por Louise C. Bennetts
Louise C. Bennetts es directora asociada de estudios de regulación financiera en el Cato Institute.
El drama del “rescate” bancario de Chipre contiene
un aspecto positivo e importante para los observadores estadounidenses:
finalmente alguien ha encontrado el coraje de ejecutar una solución
creíble ante un gran fracaso bancario que no será financiado por los
contribuyentes.
También contiene una advertencia: las medidas no coordinadas e
improvisadas no funcionan bien en una crisis. Esto debería servir como
un llamado a la acción para crear un procedimiento de bancarrota
factible para los megabancos estadounidenses.
El modelo “bail-in” utilizado para abordar la
insolvencia de los dos bancos más grandes de Chipre tiene sus raíces en
la propuesta de “recapitalización” del megabanco de la Corporación de Seguro de Depósito Federal
(FDIC, por sus siglas en inglés). De manera importante, esta es la
primera vez que el modelo ha sido utilizado donde los bancos en cuestión
son “demasiado grandes para fracasar” en su economía local. Y, resulta
que, los bancos no son demasiado grandes para fracasar y que el
“bail-in” funciona relativamente bien para limitar los efectos
sistémicos de un fracaso bancario y para proteger a los contribuyentes.
Esto también es una advertencia para los acreedores: vigilen más
cuidadosamente las instituciones con las que hacen negocios.
Es cierto que Chipre no es el ejemplo ideal del bail-in como herramienta
para responder a una crisis. Para empezar, el modelo de la FDIC no
funciona adecuadamente en Chipre porque los bancos chipriotas casi no
tienen tenedores de bonos, dejando a los depositantes no asegurados
expuestos para recibir el golpe. Además, la prometida inyección de
capital de $10.000 millones por parte de la Unión Europea y del FMI, probablemente será percibida como un rescate aún cuando los bancos reciben solamente una liquidez temporal.
Pero lo que realmente perjudicó a Chipre fue una mala planificación y
comunicación. La propuesta europea de un bail-in fue flotada hace más de
un año y los analistas esperaron ansiosamente a que las autoridades
europeas revelaran las reglas acerca de cómo funcionaría. Las reglas
nunca llegaron, esto se agregó al caos y la confusión cuando el momento
de aplicarlas llegó.
La FDIC está buscando estar más preparada con las reglas que prometió
para este verano. Pero hay un problema. La propuesta de recapitalización
de la FDIC funciona en el marco de la “autoridad de liquidación
ordenada” (OLA, por sus siglas en inglés) contemplada en la Ley Dodd-Frank.
Como cualquier cosa relacionada con Dodd-Frank, esta autoridad está mal
concebida en el mejor de los casos, y es posiblemente inconstitucional.
Dodd-Frank le da un poder sin precedentes al Secretario del Tesoro de
EE.UU. para determinar si una empresa financiera insolvente estará
sujeta a la OLA. La ley fija un estándar alto para invocar esta
autoridad, pero el proceso está innecesariamente viciado por la
involucración de una terna política, incluso si él o ella actúe de buena
fe.
Peor aún, la OLA no se limita a las empresas financieras cuya estructura
y complejidad las sometería a múltiples y desordenados procedimientos
de bancarrota. Después de todo, estas fueron las empresas que
necesitaban un nuevo procedimiento de bancarrota. En cambio, extiende su
autoridad a cualquier empresa no financiera que el Consejo de
Supervisión de la Estabilidad Financiera considere “sistémica”.
Esto es innecesario. Muchas empresas no bancarias, como las empresas de
seguros y los fondos de cobertura, ya tienen procesos de bancarrota
perfectamente adecuados (la reciente bancarrota de MF Global es un
ejemplo de esto).
A los reguladores les encanta señalar que la OLA es una última instancia
—que sería invocada solo si otros procesos de bancarrota no
funcionaron. Pero como muestra la confusión chipriota, esta lógica es
exactamente al revés. El congreso y sus reguladores deberían
comprometerse a una estrategia ahora de tal manera que los acreedores,
los tenedores de bonos y los depositantes puedan comprender y determinar
el precio de sus riesgos apropiadamente. Si queremos que los
participantes del mercado ejerzan disciplina sobre las instituciones más
grandes, entonces necesitamos darles el incentivo para que lo hagan.
Este argumento se aplica de igual forma a las reglas que serán aplicadas
durante un procedimiento de la OLA. En ausencia de una manera
obligatoria de proceder, la tentación de los reguladores de ceder ante
las consideraciones políticas de corto plazo durante una crisis es
demasiado grande. Durante la bancarrota de WAMU, liderada por la FDIC,
los reguladores ignoraron el precedente establecido por la FDIC al
proteger a ciertos acreedores terceros antes que a los tenedores de
bonos, una medida que casi seguramente contribuyó al cierre de los
mercados de capitales en 2008. Y durante la reciente simulación de la
OLA realizada por Clearing House (que simuló el fracaso de un banco
grande), los observadores notaron que cuando sea que las reglas que
gobernaban el proceso no eran claras, los participantes solían asustarse
y tomar decisiones irracionales.
La buena noticia es que estos problemas pueden ser abordados con algunas
modificaciones a las reglas, pero requieren la atención del congreso.
Los congresistas republicanos han expresado su deseo de derogar las
provisiones de OLA en la ley Dodd-Frank, y con justa razón. Pero sin un
reemplazo, esto dejaría a EE.UU. sin un procedimiento coherente de
bancarrota para los megabancos, e incluso un mayor incentivo de rescatar
a las instituciones grandes que podrían fracasar.
La solución del “bail-in” chipriota contradice a aquellos que
argumentan que a los megabancos no se les puede permitir fracasar porque
son demasiado grandes. Si un país pequeño y económicamente débil tiene
el coraje de someter a sus dos bancos más grandes, cuyas actividades
constituyen gran parte de su PIB, al mecanismo de “bail-in”, no hay
razón por la cual el mismo proceso no pueda ser aplicado en EE.UU.
El éxito comparado de la solución chipriota también sirve como un reto
para el congreso: ¿realmente quiere abordar el dilema de “demasiado
grande para fracasar” de una vez por todas? ¿O sus miembros simplemente
quieren utilizar eso de “demasiado grande para fracasar” para aumentar
el poder de Washington sobre los bancos amenazándolos con dividirlos? Si
es lo primero, el momento de actuar es ahora.
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