Un diario estadunidense dijo que si el Presidente encargado se queda en el poder tendrá que hacer frente a una grave crisis económica, con una inflación desbordada
Notimex, DPA y Reuters
“Es poco probable que aun Chávez pudiera ganar la tolerancia de los pobres del país debido al difícil ajuste económico que se ve venir, y seguramente Maduro no podrá”, señaló el diario en un editorial.
De acuerdo al diario, la herencia de Chávez incluye una inflación desbordada, una seria carencia de energía eléctrica y bienes de consumo así como una de las tasas de asesinatos más altas del mundo.
Adicionalmente, las exportaciones petroleras que han permitido mantener el país a flote y financiar las políticas sociales promovidas por Chávez, están declinando.
Por todo ello, el rotativo consideró que Maduro “podría terminar lamentando su esperado triunfo”.
...en la delincuencia
Por su parte el diario español El País destacó ayer que la situación venezolana de delincuencia descontrolada, inflación galopante, escasez de productos básicos y de divisas, y el despilfarro gubernamental puede convertirse en una bomba de relojería para quien resulte sucesor de Chávez.
En un editorial el diario señaló que el presidente ahora fallecido Hugo Chávez pudo manejar ese escenario por su excepcional sintonía con las masas, pero no necesariamente lo hará su sucesor.
“Al margen del complicado manejo de los hilos de un sistema caudillista, el vencedor tiene por delante un horizonte poco envidiable”, sostuvo.
El rotativo consideró que el intenso clima emocional en que se celebran y la desmesurada sombra que planea sobre ellas hace presumiblemente de las elecciones presidenciales venezolanas poco más que un trámite para Maduro, el hijo político de Chávez.
Anotó que los sondeos que una semana después de la muerte de Chávez daban a Maduro 15 puntos de ventaja sobre el candidato opositor, Henrique Capriles, reducen ahora este margen.
Sin embargo, agregó que el Presidente encargado, que se ha apropiado de la figura de su mentor hasta extremos grotescos, es el directo beneficiario de una formidable maquinaria que le permite utilizar en su provecho el dinero público y los recursos propagandísticos del Estado.
“Maduro carece de carisma. Sus cualidades como líder suscitan serias dudas incluso entre los suyos”, remarcó.
No obstante, sabe que muchos votarán en él a Chávez, y su campaña tiene los lugares comunes del catecismo chavista: desde la oposición caracterizada como fascista y pequeño burguesa, hasta el Imperio (Estados Unidos) conspirando para destruir la revolución socialista con el apoyo de los capitalistas y especuladores locales, abundó.
Efectos
1.- De acuerdo con los últimos sondeos el candidato oficialista es favorito para ganar los comicios de mañana en Venezuela.
2.- El ganador de la jornada electoral de mañana tendrá que hacer frente a una creciente crisis económica y política.
Colectivos peligrosos
A unos 15 minutos del Palacio presidencial de Miraflores está el barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas. Una calle sube aún más en el cerro pero que pocos se animan a cruzar. Por encima un arco anuncia: “Bienvenido Colectivo La Piedrita”.
Se trata de una especie de frontera que marca el ingreso a una zona gobernada por uno de los colectivos armados más famosos de Venezuela: “Debo haber pasado hacia allá dos veces en mi vida”, dice Felix, un taxista que hace 50 años que vive en 23 de Enero, pero no se anima a cruzar del otro lado.
“Los colectivos son grupos paramilitares de izquierda con el aval del gobierno, que no hace nada ante ellos”, dijo el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Roberto Briceño León.
“Durante años el gobierno se ha dedicado a dar armas a grupos proclives, ahí entran los colectivos. Los policías no pueden ingresar al 23 de Enero. Mientras, salen fotos con niños 8 años con AK-47 al lado de un diputado”, señaló, en referencia a unas imágenes que generaron polémicas en los medios hace poco más de un año.
Briceño León define a los colectivos urbanos como “brigadas de choque que en momentos puede utilizar el gobierno” y se alarma por el riesgo que representan: “Cuando tienes un arma y una moto y te parece insuficiente lo que te dan de dinero decides que tienes que hacer un dinero extra y se pasa al delito común.”
En las calles del 23 de Enero hay pintadas en favor del fallecido presidente Hugo Chávez y otras de La Piedrita. Sobresale un enorme grafiti de Jesús sosteniendo en sus manos la Constitución y a su lado la Virgen de Coromoto, con un rifle patrona de Venezuela.
En 23 de Enero hay 57 edificios con 150 departamentos que fueron construidos en la época del gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez (1953–1958). Alrededor hay tres docenas de edificios más pequeños y el resto son casas que invadieron la zona en los últimos 50 años.
Cuando cayó la dictadura, se decía que en esta zona se alojaban los comunistas y los sectores de izquierda.
Presos políticos y exiliados están olvidados
Hugo Chávez prometió antes de morir revisar la situación de los “presos políticos” en Venezuela y hasta llegó a hablar de reconciliación con quienes siempre llamó “políticos presos”, pero su fallecimiento borró el tema del debate público para desespero de sus familiares.
Ni su heredero político, Nicolás Maduro, ni el candidato opositor Henrique Capriles han tratado el tema durante la campaña política para las elecciones del domingo, donde se elegirá al sucesor del líder socialista.
Luego de ganar en octubre un nuevo mandato que nunca asumió, Chávez se comprometió a dialogar sobre el asunto y nombró una comisión encabezada por Maduro –en ese entonces vicepresidente– para estudiar el caso de 87 exiliados y 22 detenidos, siempre bajo la premisa de que en el país no hay presos políticos.
Pero la reincidencia del cáncer y su muerte el 5 de marzo dejó el plan inconcluso.
“Chávez se murió y el tema murió con él”, dijo Nelson Afiuni, hermano de la juez María Lourdes Afiuni, de 48 años, detenida en diciembre de 2009.
El mismo Chávez había pedido la pena máxima de 30 años de cárcel para la juez, luego de que ella otorgó la libertad condicional a un empresario acusado de presunta corrupción cambiaria.
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