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| Pinochet fue uno de los asesinos |
Percy
Francisco Alvarado Godoy
La guerra sucia contra los
pueblos.
Una parte considerable de nuestras naciones latinoamericanas padecieron durante los últimos
tiempos un permanente desangramiento sin parangón en su historia, motivado por
la profundización de la violencia y los conflictos internos. Las causas, en
muchos casos aún latentes, fueron las graves condiciones de desigualdad y un
incremento de la injusticia social. Las endebles democracias de América Latina,
impuestas mediante elecciones plagadas de corruptelas, o bajo la anuencia y presiones de la
Casa Blanca, resultaron ineficaces para
controlar sus respectivos países. Washington encontró en las cúpulas castrenses
la aparente solución: la dictadura militar. De
esta forma, el poder castrense fue entronizándose en las naciones del
continente: primero en Paraguay (1954);
luego en Brasil (1964); y, posteriormente,
en otras naciones del Cono Sur como Perú (1968), Uruguay (1972), Chile (1973),
Argentina (1976) y Bolivia.
La macabra época de los generalatos,
torturas y desapariciones, protagonizadas por hombres sin escrúpulos como Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto
Pinochet, Hugo Banzer y el no menos
cruel, aunque civil, José María Bordaberry, golpeó a los mejores hijos de
Latinoamérica. Era tal la dependencia y la sumisión a Washington, que varios
gobiernos, en apariencia democráticos, optaron por recurrir al patrocinio militar
para enfrentar los justos reclamos populares. Así sucedió en Uruguay,
Guatemala, El Salvador y Honduras.
La ideología de los generales, influida notablemente por el
fascismo y las doctrinas de la ultraderecha conservadora norteamericana, tenía
el doble propósito de detener, por un lado, a la legítima lucha de los pueblos
y, por otro, incrementar los niveles de dependencia al capital extranjero. Toda esta amalgama ideológica, sustentada por
la doctrina de la Seguridad
Nacional, descansó en la defensa a ultranza del desarrollo de un
capitalismo dependiente al capital foráneo y de las estrategias de desarrollo
diseñadas por teóricos norteamericanos, así como en la represión y
estigmatización de quienes propusieran otras alternativas de progreso. El
ejemplo cubano fue excomulgado, censurado y perseguido, así como aquellos que
le defendían como alternativa más viable para sus países.
Fue una época oscura que solo vale ser
recordada para el reclamo de justicia y para evitar que se repita. Las dictaduras castrenses se extendieron por largos años en varias
naciones del continente, a pesar de la condena internacional a las mismas. La
dictadura de Stroessner en Paraguay duró desde 1954 hasta 1991; el régimen de
Pinochet en Chile se alargó desde 1973 hasta 1990; la Argentina padeció a Videla, Viola y Galtieri desde 1976 hasta 1982; mientras
en Uruguay los gobiernos represores de
Jorge Pacheco Areco y José María Bordaberry
se extendieron desde 1966 hasta 1985. Este mismo panorama aterrador lo sufrieron
otras naciones del continente como
Bolivia, Guatemala y otras.
El mal impuesto a nuestras naciones, aunque no fue eterno, fue
desastroso. La humanidad entera se conmocionó ante tanto crimen y tamaña
injusticia. Fueron largos años de reclamo, de denuncia, de combate y oposición,
los que dieron al traste con esta página negra de nuestra historia. Muchas
fueron las causas de su desaparición, pero la más válida fueron la resistencia
denodada de los mejores hijos de nuestros pueblos y la creciente solidaridad
del mundo hacia su lucha heroica. Influyeron también el desprestigio de estos
regímenes a causa de la corrupción y su
criminalidad, las contradicciones internas dentro de los mismos y la lucha de
poder, el fracaso de los modelos económicos defendidos por ellos mediante el
terror y, sobre todo, la pérdida del miedo por parte de los pueblos.
Mucho se trató de hacer por ocultar tanto crimen. Los culpables de
las torturas, asesinatos y desapariciones, recurrieron a diversas artimañas
para escapar del justo reclamo de
justicia por parte de sus víctimas y familiares. Sin embargo, ni el olvido, ni
la complacencia, pueden resguardar y perdonar al crimen y a la impunidad.
¿Qué quedó, sin embargo, como huella amarga de esta nefasta
experiencia?
Miles de los mejores hijos de Latinoamérica fueron asesinados
salvajemente, arrancados de sus hogares en las sombras de la noche y sus
cuerpos desaparecidos para siempre. El dolor late, permanece y no quiere
perdonarse.
La Argentina.
Aún hoy, en Argentina, por ejemplo, se
recuerda con dolor tanta injusticia. Las Fuerzas Armadas fueron las responsables
directas de la violación de los derechos
humanos de millares de ciudadanos los que, mediante el empleo de técnicas
sofisticadas de tortura, tomadas de la experiencia nazi y de los manuales de
contrainsurgencia de la CIA
y de las fuerzas armadas norteamericanas, fueron ejecutados, mutilados,
torturados y, finalmente, desaparecidos.
30,000 fue el escalofriante número de personas desaparecidas y asesinadas por la represión
castrense en esta guerra sucia. Puede decirse, sin temor al equívoco, que casi
toda una generación de argentinos fue víctima de esta atrocidad, El hecho de
que el 80 % de los asesinados y desaparecidos tuviera entre 21 y 35 anos de
edad, así lo confirma.
Hoy, se descubren los embrollos de esa trama bestial y reprobable.
Los militares argentinos llegaron a contar con 340 centros clandestinos de tortura
y detención, cuyos operadores eran represores castrenses.
El terrible aparato represivo de los militares argentinos contó
con el apoyo y la complicidad de civiles miembros de instituciones religiosas, legales y de otro
tipo. Baste ejemplificar esto con la denuncia de la CONADEP, la cual publicó
una extensa lista de 1351 torturadores, entre ellos diversos médicos, jueces,
periodistas, obispos y sacerdotes católicos, protagonistas de esa guerra sucia. ¿Podría imaginarse, me
pregunto, que miembros de la iglesia católica como el obispo Pío Laghi, Nuncio
Apostólico del Estado Vaticano en Argentina; el ex obispo de La Plata, Antonio Plaza; el Monseñor Emilio
Graselli; el sacerdote Christian Von Wernich; el capellán Pelanda López y el
Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas Armadas, fueron cómplices
directos de las torturas, asesinatos y desapariciones de argentinos?
Los escuadrones de la muerte, integrados por miembros del ejército,
la policía y la armada, civiles anticomunistas y una amplia gama de pandilleros
y delincuentes, agruparon en torno a la “Triple A” (Alianza Anticomunista
Argentina) y el comando “Libertadores de
América” a la fuerza debidamente entrenada por la CIA y el FBI norteamericanos
para ejercer la represión contra las fuerzas progresistas. El propio general
Videla declaró en 1975, sin remordimiento o preocupación alguna, que: “…morirán
tantos argentinos como sea necesario a fin de preservar el orden".
