Carlos Ramírez -
El 8 de octubre de 1992, el
gobernador oaxaqueño Heladio Ramírez López firmó una Minuta con la
Sección XXII del sindicato de maestros para literalmente entregar el
manejo de la educación pública estatal a los sindicalistas. El entonces gobernador electo Diódoro Carrasco Altamirano avaló la decisión.
Esa Minuta es el origen del poder
coercitivo de la Sección XXII que ha mantenido de rodillas a la
educación pública en el estado durante más de 20 años. La cesión del
control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a la XXII
fue una condición para que en Oaxaca se validara el Acuerdo nacional
para la Modernización Educativa de Salinas, en mayo de 1992. El camino fácil fue cederle la educación a la XXII.
Lo malo de la Minuta radica en el hecho de que incluyó no sólo temas educativos sino de derechos humanos
-Acuerdo Segundo-, anulación de las averiguaciones previas contra
maestros sindicalizados procesados por el uso de la violencia -Acuerdo
Cuarto- y dinero para instalaciones sindicales -Acuerdo Noveno-, entre
otros asuntos ajenos a la educación.
Pero los puntos clave fueron 3, de acuerdo con el texto íntegro en poder de Indicador Político y a disposición en www.grupotransicion.com.mx:
QUINTO. El gobierno del
estado, por conducto del Instituto Estatal de Educación Pública,
proporcionará recursos económicos suficientes para los proyectos
permanentes de actualización del personal docente, tomando en
consideración las propuestas magisteriales, así como dotará gratuitamente de materiales didácticos, estímulos económicos y académicos a los instructores y asistentes participantes en esos proyectos.
Y los dos Acuerdos más polémicos que involucraron a la XXII en la designación de funcionarios del área educativa:
DECIMO PRIMERO. El
gobierno del estado, a través del IEEPO, respetará el procedimiento ya
institucionalizado en la selección y nombramiento de funcionarios de los
distintos niveles educativos de la estructura orgánica del Instituto
Estatal de Educación Pública.
DECIMO SEGUNDO. La
selección y nombramiento futuro de funcionarios del Instituto Estatal de
Educación Pública, como resultado de las propuestas de la
representación seccional, serán respetadas en la forma y términos
acordados con antelación, aun cuando cambie la estructura orgánica del
Instituto.
Por tanto, en un hecho bizarro en el que
los trabajadores deciden quiénes deben ser funcionarios del organismo
que los emplea; así, la educación pública en Oaxaca tiene un monstruo de
dos cabezas: la Sección XXII que realiza marchas, plantones y
agresiones para exigirle a la oficina de educación pública más
beneficios económicos y políticos y la Sección XXII que controla el
Instituto de Educación Pública, sucedánea de la SEP estatal. Si los
gobiernos priistas de 1992 a 2010 se sometieron a esa Minuta, el actual
gobierno panista-perredista-obradorista de Gabino Cué le ha otorgado a
la XXII un papel prioritario en su gobierno: "reconocemos a los maestros
y maestras como columna vertebral de la administración estatal".
Vía la Minuta de 1992, la Sección XXII
es el pilar fundamental de la hegemonía popular que desplazó a la
hegemonía priista, por lo que la XXII goza de impunidad para hacer paros
no reconocidos por las leyes laborales, instalar plantones en puertas
de empresas privadas para impedir su funcionamiento y agredir a los que se oponen a sus dictados autoritarios.
De ahí que la reforma educativa en
Oaxaca pasa por el camino de la anulación de la Minuta, si es que
realmente el Estado quiere recuperar la rectoría educativa en Oaxaca y
que no tenga que someter los nombramientos de funcionarios educativos al
beneplácito de la sección sindical, como si el gobierno federal tuviera
que presentarle al SNTE para su aprobación la designación del
secretario de Educación Pública. Mientras exista la Minuta, la educación en Oaxaca será propiedad de la Sección XXII de maestros.
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