¿Invalidar la elección?

Martín Moreno

Sustentado jurídicamente por especialistas electorales, el sentimiento retumba entre millones: la elección presidencial debería invalidarse, pero el Tribunal difícilmente la anulará. Hay pruebas, evidencias pero, sobre todo, fundamentos legales para que se deseche, aunque el TEPJF seguramente la validará.
 
Y no se trata de un acto de fe, de filias o fobias o de favorecer delirios mesiánicos. Es un asunto estrictamente legal.
 
El punto radica en el alud de elementos y argumentos respecto a la forma como ganó Peña Nieto que, se quiera o no, contribuye a la sospecha de una elección más comprada que ganada: coacción de votos; posible triangulación de dinero de procedencia dudosa; presunto lavado de dinero; lucro con la pobreza de millones.


Otra vez el “haiga sido como haiga sido”.


“Peña Nieto se cruzará la banda presidencial en el pecho”, advierte el líder del PRI, Pedro Joaquín Coldwell. Puede ser. Lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide —antes del 6 de septiembre— al priista como Presidente.


“Hay elementos para invalidar la elección, pero por sus antecedentes, será difícil que el Tribunal lo haga”, nos dice Eduardo Huchim, especialista en temas electorales, apartidista y de opinión imparcial, en Reporte a Debate (domingos de 7 a 8 pm, 98.5 FM).


Aún más: Huchim ve el riesgo mayor en el incumplimiento al artículo 41 constitucional que plantea “elecciones libres, auténticas y periódicas”. Los dos primeros requisitos se violentaron. “Por tanto, es posible la declaración de invalidez y, como consecuencia, la celebración de comicios extraordinarios”, señala.


Como muchos otros especialistas, analistas y periodistas —cada quien con sus conocimientos y sus deberes—, Huchim plantea invalidar la elección no por un sentimiento antiPRI o antiPeña, sino para rescatar una democracia mexicana ya no incipiente, sino enferma; manchada por la sospecha y el dinero oscuro; agraviada por prácticas que se creían enterradas.


Y si a alguien tienen que reclamarle Peña o Coldwell no es a López Obrador ni a los periodistas o a los críticos del priato. Es a sus operadores. A sus gobernadores. A quienes ensuciaron la elección.


Allí están Banca Monex. Soriana. Los Fraga. Empresas como Tiguán, Comercializadora Atama y Grupo Koleos. La triangulación del dinero. El presunto lavado de dinero. La coacción al voto. La manipulación en la elección.


Sí: es altamente probable que el TEPJF valide la elección presidencial. Pero, ¿a qué precio? ¿Dándole el tiro de gracia a una democracia que va rumbo al despeñadero histórico, a la regresión democrática? ¿Cancelando la posibilidad de tener elecciones libres y auténticas, como lo marca el 41 constitucional? ¿Echando por la borda lo ganado desde el inicio formal de la transición?


No se trata de darle gusto a AMLO. Ni de defender a Peña Nieto. El asunto rebasa a cualquier personalidad. Se trata —nada menos— de encauzar la democracia mexicana, de darle mayor calidad y limpiar cualquier sospecha que cargaremos, para mal, de por vida.


Porque así acostumbraremos a generaciones futuras: a la antidemocracia, al engaño, a la trampa.
Y mal harían el IFE y el TEPJF en levantar la alfombra y ocultar la basura electoral.


Algunas plumas y voces —erigidas ya en autoridades electorales oficiosas— advierten que Peña sí será Presidente. Tal vez. Pero son miopes: se niegan a ver que el futuro democrático del país va más allá de una simple elección, del regreso de un partido o del triunfo de un político.


Está mucho más en juego.


Por eso —fenómeno innegable y omnipresente—, en cada esquina, en los hogares, en los cafés, en las empresas, en las redacciones, en las calles, en las marchas, el sentir popular es casi unánime: la elección presidencial debe invalidarse… pero el Tribunal no lo hará.


Ya veremos la estatura histórica de los magistrados electorales.



ARCHIVOS CONFIDENCIALES


MAESTROS. En los comerciales de TV, los maestros del SNTE se autoelogian. En los exámenes, reprueban 70% de los 134 mil 704 profesores que presentaron el examen nacional, porque obtuvieron menos de 60 aciertos de un total de 100 preguntas. Tronaron siete de cada 10. Sólo 309 respondieron correctamente la totalidad de los cuestionamientos.


Pero no pasa nada: la SEP sale en su defensa y minimiza la ignorancia magisterial y dice que la mayoría de estos maestros “son aptos” para ocupar plazas de educación básica. ¡Ah, menos mal! Para qué preocuparse: los hijos de los altos funcionarios de la Secretaría están en colegio privado. Los de escuela pública, que se jodan.


OSWALDO PAYÁ. Este hombre valiente luchó contra la dictadura de Fidel Castro. Murió en un extraño “accidente automovilístico”. Lo entrevisté hace algún tiempo para Grupo Imagen Multimedia. Sereno, lúcido. Le hará mucha falta a los cubanos que quieren libertad.