La Operación
Cóndor fue la
consumación de los planes norteamericanos para garantizarse un traspatio seguro
en la región y representó la internacionalización del terror por parte de los
militares latinoamericanos. Sin lugar a dudas, luego de haberse establecido en
un encuentro realizado a fines de noviembre de 1975, durante una reunión en
Santiago de Chile y bajo la anuencia directa de Pinochet, en la que
participaron represores de Chile,
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se crearon las condiciones
organizativas, técnicas y financieras para llevar a cabo operaciones a gran escala,
internacionalmente coordinadas, y encaminadas a reprimir de conjunto a las
fuerzas progresistas de la región. Los argentinos, al igual que sus socios
chilenos, paraguayos y uruguayos, desempeñaron un rol relevante en estos
planes.
Los frutos de la nueva estrategia de terror diseñada en la Operación Cóndor
no se hicieron esperar: militares argentinos y chilenos ejecutaron el asesinato
en Buenos Aires del general Carlos Prats y de su esposa. Luego vendría el atentado a Bernardo Leighton, en Roma. Estos hechos
evidenciaron que la
Operación Cóndor, bendecida por la CIA e integrada también por
represores y terroristas de origen cubano, pasó a ser una alianza castrense de
tipo internacional, integrada al menos por represores de más de seis países.
1976 representó un año de incremento de las acciones represivas a
nivel internacional. Decenas de luchadores progresistas fueron asesinados luego
de ser capturados en complejos operativos.
En la lista de estos crímenes sobresalen
los líderes miristas chilenos Edgardo Enríquez, Patricio Biedma y Jorge Fuentes; dos jóvenes
oficiales de seguridad de la embajada cubana en Argentina: Jesús Cejas Arias,
de 22 años, y Crescencio Galañega, de 26, quienes habían sido capturados el 9
de agosto de 1976 en el barrio de Belgrano; el ex Presidente de Bolivia,
general Juan José Torres; el dirigente del ERP argentino, Mario Roberto
Santucho; así como el tupamaro William
Whitelaw.
Cóndor también provocó el asesinato de los destacados políticos
uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como en atentado que
costó la vida al ex canciller chileno
Orlando Letelier y su secretaria, perpetrado en territorio norteamericano por
terroristas chilenos y cubanos estrechamente vinculados a la CIA.
Ya no es un secreto que 100 militantes del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) chileno, exilados en Argentina, fueron brutalmente asesinados entre 1974 y
1975, en lo que se llamó Operación Colombo y cuyo artífice fue Pinochet.
Hoy tampoco resulta un
secreto que una gran parte de los secuestrado y ulteriormente asesinados dentro
de la Operación
Cóndor, pasaron por
una disimulada prisión ubicada en el barrio bonaerense de Floresta, conocida como Automotores Orletti,
en la que fueron salvajemente torturados.
De aquella época de dolor y muerte queda aún el reclamo
insatisfecho de justicia, el bregar heroico de los argentinos, representados
legítimamente por las Madres de la
Plaza de Mayo, por alcanzarla un día y, sobre todo, el
optimismo de una Argentina mejor.
Chile
A partir del golpe militar contra el gobierno de la Unidad Popular, en
septiembre de 1973, Chile conoció una época horrenda que arrebató la vida a sus
mejores hijos e hizo trizas a las libertades democráticas. Las detenciones, las desapariciones y los
asesinatos pasaron a convertirse en la venganza castrense contra todos aquellos que un día
pretendieron hacer de Chile una patria igual para todos.
Al baño de sangre que continuó
al 11 de septiembre de 1973, le
sustituyó una férrea represión ejecutada inicialmente por distintos cuerpos de
seguridad y, a partir de 1974, por la recién creada Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA). Todo ese despliegue de terror estuvo encaminado a consumar los
planes represivos elaborados desde meses antes por los altos mandos militares
chilenos, con el apoyo del gobierno norteamericano, y que estaban dirigidos a
hacer desaparecer a más de tres mil
altos dirigentes de izquierda y 20 mil cuadros
de las organizaciones populares luego de
la asonada militar. La represalia
preelaborada por los golpistas apuntó también contra miembros de las fuerzas armadas opuestos a la sedición castrense.
Hoy se conoce igualmente que la propia Central de Inteligencia de
los Estados Unidos colaboró con los militares chilenos en la confección de
estos listados y que, con posterioridad al golpe, continuó facilitando
información a los golpistas sobre exilados chilenos residentes en otros países,
información que sirvió de base para las operaciones de secuestro y asesinato
perpetradas durante la Operación
Cóndor. Estados Unidos y sus agencias gubernamentales,
apoyándose en un grupo de terroristas cubanos, apuntaló las decenas de operativos realizados por la DINA en otros países latinoamericanos y en varias
naciones europeas. Por tanto, no resulta absurdo presuponer que la CIA supervisó todo el proceso
de montaje de la asonada golpista en Chile, colaborando con los militares
chilenos en el diseño de la ulterior respuesta represiva contra las fuerza de
izquierda, lo que incluyó, desde luego, la desaparición física de Salvador
Allende.
En los años siguientes, la colaboración entre los Estados Unidos y
Pinochet se fortaleció a niveles sorprendentes. El propio Henry Kissinger
santificó los asesinatos y la salvaje represión contra los chilenos, cuando le expresó a Augusto Pinochet durante
un encuentro que ambos sostuvieron en junio de 1976: "… en Estados Unidos
simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer aquí".
Los cuantiosos recursos aportados por Estados Unidos para llevar a
cabo el montaje de la Operación Cóndor
incluyeron no sólo altas sumas de dinero, sino también un voluminoso
intercambio de información,
asesoramiento en técnicas de tortura y equipamiento provistos por la División de Servicios
Técnicos de la CIA.
Como se ha destacado en otra parte del artículo, los militares
chilenos desempeñaron un papel descollante en la internacionalización del
terror contra los movimientos progresistas y sus líderes en América Latina.
Fueron operativos de la DINA,
una organización de inteligencia subordinada directamente a Pinochet, los que
persiguieron, secuestraron y ultimaron a destacadas personalidades democráticas
chilenas en el exterior, entre las que sobresalieron el general Carlos Prats y
Orlando Letelier.
