Jorge Fernández Menéndez
Las políticas de seguridad deben ser más
transparentes. No dudo de que exista un diseño en la administración
federal para ir operando la transformación que desean en ese terreno y
que el presidente Peña ha calificado a la reducción de
la violencia, como un objetivo primordial. Pero a la hora de presentar
esos instrumentos se sigue privando la confusión, misma que el propio
presidente Obama, en su reciente discurso en México, dejó traslucir.
Dos declaraciones de esta semana lo demuestran. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preocupado con toda razón en volver a darle a la PGR presencia, cuerpo y sustancia, señaló que no se integraban correctamente las averiguaciones porque la Policía ministerial no investigaba y se encargaba de custodias y traslados. En buena medida es verdad, pero la realidad es mucho más compleja y parte de un diseño que se tiene que volver a definir y explicitar. Durante el último gobierno priista, en los tres últimos años de Zedillo, se fue construyendo una estructura de seguridad muy eficiente que incluía una fuerte subsecretaría del sector dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tenía bajo su control un poderoso (en esas fechas) Cisen, una naciente Policía Federal que prevenía e investigaba, mientras que en la PGR se sufrían graves problemas para depurar a la Policía Judicial Federal.
En el cambio de sexenio, el presidente Fox desarticula todo el esquema de Gobernación, le quita la seguridad, crea la secretaría del ramo, y se produce un doble fenómeno: por una parte, los nuevos mandos de la PF con Alejandro Gertz a la cabeza desplazan a los anteriores en medio de duros enfrentamientos políticos internos. Los desplazados son cobijados en la PGR de Rafael Macedo de la Concha que, para reemplazar a la desprestigiada PJF, crea la AFI, colocando en su mando precisamente a quienes habían creado la PF en el gobierno de Zedillo: la encabezaba Genaro García Luna que venía de las áreas de inteligencia del Cisen y la naciente PF.
Al mismo tiempo, arrastrando un problema de años, la PGR no puede deshacerse de viejos agentes, muchos de ellos con dudosos antecedentes. Se deben quedar en la corporación, pero en los hechos se establecen dos áreas: por una parte la nueva AFI, con un nuevo modelo policial y, por la otra, los viejos agentes que se quedan, la mayoría, en áreas administrativas. Cuando llega la administración Calderón, la que estaba en zona de desastre era la Policía Federal, mientras que la AFI tenía presencia y reconocimiento. Pero lo que se decide entonces es enviar a los mandos de la AFI a refundar la Policía Federal. Estos llegan con todo su equipo y es la Policía Ministerial la que queda entonces desmantelada. En ese momento y en un contexto de diferencias entre el ex procurador Eduardo Medina Mora y el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, inicia un debate, incluso legislativo, que se arrastra hasta nuestros días: ¿quién investiga? ¿Qué atribuciones tiene cada policía? ¿Se debe o no tener mandos únicos? Ciertas reformas legales le dan parte de la investigación a la PF, aunque no se establecen claramente. Pero hacia mitad del sexenio otras normas le limitan esa capacidad y se decide reconstruir la Policía Ministerial (ahí llega por corto lapso Wilfrido Robledo), pero no se le otorgan ni los recursos ni la fuerza política para sacarla adelante. La idea del gobierno era que la PF se encargara simultáneamente de la prevención y de la investigación. Pero todo, por diferencias internas y externas, se quedó a mitad de camino.
Ahora tiene el derecho Murillo Karam en pedir que exista una policía investigadora sólida, pero antes se deben definir con claridad las atribuciones de cada uno de los cuerpos de seguridad en el país. Y esto viene a colación con otra declaración, la de Carlos Humberto Toledo, quien anunció que el 16 de septiembre próximo marchará la nueva Gendarmería Nacional y que la PF regresaría a sus antiguas labores de resguardar caminos, acciones de prevención, etcétera. Puede ser, pero antes se debería explicar con claridad qué es la nueva Gendarmería Nacional, cómo se relacionará con la Policía Federal y con el Ejército y la Armada, cómo se articulará el nuevo diseño operativo y cuáles son las responsabilidades recíprocas.
En el caso de la Gendarmería existía un debate, que no sé si ya ha sido superado, sobre dónde se inscribirá institucionalmente y bajo qué mandos estará. Y creo que hay algo más importante aún: ¿qué se hará con la Policía Federal? Se puede estar de acuerdo o no con la forma en que se llevó esa institución el sexenio pasado, pero se debe reconocer también que se creó un cuerpo policial de 40 mil elementos, con alta tecnología y fuerte capacidad operativa y de inteligencia. Que se puede utilizar todo eso de otra manera con otras políticas y mandos, es obvio. Lo que parece menos sensato es desarticular una institución que ya existe para crear otra o distribuir entre las demás sus pedazos, en lugar de aprovecharla íntegramente.
