LA JUEZA ecuatoriana Mónica Encalada, habla con la prensa el jueves en Bogotá.
JIM WYSS
Bogota -- El caso penal de $42 millones por difamación contra el diario El Universo, de Ecuador, sigue generando controversia y solicitantes de asilo. El jueves, Mónica Encalada, una jueza ecuatoriana que revisó el caso, dijo que estaba buscando la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de exponer lo que llamó “la corrupción rampante” en el sistema judicial.
Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Encalada dijo que los abogados del presidente de Ecuador, Rafael Correa, le prometieron $3,000 al mes y un trabajo estable si se pronunciaba contra el periódico.
La demanda por difamación que Correa interpuso contra un columnista y tres ejecutivos de El Universo estuvo a cargo en última instancia del juez Juan Paredes. Sin embargo, cuando Paredes fue interrogado bajo juramento sobre cómo había podido dictar una sentencia de 150 páginas con tanta rapidez, dijo que se basó en el trabajo de Encalada.
Frente a un racimo de micrófonos, Encalada llamó al magistrado un mentiroso. Si bien admitió haberle dado una tarjeta de memoria con una parte del trabajo del casos, ninguno de los materiales llegó a la sentencia final, dijo. Ella afirma que Paredes le dijo posteriormente que la sentencia fue redactada por el equipo legal de Correa.
El Universo dice que tiene pruebas de que la sentencia fue escrita en una versión pirata de Microsoft Word inscrita a nombre de una ficticia “Chucky Seven”. Según los abogados de El Universo, el documento tiene una codificación oculta que coincide con otras sentencias redactadas por el abogado de Correa, Gutenberg Vera. El periódico ha demandado a Paredes por la inserción de declaraciones falsas en un documento público.
El gobierno ha ridiculizado las afirmaciones sobre “Chucky Seven”, como se las conoce en Ecuador, y ha acusado a Encalada de estar comprada por El Universo.
El conflictivo caso por difamación gira en torno a un cáustico editorial que se centró en los acontecimientos de septiembre del 2010, cuando Correa fue tomado brevemente como rehén por unos policías que protestaban. Cuatro agentes de seguridad murieron cuando irrumpieron en el hospital para liberar al presidente. Una quinta persona murió en otro lugar.
En su editorial de febrero del 2011, el columnista Emilio Palacio sugirió que un futuro presidente podría presentar cargos criminales en contra de Correa, por ordenar a las tropas que atacaran un hospital lleno de civiles inocentes.
Correa demandó por difamación, y el 16 de febrero, los tribunales superiores de Ecuador ratificaron la condena de Paredes, dictando términos de tres años de cárcel para Palacio y los ejecutivos, y les ordenó pagar $42 millones. Palacio está buscando asilo político en el sur de la Florida, y al director del periódico se le ha concedido asilo en Panamá.
El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar, pidiendo al gobierno que suspenda la sentencia hasta una audiencia el 28 de marzo.
Correa calificó la decisión del CIDH de ilegítima y dijo que el cuerpo estaba siendo utilizado como un garrote político.
Pero también sugirió que un perdón puede estar en camino. En una conferencia de prensa el miércoles, dijo que iba a presentar una carta abierta, explicando por qué inició el caso.
“Nunca hemos querido poner a nadie en la cárcel o recibir 20 centavos”, dijo. “Sólo queríamos demostrar que estaban mintiendo ... La prensa corrupta ha sido derrotada”.
Correa ha dicho en repetidas ocasiones que abandonaría el caso si el periódico reconocía que se había equivocado.
El caso ha sido condenado en todo el mundo por grupos defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos. El jueves, más de 30 periódicos colombianos reprodujeron la columna de Palacio.
El grupo de derechos humanos que maneja el caso de Encalada dijo que es probable que ésta solicite asilo político en Colombia o en algún otro país.
Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Encalada dijo que los abogados del presidente de Ecuador, Rafael Correa, le prometieron $3,000 al mes y un trabajo estable si se pronunciaba contra el periódico.
La demanda por difamación que Correa interpuso contra un columnista y tres ejecutivos de El Universo estuvo a cargo en última instancia del juez Juan Paredes. Sin embargo, cuando Paredes fue interrogado bajo juramento sobre cómo había podido dictar una sentencia de 150 páginas con tanta rapidez, dijo que se basó en el trabajo de Encalada.
Frente a un racimo de micrófonos, Encalada llamó al magistrado un mentiroso. Si bien admitió haberle dado una tarjeta de memoria con una parte del trabajo del casos, ninguno de los materiales llegó a la sentencia final, dijo. Ella afirma que Paredes le dijo posteriormente que la sentencia fue redactada por el equipo legal de Correa.
El Universo dice que tiene pruebas de que la sentencia fue escrita en una versión pirata de Microsoft Word inscrita a nombre de una ficticia “Chucky Seven”. Según los abogados de El Universo, el documento tiene una codificación oculta que coincide con otras sentencias redactadas por el abogado de Correa, Gutenberg Vera. El periódico ha demandado a Paredes por la inserción de declaraciones falsas en un documento público.
El gobierno ha ridiculizado las afirmaciones sobre “Chucky Seven”, como se las conoce en Ecuador, y ha acusado a Encalada de estar comprada por El Universo.
El conflictivo caso por difamación gira en torno a un cáustico editorial que se centró en los acontecimientos de septiembre del 2010, cuando Correa fue tomado brevemente como rehén por unos policías que protestaban. Cuatro agentes de seguridad murieron cuando irrumpieron en el hospital para liberar al presidente. Una quinta persona murió en otro lugar.
En su editorial de febrero del 2011, el columnista Emilio Palacio sugirió que un futuro presidente podría presentar cargos criminales en contra de Correa, por ordenar a las tropas que atacaran un hospital lleno de civiles inocentes.
Correa demandó por difamación, y el 16 de febrero, los tribunales superiores de Ecuador ratificaron la condena de Paredes, dictando términos de tres años de cárcel para Palacio y los ejecutivos, y les ordenó pagar $42 millones. Palacio está buscando asilo político en el sur de la Florida, y al director del periódico se le ha concedido asilo en Panamá.
El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar, pidiendo al gobierno que suspenda la sentencia hasta una audiencia el 28 de marzo.
Correa calificó la decisión del CIDH de ilegítima y dijo que el cuerpo estaba siendo utilizado como un garrote político.
Pero también sugirió que un perdón puede estar en camino. En una conferencia de prensa el miércoles, dijo que iba a presentar una carta abierta, explicando por qué inició el caso.
“Nunca hemos querido poner a nadie en la cárcel o recibir 20 centavos”, dijo. “Sólo queríamos demostrar que estaban mintiendo ... La prensa corrupta ha sido derrotada”.
Correa ha dicho en repetidas ocasiones que abandonaría el caso si el periódico reconocía que se había equivocado.
El caso ha sido condenado en todo el mundo por grupos defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos. El jueves, más de 30 periódicos colombianos reprodujeron la columna de Palacio.
El grupo de derechos humanos que maneja el caso de Encalada dijo que es probable que ésta solicite asilo político en Colombia o en algún otro país.
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