Durante la investigación llevada a cabo por el FBI sobre el
asesinato de Orlando Letelier del Solar, un agente de esta organización federal, Robert
Scherrer, quien fungía como agregado
legal de la Embajada
de Estados Unidos en Buenos Aires desde el
año 1972, informó a sus jefes en un
cable fechado el 28 de septiembre de
1976: "Operación Cóndor es el nombre en código de la recopilación,
intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia [militar] sobre personas
[calificadas de adversarios políticos], recientemente establecida entre los
servicios que a ella cooperan con el fin de eliminar a [sus adversarios
políticos] en estos países. Además, la Operación Cóndor
lleva a cabo operaciones conjuntas contra sus blancos en los países miembros
(...) Chile es el centro de la Operación Cóndor, e incluye también a Argentina,
Bolivia, Paraguay y Uruguay. Brasil también ha aceptado en principio aportar
información a la
Operación Cóndor”.
Este sistema de terror provocó la desaparición de más de 30 000 personas, mientras que otras fuentes como la OEA, la ONU y el Consejo Mundial de
Iglesias y el Parlamento Europeo, señalan
como 45 mil los chilenos asesinados entre 1973 al 1990. Estas cuantiosas
muertes por razones políticas, se consumaron en la aciaga Caravana de la Muerte, mediante las
nefastas operaciones Albania y Colombo, así como los deplorables hechos
sucedidos en la Colonia
Dignidad, el Buque Escuela Esmeralda y otros. Repudiables
fueron también los asesinatos de Barchelet, Víctor Jara, Hoteiza, Pablo Neruda,
José Toha, Bonilla, Lumi Videla, Marta Ugarte, Miguel Enriquez y Salvador Allende. Otros terribles hechos de
sangre que conmovieron a Chile entero fueron los asesinatos cometidos
durante las protestas de pobladores de
las colonias José María Caro, la
Victoria, la
Villa Francia; al igual que las muertes ocurridas en los
estadios Chile y Nacional; los crímenes
cometidos en Chacabuco, Tejas Verdes y
los Buques de Valparaiso y Talcahuano; en Ritoque, Tres y Cuatro Alamos; en la Villa Grimaldi; en
Discotex; en el regimiento Tacna, el Buin, el Tarapaca, en el AGA; asesinatos
como los de la Academia
de guerra de la Fuerza Aérea
y de la Armada;
los del local del ex diario Clarin y en el sótano del viejo Congreso Nacional,
entre otros detestables hechos de sangre cometidos por los militares chilenos.
El Salvador
En esta nación centroamericana se cometieron crímenes atroces
contra el pueblo y las fuerzas progresistas empeñadas en cambiar el deprimente
status quo allí imperante.
El asesinato extrajudicial, la desaparición física y la tortura
pasaron a convertirse en práctica rutinaria desde 1932, cuando el régimen de Maximiliano Hernández
Martínez hizo desaparecer los cadáveres de las víctimas de sus frecuentes masacres.
Con el apoyo permanente de los Estados Unidos se llevó a cabo a
partir de la década de los sesenta una de las más abominables represiones
sufridas por pueblo alguno. Prueba del apoyo norteamericano lo representó la
enorme ayuda militar recibida por los gobernantes salvadoreños, encaminada a
reprimir y enfrentar la legítima lucha de este pueblo por su liberación.
Algunos datos prueban que, recién ser elegido Reagan como presidente, entregó
al gobierno salvadoreño la asombrosa cifra de $55 millones en ayuda militar de emergencia.
Hoy se conoce la
confabulación de otros gobiernos latinoamericanos para apoyar a los criminales gobernantes
de ese país centroamericano. Por ejemplo, la CIA consiguió que el gobierno venezolano de
Herrera Campins, perteneciente al COPEI, entregara armas y otros
abastecimientos a Napoleón Duarte, probado títere de Estados Unidos y de la CIA.
Para ocultar vanamente la participación del gobierno y de sus
fuerzas armadas en los frecuentes asesinatos de tipo político, en El Salvador
fue creado en 1967 un grupo paramilitar conocido como Organización Democrática
Nacional (ORDEN), coincidiendo con la aparición de estos escuadrones de la
muerte en la vecina Guatemala. Otros grupos paramilitares, dependientes del
ejército como la autodenominada Brigada Anti-Comunista
“Maximiliano Hernández Martínez” y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), cometieron también abominables crímenes.
El empleo directo de ORDEN por el ejército en 1970 causó tal
repudio que, en 1979, fue disuelto en apariencia, aunque continuó realizado
macabros crímenes por todo el país con 150.000 civiles armados dentro de su
estructura.
ORDEN se mantuvo ejerciendo su represión a pesar de su formal desaparición. Colaboró con el
ejército en cuanto a búsqueda de información y aniquilación de potenciales
enemigos. Ya para 1985 había participado en la ejecución de más de siete mil salvadoreños.
En este contexto se ubicaron los asesinatos de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos
acompañantes en 1989, ocurridos en el
Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana. Este hecho, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, tuvo lugar cuando efectivos
militares asesinaron a mansalva a los padres jesuitas de la UCA: Ignacio Ellacuría (Rector
de la Universidad),
Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López, Juan Ramón
Moreno y Joaquín López, al igual que a
la trabajadora doméstica Elba Ramos y a su hija de 15 años, Celina Ramos.
Otros terribles crímenes políticos fueron el asesinato de los
dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) Victor Manuel Quintanilla, Santiago Hernández
Jiménez (Secretario General del FUSS y desaparecido desde el 25 de septiembre),
José Antonio García Vásquez y la
Dra. Dora Muñoz Castillo, ocurrido el 7 de octubre de 1983, y
cuyos autores fueron miembros de la “Brigada Anti-Comunista Maximiliano Hernández
Martínez”. Un tiempo antes, entre el 12 y 15 de agosto de 1980, fueron
asesinados 129 simpatizantes de esta organización al ser reprimido un paro
convocado por el FDR. Otros
7 dirigentes del FDR, entre los que se encontraba Alvarez Córdoba, fueron torturados y asesinados.
También fueron asesinadas religiosas norteamericanas y periodistas holandeses.
Gran conmoción causaron las
agresiones contra miembros de organismos de derechos humanos como el FENASTAS y COMADRES, así como contra
sindicatos de trabajadores. Solo entre enero y junio de 1981 fueron asesinados
136 profesores agrupados en la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños
(ANDES). Por su parte, el
día 4 de diciembre de 1981 fue
secuestrado y posteriormente asesinado el director de la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador (CDHES-NG), Carlos Eduardo Vides; en agosto de 1982
ocurrió lo mismo con América Perdomo,
Directora de Relaciones Públicas de esa entidad; y, posteriormente, el 16 de marzo de 1983, fue asesinada Marianela García Villas, Presidente del CDHES- NG, por una patrulla militar.
Las masacres de campesinos por miembros del ejército, como ocurrió
en las aldeas del Mozote, Río Sumpul y
El Calabozo, fueron otras de las modalidades del terrorismo de estado en El
Salvador. Un grupo de más de doscientos
campesinos fue asesinado o desaparecido el 17 de marzo de 1981, cuando un millar de éstos
intentaba cruzar el río Lempa, rumbo
Honduras. Meses después, en octubre de ese año y en el mismo lugar, fueron
asesinados 147 campesinos, entre ellos 44 menores de edad. En noviembre de ese
mismo año, una patrulla militar asesinó entre 50 y 100 campesinos en el departamento de Cabañas.