Dos declaraciones de esta semana lo demuestran. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, preocupado con toda razón en volver a darle a la PGR presencia, cuerpo y sustancia, señaló que no se integraban correctamente las averiguaciones porque la Policía ministerial no investigaba y se encargaba de custodias y traslados. En buena medida es verdad, pero la realidad es mucho más compleja y parte de un diseño que se tiene que volver a definir y explicitar. Durante el último gobierno priista, en los tres últimos años de Zedillo, se fue construyendo una estructura de seguridad muy eficiente que incluía una fuerte subsecretaría del sector dependiente de la Secretaría de Gobernación, que tenía bajo su control un poderoso (en esas fechas) Cisen, una naciente Policía Federal que prevenía e investigaba, mientras que en la PGR se sufrían graves problemas para depurar a la Policía Judicial Federal.
En el cambio de sexenio, el presidente Fox desarticula todo el esquema de Gobernación, le quita la seguridad, crea la secretaría del ramo, y se produce un doble fenómeno: por una parte, los nuevos mandos de la PF con Alejandro Gertz a la cabeza desplazan a los anteriores en medio de duros enfrentamientos políticos internos. Los desplazados son cobijados en la PGR de Rafael Macedo de la Concha que, para reemplazar a la desprestigiada PJF, crea la AFI, colocando en su mando precisamente a quienes habían creado la PF en el gobierno de Zedillo: la encabezaba Genaro García Luna que venía de las áreas de inteligencia del Cisen y la naciente PF.
Al mismo tiempo, arrastrando un problema de años, la PGR no puede deshacerse de viejos agentes, muchos de ellos con dudosos antecedentes. Se deben quedar en la corporación, pero en los hechos se establecen dos áreas: por una parte la nueva AFI, con un nuevo modelo policial y, por la otra, los viejos agentes que se quedan, la mayoría, en áreas administrativas. Cuando llega la administración Calderón, la que estaba en zona de desastre era la Policía Federal, mientras que la AFI tenía presencia y reconocimiento. Pero lo que se decide entonces es enviar a los mandos de la AFI a refundar la Policía Federal. Estos llegan con todo su equipo y es la Policía Ministerial la que queda entonces desmantelada. En ese momento y en un contexto de diferencias entre el ex procurador Eduardo Medina Mora y el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, inicia un debate, incluso legislativo, que se arrastra hasta nuestros días: ¿quién investiga? ¿Qué atribuciones tiene cada policía? ¿Se debe o no tener mandos únicos? Ciertas reformas legales le dan parte de la investigación a la PF, aunque no se establecen claramente. Pero hacia mitad del sexenio otras normas le limitan esa capacidad y se decide reconstruir la Policía Ministerial (ahí llega por corto lapso Wilfrido Robledo), pero no se le otorgan ni los recursos ni la fuerza política para sacarla adelante. La idea del gobierno era que la PF se encargara simultáneamente de la prevención y de la investigación. Pero todo, por diferencias internas y externas, se quedó a mitad de camino.
Ahora tiene el derecho Murillo Karam en pedir que exista una policía investigadora sólida, pero antes se deben definir con claridad las atribuciones de cada uno de los cuerpos de seguridad en el país. Y esto viene a colación con otra declaración, la de Carlos Humberto Toledo, quien anunció que el 16 de septiembre próximo marchará la nueva Gendarmería Nacional y que la PF regresaría a sus antiguas labores de resguardar caminos, acciones de prevención, etcétera. Puede ser, pero antes se debería explicar con claridad qué es la nueva Gendarmería Nacional, cómo se relacionará con la Policía Federal y con el Ejército y la Armada, cómo se articulará el nuevo diseño operativo y cuáles son las responsabilidades recíprocas.
En el caso de la Gendarmería existía un debate, que no sé si ya ha sido superado, sobre dónde se inscribirá institucionalmente y bajo qué mandos estará. Y creo que hay algo más importante aún: ¿qué se hará con la Policía Federal? Se puede estar de acuerdo o no con la forma en que se llevó esa institución el sexenio pasado, pero se debe reconocer también que se creó un cuerpo policial de 40 mil elementos, con alta tecnología y fuerte capacidad operativa y de inteligencia. Que se puede utilizar todo eso de otra manera con otras políticas y mandos, es obvio. Lo que parece menos sensato es desarticular una institución que ya existe para crear otra o distribuir entre las demás sus pedazos, en lugar de aprovecharla íntegramente.
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