La semana pasada terminó con dos
episodios que arrasaron por completo con gobiernos. En uno, maestros
normalistas y decenas de personas que los apoyaron, sellaron por horas
vías de comunicación federales y el Congreso de Guerrero en
Chilpancingo, con lo que impidieron que legislaran sobre Ley Estatal de
Educación. En el otro, las amenazas, bloqueos de carreteras y cierre de
alcaldías, paralizaron el territorio michoacano. En México, acostumbrado
a violaciones a las leyes ante la debilidad de las autoridades por la
falta de consensos para gobernar, pasó como un paisaje más del
descontento nacional. En otros lados, sería un escándalo, porque son dos
de los episodios más graves que se han vivido en este País.
Lo que sucedió en el Congreso de Guerrero fue el equivalente a un golpe
de Estado técnico, al haber impedido un grupo radical que legislara. Al
atacar, sellar el recinto y amagar con entrar al pleno, inhibieron a los
diputados locales cumplir con su tarea –con la que los manifestantes
están en desacuerdo-, que por miedo no se presentaron para votar. Que
los manifestantes hayan cerrado las vías de comunicación federal –que
parece para estos días algo normal-, y con ello incurrido en delitos
federales, parece una afrenta de segundo nivel.
De la misma forma se podría percibir lo que sucedió un día después, el
viernes, en Michoacán, donde la toma de carreteras propició que se
cortaran las comunicaciones durante cinco horas, paralizaran comercios
en decenas de municipios, y cerraran 16 alcaldías y 752 primarias. Al
igual que en Guerrero, en Michoacán se vivió la toma del poder por parte
de grupos que fueron capaces de frenar durante todo el tiempo que lo
desearon con la vida política y económica de un estado, y alterar el
comportamiento de la sociedad ante la impotencia de un Gobierno que,
como con su vecino, recibieron un tímido apoyo federal.
La reacción del Gobierno federal frente a la toma de carreteras fue el
envío de fuerzas para desalojarlas. Con el objetivo de no caer en
enfrentamientos, aceptaron en Guerrero que los maestros y los grupos que
los apoyaran mantuvieran el control de la principal autopista turística
del País, y dejaran sólo un paso limitado. En Michoacán acudieron 4 mil
soldados, policías federales y locales ante reportes de presencia de
grupos armados en ocho ciudades, y hasta después de unas 10 horas de
paralización en el estado, se empezó a recuperar la normalidad.
Esta normalidad es aparente y efímera. Que los maestros y sus bases de
apoyo se hayan tomado el fin de semana, no significa que el problema se
acabó. El PRD, que ocupa el Gobierno estatal, tiene mayoría en el
Congreso local, e históricamente ha respaldado a los maestros de la
Coordinadora que mantiene en vilo al estado, no ha podido negociar con
ellos la ley local. La postura del PRD ante cada acto de mayor
violencia, es dialogar. No ha llegado a ningún lado y los maestros han
escalado del chantaje político a actos extremos como la toma del
Congreso el jueves.
A los maestros de Guerrero se les han ido sumando otras fuerzas
sociales, como sucedió en Michoacán, donde por las mismas razones que en
Guerrero, maestros de la Coordinadora también están en rebelión. En
Michoacán se les sumaron otros grupos el viernes, algunos como informó
el Gobierno estatal, vinculados con La Familia Michoacana, el cártel de
drogas que renació en el joven Gobierno de Enrique Peña Nieto, que en
otros tiempos probó capacidad táctica para movilizar a la sociedad ante
actos que los afectaran.
En este mismo espacio se han señalado los vasos comunicantes de La
Familia Michoacana con maestros y guerrillas en Guerrero, y que las
zonas de ebullición magisterial en Guerrero coinciden con viejos
territorios rebeldes. Los vínculos deben servir no para una conclusión
sino para que se entienda que el fenómeno que se está observando en esa
zona, una añeja cuenca de descontento por las condiciones
socioeconómicas, tiene que verse en múltiples dimensiones, y requiere
estrategias políticamente más agresivas y estratégicamente más creativas
para evitar lo que amenaza convertirse en una realidad: que Guerrero y
Michoacán se hundan en la anarquía.
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