Al diablo las instituciones

Víctor Beltri

En México el cumplimiento de la ley es opcional, y depende de la violencia de las protestas.El ridículo del mundo al revés. 

Al Estado le tomaron la medida. Es evidente. Cualquier grupo de delincuentes puede tomar una carretera e interrumpir el tránsito hacia uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, en plenas vacaciones, sin consecuencia alguna. Y no sólo eso, sino hacerlo una y otra vez: saben que no habrá castigo. Cualquier grupo de vándalos puede tomar por asalto la rectoría de la principal universidad de nuestro país, y dañar las instalaciones. Total, nadie les dirá nada. Las autoridades tienen más miedo de aparecer como represores, que voluntad de actuar de acuerdo con el mandato que les fue otorgado: la ley no se aplica a los delincuentes, aunque cometan sus tropelías con flagrancia y frente a las cámaras de los medios de comunicación.



¿Qué sigue? Cualquier persona sabe, ahora, que el método para obtener lo que quiera no es actuar de acuerdo a la ley. Al contrario: basta con juntar una turba enfurecida y cerrar una calle cualquiera. Mientras más violentas sean las arengas, más miedo tendrá la autoridad de cumplir con su deber. Es triste decirlo, y peor aún vivirlo, pero parece que somos gobernados por pusilánimes que buscan más el reflector de las cámaras que la rendición de cuentas. Y el resultado es que las protestas se multiplican, paralizan nuestras ciudades, generan daños económicos tremendos y, en algunos casos, obtienen lo que desean. La ley, para los manifestantes, es letra muerta: ni ellos están dispuestos a cumplirla ni las autoridades a aplicarla.
Esto no puede seguir así. México necesita certidumbre jurídica, Estado de Derecho. Instituciones sólidas, confiables. Y esto, precisamente, es lo que no tenemos. Lo que tenemos es a un grupo de políticos, que no de gobernantes, que están dispuestos a doblar la ley para evitarse problemas. Si gobernaran en realidad, los profesionales de la protesta no tendrían cabida en nuestra sociedad: el Estado tendría los medios para escuchar a quienes sientan sus derechos vulnerados, y protegerlos, pero además tendría la firmeza necesaria para aplicar las normas que juraron defender. Pero no, nuestros políticos no piensan sino en la próxima elección, y para ellos los cargos públicos no son más que una oportunidad, un trampolín, para seguir subiendo en un escalafón que no premia los resultados sino las lealtades. Y a veces ni eso.
Estamos hartos. Necesitamos un Estado que aplique la ley con firmeza, sin miedo, sin jugar para la tribuna. Mano firme, dura, pero también que actúe en el marco de la legalidad. Para eso, necesitamos también un defensor del pueblo capaz y comprometido, que vigile con severidad los posibles abusos del Estado. Necesitamos medios de comunicación que informen con veracidad, y denuncien las deficiencias de unos y otros. Pero, sobre todo, necesitamos que la ciudadanía entienda, que todos entendamos, que nadie puede estar por encima de la ley.
¿Cuántas veces cree que será tomada la Autopista del Sol esta semana? ¿Cuántas manifestaciones paralizarán a la Ciudad de México? ¿Cuánto tiempo permanecerán en la rectoría de la UNAM los delincuentes que están impidiendo que los verdaderos estudiantes se sigan preparando? ¿De qué nos sirve tener autoridades temerosas que no resuelven los problemas, sino que son especialistas en postergarlos?
Es lo mismo que sucede con los grupos de autodefensa. Gente que opera al margen de la ley, en el mejor de los casos. Grupos que, por deficiencia de las autoridades, opera con impunidad y aplica la justicia, o su concepto de ella, por su propia mano. ¿Cómo es posible que en nuestro México del siglo XXI el Estado sea tan débil como para que esto suceda?
Esto es una espiral descendente. Cada arbitrariedad que el Estado le permite a los ciudadanos nos hunde, nos acerca al tan temido concepto en boga hace unos años del Estado fallido. El concepto de la soberanía nacional implica una cesión de poder y de derechos por parte de los ciudadanos hacia el Estado. Así, toda persona sería sujeta de derechos y obligaciones. En México no sucede así. En México el cumplimiento de la ley es opcional, y depende de la violencia de las protestas. El ridículo del mundo al revés.
Hace unos años uno de nuestros políticos soltó una frase que lo estigmatizó, y sus detractores repitieron hasta el cansancio: “al diablo las instituciones”. Hoy en día, visto el problema con los maestros, el respeto que se tiene a la ley, la toma de la rectoría, las manifestaciones interminables, la toma de vías federales de comunicación, parece que le hicieron caso.