Ivonne Melgar
Para la doctora madre Candelaria Navas, en el festejo de su consistencia, ejemplo y disciplina.
En una versión inédita de la lucha de David contra Goliat, ejidatarios zacatecanos vencieron a la minera Goldcorp, obligada a devolverles las tierras que fueron ocupadas a la mala en la década anterior.
El pronto cumplimiento de esa sentencia sucedería cuando las fuerzas políticas tratan de construir con la administración de Enrique Peña un andamiaje jurídico que cierre el paso a los monopolios y al abuso de las concesiones en diversos sectores.
Derivado de ese enfoque, el compromiso 61 del Pacto por México, correspondiente a la reforma a la Ley de Explotación Minera, pronto ocupará a sus firmantes —PRI, PAN, PRD y gobierno federal—, al Congreso y a los inversionistas.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados priistas, adelantó que la idea es que el usufructo de los derivados de la corteza terrestre beneficien con un porcentaje justo a los municipios y estados mineros.
“Vemos que surgen empresas muy ricas que dejan pueblos muy pobres y los casos pueden encontrarse en Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, por citar sólo algunos”, diagnosticó el jefe de la bancada del PRI.
El cambio es urgente frente a una explotación minera que en México arrastra ese término a situaciones que van más allá del subsuelo: pésimas condiciones laborales, privilegios fiscales, falta de compromiso con el desarrollo de las comunidades donde operan los negocios y contubernios con autoridades para burlar la ley y los derechos de sus trabajadores y habitantes.
Mientras se prepara ese debate, la historia de la mina Peñasquito de Goldcorp y sus ejidatarios confirma el desentendimiento en que incurre el Estado frente a prácticas empresariales voraces, como lo fue el despojo de tierras en el municipio de Mazapil al norte de Zacatecas.
Inaugurado hace tres años por el ex presidente Felipe Calderón, el complejo minero que, según dijo, convertiría a México en el segundo productor de oro de América Latina, enfrenta la resolución que este 17 de enero le notificó el magistrado Serafín Salazar Jiménez: la transnacional líder en el mercado de metales preciosos debe devolver 600 hectáreas del ejido de Cerro Gordo a las 29 familias que en 2009 rechazaron las condiciones impuestas en la compra de los terrenos.
Encabezados por el comisariado ejidal Manuel Ordóñez Saucedo, los campesinos demandaron a la empresa canadiense. Hubo en 2011 sentencia favorable. Peñasquito se inconformó. Pero Salazar Jiménez le dio la razón a los zacatecanos por valorar que los convenios de ocupación temporal no son válidos ni legales.
Y la sentencia (528/2012 del 17 de enero de 2013, aux, num 1176/2012) debe ejecutarse de inmediato. Eso significa que la justicia federal ha resuelto que el terreno donde se encuentra el tajo más grande de cielo abierto de oro y plata de México sigue perteneciendo a los ejidatarios.
Ahí, uno de los diez municipios de más alta marginación en la República y donde se generaron dos mmdd de utilidades entre 2010 y 2013, con reservas probadas de oro, plata, cobre y zinc para 20 años y valoradas por 20 mmdd, el Poder Judicial determinó que la reubicación de las familias —que incluyó a otros ejidos— se hizo con engaños y títulos falsificados
La historia de Peñasquito, imposible sin la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, tendrá el próximo martes su cierre: a solicitud del juez, las partes se reunirán en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas para iniciar el proceso de ejecución.
En términos de ley, no hay vía de escape. Pero como ocurre en estos negocios, las presiones se prevén intensas hacia los ejidatarios y las dependencias que antes aceptaron la simulación.
Por eso, con la sentencia ganada, los abogados Hugo Teniente y Alfonso Herrera, auxiliados por políticos zacatecanos como el diputado José Isabel Trejo (PAN), al frente de la Comisión de Hacienda, han acudido a los titulares de Gobernación, Miguel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray, para sensibilizarlos del asunto y solicitar se ponga al tanto al presidente Peña, cuya posición será crucial en el desenlace.
Habrá quienes aleguen que la certidumbre de los inversionistas es prioridad. Otros pedirán demostrar que el crecimiento motivado con el capital global no puede darse atropellando la ley y los derechos de los mexicanos.
Apenas este jueves, San Lázaro aprobó eliminar las prácticas mineras de riesgo elevado en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros. Las intervenciones en tribuna de los diputados Claudia Delgadillo (PRI), Esther Quintana (PAN), Marcelo Torres (PAN), Tomás Torres (Verde), Trinidad Morales (PRD), Arturo López Cándido (PT) Angelino Caamal (Panal), y Ricardo Mejía (MC) dieron cuenta del consenso existente en torno al problema y a la necesidad de actuar en contra de la explotación que va más allá de las minas.
Con este telón de fondo, el cumplimiento o incumplimiento de la justicia en la pretendida ciudad dorada —como se le llamó al complejo minero del desierto zacatecano— corroborará si nuestra minería puede dejar de ser o no una historia de dorada miseria.
