por Hernán Büchi
Hernan Büchi fue Ministro de Hacienda de Chile.
Las primarias pusieron en marcha la campaña electoral en Chile.
Su principal desafío es centrar la agenda para lograr el mayor
beneficio para la población, y eso conlleva el debate sobre cómo seguir
creciendo.
A partir de los noventa el país creció basado en aumentos de productividad, y aunque ese dinamismo se perdió, un aumento del precio del cobre permitió que la población siguiera beneficiándose.
Pero la productividad no ha vuelto a aumentar y las condiciones
externas en el mejor de los casos se mantendrán. Es vital corregir el
rumbo. No hacerlo será duro para un país que se acostumbró a subir
expectativas.
Desafortunadamente, la agenda hoy no enfrenta el problema, y muchas
veces lo empeora. Es entendible: los planteamientos útiles en una
campaña suelen no ser realistas.
Pero esta vez, grupos organizados de izquierda, con violencia y fuera
de las reglas de convivencia que nos hemos dado, han impuesto sus temas
presentados —como siempre— en forma de falsas utopías de justicia e igualdad, sin hablar de los fracasos y costos que estos experimentos han generado.
Así, han contribuido a que se pierda el sentido común, que después de
tantas políticas fracasadas formaba parte del consenso de nuestros
líderes. Es peligroso, pues si bien las promesas de campaña muchas veces
no se cumplen, es difícil ignorarlas si han sido un potente foco de
discusión.
La lista de temas impuestos como políticamente correctos es
inconveniente para el progreso. Son pocos quienes la desmitifican o que
levantan otra, y el gobierno no lo ha logrado. Los temas son varios,
pero quiero destacar los de principales consecuencias negativas para
seguir creciendo. Muchos países han pasado del tercer al segundo mundo,
pero muy pocos han logrado escalar al primero, y ése es un desafío
pendiente.
El primer tema es la idea del aumento en la desigualdad.
En nombre de la igualdad se han cometido, acá y en otras latitudes,
grandes desatinos. Las consecuencias han sido pobreza, violencia y
autoritarismo.
Habíamos aprendido que el crecimiento, mayor cobertura educacional y
programas focalizados eran la única forma de avanzar. Si repasáramos las
metas de 40 años atrás en el tope de la lista, estarían mayor igualdad
en mortalidad infantil, en expectativas de vida, en acceso a educación y
salud, en servicios básicos, vivienda, vestimenta y acceso al mundo.
Los avances han sido espectaculares, y sólo se detendrán si seguimos
recetas de aumentar impuestos, culpar a las empresas y destruir la
educación privada.
La mayoría de las propuestas tributarias no analizan si el gasto público
es eficiente, especialmente ante los grandes aumentos ya dados en
educación y salud. Olvidan que a mayor crecimiento del país, mayor
recaudación. Ni siquiera analizan sus efectos en inversión y empleo. En
general, castigan a las empresas, olvidando que los que pagan son
siempre los ciudadanos, sufriendo además sus posibilidades laborales y
de mayor remuneración.
Las empresas, como coordinadoras de trabajo y capital, han estado en
el corazón del progreso, haciendo accesibles bienes y servicios en forma
masiva antes impensados. Es lógico que en servicios nuevos, muchos de
largo plazo, haya diferencias especialmente sobre cómo se implementan
cambios y se llegue a los tribunales. Lo que no es razonable es decir
que todo es abuso de las empresas. La verdadera tarea es encontrar
soluciones que permitan hacer viables productos masivos, complejos y
cambiantes con opciones claras para el consumidor.
Sobre el lucro y la gratuidad en educación, ya nos extendimos en otras ocasiones.
El sistema previsional es otro eje fundacional. El
nuestro ha sido muy exitoso en evitar injusticias pasadas contra los
pobres, en ayudar a la estabilidad fiscal y en impulsar el progreso. Los
ahorros individuales están resguardados y no hay casos que lamentar, a
pesar de las crisis.
Es lógico que en un país más rico, en que se vive más y los sueldos
han subido fuertemente, las pensiones parezcan bajas. Las soluciones
existen si hacemos bien el diagnóstico. Por ejemplo, la expectativa de
vida de la mujer ha subido en 7,5 años, pero hoy imponen en promedio 15
años y reciben beneficios por casi 29 al jubilarse a los 60. Una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) estatal o la vuelta a las
recetas de inicios del siglo pasado no resuelven nada.
Desgraciadamente la Constitución también está en la mira. Lo más
grave de las propuestas de cambio, en particular sobre el sistema
político, es que amenazan con ser antisistema. Los países que no
resguardan su marco institucional terminan en violencia y autoritarismo;
conocemos varios ejemplos vecinos. En general, las constituciones nacen
en períodos excepcionales.
Nuestra Constitución no es difícil de modificar comparada con otras.
Sus muchos cambios desde 1989 lo demuestran, y su versión actual lleva
la firma de Ricardo Lagos. Lo que es inaceptable es que quiera actuarse
fuera de sus reglas. En democracia es difícil tener la mayoría para
hacer lo que un grupo quiere, y ahí radica la esencia de su estabilidad.
El precio de cambiar las normas básicas fuera del sistema es
incalculable para los más modestos.
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