Fueron también miembros del ejército quienes cometieron uno de los
más repugnantes y condenados crímenes cometidos en El Salvador: el de Monseñor Óscar Arnulfo
Romero, quien se había dirigido al presidente norteamericano Jimmy Carter, en
1980, recabando que los Estados Unidos cesara su apoyo al gobierno de su país. El crimen tuvo lugar el 24 de marzo de ese mismo año,
mientras oficiaba misa Monseñor Romero en la capilla del hospital La Divina Providencia.
El ejecutor directo del crimen fue un francotirador, pero los autores
intelectuales fueron varios y había que localizarlos en las altas esferas de
gobierno y en Washington. El día anterior, Romero había declarado en su homilía
dominical: "En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo cuyos
lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego,
les ordeno, que cese la represión."
El acto de horror cometido contra Romero se completó
en sus funerales, cuando grupos paramilitares hicieron estallar una bomba entre
la multitud que acudió al sepelio, frente a la Catedral de San Salvador.
A la detonación, siguió el ametrallamiento de los asistentes. El costo de esta
criminal acción fue el de 27 a 40 muertos y más de 200
heridos.
Convertidas El Salvador y toda Centroamérica en campo de pruebas
de la guerra “antisubversiva” de los Estados Unidos, recibieron el apoyo
logístico del Pentágono y de la
CIA, así como la participación de asesores y expertos en
contrainsurgencia, entre los que se destacaron contrarrevolucionarios cubanos
como Félix Rodríguez y Luis Posada Carriles.
Esta ingerencia provocó la muerte de más de 250 mil centroamericanos.
Hoy se manejan con horror las cifras de asesinados
El Salvador. Solo entre los años 1980 y
1982, éstos fueron varios miles, tal
como se puede apreciar en la siguiente tabla:
AÑO TOTAL DE VICTIMAS
1980 11,903
1981 16,266
1982 5,962
Por su parte,
la organización Socorro Jurídico Cristiano denunció que solo entre enero y
agosto de 1982, se cometieron 3,059 asesinatos políticos en esa nación. El Informe
del Enviado Especial a la
Comisión de DDHH, en su página 21, expresa que solo en el año
1982 fueron asesinados 5,962 salvadoreños.
El ritmo de asesinatos cometidos fue de 300 por mes. Tal fue la magnitud
de este genocidio, cuyo cómplice
principal fue el gobierno de los Estados Unidos.
Luego de que la CIA
desató una feroz campaña propagandística
en contra del gobierno de João Goulart en 1964, cuya culminación fue un golpe
de Estado, Brasil sufriría por más de dos décadas la presencia de
dictaduras militares. Este triste
período fue iniciado con el mandato del general Humberto
de Alencar Castello Branco y cuando el
país conocería un régimen de persecuciones, torturas y asesinatos políticos sin
parangón. Luego del breve período
presidencial de Artur da Costa e Silva, una Junta Militar detentó el poder, con
el general Emilio Garrastazú Médici a la cabeza. Esta junta castrense llevó la
represión a niveles nunca antes conocidos en el país. Luego se sucedería el
mandato del general Ernesto Beckmann Geisel y, finalmente, el del general Joao Baptista
de Oliveira Figueiredo. Con la creación del Servicio Nacional de Información
(SNI), por parte de Castello Blanco, las dictaduras castrenses subsiguientes
contaron con un eficiente instrumento para llevar a cabo su terrorismo de
estado entre 1964 y 1979. Este macabro organismo tenía como funciones las de recoger y clasificar la información sobre supuestos
enemigos del gobierno. El SIN coordinaba y maniobraba con las secciones de inteligencia de los
diferentes cuerpos de seguridad, así como con las Divisiones Regionales de
Operaciones de Inteligencia y Coordinaciones de la Defensa Interna.
De acuerdo con el Informe “Brasil: Nunca
Más, emitido en 1985, se registraron en
Brasil 144 asesinatos políticos, 1843
casos de tortura y 125 casos de desaparición de personas, también por los
mismos motivos.
Por las investigaciones realizadas
para conocer las violaciones a los derechos humanos en ese período, se pudo
determinar que los Estados Unidos apoyaron sistemáticamente a las dictaduras
militares, facilitando fondos, entrenamiento y asesoría para llevar a cabo sus
actividades represivas. El propio oficial CIA Dan Mitrione entrenó a una enorme
cantidad de militares y policías brasileños con sus "Métodos científicos
para arrancar confesiones y obtener la verdad". Las víctimas con las que
se experimentaban estos métodos de tortura fueron niños de la calle y mendigos
de la ciudad de Bello Horizonte.
Una práctica muy común en
este período fue la desaparición de ciudadanos, muy difundida ya en otras
naciones latinoamericanas. Se conoce hoy que entre 1964 a 1979 ocurrieron 125
casos de personas desaparecidas por razones políticas, las que fueron
enterradas bajo otras identidades.
En Brasil, fue donde se estrenó, mediante el primer golpe de estado, la Doctrina de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, aprobada por J. F. Kennedy en 1962, y que posteriormente propiciaría la difusión
de juntas fascistas en gran parte de América Latina.
Uno de los movimientos
sociales que más ha padecido el asesinato político ha sido el Movimientos de los Sin Tierra, sobre todos en
los estados norteños brasileños y en Pará.
Las amenazas de muerte, ejecuciones sumarias y masacres han sido, entre 1985 y
1997, muy frecuentes, al extremo que 1003 campesinos sin tierra fueron
asesinados en Brasil. La impunidad de los asesinos es total, ya que solo 56
casos fueron investigados y una pequeña parte del total fueron juzgados.
Los periodistas también han
padecido la feroz persecución y el asesinato. En el 2004 fueron asesinados en
ese país Jorge Lourenço dos Santos (propietario de la radio Criativa FM, Santana
do Ipanema, en Alagaos) y José Carlos Araújo (periodista de la Radio Timbaúba FM,
Timbaúba, en Pernambuco).
El hecho más notorio del
terrorismo de Estado en Brasil fue la masacre de la Guerrilla de Araguaia, sobre
cuyos miembros se ejerció una brutal violencia.
De los 69 guerrilleros que la integraban, 59 fueron asesinados y sus
cadáveres desaparecidos. Esa valiosa
cantera de luchadores del Partido Comunista de Brasil, integrada en lo
fundamental por médicos, enfermeras, maestras y otros intelectuales, fue hecha
desaparecer con saña y perversión.
Es cierto que la represión
en Brasil fue más encubierta que en otros países del continente, pero no por
ello menos violenta y condenable.
