El gabinete de Peña y la administración pública federal

Leo Zuckermann

Conforme se acerca la fecha en que tomará posesión el próximo Presidente, se intensifica la gabinetitis, esa fiebre especulativa de nombres que podrían estar en el próximo gabinete presidencial. Desgraciadamente, este ejercicio de rumorología, que tanto gusta a los medios, eclipsa una discusión más importante: si la actual estructura de la administración pública federal es la más conveniente para el país.


La última gran reforma organizativa del Ejecutivo federal la hizo el presidente López Portillo en los años 70. Desde entonces, el gobierno sigue operando básicamente con la misma estructura, no obstante que el contexto nacional e internacional ha cambiado mucho desde entonces. Más que estar especulando sobre los hombres y mujeres que designará Peña, habría que preguntarnos si la estructura gubernamental es la más adecuada para solucionar los viejos y nuevos problemas de México.
Administrativamente, el Presidente tiene un tramo de control incontrolable. De él dependen 40 subordinados: 18 secretarios de Estado, el procurador, el jefe de la Oficina de la Presidencia y 20 directores de entidades paraestatales (organismos tan importantes como el IMSS, el ISSSTE o Pemex). Un Presidente, por más que quiera, no puede controlar a tantos subordinados. Habría que reflexionar la manera de hacer más piramidal la estructura del Ejecutivo federal. La posibilidad, por ejemplo, de unos siete-ocho superministerios dependientes del Presidente que tengan bajo su control las funciones que hoy realizan ciertas secretarías de Estado y entidades paraestatales.
Esto sería más eficaz desde un punto de vista administrativo. El problema es que los presidentes llegan al poder con muchas facturas que pagar y necesitan múltiples puestos que puedan repartir entre la gente que los apoyó. De ahí que prefieran tener más puestos dependientes de ellos que puedan repartir. No creo, por eso, que Peña vaya a aprovechar la coyuntura para compactar su gabinete. Podría, más bien, hacer ciertos cambios relacionados con algunas secretarías. ¿Cuáles?
Pienso, por ejemplo, en la conveniencia de regresar a la Policía Federal al mando del secretario de Gobernación para que éste actúe como un ministro del interior con el poder para enfrentar el reto de la seguridad. Otra opción podría ser juntar a la Procuraduría General de la República con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para formar una especie de ministerio de justicia como el que existe en otros países. Lo que no tiene sentido, me parece, es continuar con el esquema actual de una SSP separada y aislada.
Otro asunto es la negociación del Ejecutivo con el Congreso. Hoy, en el papel, la lleva el secretario de Gobernación a través de una Subsecretaría. Desde hace mucho tiempo creo que este esquema es obsoleto. Hay que copiar el modelo estadunidense, donde la delicada labor de conseguir los votos en el Congreso la hace directamente la Casa Blanca. En México, la negociación con el Legislativo debe estar a cargo del jefe de la Oficina de la Presidencia. Muchos piensan que esto no conviene porque es arriesgar demasiado a la figura presidencial. Se trata, me parece, de un argumento que viene de las épocas autoritarias donde, efectivamente, era importante proteger al Presidente. Pero, en estas épocas democráticas, el argumento es al revés: el Presidente, más que estar protegido, debe estar involucrado a través de su chief of staff en la negociación con las distintas bancadas legislativas.
Otro posible cambio es la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Ya sabemos que el autocontrol del Ejecutivo no sirve para nada: la corrupción, según Transparencia Internacional, no ha disminuido. Mejor que sea la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso, la que tenga a su cargo la fiscalización de la administración pública. O quizá, como ha propuesto Peña, que sea una institución autónoma ciudadana.
Otra dependencia que podría desaparecer es la Secretaría de la Reforma Agraria. Su principal función ha terminado: ya no hay tierras que repartir. Que la tarea del registro y control de las propiedades agrarias pase a otra área gubernamental (quizá Gobernación).
Hay dos sectores que son muy importantes para el desarrollo económico del país: las telecomunicaciones y la construcción de infraestructura. Es absurdo que ambas labores estén a cargo de una sola Secretaría. Valdría la pena dividir a la SCT en dos: una encargada de las telecomunicaciones y otra del desarrollo de infraestructura, quizás incluida a la Comisión Nacional del Agua.
Son algunas ideas que, por cierto, no son nuevas: han estado en el ambiente por un buen tiempo.
La pregunta es si Peña hará algunos cambios relevantes en la administración pública o si continuará con un statu quo rebasado en varias áreas gubernamentales. Esto, como he mencionado, es más relevante que la gabinetitis.