La violencia como coartada

Jorge Fernández Menéndez

Para Javier Ibarrola, un periodista
Se trata de deterioro. De deterioro en la vida social, de una presencia insoslayable de la violencia en la cotidianidad, de un creciente desprecio por la vida y, además, de la convicción de que todo se puede. Hace algunos días, cuando se produjeron las muertes de los diputados locales Jaime Serrano Cedillo, en Nezahualcóyotl; Eduardo Castro Luque, en Cajeme, Sonora, y Hernán Belden, en Monterrey, decíamos que, independientemente de las circunstancias que pudieran haber rodeado sus respectivos asesinatos, éstos eran consecuencia también del deterioro de la seguridad en el ámbito local, sobre todo en muchos municipios y regiones donde el secuestro y el asesinato se habían empoderado tanto, que comenzaban a hacer víctima de los mismos a quienes participaban en el juego de poder local.


Y es verdad, aunque en los tres casos nos estamos encontrando un escenario en el cual el asesinato se termina tratando de enmascarar con la inseguridad local. En el caso del diputado Serrano Cedillo, uno de los más importantes operadores del priismo mexiquense en el Valle de México, ahora sabemos que la muerte fue provocada por su esposa, Patricia Grimaldo, en el transcurso de una pelea conyugal, en la cual, según el testimonio de la señora, ella fue agredida y respondió clavando un cuchillo en el pecho de su marido. La herida perforó la aorta y Serrano Cedillo murió poco después. Se dijo que había sido apuñalado al salir de su casa para comprar un periódico. Su muerte y la evidente situación de inseguridad en Neza, que ha tenido un incremento delictivo de más de 14% en apenas dos meses, detonó el operativo del Ejército en ese municipio. Ahora sabemos que la muerte del diputado fue provocada por un pleito familiar: esperemos que el operativo perdure.
En el caso del diputado Eduardo Castro Luque, el autor intelectual fue su suplente, un joven de 24 años, Manuel Fernández Félix, al que, paradójicamente, Castro Luque había impulsado para que ingresara en la política y al que había hecho su suplente. Aquí no hubo nada pasional, sino simple y fría ambición. A finales de agosto, cuando estuvo en Cajeme de vacaciones, Sergio Gil Zavala, otro joven de 24 años, fue contactado por su amigo, Fernández Félix, quien le pidió su ayuda para eliminar a Castro Luque a cambio de brindarle apoyo una vez que lograra ser legislador. Gil Zavala contactó a un sicario, consiguió el arma de fuego y una motocicleta para llevar a cabo el plan. El sicario, Wilfredo Álvarez Félix, declaró que le pagaron 40 mil pesos por matar al empresario y diputado (otro involucrado dice que le pagaron sólo 20 mil). El diputado suplente había comenzado a elaborar el plan para matar a Castro Luque un día después de la elección: una muerte marcada por la ambición, pero que también permite preguntarnos qué hubiera sucedido si este joven no hubiera sido descubierto; hasta dónde hubiera sido capaz de llegar para “impulsar” su carrera. No deja de ser notable, además, qué poco vale una vida: apenas unos miles de pesos. Y lo sencillo que resultó para estos jóvenes encontrar a alguien dispuesto a matar por esa cantidad.
En el caso de Hernán Belden, nada queda claro: no hay claridad sobre por qué se le secuestró y unas pocas horas después fue asesinado. Pero comienza a abrirse paso la versión de que se trató de una cuestión de negocios y corrupción, más allá del enfrentamiento que se ha dado entre el gobierno del estado y el alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. Hay relaciones políticas muy estrechas de Belden, que era uno de los políticos que se apuntaban para quedar en la Secretaría de Finanzas del municipio de Monterrey con el cambio de administración, que siguen generando profundas sospechas. Y no sería nada asombroso si más temprano que tarde se confirma que ese secuestro y asesinato no tuvo que ver, por lo menos no directamente, con la delincuencia organizada.
Tres diputados, tres políticos locales destacados, tres asesinatos de los cuales dos están aparentemente resueltos sin que la violencia organizada haya servido más que para ocultar las verdaderas intenciones que rodearon esas muertes. Pero lo que sigue estando en el fondo de todas estas historias es el profundo deterioro social que enseñan las mismas.
Hablando de deterioro. Siguen apareciendo pruebas de cómo se financió el movimiento de López Obrador, por lo menos hasta la elección presidencial. El PT, uno de sus pilares políticos, acaba de ser sancionado por la autoridad electoral con una multa de más de 30 millones de pesos porque ocultó cómo transfirió, para actividades de López Obrador, más de nueve millones de pesos, ocultando la información con facturas, en varios casos falsificadas. A nadie en ese partido o en el Morena le parece necesario ofrecer alguna explicación sobre esos hechos. Nadie parece escandalizarse. Pura honestidad valiente.