Bolivia
Fueron 18 años de dictaduras militares las que sufrió el pueblo
boliviano entre 1965 y 1982. Solo con el golpe militar de Hugo Banzer Suárez, en agosto de 1971, y de
acuerdo al Comité Impulsor del Juicio contra García Meza, se produjeron más de
14,000 detenciones ilegales de personas las
que fueron, en la mayoría de los casos, sometidas a crueles torturas y
asesinato. La represión en esos momentos provocó el exilio de 6,000 bolivianos.
Con Banzer fueron desaparecidas más de
70 personas, según cifras bastante conservadoras.
Luego del período de
Banzer, sobrevino la dictadura de 16 días del coronel Alberto Natusch Busch, breve
período en que fueron asesinadas 76 personas en La Paz y desaparecieron 140 bolivianos.
La dictadura de García Meza fue responsable de la desaparición de
22 personas y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo
Quiroga Santa Cruz. Un cuadro de la aterradora represión la ofreció la Asociación de Familiares
de Desaparecidos cuando denunció, en mayo de 1990, la desaparición de 156
personas. Como ya señalamos, 76 correspondieron a la etapa banzeriana, 34 al
período del general Alfredo Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de Alberto
Natusch y 4 en el período de René Barrientos.
Aún los bolivianos recuerdan conmocionados el asesinato del
Guerrillero Heroico en octubre de 1967 por indicaciones expresas de la CIA norteamericana. Éste fue
uno de los crímenes más atroces de los cometidos por los militares bolivianos.
Otros asesinatos políticos que levantaron la repulsa popular y la
condena internacional fueron el ya
señalado del diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, el de los ocho dirigentes del
MOR y el del sacerdote Luis Espinal. La
organización de los escuadrones de la muerte fue directamente ordenada y
ejecutada por que altos miembros del
mismo ejército boliviano, empleándolos para asesinar líderes políticos, cometer
atentados terroristas, lanzar bombas contra manifestantes, atacar sedes de
organismos políticos, religiosos y culturales, etc. Las macabra conspiración
terrorista de los militares bolivianos planeó el asesinato de otras
personalidades, incluidas en una lista negra, y en la que se encontraban el sacerdote Luis Espinal Camps, el diputado
socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente Walter Guevara Arce, el
líder sindical Juan Lechín Oquendo, y el ex ministro Eduardo Pérez Iribarne,
entre otros.
El 4 de mayo de 1954 los militares paraguayos derrocaron al
presidente Federico Chávez, de la Asociación Nacional
Republicana, mediante un golpe de estado. Este hecho incruento llevó al poder
al general Alfredo Stroessner, quien lo detentaría por 35 largos años. Época
macabra en la que el terror reinó a sus anchas, provocando la muerte
indiscriminada de miles de personas, tanto paraguayos como de otras naciones
del Cono Sur.
La
anuencia de Estados Unidos hacia los crímenes de la dictadura paraguaya, se puso de manifiesto cuando el propio presidente
norteamericano Richard Nixon le manifestó a Stroessner durante una visita a ese
país, realizada el 4 de mayo de 1968:
"En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se
haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del
comunismo".
Operación Cóndor tuvo en
Asunción la sede de los archivos del terror. Los militares paraguayos fueron
artífices de desapariciones de ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos,
bolivianos y de otras nacionalidades, los que eran secuestrados y enviados
hacia sus respectivos países para ser inmediatamente torturados y asesinados.
En pago por estos favores, los militares argentinos, por ejemplo, asesinaron a
54 paraguayos exilados en ese país. Investigaciones posteriores han indicado que
los militares paraguayos se incorporaron a las actividades de Cóndor a partir
de julio de 1976, a través del Coronel
Benito Guanes Serrano, jefe de los Servicios de Inteligencia del Ejército.
Tal fue el nivel de
represión desatada por Stroessner, que 360 mil personas, de un total de tres
millones de habitantes, pasaron por las prisiones, siendo salvajemente vejadas
y torturadas. Por otra parte, casi el 50 % de los paraguayos tuvieron que
exilarse para escapar de la represión.
El descubrimiento de los
llamados Archivos del terror, aparecidos casualmente en la
estación de policía de Lambaré, un barrio de Asunción, ofreció en 1993
la documentación suficiente para
demostrar cómo funcionó el aparato de pavor
implementado por los militares paraguayos en complicidad con sus iguales
en otros países del Cono Sur. Las desapariciones forzadas aparecieron en su
real magnitud y se pudo descubrir el fatal destino de miles de personas de
diversos países, esbozando el método principal de control político y social en
Paraguay, basado en la impunidad y la violación descarada de los derechos
humanos. Los Archivos del terror contienen registros documentales sobre de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000
desaparecidos y 400.000 encarcelados. Lo pavoroso es que 3000 niños fueron
desaparecidos y asesinados durante la Operación Cóndor.
Casos como el Gustavo Edison Inzaurralde, quien en 1973 huyó a Paraguay tras ser detenido y torturado
por sus actividades revolucionarias en Uruguay, arrestado el 28 de marzo de 1977 y posteriormente asesinado
por militares argentinos, ilustran la criminal madeja desenterrada por Martín
Almada al descubrir los Archivos del terror. Junto con Inzaurralde, fueron entregados a los torturados argentinos
el uruguayo Nelson Rodolfo Santana y otros tres ciudadanos argentinos.
Otro
sonado caso de colaboración de los militares paraguayos con sus homólogos del
Cono Sur fue el Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército
Revolucionario del Pueblo, arrestado por la policía paraguaya al cruzar la
frontera desde Argentina. Entregado a los agentes de la DINA, fue enviado a Santiago
de Chile, donde desapareció en Villa
Grimaldi. A Fuentes Alarcón lo interrogaron torturadores de varios países,
incluso norteamericanos adscritos a la embajada yanqui en Argentina.
Los sicarios
paraguayos asesinaron a los hermanos Benjamín
y Rodolfo Ramírez, acusados de pertenecer a un grupo guerrillero conocido como Organización Política Militar. El propio el
jefe de investigaciones de la policía paraguaya, Pastor Coronel, participó en
estos asesinatos y en el del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento
Popular Colorado de Paraguay.
Otras
cinco personas arrestadas en Paraguay fueron entregadas a funcionarios de las inteligencias
de Argentina y Uruguay. Ellos fueron los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y
Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos Alejandro Logoluso Dio Martino,
José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron, y cuyo caso ya
mencionamos con anterioridad. El pueblo
paraguayo aún reclama justicia por estos crímenes.
Uruguay
La dictadura cívico-militar que desgobernó al Uruguay entre
1973 y 1984, desató también una represión a gran escala, pero con una modalidad
muy sui géneris: fue una represión sofisticada y selectiva.
