Un plan para restaurar el orden en Guatemala

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

No escasean los políticos de América Latina que, habiendo sido acérrimos defensores de la guerra contra el narcotráfico durante su tiempo en el poder, de repente se iluminan, una vez que dejan el cargo, sobre la inutilidad de prohibir las drogas.
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, representa el caso contrario. Durante su campaña electoral, el año pasado, habló sobre intensificar la guerra contra las drogas. Ahora, semanas después de asumir la presidencia, habla de la legalización como la única manera de reducir la violencia, al tiempo que trata de persuadir a otros gobiernos latinoamericanos para que se unan a él para desafiar la política, condenada al fracaso, de Estados Unidos.

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Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala.

En una entrevista en el palacio de gobierno a principios de este mes, Pérez Molina me dijo que creía que al menos algunos de sus pares en la región estaban listos para unirse a él para ejercer presión sobre Washington para que replantee una agenda que ha incrementado la delincuencia en sus países, al tiempo que no ha logrado contener el consumo estadounidense de drogas.


"El presidente de México (Felipe Calderón), tras cinco años de esfuerzos que ha hecho, me dijo que creía que teníamos que sentarnos y conversar seriamente sobre la despenalización, a fin de encontrar un enfoque alternativo", sostuvo Pérez Molina. El presidente de Colombia (Juan Manuel Santos) tiene más o menos la misma opinión, agregó.
Es de destacar que las palabras en contra de la guerra contra las drogas no provienen de demagogos de izquierda antiestadounidenses que tratan de promover ideales populistas nacionalistas agitando a las multitudes. Hoy en día, los defensores más acérrimos de un cambio en la política contra las drogas en la región son gobiernos de centro derecha. Sus propuestas son impulsadas a la luz de 40 años de fracasos.
Pérez Molina lo puso en estos términos: "Lo que he visto es que no tenemos las fuerzas necesarias ni la capacidad para reducir el tráfico de drogas". Por ejemplo, en el caso de Colombia: "Todo el mundo habla de cómo los grandes carteles han desaparecido. Pero se han multiplicado en pequeños carteles y las drogas siguen llegando de Colombia. Si en tantos años no hemos conseguido alcanzar los resultados deseados, tenemos que pensar en lo que hemos hecho mal y en un enfoque diferente", señaló.
Pérez Molina dijo que por ahora tratará de aumentar a los traficantes el costo de pasar a través de Guatemala. Está desplegando militares a lo largo de las rutas de tránsito clave —en la selva de Petén y sobre el Río Suchiate—, con el objetivo de obligar a los delincuentes a utilizar otros caminos hacia el norte.
"En México", dijo, "los carteles deben controlar el territorio porque es obvio que lo necesitan para llegar y cruzar la frontera con EE.UU. Aquí en Guatemala las cosas son diferentes, porque (los traficantes) pueden buscar una ruta alternativa. Son ágiles, y cuando hay presión en un lugar se desplazan hacia otro". Dado que Guatemala ha incrementado la presión, explicó, "ahora encuentran más fácil el norte de Honduras".
Cabe aclarar que no todo el delito aquí es consecuencia directa de los carteles de drogas. Sin embargo, la violencia tiene una conexión con la actividad de los carteles debido a que la presencia de poderosos mafiosos implica un colapso del Estado, un quiebre de las instituciones, un aumento de la impunidad y, por lo tanto, una expansión de todos los delitos. Para tener una idea de cómo ha empeorado la situación, considere que la tasa de homicidios en 2011 fue de 41 por cada 100.000 habitantes, frente a 20 por cada 100.000 en México.
El restablecimiento de la autoridad del Estado en áreas urbanas es clave para reducir las altas tasas de homicidio, extorsión y secuestro de la nación. Para atacar tales problemas, el presidente dijo que incorporaría 10.000 reclutas a la fuerza policial, de 25.000 agentes en la actualidad, en los próximos cuatro años y que creará una unidad de supervisión para monitorear la actividad policial. Un grupo especial de tareas y un nuevo fiscal especial se ocuparán de las bandas delictivas que operan en las cárceles, donde se calcula que se origina entre 60% y 80% de las extorsiones. También habrá más dinero en el presupuesto del poder judicial.
La restauración del orden es, en cierto nivel, una cuestión de voluntad política, y Pérez Molina dijo que se ha comprometido personalmente a supervisar el esfuerzo para recuperar la confianza del público en las instituciones. Hasta ahora, señaló, "ha habido una gran falta de confianza, de manera que la gente dice que no acude a la policía para hacer una acusación porque (la propia policía) está protegiendo a los extorsionistas". En este contexto, los delincuentes se sienten libres de exigir pagos a individuos de todo el espectro socioeconómico. Los conductores de autobuses han sido un blanco favorito y aquellos que no pagan terminan muertos.
Las ideas del presidente suenan a progreso. Sin embargo, reconoció que el dinero de las drogas seguiría siendo un problema. "Tienen todas las oportunidades para penetrar y corromper a la policía, fiscales y jueces y entrar en otras instituciones". El lavado de dinero, afirmó, significa que los sistemas bancarios también están corrompidos.
El presidente dijo que "siempre que se mantenga la demanda, habrá oferta", pero no que no es la única queja que tiene en relación con EE.UU. Identifica los carteles y delincuentes en América Latina. Pero, "¿quién en EE.UU. recibe y distribuye las drogas?", pregunta, y ¿por qué nunca escuchamos hablar de ellos? Pérez Molina no es el único latinoamericano que quiere saberlo.