empezó con la resolución 125, sería solo una anécdota. Podría haber empezado con la resolución 208, las 645 o cualquier otra. Quiero decir, la inconsistencia de la política económica, su comportamiento agresivo, su desprecio por las instituciones, su incapacidad para gobernar y generar confrontaciones lo condenaban, más tarde o más temprano, a este generalizado rechazo que tuvo en las urnas el domingo. Solo era cuestión de tiempo. Si no se hubiese peleado con el campo, hubiese producido algún otro conflicto de las mismas proporciones. Parafraseando al revés a Duhalde, Kirchner estaba condenado a la derrota.

La derrota de Kirchner en Buenos Aires es mucho más estruendosa si se considera que no se privó de nada para tratar de ganar de cualquier manera. Anticipó las elecciones, usó los recursos del Estado para su campaña, armó las candidaturas testimoniales porque si iba solo perdía por más, e infinidad de otras trampitas absurdas. A pesar de todo eso perdió. Pero también sus candidatos perdieron en los otros 4 grandes distritos del país: Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Con estos resultados catastróficos, Kirchner no puede aspirar a nada. Pero, encima, además de tener un fuerte rechazo de la sociedad, ahora ya no tiene caja para disciplinar a gobernadores e intendentes. De casualidad podrá sostener un tiempo más la agónica caja que maneja Cristina.

Esta madrugada, con la cara desencajada y tratando de postergar lo más posible el reconocimiento de la derrota, que por cierto no fue muy caballeresca que digamos, Kirchner dijo que estaba dispuesto a dialogar pero no a dejar de lado sus principios. Puesto en castellano básico y fiel a su personalidad, esto quiere decir que no está dispuesto a dialogar con nadie, lo cual nos lleva a pensar que seguirá haciendo cuanta macana se le cruce por la cabeza hasta que asuma el nuevo Congreso y le ponga límites concretos (esperemos).

Tal vez, ante semejante caída, esté pensando en una retirada ordenada, si es que en los próximos días no se le produce un desbande generalizado de una dirigencia política que no quiere pegarse a un perdedor y pretende sobrevivir como pueda y tenga que encarar una retirada muy desordenada.

Desde mi punto de vista, la buena noticia es que la gente decidió limitar el poder del matrimonio. Pero así como tenemos una buena noticia, permítanme plantear una la parte no tan feliz. Cuando uno ve quienes salieron ganadores, tampoco puede pensar que la gente pide un proyecto político de integración al mundo, gobierno limitado e iniciativa privada. No son justamente Pino Solanas, Luis Juez, Cobos o el mismo Reutenmann, exponentes de una corriente de pensamiento como la mencionada. Es más, sobre los últimos días de la campaña asistimos a un debate sobre las privatizaciones donde De Narváez trató de despegarse de las declaraciones de Macri sobre el tema AFJP y Aerolíneas Argentinas. Privatizar pareciera ser una mala palabra tanto para Kirchner como para los grandes ganadores del domingo. Alfonsín hijo, Stolbizer y el radicalismo en general, la Coalición Cívica y el mismo Pro, aunque en menor medida, parecieran tener vergüenza de pedir privatizaciones. Aunque debo reconocerle a Macri el coraje que tuvo de decir que volvería a privatizar las AFJP y Aerolíneas.

Pero así como planteo mis dudas sobre el futuro económico de Argentina, considerando los discursos de la campaña, me voy a permitir un toque de optimismo. Todo parece indicar que Kirchner es una estrella fugaz que se apaga rápidamente. El nuevo escenario político estaría caracterizado por, al menos, un diálogo sobre las virtudes y de un modelo estatista e intervencionista versus la economía de libre mercado. Quiero decir, ahora sería posible encarar ese debate, porque hasta ahora, con Kirchner gritando y descalificando era imposible llevar a cabo cualquier tipo de razonamiento.

La derrota de Kirchner el domingo 28 ha sido un gran paso adelante para iniciar un camino de mayor pacificación, haciendo la salvedad que, hasta que se vayan, seguramente habrá más gritos, descalificaciones y medidas alocadas.

El domingo, se dio un paso importante en limitar las locuras de un Nerón. Queda ahora el gran debate por establecer políticas públicas que nos permitan terminar con esta permanente decadencia de la Argentina.

Insisto, el domingo a la noche dimos un gran paso adelante al ponerle un límite a la locura en el poder. Yo diría un paso que es condición necesaria para salir de la decadencia. Queda ahora un largo camino por evitar que, en el futuro, se apliquen las mismas medidas que nos han llevado al fracaso, pero con modos más educados.

Lo bueno es que en un futuro no muy lejano ya no habrá un Moreno, o un kirchnerismo condicionando la justicia o arbitrarias prohibiciones de exportación. Considerando hasta dónde nos llevó Kirchner, estas cuestiones lucen como un cielo más despejado. Pero, insisto, no creamos que con la derrota de Kirchner ya esta todo solucionado. Fue una condición necesaria pero no suficiente. Esperemos que, el futuro cercano pueda darse el resto de las condiciones.

La posible recuperación de la Argentina recién comienza. Esperemos no vivir otra gran desilusión. Y eso depende de la gente y de la dirigencia política para entender por dónde pasa el camino del crecimiento y el bienestar. © www.economiaparatodos.com.ar

Obama tiene prisa. ¿Dónde están los republicanos?


Barack Obama va a la máxima velocidad. El presidente de Estados Unidos ocupa la Casa Blanca desde hace poco más de seis meses y, en este escaso periodo, ha emprendido cinco proyectos de gran envergadura e impacto económico: el plan de estímulo valorado en 787.000 millones de dólares, la reforma de la regulación del sistema financiero, la bancarrota controlada de las empresas del motor (General Motors y Chrysler), la reforma de la sanidad y la legislación para crear un sistema de venta de derechos de emisión.

El sucesor de George W.Bush, que aparece en esta imagen de Getty, ha querido impulsar estos proyectos, que están en distinto estado de tramitación parlamentaria, nada más aterrizar en la Casa Blanca. Obama sabe que todavía tiene la confianza de sus votantes y ha querido aprovechar esta coyuntura para acelerar estas iniciativas, en algunos casos altamente impopulares, y evitar que sean tumbadas por el rechazo de la opinión pública.

Obama se ha beneficiado del macropoder que acumula su partido, los demócratas, y de la lamentable oposición que están realizando los republicanos. Éstos se encuentran desaparecidos tras haberse quedado sin ningún líder claro después de la derrota electoral de noviembre. Este vacío ha permitido que el presidente haya impulsado todos estos proyectos a gran velocidad y sin que se haya producido un debate serio y concienzudo sobre las medidas.

Esta urgencia de Obama podrá acelerarse después de que un tribunal otorgara un escaño del Senado que estaba en disputa al demócrata Al Franken. Así, el partido del presidente logra la supermayoría, con 60 escaños, que impiden que los republicanos puedan vetar cualquier iniciativa de presidente.

Las prisas de Obama me dan un poco de miedo. Es evidente que el Gobierno está decidido a activar todas las palancas que tiene a su disposición para reactivar a la primera economía del mundo, sin perder ni un segundo, y que, al mismo tiempo, está intentando sacar adelante promesas de su campaña, como la reforma sanitaria. Pero, con independencia de que uno pueda identificarse más o menos con estas medidas, realizarlas todas a la vez y sin dejar apenas margen para el análisis y el debate es una decisión muy arriesgada, que puede tener un gran impacto tanto para la propia economía, como para el endeudamiento del país o el déficit del Gobierno.