23 febrero, 2012

En economía no hay milagros. Lorenzo Bernaldo de Quirós

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A esperas de la elaboraicó de los nuevos Presupuestos Generales del Estado el próximo marzo, la estrategia económica del Gobierno Rajoy va en la dirección correcta. La reforma financiera sienta las bases para sanear el sistema banca-cajas y reabrir los flujos de crédito; la laboral introduce la flexibilidad necesaria para crear empleo estable cuando la economía se recupere. En este marco, el ajuste presupuestario ha de introducir un recorte del gasto público estructural para avanzar hacia la estabilización de las finanzas públicas. Dicho esto, la suerte de 2012 está echada. La economía se contraerá alrededor del 2%, el paro llegará a los seis millones y la sequía crediticia persistirá e incluso tiene serias posibilidades de agudizarse. Ésta es la visión estática de un escenario económico-financiero que no se remontará a lo largo de este ejercicio.


Tener en cuenta ese hecho es de vital importancia para no cometer errores de análisis y generar expectativas injustificadas. El programa diseñado por el Gabinete del PP funcionará si se mantiene y se profundiza en él a lo largo de toda la legislatura, pero sus efectos benéficos no serán percibidos por los ciudadanos hasta prácticamente su final. Ésta es la consecuencia inevitable del tipo de crisis que soporta España, condicionada además por dos factores de incertidumbre externos e incontrolables: la evolución de la coyuntura europea y las consecuencias de una potencial acción bélica de Israel contra Irán, cuya materialización tendría un impacto alcista sobre el precio del petróleo y, su corolario, un efecto depresivo adicional sobre la economía global y, por tanto, sobre la economía local.

¿Qué tienen todas la crisis financieras?

En su libro This Time is Different, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart señalan cuatro características comunes al legado de todas las crisis financieras en el mundo: primera, el precio de los activos inmobiliarios cae un 35% al pincharse la burbuja y no vuelve a crecer hasta seis años después de haber tocado suelo; segunda, el desempleo aumenta un 7% durante la fase bajista del ciclo y permanece en esa situación, al menos, durante los cuatro años posteriores a ella; cuarta, el PIB se contrae más del 9% en promedio y no se reactiva hasta dos años después de alcanzado su punto más bajo; y cuarta, la ratio deuda/PIB se eleva hasta niveles medios del 86%. Ahora bien, ese escenario es "optimista" en tanto las políticas fiscales expansivas instrumentadas para combatirlo pueden desencadenar una crisis de deuda que realimenta y vuelve a potenciar las consecuencias depresivas de la tormenta financiera. En este supuesto, los plazos de vuelta a la normalidad están sujetos a una incertidumbre no evaluable. Y ése estado de cosas se traduce en una recuperación lenta aunque los Gobiernos hagan todo lo necesario para acelerarla con medidas ortodoxas; las heterodoxas son simplemente impensables.
Aunque sólo tiene un valor indicativo, ese cuadro ilustra la situación económica de España y sus perspectivas en el corto y medio plazo. El valor de los inmuebles no ha descendido aún lo suficiente tras el desplome de la burbuja. El desempleo se ha multiplicado casi por tres desde el inicio de la recesión. El PIB ha caído cuatro puntos desde el IV trimestre de 2008 y la deuda se ha situado hasta el momento en el 66% del PIB. España no ha finalizado su proceso de ajuste en el sector de la vivienda y se ha vuelto a adentrar en una senda recesiva a partir del último trimestre de 2011, sin expectativas de salir de ella en 2012 y con posibilidades de que el crecimiento del PIB en 2013 sea plano, sin descartar una moderada contracción del PIB el año próximo. Sin duda, esas proyecciones son genéricas y han de ser tomadas con cautela, pero señalan un hecho indudable: la naturaleza de la crisis soportada por España no hace posible contemplar una superación rápida de ésta por muy bien que lo haga el Gobierno de Rajoy.

Mejoras al final de la legislatura

Ésta es la consecuencia inevitable de haber dejado pudrirse la situación económico-financiera del país en los últimos tres años. Si se sigue la pauta de comportamiento de la economía trazada por Rogoff y Reinhart, España comenzaría a ver luz al final del túnel en los dos últimos años de legislatura del PP. Esta situación puede generar una alta presión política sobre el Gobierno si el país comienza a experimentar un desánimo, una fatiga reformista, porque las medidas gubernamentales no parecen surtir efecto.
La austeridad presupuestaria y la liberalización de los mercados es la terapia adecuada para afrontar una situación como la española. Ambas políticas tienen perdedores, esto es, las empresas, grupos e individuos que gozan de una posición de privilegio de la que por definición no disfrutan la mayoría de los ciudadanos. Como es lógico, estos colectivos plantearán una batalla frontal contra el programa reformista del Gabinete. Ahora bien, la política del Gobierno ha de estar al servicio de la mayoría y ésta se beneficia de una economía eficiente, lo que implica eliminar las reglamentaciones que sólo benefician a sectores concretos y frenan el crecimiento y la creación de empleo. Los intereses de los individuos se satisfacen mucho mejor en una economía abierta y competitiva que en una plagada de regulaciones.
Por último, la experiencia muestra que los Gobiernos reformistas no pierden las elecciones. Es una equivocación identificar el descontento de los grupos minoritarios que se oponen al cambio con la opinión del conjunto de los ciudadanos. En todos los países de la OCDE en los que se han aplicado terapias de ajusten presupuestario bien diseñadas y ejecutadas y reformas estructurales, los Gobiernos que las han protagonizado han sido reelegidos. Esto es de vital importancia cuando el ruido de la calle comience a poner nerviosos a algunos o muchos dirigentes del Gobierno y del PP.

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