Guerrero: la ley de la selva

Alberto Begné Guerra

Más de ocho horas de bloqueo de una autopista federal. Miles de personas literalmente atrapadas, sin comida, agua y baños, incluidos bebés, niños y ancianos. Decenas de empresas turísticas con pérdidas económicas. Una organización que se manifiesta contra la ley violando la ley. Un gobierno local que “acuerda” con sus dirigentes la no aplicación de la ley: el pago de salarios retenidos a seis mil maestros que no habían recibido su sueldo porque no trabajaron, y la cancelación de 17 órdenes de aprehensión sin fundamento ni atribuciones para ello. Un gobierno federal que, complaciente o temeroso, consiente arreglos contrarios a la legalidad.


Hay que decirlo con toda claridad: así como es inaceptable la impunidad de políticos, líderes sindicales o empresarios corruptos, también es inadmisible que, bajo el manto de una rebeldía de pretendidas causas populares, una organización como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) —por cierto, con uno de los más bajos niveles de desempeño del país— no sólo haya cerrado la Autopista del Sol el viernes pasado, sino que, mediante la comisión de dicho ilícito, haya logrado beneficios ilegales. Para darle valor jurídico, social y cultural al compromiso de que nadie estará por encima de la ley, asumido y reiterado por el presidente Peña Nieto, es imprescindible acabar con las excepciones. Basta una mala señal para dañar las expectativas creadas.
En la raíz del problema está la persistencia de una suerte de contracultura política según la cual, fuera de las vías de la institucionalidad  democrática, hay quienes asumen la prerrogativa de violar la ley sin consecuencias, en razón de la supuesta legitimidad y nobleza de sus reclamos o luchas. Los motivos son irrelevantes. En este caso, la CETEG se opone a las reformas en materia educativa que, vaya atropello, establecen la evaluación del desempeño magisterial a cargo de un organismo autónomo. Pero el problema también se explica por el temor de hacer valer la ley, incluso, si es necesario, a través del uso de la fuerza legítima del Estado. ¿No hay capacidad, como en muchas democracias, para realizar operativos eficaces y desbloquear una autopista sin excesos y abusos policiales, en el marco de la ley? Creo que la hay y, por ello, me parece que estas omisiones son la expresión residual de las culpas históricas del viejo régimen autoritario, ya carentes de sentido.
Lo cierto es que en Guerrero las cosas han llegado al punto de la ingobernabilidad. Entre los grupos de autodefensa y el bloqueo de la Autopista del Sol, pasando por la conjugación de aberraciones relacionadas con la violación de ciudadanas españolas y los crímenes de la delincuencia organizada, lo que hoy impera, por encima de los poderes constituidos, es la ley de la selva.