Uno de los mensajes que
transmitieron los emisarios del Presidente Felipe Calderón en Estados
Unidos durante la campaña presidencial, era que si el PRI regresaba al
poder se acabaría el combate al narcotráfico y volverían los tiempos
donde se pactaba su libertad a cambio de la paz en las calles. El
discurso era persuasivo por la mala fama que tenía el PRI, bajo cuyos
gobiernos el narcotráfico penetró las instituciones, y compró políticos y
militares. Esa campaña de desprestigio logró neutralizarse a nivel
gubernamental, pero flota como un déja vu inevitable.
Esta idea circula en México hace tiempo, incluso durante los gobiernos
panistas. Un ex procurador, por ejemplo, le dijo hace no mucho a un
gobernador ante la permisividad con la que había permitido que dos
cárteles rivales cohabitaran en su estado, que era un error porque
traería violencia, la cual en efecto padeció su sucesor, bajo la
hipótesis que si sólo hay un cártel dominante, no habrá violencia porque
cuidará su negocio al impedir que microempresarios del delito lo
afecten.
Teóricamente es lo que puede estar pasando desde hace algún tiempo en
México. No se sabe si el Presidente Vicente Fox, muy insistente en
negociar con los cárteles de la droga una tregua para restaurar la paz,
lo haya hecho. Pero en el Gobierno de Calderón, quien mantuvo una línea
de combate frontal a todos los cárteles, varias operaciones conjuntas
militares que arrancaron la lucha contra la delincuencia organizada
terminaron con que el cártel que dominaba la plaza, la perdió ante el
del Pacífico, sin que este relevo redujera necesariamente la violencia.
Desde junio de 2010 se planteó en este espacio que cuando Calderón lanzó
la guerra contra todos cárteles, el de Sinaloa, que hoy se llama
Pacífico, se agazapó mientras el Gobierno combatía a los de Tijuana, El
Golfo y Los Zetas, y corrompió a los policías que debían combatirlos. En
retrospectiva, su estrategia y los operativos conjuntos, lo dejaron
como el cártel mejor librado en la guerra.
Un análisis estadístico a nivel municipal presentado en ese momento,
mostró que se ordenaron operativos conjuntos en Michoacán y Guerrero sin
que los niveles de violencia lo ameritaran. La racional era recuperar
el territorio que estaba bajo el control del Cártel del Golfo y Los
Zetas, pero al llegar el Ejército la violencia se disparó en Lázaro
Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro y Apatzingán, donde el Cártel del Pacífico
entró a disputar esos territorios y se alió con un hijo de los
tamaulipecos, La Familia Michoacana.
En Nuevo Laredo, la violencia subió cuando el operativo conjunto inició
el combate al Cártel del Golfo y Los Zetas, cuya presión sobre ellos
provocó su implosión y fueran retados en su plaza por el Pacífico. En
Veracruz, controlada por Los Zetas, tampoco había problemas de violencia
hasta que entraron los militares, seguidos por el Cártel del Pacífico,
que desea la plaza. En Durango, las operaciones comenzaron en las zonas
rurales montañosas, sin mayor alteración de la violencia, pero cuando
rompieron los hermanos Beltrán Leyva con el Cártel del Pacífico en 2008,
los sinaloenses empezaron a pelear la ruta de la cocaína –de Gómez
Palacio-Torreón a Ciudad Juárez- a sus viejos socios aliados y al Cártel
de Juárez. Al final, el Cártel del Pacífico se quedó con todo.
En los últimos años ha habido una constante, al menos estadísticamente,
que el Cártel del Pacífico fue el mayor beneficiado de la estrategia
gubernamental. Otra constante es que el cártel más perseguido son Los
Zetas. En Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas, sobretodo,
coinciden las fuerzas federales, el Cártel del Pacífico y La Familia
Michoacana en el mismo enemigo: Los Zetas. Ellos son la organización más
sanguinaria, y sobre la que Estados Unidos tiene interés particular en
aniquilar, porque han asesinado a agentes federales y jueces en Texas y
llenado de violencia sus calles. Teóricamente se piensa que si Los Zetas
son aniquilados, la violencia se reducirá, al ser ellos sus principales
promotores, dejando el País a un cártel dominante, el del Pacífico,
mediante lo cual se puede concluir, se regresaría al status quo previo
al asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en 1985,
cuando la Pax Narca, teóricamente también, era una realidad.
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