por Oscar Ortiz Antelo
Oscar Ortiz Antelo es ex presidente del Senado de la República de Bolivia.
Desde mediados de la década pasada, Bolivia y otros
países latinoamericanos han experimentado años de grandes y
extraordinarios ingresos generados por las excelentes condiciones que
nos ofreció la economía internacional gracias al incremento de los
precios de las materias primas, hidrocarburos, minerales y alimentos. La
tendencia parece revertirse y numerosos expertos advierten que el ciclo
positivo está cambiando y que se deben tomar previsiones para evitar
caer nuevamente en crisis económicas y sociales.
En el caso de Bolivia, existen además problemas originados en la
concentración del incremento de exportaciones en gas natural y
minerales, con pocos aumentos en la producción, la casi desaparición de
nuevas inversiones y la consecuente dependencia del aumento de los
precios internacionales como principal factor de los mayores ingresos
percibidos en los últimos diez años.
Una de las principales amenazas para la economía boliviana es la
economía argentina, que ya experimenta graves problemas y tiene
problemas muy graves para conseguir los dólares necesarios para pagar
sus importaciones, particularmente de energía. Si bien el volumen
exportado a dicho país es menor que lo que vendemos a Brasil, el monto
generado en recursos es vital para el Tesoro General de la Nación, la
caja de la administración central que ya tiene una situación muy
vulnerable.
Como ha sucedido en anteriores oportunidades, una crisis argentina
podría causar que se retrasen los pagos a Bolivia o que se nos proponga
pagarnos en especie; cualquiera de estas situaciones tendría un enorme
impacto en las finanzas públicas nacionales y desequilibraría los
ingresos estatales. Lamentablemente, en el esquema importador argentino,
somos el eslabón más débil, puesto que el resto del gas que compra la
hermana nación proviene de gas líquido transportado en barcos que no
zarpan si no reciben pagos anticipados, mientras que nuestros ductos no
puedes ser dirigidos a otros mercados.
El otro gran cliente boliviano, Brasil, también será fuente de
preocupaciones, no porque deje de pagar, siempre lo ha hecho, sino
porque seguramente las condiciones serán menos favorables a la hora de
negociar el nuevo contrato de exportación, el actual vence en 2019. Hace
veinte años, cuando se negoció el anterior contrato, se estableció una
canasta de combustibles líquidos, como referencia para el precio del gas
exportado. Ese momento el petróleo tenía un valor cercano a los diez
dólares el barril mientras que en los años siguientes superaría los 140
dólares, generando los ingresos extraordinarios que hemos disfrutado.
Actualmente, el gas natural es mucho más utilizado, se han descubierto
enormes reservas y se han consolidado precios muy inferiores a los del
petróleo, por lo que difícilmente el próximo contrato se base en el
precio de los combustibles líquidos, lo que causaría una sustancial
reducción de los ingresos por este concepto.
Por si fuera poco, no se han reemplazado las reservas de gas y de
petróleo que el actual gobierno recibió de anteriores gestiones. Los
expertos en el área afirman que se requiere un periodo de alrededor de
diez años, desde el momento en que se ofrece estabilidad y condiciones
atractivas para la inversión, para que se inicie el ciclo virtuoso de
exploración, desarrollo de campos, producción y exportación. Como aún no
hemos dado los pasos iniciales para transitar este camino, todo indica
que en el próximo quinquenio tendremos dificultades para abastecer el
mercado interno y cumplir los compromisos internacionales, lo que
nuevamente afectará las finanzas públicas.
Frente a estas amenazas, el gobierno no ha tomado las medidas
necesarias que reviertan este camino lento pero inexorable hacia graves
problemas económicos. La prematura campaña electoral absorbe su
atención. El futuro del país puede esperar.
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