Los señores mandatarios, en especial del PRI y del PRD —pero también del PAN—, dijeron que no, que no le darían a Calderón la “medallita”
Ricardo Alemán
Por donde se le vea, resulta histórico el diferendo que protagonizaron un puñado de gobernadores —de los tres partidos— y el presidente Felipe Calderón, durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde mandatarios estatales pararon en seco al jefe del Ejecutivo.
Sí, por donde se le quiera ver, resulta un saludable diferendo, pues confirma que en México no sólo se vive una sana división de poderes, sino que el factótum del presidencialismo vertical y autoritario es parte de la historia. Quedó claro que ya no hay lugar para el Ejecutivo de antaño, que era visto como una suerte de divinidad, dotado con la verdad absoluta.
Hoy ese presidencialismo no sólo está muerto, sino que se vive el poder real de gobernadores, legisladores y hasta de la sociedad civil, que son capaces de contradecir al presidente en turno, decirle “no”, confrontarlo y hasta echar abajo sus propuestas. Con ese criterio, resulta saludable, por donde se le quiera ver, que no exista más el presidencialismo sin freno.
Sin embargo, nadie puede aplaudir que esos mismos gobernadores que dieron una saludable muestra de independencia republicana, lo hayan hecho para defender lo indefendible; argumentar que no toleran un solo argumento a favor, en cuanto a la corrupción de los cuerpos policiacos municipales y estatales y la complicidad de éstos con las mafias del crimen organizado. Pero vamos por partes.
¿Cuál fue el diferendo que confrontó a gobernadores como Eruviel Ávila, César Duarte, Ángel Aguirre y Marcelo Ebrard —entre otros— con el presidente Calderón? Por ridículo que parezca y por increíble que se antoje, el fondo del asunto es que el gobierno de Calderón quería llegar a la elección de julio de 2012 con la “medallita” de que a mayo de ese año se habrían de certificar, por lo menos, 50% de los policías de todo el país.
Pero resulta que los señores gobernadores, en especial del PRI y del PRD —pero también los del PAN—, dijeron que no, que no le darían a Calderón la “medallita”. ¿Por qué? En efecto, porque vivimos en tiempos político-electorales, en donde no se regala nada.
En otras palabras, que el fondo del asunto parece tener un tufo político-electoral, a pesar de que resultan intolerables —para los ciudadanos de distintas entidades del país— los niveles de inseguridad, violencia y complicidad de policías y criminales. En estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y muchos otros es un hecho irrebatible que los policías estatales y los municipales están en el mismo bando que los criminales.
Sin embargo, la mayoría de los gobernadores dijo que no, que no tenían tiempo suficiente para certificar y depurar a sus cuerpos policiacos y, con ello, ofrecer a los ciudadanos los mínimos de seguridad, tranquilidad y vida digna que reclaman. Y el argumento para no cumplir con esa certificación a mayo de 2012, fue de cínicos y medidores: que no disponen del tiempo necesario ni de recursos técnicos y de profesionales como “los poligrafistas”.
Resulta indignante, y adquiere tintes de crimen político, de cinismo y mediocridad intolerables, que los gobernadores de todos los partidos y de casi todos los estados, se refugien en el chabacano argumento de que no tienen el tiempo necesario ni los recursos técnicos suficientes, para ofrecerle a los ciudadanos la seguridad mínima, elemental, que piden a gritos. Ofende al sentido común que los mandatarios digan que “no se puede” evaluar la confianza de los policías estatales y depurar sus filas, sino hasta enero de 2013, y no en mayo de 2012, como lo propuso Calderón.
Seguramente, sin proponérselo, los gobernadores reconocieron lo que todos saben: su incapacidad para el desempeño eficaz de su trabajo. Pero algunos se volaron la barda. Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, dijo que “a pesar de que se hacen los esfuerzos, no podemos aspirar a tener una policía como la de Suiza”. ¿Qué han hecho gobernadores inútiles como los de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa..?
Nada. Si no es por la urgente intervención del gobierno federal, esas entidades estarían en llamas. Aun así, sus gobernadores se reconocen incapaces para lo elemental: depurar lo más pronto posible sus policías, que en la mayoría de los casos son empleados de los criminales. Pero ahí van, como pateando un bote, en espera de que llegue julio de 2012.
EN EL CAMINO
El SAT lanzó la mayor persecución fiscal de la historia. ¿Plan con maña? Habrá por ahí de un millón de indignados. Y puede ser un golpe mortal de Lolita para Ernesto Cordero. Al tiempo.
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