Internacional
La oposición argentina denuncia la politización de la Justicia
Para la oposición se trata de un intento de «eliminar la justicia». Para la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
es, sencillamente, un paso adelante con el fin de «democratizar la
justicia». Las diferentes visiones tienen como eje un paquete de
proyectos de ley que apunta –en sus aspectos más polémicos–, al aumento y
designación, por el voto popular, de los integrantes del Consejo de la
Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial), al
establecimiento de severos límites para la presentación de recursos de
amparo o medidas cautelares y a la creación de una tercera instancia
judicial previa a la Corte Suprema.
El primer paso para su aprobación se dio el miércoles en el Senado, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales, con mayoría oficialista y en ausencia de la oposición, la aprobó. El debate, la próxima semana, promete ser duro en el Congreso pero el Gobierno tiene mayoría en ambas Cámaras.
«La propuesta modifica la composición del órgano que se
ocupa de la designación de jueces y de sus destitución», observa el
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Christian Alberto Cao.
«El Consejo de la Magistratura fue modificado hace seis años por el ex
presidente Kirchner. El tema más polémico establece que los jueces que
forman parte de dicho órgano serán “elegidos por el Pueblo de la Nación
por medio de sufragio universal”». Además, continúa, «esos “jueces
candidatos” deberán postularse en forma simultánea con las elecciones
generales nacionales en las cuales se elijan presidente y aplicando el
sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias».
Politización del Poder Judicial
Esta parte de la ley, a juicio de la oposición, significa
la politización de hecho del Poder Judicial, que quedaría en manos del
Gobierno de turno y el fin de su independencia. Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical
(UCR), protestó, «los únicos con capacidad para destituir a un juez son
los jueces, abogados y legisladores. No científicos ni académicos.
Ellos (el Gobierno) han cambiado esto» y al hacerlo, asegura «están
convirtiendo la República en una monarquía».
Morales apuntaba a que, de aprobarse la ley, sus futuros
integrantes podrán ser académicos de Ciencias Exactas, Físicos o, por
dar ejemplos ajenos a la Judicatura, arquitectos con atribuciones para
cesar a los magistrados que se sometan a juicio político. Pero, además,
estos saldrán de las papeletas que vote «el pueblo» y que,
inevitablemente, irán adosadas a un partido político. La imparcialidad,
entonces, será un espejismo.
El diputado peronista y exembajador de Kirchner en México, Jorge Yoma,
apunta a otro aspecto de la ley. «Derogar virtualmente el recurso de
amparo es anticonstitucional» y hacerlo, «es fascismo, de Mussolini, de
Hitler y de Franco». Yoma lamenta que la presidenta haya «abandonado sus
convicciones en el baúl de los recuerdos…Vive reconociendo los derechos humanos y deniega la acción de amparo».
Con buena memoria se refiere a la reforma judicial de hace seis años
del kirchnerismo. Cristina Fernández defendía entonces lo contrario de
lo que ahora dispone.
La iniciativa del Gobierno limita las medidas cautelares
exclusivamente al sector privado y únicamente las acepta contra el
Estado cuando, «se ponga en juego la vida, la salud o el carácter
alimentario de una persona». En cuyo caso, «no podrá superar los seis
meses».
Protección frente al Estado
Cao reflexiona, «se pretende recortar uno de los derechos
fundamentales que tienen las personas en Argentina, el derecho a ser
protegido efectivamente por los jueces frente a la institución política
más poderosa: el Estado». Asimismo, considera el proyecto de creación de
tres Cámaras de Casación como, «un nuevo eslabón en la cadena de
órganos judiciales que puede intervenir para resolver un litigio
judicial, bajo el argumento», y cita textualmente el proyecto, de
«intentar descomprimir, el cúmulo de tareas que retrasan la labor del
Alto Tribunal». Sin embargo, observa, «en lo que tiene que ver con la
solución a las demoras de los procesos judiciales, el proyecto redundará
en lo contrario».
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