En una versión inédita de la lucha de David contra Goliat, ejidatarios zacatecanos vencieron a la minera Goldcorp, obligada a devolverles las tierras que fueron ocupadas a la mala en la década anterior.
El pronto cumplimiento de esa sentencia sucedería cuando las fuerzas políticas tratan de construir con la administración de Enrique Peña un andamiaje jurídico que cierre el paso a los monopolios y al abuso de las concesiones en diversos sectores.
Derivado de ese enfoque, el compromiso 61 del Pacto por México, correspondiente a la reforma a la Ley de Explotación Minera, pronto ocupará a sus firmantes —PRI, PAN, PRD y gobierno federal—, al Congreso y a los inversionistas.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados priistas, adelantó que la idea es que el usufructo de los derivados de la corteza terrestre beneficien con un porcentaje justo a los municipios y estados mineros.
“Vemos que surgen empresas muy ricas que dejan pueblos muy pobres y los casos pueden encontrarse en Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, por citar sólo algunos”, diagnosticó el jefe de la bancada del PRI.
El cambio es urgente frente a una explotación minera que en México arrastra ese término a situaciones que van más allá del subsuelo: pésimas condiciones laborales, privilegios fiscales, falta de compromiso con el desarrollo de las comunidades donde operan los negocios y contubernios con autoridades para burlar la ley y los derechos de sus trabajadores y habitantes.
Mientras se prepara ese debate, la historia de la mina Peñasquito de Goldcorp y sus ejidatarios confirma el desentendimiento en que incurre el Estado frente a prácticas empresariales voraces, como lo fue el despojo de tierras en el municipio de Mazapil al norte de Zacatecas.
Inaugurado hace tres años por el ex presidente Felipe Calderón, el complejo minero que, según dijo, convertiría a México en el segundo productor de oro de América Latina, enfrenta la resolución que este 17 de enero le notificó el magistrado Serafín Salazar Jiménez: la transnacional líder en el mercado de metales preciosos debe devolver 600 hectáreas del ejido de Cerro Gordo a las 29 familias que en 2009 rechazaron las condiciones impuestas en la compra de los terrenos.
Encabezados por el comisariado ejidal Manuel Ordóñez Saucedo, los campesinos demandaron a la empresa canadiense. Hubo en 2011 sentencia favorable. Peñasquito se inconformó. Pero Salazar Jiménez le dio la razón a los zacatecanos por valorar que los convenios de ocupación temporal no son válidos ni legales.
Y la sentencia (528/2012 del 17 de enero de 2013, aux, num 1176/2012) debe ejecutarse de inmediato. Eso significa que la justicia federal ha resuelto que el terreno donde se encuentra el tajo más grande de cielo abierto de oro y plata de México sigue perteneciendo a los ejidatarios.
Ahí, uno de los diez municipios de más alta marginación en la República y donde se generaron dos mmdd de utilidades entre 2010 y 2013, con reservas probadas de oro, plata, cobre y zinc para 20 años y valoradas por 20 mmdd, el Poder Judicial determinó que la reubicación de las familias —que incluyó a otros ejidos— se hizo con engaños y títulos falsificados
La historia de Peñasquito, imposible sin la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales, tendrá el próximo martes su cierre: a solicitud del juez, las partes se reunirán en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas para iniciar el proceso de ejecución.
En términos de ley, no hay vía de escape. Pero como ocurre en estos negocios, las presiones se prevén intensas hacia los ejidatarios y las dependencias que antes aceptaron la simulación.
Por eso, con la sentencia ganada, los abogados Hugo Teniente y Alfonso Herrera, auxiliados por políticos zacatecanos como el diputado José Isabel Trejo (PAN), al frente de la Comisión de Hacienda, han acudido a los titulares de Gobernación, Miguel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y de Hacienda, Luis Videgaray, para sensibilizarlos del asunto y solicitar se ponga al tanto al presidente Peña, cuya posición será crucial en el desenlace.
Habrá quienes aleguen que la certidumbre de los inversionistas es prioridad. Otros pedirán demostrar que el crecimiento motivado con el capital global no puede darse atropellando la ley y los derechos de los mexicanos.
Apenas este jueves, San Lázaro aprobó eliminar las prácticas mineras de riesgo elevado en tiros verticales, cuevas y pozos carboneros. Las intervenciones en tribuna de los diputados Claudia Delgadillo (PRI), Esther Quintana (PAN), Marcelo Torres (PAN), Tomás Torres (Verde), Trinidad Morales (PRD), Arturo López Cándido (PT) Angelino Caamal (Panal), y Ricardo Mejía (MC) dieron cuenta del consenso existente en torno al problema y a la necesidad de actuar en contra de la explotación que va más allá de las minas.
Con este telón de fondo, el cumplimiento o incumplimiento de la justicia en la pretendida ciudad dorada —como se le llamó al complejo minero del desierto zacatecano— corroborará si nuestra minería puede dejar de ser o no una historia de dorada miseria.
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