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Los acontecimientos
de esta semana nos enseñaron que no hay tal rebelión en contra de la reforma educativa.
Iban a encender la
mecha de todas maneras y eligieron la primera reforma que se aprobó.
Escogieron mal, porque se evidenciaron como lo que son: alfiles de los intereses del narco y de la
guerrilla.
Nadie en su sano
juicio incendia la sede del PRI, apalea las computadoras del PAN y ataca con
hachas y machetes la oficina del PRD y el Congreso de Guerrero, para evitar
una privatización de la educación que nadie ha propuesto.
Se delataron los
energúmenos del magisterio guerrerense.
Actúan de manera
coordinada con las normales y los miembros del magisterio michoacano y el
oaxaqueño (ojo con Chiapas, que ahí viene).
Desde hace años
estos grupos y la guerrilla han experimentado una suerte de simbiosis, aunque unos dan la cara y otros operan en
la tenebra.
Esperaron
inútilmente que López Obrador llamara a las armas en las pasadas elecciones,
lo que nunca ocurrió.
A Cuauhtémoc
Cárdenas lo desprecian desde que calificó al EPR como una “pantomima”, luego
de su aparición en Guerrero en la segunda mitad de la década de los 90.
Sus aliados están en
otro lado, no en los partidos ni en los liderazgos políticos tradicionales de
la izquierda, que no han rebasado los límites de la violencia.
Su alianza es con
grupos de narcotraficantes que, paradójicamente, tienen en esos estados sus
santuarios, sembradíos y campos de entrenamiento.
Las fuerzas de
autodefensa que aparecieron de la noche a la mañana son hijos de ese explosivo maridaje entre
narco y guerrilla.
Es mentira que éstos
vengan desde decenas o cientos de años atrás. Lo que siempre ha habido, en
ciertas comunidades indígenas, son policías comunitarias, desarmadas, que
colaboran con la autoridad. Nada que ver con los llamados “grupos de
autodefensa”.
Pero en la costa,
¿qué comunidad indígena hay? Ahí hay guerrilla, ahora comunicada con el
narco.
Sólo un ingenuo —muy
pero muy ingenuo— podría creer que las fuerzas de “autodefensa” marchan
armadas en Guerrero para ayudar a los maestros a evitar que las escuelas
públicas sean privatizadas.
Un país
descontrolado beneficia al narco. Y la reforma educativa no es motivo para
una rebelión provocadora y violenta como la que vemos.
Corresponde ahora al
gobierno actuar con eficacia para desarticular ese coctel que en otras
latitudes —Colombia— sembró el terror y la inestabilidad política.
Decir que el
gobierno actúe con prontitud y con
el menor costo social posible, se dice fácil.
Obviamente no lo es.
Pero es una de las tareas que hay.
La otra tarea es
mantener el Pacto por México, porque sin Pacto y movimientos violentos
auspiciados por el narco y conducidos por la guerrilla…
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