Los militares y el gobierno clasificaron a los ciudadanos del país
en tres categorías (A, B y C), en
correspondencia con el grado de peligrosidad que les suponía. Mediante un "Certificado de Fe Democrática" se
regulaba el destino de cada uruguayo y su propia suerte.
La ideología dominante en los círculos de poder uruguayos, la Doctrina de Seguridad
Nacional (DSN), abarcó tanto la estructura orgánica del país como su
dependencia al control de los militares. Convertida en filosofía reinante, esta doctrina
dominó la vida pública del país.
La actividad solapada y selectiva de los torturadores uruguayos,
provocó sin embargo crímenes condenables como el de los 8 militantes del
Partido Comunista, perpetrado en abril de 1972. Otro hecho siniestro fue el
secuestro en Buenos Aires de cinco ciudadanos uruguayos y su ulterior asesinato
en 1975, ya en Uruguay.
Gran repudio causaron los asesinatos de dos legisladores uruguayos
en 1976: Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz, en unión de William Whithelaw Blanco y Rosario Barredo. Otro
hecho repudiable fue el envenenamiento
de Celia Fontana de Heber, esposa de un dirigente político uruguayo.
La dictadura cívico-militar ocultó estos hechos y su complicidad
en ellos. Hubo, sin embargo, un hecho en que se vieron desnudados como fue el caso de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en junio de 1976 en el propio predio de la embajada de
Venezuela en Uruguay.
El asesinato del maestro y pedagogo Julio Castro, secuestrado en
plena vía pública y luego asesinado, también causó gran conmoción en todo el
país.
Ese trágico año de 1976 vio con impotencia cómo, dentro del marco
de la Operación
Cóndor, fueron secuestrados en la Argentina 62 uruguayos y conducidos posteriormente a su
país, donde fueron salvajemente torturados y la mayoría de ellos desaparecidos.
El caso más sorprendente de la represión en Uruguay lo fue la
desaparición del niño Simón Antonio Riquelo,
quien fue arrebatado de los
brazos de su madre cuando sólo tenía 20 días de nacido.
Entre 1977 y 1979 continuaron los secuestros y desapariciones de
uruguayos en Argentina. En Paraguay capturaron
y desaparecieron a dos ciudadanos uruguayos, los que fueron trasladados
a Argentina y posteriormente ultimados.
En Uruguay, la
CIA fue la responsable y tutora directa de los escuadrones de la muerte. La estación de la CIA en Montevideo elaboró
listados y ejerció permanente control
sobre los más destacados activistas y opositores al gobierno de turno. Fue la
CIA la que facilitó las coordinaciones entre los militares
uruguayos y sus similares de Chile y Argentina, dando lugar a las ya analizadas
operaciones conjugadas entre ellos que estaban previstas en la Operación Cóndor. Como ejemplo, puede destacarse que un numeroso grupo de 32 uruguayos y argentinos,
detenidos en la cárcel secreta de "Automotoras Orletti", fue enviado al Uruguay en octubre de 1976 y allí
posteriormente ultimados. Tal fue la confabulación de los militares y grupos
civiles de poder, asociados con militares del Cono Sur y contando con la venia
y apoyo de los Estados Unidos. Prueba de ello fue que, en 1969, la agencia
envió a Uruguay al conocido torturador
Dan Mitrione.
Guatemala
A partir de 1962 se
fortaleció aún más el proceso de militarización
del Estado y, en consecuencia, un incremento de la violación de los derechos humanos. Ya habían
ocurrido las Jornadas de marzo-abril de 1962 cuando el estudiantado y otros sectores de la población
protestaron por la represión que provocó la muerte a tres estudiantes de Derecho.
Como resultado de la represión fueron muertas
50 personas, 500 fueron heridas y más de mil detenidas. La imposibilidad de Miguel Ydígoras Fuentes
de controlar el descontento popular, provocó que el ejército se hiciera cargo
de la situación, preparándose de facto las condiciones para el golpe militar de
1963.
Ese era la forma en que los
militares guatemaltecos y los grupos de poder interpretaron la Doctrina de Seguridad
Nacional, concebida por Estados Unidos para su traspatio latinoamericano.
Con el golpe de Estado producido el 30 de marzo 1963, los militares guatemaltecos
hacía suya esta doctrina, la que lograría aún más plenitud durante el período
gubernamental de Julio César Méndez Montenegro, ejercido entre 1966 y
1970. Al estilo de sus homólogos
uruguayos, un pacto entre militares y civiles beatificaría este nuevo modelo de
contrainsurgencia. El golpe, que colocó a la cabeza del régimen a Enrique
Peralta Azurdia, hasta ese momento ministro de la Defensa, durante mil días
de terror y represión contra las fuerzas progresistas del país.
Apoyados por Estados Unidos, los militares incorporaron el
despliegue de un terror a gran escala como modalidad de su estrategia contrainsurgente. La CIA y el Pentágono ayudaron a
perfeccionar los órganos represivos guatemaltecos y a preparar a sus miembros
con las últimas técnicas de tortura y represión. A la acelerada modernización
del ejército, la difusión de las
Doctrina de Seguridad Nacional, el perfeccionamiento de los servicios de
inteligencia militar y el incremento de
la ayuda militar norteamericana, dio paso un modelo contrainsurgente basado en
el terror. Todo ese tinglado de abusos y violación de la democracia, se
beatificó con leyes como la llamada Ley de Defensa de las Instituciones
Democráticas, el decreto 9, de abierto carácter antidemocrático.
En marzo de 1966, se decidió el traspaso del gobierno al abogado Julio César Méndez Montenegro. Para
evidenciar que este cambio era solo de forma y que la represión continuaría, fueron capturados y desaparecidos 28
dirigentes políticos y populares. Luego se esclareció que habían sido
capturados por órdenes del entonces ministro de la defensa, el coronel Rafael
Arriaga Bosque. Sus cuerpos jamás aparecieron, pues fueron salvajemente
torturados y arrojados al mar desde aviones de la Fuerza Aérea. Con la
desaparición de los 28 se daba paso a una práctica que se haría común en
Latinoamérica.
La complicidad norteamericana quedó esclarecida cuando se comprobó
que asesores yanquis participaron en los interrogatorios.
En ese mismo año aparecieron los "escuadrones de la
muerte", alcanzando la alarmante cifra de 15 grupos de este tipo creados
en un solo año. Luego aparecerían otras 20 organizaciones paramilitares para
ejecutar los crímenes contra los opositores al gobierno. Los crímenes cometidos
entre 1966 y 1970 provocaron más de 3 000 víctimas.
El modelo represivo ensayado en Guatemala, apoyado en la asociación
entre políticos, empresarios y militares, se extendió a la década de los
setenta. El dominio del ejército sobre la vida pública, manejando todos los
hilos del poder, limitó al mínimo la participación de los partidos de derecha.
