Impunidad, como en el viejo sistema priísta

Impunidad, como en el viejo sistema priísta

Humberto Musacchio

En México los ex presidentes son intocables. El genocida Gustavo Díaz Ordaz se murió tranquilamente en su cama; su sucesor, el igualmente criminal Luis Echeverría Alvarez, no pisó la cárcel pese a que había contundentes acusaciones contra él por su actuación en la matanza tlatelolca y durante la guerra sucia de los años setenta.


Para no ir más atrás en la historia del siglo XX, digamos que Miguel de la Madrid o Ernesto Zedillo, de oscura carrera burocrática, se hicieron de mansiones y otros bienes que no hubieran podido comprar ni ahorrando sus ingresos lícitos de toda la vida. Carlos Salinas se dedicó a vender bienes públicos y nadie sabe bien a bien cuál fue el destino de los caudales recibidos por ese concepto.


El Partido Nacional Revolucionario fundado por Calles en 1929, convertido en Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas y en el sexenio de Avila Camacho nuevamente travestido en Partido Revolucionario Institucional, fue una y la misma cosa para efectos de control de masas, de veneración y obediencia ciega al presidente en turno y de protección perruna a los ex presidentes.


El llamado régimen de la Revolución Mexicana fue un sistema de complicidades entre los beneficiarios del latrocinio institucional. En las reglas no escritas del viejo régimen estaba que el presidente era omnímodo y omnipotente, pero que al terminar su sexenio hacía mutis y le dejaba todo el poder al sucesor. A cambio, el ex recibía protección y podía irse tranquilamente a disfrutar sus inmensas riquezas.


Los panistas, menos duchos en asuntos de Estado, decidieron continuar la nefasta tradición, pero de manera tan burda, que si no fuera por los priístas ya se hubieran ido a la cárcel… En realidad varios panistas todavía están en riesgo de ir a prisión, pues el Instituto Federal de Acceso a la Información acordó denunciar a la Secretaría de la Función Pública, la antigua Contraloría, por actuar con “dolo, negligencia y mala fe” en la investigación sobre el patrimonio de Vicente Fox Quesada.


La inteligente y valerosa María Marván, comisionada del IFAI y ponente del caso, denunció que la Función Pública pasó el expediente respectivo a la Procuraduría General de la República sin guardarse siquiera una copia de un documento que desde el 11 de noviembre de 2010 debía ser público.


Ahora, la PGR podrá alegar que se trata de una investigación en curso y que debe mantener el expediente en reserva y el señor Fox, sus hijastros y la señora Marta Sahagún, nuevamente tapados con el manto de la impunidad, deben estarse carcajeando. ¿Hasta cuándo?