Caracas y la comunidad internacional

Caracas y la comunidad internacional

Por Alvaro Vargas Llosa

El Mundo.es

Algunos países con peso en la comunidad internacional han actuado hasta ahora con decencia frente a lo que sucede en Venezuela. Otros, los previsibles y alguna que otra oveja descarriada, se han precipitado, mientras crepita todavía la hoguera que consume lo que queda de democracia, a avalar lo 'inavalable'. 

Entre quienes mantienen en este momento la actitud correcta están Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En América Latina, ciertos países, como Panamá, se han negado a felicitar a Maduro y otros, como México y Chile, han emitido juicios formales desprovistos de la solidaridad expresa que han manifestado los aliados ideológicos del chavismo y quienes, como el mandatario peruano, no practican en casa nada parecido pero se identifican con Caracas como lo hacía Lula da Silva cuando gobernaba (Dilma Rousseff es mucho más distante).

Para la comunidad internacional no tendría que ser difícil entender lo que corresponde hacer. Un mar de irregularidades y una actuación a todas luces sospechosa de parte tanto del gobierno en funciones como de las instituciones electorales sugieren la posibilidad de un fraude. La posición habla de al menos un millón de votos cuestionables. Todo lo que piden Henrique Capriles y compañía es un nuevo escrutinio. No piden un golpe de Estado ni encarcelar a Maduro sino algo tan razonable como contar bien los votos. Exactamente eso es lo que corresponde pedir a la comunidad internacional. De lo contrario, el nuevo gobierno será ilegítimo.

La conducta del régimen venezolano en materia exterior refuerza la necesidad de que los países del mundo exijan un nuevo conteo de votos. ¿Hemos olvidado todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Venezuela se ha negado a acatar? ¿Hemos olvidado que expulsó a misiones internacionales como la de Human Rights Watch, organismo independiente respetado, y que se negó a permitir la de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hemos olvidado que Caracas ha denunciado la Convención que le exige respetar los fallos de esta Comisión, que es parte de la OEA? ¿Y qué decir de las innumerables expropiaciones de empresas extranjeras sin compensación económica? ¿Y de la injerencia en países a los que Caracas ayudó a desestabilizar?

Invocar el principio de la no injerencia o de las relaciones entre Estados para avalar la operación antidemocrática en Venezuela es indigno de democracias serias. Perú vivió una situación similar en 2000, con un gobierno ilegítimo al que una resistencia pacífica intentaba desalojar democráticamente. La comunidad internacional, con honrosas excepciones, dio la espalda a los demócratas en un primer momento. La fuerza de los acontecimientos y el esfuerzo de los propios demócratas modificó las cosas. Producida la transición democrática, hubo una iniciativa continental que acabó plasmada en la Carta Democrática Interamericana. La idea era que nunca más el continente permitiera una situación como la peruana. En realidad, este instrumento no era estrictamente necesario pues ya existían otros, empezando por el propio documento fundacional de la OEA. Pero se creyó indispensable suscribirlo precisamente porque la OEA no había actuado con claridad.

Si algún país perteneciente a la OEA ha violado esa Carta es Venezuela. Por tanto, los países del hemisferio tienen la obligación de exigir democracia en Venezuela. Lo contrario es hacer escarnio de esa Carta. Esto nada tiene que ver con la naturaleza ideológica del régimen venezolano. La Carta no fue hecha para ser aplicada a gobiernos de derecha y para hacerse la vista gorda ante gobiernos de izquierda. Fue hecha para ser aplicada sin distingos.

América Latina reaccionó con velocidad de rayo en casos como el paraguayo, mucho menos claro que el de Venezuela, tomando medidas muy extremas, como la suspensión del gobierno de Asunción de UNASUR. Es clamorosa la falta de coherencia entre eso y lo que ocurre ahora de cara a la crisis venezolana.  Cuando se expulsó a Paraguay, se invocó tratados internacionales para justificar dicha acción aun cuando, siendo políticamente muy discutible, había sido constitucional la destitución del Presidente Lugo a manos del Senado y su reemplazo por el Vicepresidente. Esos mismos tratados deben ser invocados hoy para hacer frente a Venezuela aunque sea un porcentaje de lo que se hizo ante Paraguay.