Los gobiernos militares que sucedieron Méndez Montenegro, el
del coronel Carlos Manuel Arana Osorio
(1970-1974) y del general Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978),
mantuvieron una brutal represión: El abogado Julio Camey Herrera fue ametrallado
el 26 de noviembre de 1970. Dos meses después fue ultimado el diputado Adolfo Mijangos López.
La persecución de los comunistas provocó la captura y muerte, el 26 de septiembre de 1972, de seis miembros del Buró Político del PGT y
la de una trabajadora doméstica que se encontraba en el lugar. Luego, en 1974, resultó vilmente asesinado el secretario
general del PGT, Huberto Alvarado, y, posteriormente, en 1976, otro destacado líder
comunista: Bernardo Alvarado Monzón.
La represión selectiva recurrió al aumento del número de escuadrones de la
muerte, a los que se incorporan el Ojo
por Ojo y la
Organización CERO. Fue precisamente Ojo por Ojo la ejecutora
del ex diputado del PGT César Montenegro Paniagua, en abril de 1970.
Otro caso de asesinato
selectivo fue el perpetrado el 8 de
junio de 1977 contra el abogado laborista Mario López Larrave, ex decano de la Facultad de Derecho y
miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos (USAC). Por esa misma razón, el 30 de junio de 1978, día en que
finalizaba del gobierno de Kjell Eugenio Laugerud, resulto muerto el sacerdote
Hermógenes López Coarchita, párroco de San José Pinula.
Los campesinos también
sufrieron una feroz represión en la década de los setenta. Prueba de ello lo
fue el ataque contra una manifestación campesina en Panzós, Alta Verapaz, en
mayo de 1978, siendo asesinados 53 campesinos de la etnia ketchí y más de 40
resultaron heridos. Otro golpe contra el
campesinado resultó el asesinato de Tereso de Jesús Oliva, secretario general
del Movimiento Campesino Independiente, el 20 de enero de 1971. En el departamento de El Quiché fueron
asesinados, entre febrero de 1976 y noviembre de 1977, 68 líderes de cooperativas del Ixcán, cerca de 40 en Chajul; 28 más en Cotzal y 32 en Nebaj.
Los trabajadores de la
ciudad también sufrieron en carne propia el asesinato de sus dirigentes. Así
sucedió con Vicente Mérida Mendoza
y César Enrique Morataya, líderes de los trabajadores en la Empresa Autobuses
Alianza Capitalina y Compañía Industrial
del Atlántico S.A. (CIDASA), respectivamente, en 1972.
La represión selectiva también cobró la vida de Mario Mujía
Córdoba, principal asesor de los mineros
de Ixtahuacán, el 20 de julio de 1978.
En los últimos años de la década de los setenta fueron ultimados
sin piedad doce dirigentes sindicales y
trabajadores, entre los que se hallaban tres secretarios generales: Pedro
Quevedo y Quevedo, Manuel Francisco López Balam y Marlon Rodolfo Mendizábal.
Los Gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos
Montt representaron un aumento en la escalada terrorista contra el pueblo
guatemalteco. Su estrategia contrainsurgente se encaminó a destruir al
movimiento social, tanto en las ciudades
como en el campo, implementando una estrategia de tierra arrasada. Cientos de
aldeas fueron quemadas y sus moradores asesinatos y perseguidos, provocando el
desplazamiento masivo de la población. Fue la época de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC),
empleadas como soporte de los militares para controlar aún más a la población y
evitar su apoyo a la insurgencia.
El gobierno del general Humberto Mejía Víctores (1983-85) dio
continuidad a tal modelo represivo.
En los años ochenta fueron asesinados centenares de jueces y
abogados, supeditando al poder judicial mediante el terror.
Las protestas de octubre de 1978, por el aumento del pasaje del
transporte público, fueron reprimidos salvajemente los ciudadanos de la Capital, provocándose la
muerte de 40 personas, 300 heridos y más
de 1500 detenidos.
Uno de los destacados líderes estudiantiles, Oliverio Castañeda de
León, Secretario General de la Asociación de
Estudiantes Universitarios, fue
asesinado ese mismo mes. No sería el único: partir de 1977, más de cien
estudiantes y profesores de la
USAC fueron asesinados por militares y escuadrones de la
muerte.
El Frente Unido de la Revolución (FUR), padeció la muerte de su líder, Manuel Colom Argueta y,
entre 1978 y 1981, otros 19 dirigentes
de esa organización fueron ultimados por escuadrones de la muerte.
Tal vez el hecho que causó mayor repercusión internacional lo fue la
masacre de la Embajada
de España, ocurrida el 31 de enero de 1980, cuando fue incendiada la misma por
fuerzas militares, muriendo 37 de sus ocupantes. El único sobreviviente de los
campesinos, fue asesinado luego de ser secuestrado del hospital en que
encontraba convaleciente.
El Primero de mayo de 1980
fueron secuestrados 32 participantes de las protestas de ese día y luego
aparecieron los cadáveres de 28 de ellos.
La sucesión de gobiernos como el de Vinicio Cerezo Arévalo, de
Serrano Elías (1991-1993, Ramiro De León Carpio (1993-95) y de Álvaro Arzú Irigoyen,
no terminaron con la represión. Guatemala ha sufrido, por tanto, dolorosas
páginas de horror, implementadas por los militares y sus cómplices en
Washington. Este cuadro de terror provocó la muerte de 45 000 guatemaltecos y
la desaparición de cerca de 150 000.
Otros crímenes políticos.
La
historia de nuestro continente ha sido dolorosa y la principal causa de este
cuadro de horror, basado en la desaparición física, las masacres, la tortura y
el asesinato selectivo, han sido las apetencias geopolíticas de Estados Unidos
para la región. Muchos líderes políticos han sido salvajemente asesinados y
otros han muertos en oscuras circunstancias, tal como ocurrió con Maurice
Bishop, Jacobo Arbenz, Luis Augusto Turcios Lima y algunos más. A otros, como
Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, todavía se les pretende asesinar día tras
día, por órdenes expresas cursadas desde Washington.
Resultaría
extenso realizar un detallado análisis
de todos los casos de asesinato político o de aquellas muertes sospechosas
ocurridas a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, existieron asesinatos y
muertes sospechosas que vale la pena examinarse. Tales son los casos del
asesinato de César Augusto Sandino, en Nicaragua; de Jorge Eliécer Gaitán, en Colombia; de Jaime Roldós, en Ecuador; y de Omar
Torrijos, en Panamá.
