Jorge Fernández Menéndez
Primero, aunque en el pasado han sido
innumerables, fueron los desmanes, destrozos y agresiones del 1 de
diciembre, que no sólo quedaron impunes: se hizo en la Asamblea
Legislativa del DF hasta una reforma al Código Penal local para que los
responsables de los mismos no terminaran en la cárcel. Todos en
libertad. Paradójicamente, los dueños de los comercios, hoteles, bancos,
desde los más grandes hasta los más modestos, ninguno de ellos ha
recibido ya no hablemos una indemnización, ni siquiera un usted disculpe
por parte de alguna autoridad, delegacional, local o federal. Un grupo
de jóvenes encapuchados demostraron que podían destrozar el centro de la
ciudad y que no pasaba nada.
Luego vino todo lo que hemos visto en Guerrero, en Michoacán, en menor medida en Oaxaca y en Chiapas. Maestros y estudiantes de normal que imponen leyes, bloquean durante horas y días carreteras, que dejan varados a cientos de miles, que afectan comercios, industrias, familias y que en todos los casos quedan impunes. Se trata de delitos locales y federales, pero no hay responsables. Hasta la muerte de un inocente trabajador de una gasolinera incendiada por estos manifestantes ha quedado sin castigo alguno.
En ese contexto quién podría asombrarse de que surjan los grupos de autodefensa armada y que en pocas semanas hayan pasado de los machetes a las AK47 y de vigilar sus comunidades a escoltar las marchas magisteriales en Guerrero. Portar armas, y me imagino que más en zonas con amplia presencia del narcotráfico, se supone que está prohibido y debe ser muy duramente castigado. Pues las autodefensa ahí están, pública y abiertamente armados y escoltando manifestaciones por la carreteras.
En medio de todo esto, en el DF encapuchados han tomado instalaciones de distintos CCH; han ocupado con lujo de violencia, golpeando a académicos y trabajadores, la dirección de preparatorias de la UNAM, han cometido agresiones de todo tipo. Los ocupantes se sabe que participan activamente en venta de drogas en los campus y no pasa nada. La última toma se zanjó, entre otras cosas, con el compromiso de que no habría sanciones contra los agresores. Y, por supuesto, no pasó nada.
Como tampoco pasó en la desprestigiada Universidad Autónoma de la Ciudad de México, luego de tomas, disputas, golpes de gobierno, que terminaron destituyendo a una rectora e imponiendo a otro, a través de grillas políticas que nada tenían que ver con la academia o las leyes o reglamentos universitarios. Y no pasó nada.
Ahora, el viernes, también con lujo de violencia, todos estos mismos personajes, los del 1 de diciembre, de la toma de los CCH, de la dirección de preparatoria, tomaron la Torre de Rectoría. No les alcanza, como a los hooligans del CGH de hace ya varios años, para tomar Ciudad Universitaria, pero sí la rectoría, como tienen tomado y convertido en una suerte de antro con mezcla de escuela de cuadros, desde hace años, el auditorio de Filosofía y Letras. Y no pasa nada: las autoridades y los directores de escuela reclaman, los estudiantes exigen que los dejen estudiar y que no pongan en peligro sus carreras, se demanda diálogo, pero existe un pequeño problema: los ocupantes de la Torre de Rectoría ni siquiera saben bien qué piden, salvo una suma de generalidad (como la educación gratuita) con la que nadie podría estar en desacuerdo. Tampoco se sabe quiénes son, están encapuchados, y ni siquiera si estudian en la UNAM (recordemos que en la última toma de instalaciones universitarias la joven que aparecía como vocera reconoció que ella no estudiaba). Y no parecen dispuestos a irse a ningún lado. Y más allá de las protestas, no pasa nada.
El mayor problema que tenemos es la impunidad. No se pueden seguir cometiendo en forma pública, abierta, todo tipo de delitos y agresiones y que no pase nada, simplemente porque los agresores se escudan en banderías políticas. ¿Cómo le podemos exigir a un ciudadano cualquiera que respete las propiedades ajenas, a los demás y a la autoridad si ese mismo ciudadano está viendo que se destrozan negocios, oficinas, se toman carreteras, se agrede a policías, se ocupa la rectoría de la universidad más importante del país y no pasa nada?
Todos sabemos que detrás de esa parálisis hay necesidades políticas, tiempos, incluso la convicción de que esos grupos “necesitan” en su catálogo de demandas algún acto “represivo”. Todo eso es verdad, pero también lo es que la impunidad es el mayor mal que puede sufrir una sociedad y la estamos fomentando.
