Sedesol:recelos del PRD por Rosario
Carlos
Ramírez
Luego de la derrota del PRI en el 2000 y a lo largo de 12 años, el PRD encontró al garete la política social del Estado y se la apropió para darle desde el DF un perfil asistencialista. El regreso del PRI a la Presidencia le quitó el brazo neopopulista al perredismo.
El asunto se
complicó no sólo por el hecho de que el PRI había contribuido a la creación de
la Secretaría de Desarrollo Social vía el Programa Nacional de
Solidaridad y la había vinculado a la candidatura de Luis Donaldo Colosio,
sino que al frente de la Sedeso quedó Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de
gobierno capitalino con Cuauhtémoc Cárdenas, exjefa interina de gobierno y
expresidenta del PRD.
Y como la cereza
del pastel, Robles fue la creadora de la estructura de las Brigadas del Sol, un
mecanismo de organización social que le compitió a los comités de
solidaridad.
En este contexto,
el gran debate en torno al gasto social y su uso político carece de litis
institucional y se ha asentado en razones políticas: el PRD ha endurecido su
discurso porque las nuevas definiciones establecidas por Robles en el gasto
social de la Cruzada Nacional contra el Hambre fueron sentidas por los
perredistas como amenaza al uso del gasto social
como mecanismo de apoyo-lealtad a favor del PRD en procesos
electorales.
Y en el PAN se
pueden localizar algunos indicios de resentimiento porque el gobierno de
Vicente Fox instrumentó varios programas sociales que fueron exitosos -sobre
todo Oportunidades- pero los panistas resultaron
bastante incompetentes para darles un uso político en las
elecciones de 2006 y porque la titular de Sedeso en el foxismo, Josefina
Vázquez Mota, fue derrotada en las presidenciales de 2012 y dejó al PAN en el
tercer sitio electoral.
En 2006, por
cierto, PAN y PRD midieron fuerzas en el uso electoral de los programas
sociales y el López Obrador del gasto asistencialista arrasó en el DF y logró
ganar en las plazas donde gobiernos perredistas aplicaron el modelo
lopezobradorista de rentabilidad electoral
del gasto social.
El problema de
fondo en la política social radica en el hecho de que el modelo de desarrollo
vigente en los últimos 60 años -desde la devaluación del peso en el sábado de
gloria de 1954- ha generado una pobreza estructural y permanente y casi la mitad de la población está fuera de las
posibilidades de ascenso social; entre pobres y necesitados priva ya
la certeza de que sólo tienen los programas asistencialistas -subsidios mínimos
a ciertos requerimientos- para ir pasándola, a diferencia de la vieja
política social del Estado basada en el bienestar y en la reclasificación
social.
Asimismo, otro de
los elementos fundamentales en el debate de la política social radica en la
reconfiguración de las lealtades sociales: una encuesta sobre cultura cívica
publicada en 1963 en varios países, entre ellos México, por Gabriel Almond y
Sidney Verba, reveló que las lealtades sociales se basaban en el reconocimiento
a la Revolución Mexicana como la potenciadora del bienestar y en el presidente
de la República como el responsable de los beneficios.
Hacia los
noventa, las relaciones políticos-sociedad pasaron de mecanismos sociales a una
relación de rentabilidad de mercado: el
voto iría a favor de quien ofreciera mejores beneficios sociales.
En este cambio de
coordenadas políticas, el PRI se hundió en el neoliberalismo estabilizador que
sacrificó bienestar y el PRD -sin responsabilidad de gobierno- emergió de las
cenizas del priismo social pero ya con el
disfraz de neopopulismo.
Cárdenas, López
Obrador y Marcelo Ebrard diseñaron programas sociales en el DF con un perfil
eminentemente asistencialista, no rompieron la estructura social
riqueza-pobreza y sí organizaron
electoralmente a los beneficiarios de los programas asistencialistas.
El otro dato
revelador se encuentra en la reconfiguración de las lealtades de los grupos
sociales necesitados. De manera inevitable, al perderse el sentido social del
gasto y los políticos avorazados por ganar votos, el votante pasó de la lealtad social hacia una definición política a
la conveniencia valorativa de su voto: entregar sufragios a quien
prometa más beneficios.
El salto
cualitativo de un sistema de partido dominante a un sistema competitivo de
partidos convirtió el voto en un mercado de
consumo; es decir, la democracia real en México a partir de 1978
-con la legalización del Partido Comunista- obligó al PRI a buscar el voto real
-antes estaba controlado- a cambio de bienestar inmediato y ya no por
representar la gerencia histórica de la Independencia, la Reforma y la
Revolución.
Anthony Downs, en
Teoría económica de la democracia, dibujó en 1971 el nuevo escenario de la
relación partidos-voto-sociedad: la competitividad por el voto en un sistema
con partidos de oposición, la crisis económica estructural y las exigencias
sociales de recursos contra la depauperación transformaron el
sistema electoral en un mercado en el que los votantes son clientes.
En discursos
políticos carentes de fuerza ideológica, de apoyo histórico y de ejercicio
arbitrario del poder, el votante ejerce su poder en función de una conveniencia
de mercado, de rentabilidad.
Y al ampliarse la
pluralidad y con ello las posibilidades de disputa por el poder, los grupos
políticos del gobierno prefieren venderse que convencer. "Los gobiernos
democráticos actúan racionalmente con el fin de maximizar su base de apoyo
político", establece Downs.
En este contexto
se localiza el debate -falso- sobre Robles Berlanga y el debate -real- sobre el
papel de la Sedeso: la disputa por el gasto social y los efectos inevitables -o
exigidos- de lealtad electoral.
El PRD en el DF
quiere alejar a la Sedeso federal del manejo del gasto social porque entonces la lealtad se transferiría al gobierno federal
priista y el PAN parece que prefiere mantener la pobreza con
tal de que nadie le dé uso político al gasto social.
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