23 marzo, 2013

Reforma telecom: contra la rapiña

Ivonne Melgar
Primera vez que Gustavo Madero y Jesús Zambrano se sentaron en la misma mesa de los diputados con los operadores del Pacto. 
Reforma telecom: contra la rapiña
Aprobada este jueves con el apoyo de 83% de los diputados, la reforma en telecomunicaciones representa una potencial ruta de cambio económico, pero también político.
Si bien la tradicional desconfianza que ha caracterizado los tratos de nuestra clase política asomó sus impulsos cuando la diputada del PRD Purificación Carpinteyro acusó al vice coordinador jurídico de la bancada del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, de preparar modificaciones para beneficiar a SKY de Televisa en detrimento de Dish de Carlos Slim, al final ambos festejaron en los mismos términos los ajustes que se le hicieron en San Lázaro a la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña.


Este es el inicio del fin de los monopolios, declaró desde la tribuna la perredista, quien aclaró que la reforma no llevaba dedicatoria para nadie.
Y en referencia a las 18 reservas que los diputados de los partidos firmantes del Pacto por México —PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista—, el priista celebró que éstas le cerrarán el paso a los monopolios que pretendan burlar al Estado mediante el uso de terceros, de prestanombres y de subterfugios legales.
Dos agregados al texto original reflejan el sello que la Cámara de Diputados le puso a la reforma. Uno es el que más tiempo y esfuerzo consumió a los negociadores y se refiere a las tareas que tendrá el futuro Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuando le toque supervisar las nuevas obligaciones de la televisión abierta y de paga en la trasmisión de los canales con una cobertura de 50% a nivel nacional.
El IFT, añadieron los diputados, “sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan”.
Y así como esa reserva impulsada por el PRI alcanzó el sí de los grupos parlamentarios pactistas, hubo otra que a iniciativa del PAN igualmente requirió de los buenos oficios políticos de todos.
Nos referimos a la modificación que eliminó la opinión que tendría el Presidente en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión: “El Instituto notificará al secretario del ramo, previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales”.
En esa toral tarea que recaerá en los comisionados del IFT, los diputados hicieron otra puntualización para que la Secretaría de Hacienda opine sobre el monto de las contraprestaciones que las empresas deberán pagar por dichas concesiones.
Otro añadido, empujado por el PRD, fue para incluir el acceso a internet en la nueva redacción del artículo sexto Constitucional sobre el derecho a la información.
Pero si el contenido de la reforma y sus modificaciones en San Lázaro tenía eufóricos, la madrugada de este viernes, a los jefes de las bancadas pactistas —el priista Manlio Fabio Beltrones, el panista Luis Alberto Villarreal García, el perredista Silvano Aureoles y el del Verde, Arturo Escobar— por sus alcances en la economía, la dimensión de los acuerdos de esta semana los convierte en autores de una ruta política de alta rentabilidad en la generación de bienes públicos.
Porque ésta fue la primera vez que los presidentes del PAN, Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano, se sentaron en la misma mesa de los diputados con los operadores del Pacto, a fin de saldar presiones y diferencias en torno a una reforma en la que una palabra de más o de menos equivale a miles de millones de pesos.
Del cabildeo desatado por el Pacto surgen cuadros pertenecientes a un necesario relevo generacional: los panistas Juan Pablo Adame, Marcos Aguilar Vega y Fernando Rodríguez Doval, y los perredistas Fernando Zárate y Luis Espinosa Cházaro, entre otros.
El proceso inédito conlleva costos, como el escaso debate público que hubo de la iniciativa a cambio de la construcción de consensos.
Este déficit, sin embargo, no descalifica el quehacer político invertido ni justifica el señalamiento de que son “acuerdos en lo oscurito”.
Aún cuando la reforma por ahora sólo exista en el papel, sus potenciales alcances desmienten a quienes pretenden sembrar la sospecha de que el Pacto ha convertido al Congreso en “una oficialía de partes”.
Porque a juzgar por sus propósitos reguladores, la reforma en telecomunicaciones se nos presenta como un instrumento jurídico destinado a modular la competencia empresarial con miras a democratizar el consumo de servicios y de bienes tecnológicos que hasta ahora encarnaron la rapiña del libre mercado.
Se trata de la primera transformación económica de fondo que se concreta en el Congreso desde que, en 1997, el partido en el poder dejó de tener la mayoría legislativa.

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