Por cierto, en esa lógica de intereses desestabilizadores, muchas veces participan también fuerzas internas, en busca de espacios y reacomodos, sobre todo ahora que vienen elecciones locales. Eso es notable, por ejemplo, en Quintana Roo, donde ya saben desde donde, internamente, están tratando de descarrilar a la administración local de cara a julio. Hablan del grupo Tepito y no se refieren precisamente al barrio bravo.
Luego vino todo lo que hemos visto en Guerrero, en Michoacán, en menor medida en Oaxaca y en Chiapas. Maestros y estudiantes de normal que imponen leyes, bloquean durante horas y días carreteras, que dejan varados a cientos de miles, que afectan comercios, industrias, familias y que en todos los casos quedan impunes. Se trata de delitos locales y federales, pero no hay responsables. Hasta la muerte de un inocente trabajador de una gasolinera incendiada por estos manifestantes ha quedado sin castigo alguno.
En ese contexto quién podría asombrarse de que surjan los grupos de autodefensa armada y que en pocas semanas hayan pasado de los machetes a las AK47 y de vigilar sus comunidades a escoltar las marchas magisteriales en Guerrero. Portar armas, y me imagino que más en zonas con amplia presencia del narcotráfico, se supone que está prohibido y debe ser muy duramente castigado. Pues las autodefensa ahí están, pública y abiertamente armados y escoltando manifestaciones por la carreteras.
En medio de todo esto, en el DF encapuchados han tomado instalaciones de distintos CCH; han ocupado con lujo de violencia, golpeando a académicos y trabajadores, la dirección de preparatorias de la UNAM, han cometido agresiones de todo tipo. Los ocupantes se sabe que participan activamente en venta de drogas en los campus y no pasa nada. La última toma se zanjó, entre otras cosas, con el compromiso de que no habría sanciones contra los agresores. Y, por supuesto, no pasó nada.
Como tampoco pasó en la desprestigiada Universidad Autónoma de la Ciudad de México, luego de tomas, disputas, golpes de gobierno, que terminaron destituyendo a una rectora e imponiendo a otro, a través de grillas políticas que nada tenían que ver con la academia o las leyes o reglamentos universitarios. Y no pasó nada.
Ahora, el viernes, también con lujo de violencia, todos estos mismos personajes, los del 1 de diciembre, de la toma de los CCH, de la dirección de preparatoria, tomaron la Torre de Rectoría. No les alcanza, como a los hooligans del CGH de hace ya varios años, para tomar Ciudad Universitaria, pero sí la rectoría, como tienen tomado y convertido en una suerte de antro con mezcla de escuela de cuadros, desde hace años, el auditorio de Filosofía y Letras. Y no pasa nada: las autoridades y los directores de escuela reclaman, los estudiantes exigen que los dejen estudiar y que no pongan en peligro sus carreras, se demanda diálogo, pero existe un pequeño problema: los ocupantes de la Torre de Rectoría ni siquiera saben bien qué piden, salvo una suma de generalidad (como la educación gratuita) con la que nadie podría estar en desacuerdo. Tampoco se sabe quiénes son, están encapuchados, y ni siquiera si estudian en la UNAM (recordemos que en la última toma de instalaciones universitarias la joven que aparecía como vocera reconoció que ella no estudiaba). Y no parecen dispuestos a irse a ningún lado. Y más allá de las protestas, no pasa nada.
El mayor problema que tenemos es la impunidad. No se pueden seguir cometiendo en forma pública, abierta, todo tipo de delitos y agresiones y que no pase nada, simplemente porque los agresores se escudan en banderías políticas. ¿Cómo le podemos exigir a un ciudadano cualquiera que respete las propiedades ajenas, a los demás y a la autoridad si ese mismo ciudadano está viendo que se destrozan negocios, oficinas, se toman carreteras, se agrede a policías, se ocupa la rectoría de la universidad más importante del país y no pasa nada?
Todos sabemos que detrás de esa parálisis hay necesidades políticas, tiempos, incluso la convicción de que esos grupos “necesitan” en su catálogo de demandas algún acto “represivo”. Todo eso es verdad, pero también lo es que la impunidad es el mayor mal que puede sufrir una sociedad y la estamos fomentando.
Por cierto, en esa lógica de intereses desestabilizadores, muchas veces participan también fuerzas internas, en busca de espacios y reacomodos, sobre todo ahora que vienen elecciones locales. Eso es notable, por ejemplo, en Quintana Roo, donde ya saben desde donde, internamente, están tratando de descarrilar a la administración local de cara a julio. Hablan del grupo Tepito y no se refieren precisamente al barrio bravo.
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