La muerte de Sandino. El deseo de Sandino de conseguir una paz duradera y una
Nicaragua independiente, lo condujo a aceptar una entrevista con Somoza el 21 de febrero de 1934. Una vez que salió de la Casa Presidencial
en compañía de Gregorio Sandino, el ministro Sofonías Salvatierra, así como los generales
Estrada y Umanzor, fueron detenidos por un
destacamento de guardias nacionales que les conminó a bajarse del vehículo. Luego,
fueron desarmados irrespetuosamente. Separado Sandino de sus
acompañantes, se le asesinó
cobardemente. "Están matando a
Augusto", atinó a decir el anciano don Gregorio con total impotencia. Los
autores intelectuales del crimen fueron Anastasio
Somoza y los intereses norteamericanos en Nicaragua.
La muerte de Gaitán. Jorge
Eliécer Gaitán, nacido en Bogotá, el 23 de enero de 1903 y
asesinado el 9 de abril de 1948, fue un político y abogado colombiano, alcalde
y popular candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la República.
¿Quién
ordenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán? Aunque la autoría de su muerte
ronda en el más absoluto misterio, se sabe que detrás de la mano asesina de Juan Roa Sierra estuvo también la
mano de la CIA y
la de los intereses de la Federación Nacional
de Cafeteros y los nacientes industriales.
Las
sospechas recayeron igualmente en el presidente Mariano Ospina Pérez, de quien se dice se comunicó en secreto con el autor material del crimen
antes de que el crimen sucediera. El hecho de que Juan Roa fuera asesinado momentos
después que cometió el magnicidio, al igual que ocurrió después con el supuesto
asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald,
refuerzan hoy la sospecha de la participación de la Agencia Central de Inteligencia
norteamericana en el crimen. Sería, sin lugar a dudas, uno de sus primeros
asesinatos promovidos en América Latina por la
CIA, luego de que ésta fuera creada por Harry Truman, el 26
de julio de 1947. La CIA
empezó a funcionar el 20 de septiembre de ese mismo año y ha sido la punta de
lanza de los Estados Unidos para desestabilizar gobiernos y asesinar dirigentes
en todo el mundo.
Jorge
Eliécer Gaitán se había hecho popular con un programa a favor de la restauración moral de la república, crítica a
la violencia y la vindicación de los pobres en el país. Se tiene conocimiento
que, el autor material del magnicidio, se había entrevistado poco tiempo antes
del acontecimiento con el presidente Ospina Pérez, por lo cual muchos liberales
acusaron al gobierno y exigían la renuncia de éste, como ya comentamos.
La
muerte de Jaime Roldós: El
de mayo 24 de 1981 ocurrió el sospechoso accidente aéreo que costó la vida al presidente ecuatoriano Jaime Roldós, a su esposa y a los miembros de su comitiva. De
inmediato, voces acusadoras señalaron hacia la CIA por cuanto Estados Unidos tenía motivos
suficientes para desear su desaparición física. Su enfrentamiento a las compañías petroleras
norteamericanas, su suspensión a las actividades del Instituto Lingüístico de
Verano, fachada de oscuros intereses, lo colocaron en la mira de Estados
Unidos.
Su fuerte posición
nacionalista y su defensa a la
Ley Política de Hidrocarburos, en la que
expresa el interés de que los beneficios del petróleo fueran disfrutados por la
mayoría de los ecuatorianos, lo llevó a
la muerte. Antes de su defunción, había proclamado: “… nosotros debemos tomar
medidas efectivas para defender los recursos energéticos de la nación. El
Estado debe mantener la diversificación de sus exportaciones y no perder su
independencia económica. (...) Nuestra decisión será inspirada solamente por
los intereses nacionales y la irrestricta defensa de nuestra soberanía nacional”.
La respuesta de las
transnacionales petroleras no se hizo esperar. Una fuerte campaña ideológica
contra Roldós se desató e invirtieron altas sumas de dinero para comprar
voluntades, sobornar funcionarios y
obstaculizar el desempeño de su gobierno. De hecho, ese dinero pagó la mano de
sus asesinos.
La
muerte de Omar Torrijos. El 31 de julio de 1981
ocurrió el fatal y sospechoso accidente aéreo que costó la vida al general Torrijos, en las inmediaciones de Cerro Marta, en
Panamá.
Varias
destacadas personalidades han acusado a la CIA de haber interferido desde tierra los instrumentos de la nave donde viajaba
Torrijos.
Su
fuerte posición nacionalista con
respecto a
renegociar el tratado canalero con Estados Unidos, así como la decisión de
expulsar de Panamá, al igual que lo hizo Roldós, al Instituto
Lingüístico de Verano, lo colocaron también en la mira de los asesinos pagados
por Washington.
Conclusiones
Los asesinatos políticos cometidos en América Latina, estimulados
y financiados por el gobierno norteamericano y sus agencias, fruto de sus
apetencias geopolíticas, han constituido un fenómeno sistemático en nuestro
continente.
Tales actos constituyen violaciones de normas jurídicas
internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas. Ella establece que la desaparición forzada de personas y los
asesinatos políticos constituyen delitos permanentes que violan todo un grupo
de normas que protegen a los derechos
humanos.
De hecho, tales abominables prácticas ejecutadas por los gobiernos
terroristas en América Latina, dentro del marco de la Operación Cóndor
y de la lucha contra las fuerzas progresistas, violaron impunemente los artículos 3, 5, 8, 9 y 10 de la referida Declaración
Universal, en los que se consagran los
derechos a la vida, la libertad y la seguridad personales.
De la misma manera, los
regímenes militares que detentaron el poder en Latinoamérica y sus cómplices de
la Casa Blanca,
violaron los artículos Primero, Segundo, Doceavo, Treceavo y Catorceavo, de la Convención Contra
la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Asimismo, fueron violados
por ellos los artículos Noveno y Décimo.
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos hechos ocurridos ampliamente en
nuestros países latinoamericanos, fueron violatorios también del Código de Conducta Para los Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley,
previsto en una declaración de la Asamblea de la Organización de
Naciones Unidas, en las normas 5a. y 6a.
Estos gobiernos represores violaron también la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la cual fue firmada y ratificada en 1969 por la mayoría de los miembros de la OEA.
¿¡De qué sirven las
palabras del Artículo 4 de la misma, en las se dice que: ” Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y,
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente.", cuando los propios gobiernos firmantes han sido
los comisores de los delitos de asesinato extrajudicial, desapariciones físicas
y torturas degradantes!?
Mucho ha faltado por decirse sobre el crimen cometido contra
nuestros pueblos y sobre el asesinato de sus mejores hijos, pero razones de
espacio y la tanta vergüenza y rabia que se experimentan, conspiran contra el
autor.
Tal vez el hecho más relevante de esta época trágica de nuestra
historia, actualizada recientemente con el asesinato del luchador
independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda por sicarios del FBI
norteamericano, lo ha sido que tanto crimen y tamaña matanza solo ha servido
para reforzar la lucha de los pueblos por su definitiva liberación, quienes ven
en sus hijos desaparecidos nuevas banderas de lucha y acicates para continuar
batallando por el porvenir.
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