10 mayo, 2013

Cómo debe Estados Unidos mantener el equilibrio entre seguridad y libertad


Estados Unidos nació librando una guerra con la Declaración de Independencia, la declaración más importante de libertad y derechos naturales jamás hecha. Desde entonces, Estados Unidos ha sido el país más libre del mundo y se ha convertido en el más seguro gracias a un ejército equiparable a cualquier amenaza. Estados Unidos ha evitado el destino de naciones que han intercambiado libertades por promesas de seguridad, o seguridad por libertad ilimitada y que no han logrado ninguna de las dos. Sin embargo, el saludable temor de que una u otra desaparecerá ha estado presente en todas las épocas desde la Fundación. ¿Cómo debe Estados Unidos mantener el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.


“Entre los muchos objetos en los que un pueblo sabio y libre encuentra necesario fijar su atención, al parecer, el que debe ocupar el primer lugar es el proveer la propia seguridad” [1]. Esto fue lo que escribió John Jay en El Federalista, el clásico documento en el que los principales Fundadores de la Constitución explicaron el gobierno sobre el que esperaban construir Estados Unidos.
La generación de los Fundadores conocía por experiencia propia sabía lo que era la opresión de la tiranía. La letanía de abusos y usurpaciones británicas se citan en la Declaración de Independencia: decretos ilegales, acuartelamiento de tropas, saqueo al por mayor y privación de la libertad y de la vida por capricho, no por ley. Para los Fundadores, se trataban de violaciones, tanto en contra de los derechos naturales del hombre como de la seguridad, que un estado soberano está obligado a proporcionar al pueblo. En tales circunstancias, “es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.
Y así lo hicieron y la nación fue empujada a la guerra. Desde el principio, los americanos vieron la libertad y la seguridad como una misma cosa, no como cosas opuestas.
A pesar de que a menudo se habla del adecuado “equilibrio” entre seguridad y libertad, no hace falta que los dos estén en tensión. Las políticas que hacen más segura a la nación, sobre todo contra las amenazas externas, no necesariamente socavan la libertad de su pueblo. Proteger la libertad individual no dificulta invariablemente la defensa de la nación. Más bien, como reconoce la Constitución, ambas se refuerzan: “aseguramos las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad”. Una amenaza a la seguridad de Estados Unidos es también una amenaza a las libertades de los americanos.
 “Al enmarcar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres”, comentaba James Madison, “la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para controlar a los gobernados; y luego compelerlos a que se autoregulen” [2].
Casi todas las naciones logran controlar a los gobernados, aunque más a menudo por la fuerza que por consentimiento. Las restricciones al poder de los gobiernos son más raras y más complejas. Sin embargo, son esenciales para preservar la seguridad y la libertad. Este problema fue la principal preocupación de los Fundadores cuando redactaron el borrador de la Constitución y su solución fue radical y brillante.
El problema al que se enfrentaron los Fundadores fue diestramente identificado por Ronald Reagan: “El tipo de gobierno lo suficientemente fuerte como para darte todo lo que necesitas es lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes”. Cualquier poder delegado por el pueblo a su gobierno puede ser objeto de abuso y puede usarse en contra de ese mismo pueblo. La historia está repleta de ejemplos de ese tipo de opresión y sigue siendo común hoy en día.
Pero esto no ha sido lo que ha sucedido en Estados Unidos. Los Fundadores de la Constitución no pusieron su fe en garantías específicas de derechos—esas se crearon después— sino en un elegante sistema de controles sobre el gobierno. En lugar preponderante está la separación de poderes entre los tres Poderes del gobierno federal, así como entre el gobierno federal y los estados. Estos acuerdos proporcionan la flexibilidad necesaria para garantizar la seguridad y la limitación esencial para salvaguardar las libertades.
Un ejemplo dramático se produjo con el intento del presidente Truman de apoderarse de propiedades privadas para pagar los esfuerzos de la guerra en Corea. Afirmando que sus acciones estaban justificadas en nombre de la seguridad nacional, Truman autorizó al Secretario de Comercio para que tomara el control de la industria siderúrgica del país. A las pocas semanas, el asunto se llevó  ante la Corte Suprema, que rechazó la afirmación de Truman de que él tenía el poder de actuar sin consentimiento, e incluso en contra de cualquier ley promulgada por el Congreso.
La famosa deliberación del juez Jackson acertó al indicar la peligrosidad de la posición del presidente: “La afirmación presidencial de un poder que de un golpe es tan concluyente como excluyente debe ser analizado con cautela, porque lo que está en juego es el equilibrio establecido por nuestro sistema constitucional”[3]. Por el contrario: “Cuando el presidente actúa en virtud de una autorización expresa o implícita del Congreso, su autoridad está al máximo”. Cuando los poderes políticos están de acuerdo, Jackson reconoció, es más probable que seguridad y libertad vayan de la mano.
El gobierno también está controlado por las urnas. Cuando los poderes del gobierno federal han conspirado para abrogar las libertades del pueblo, el pueblo ha respondido. En 1798, el presidente John Adams y sus aliados federalistas del Congreso aprobaron la Ley de Sedición, que criminalizaba las “falsas, escandalosas y maliciosas” opiniones respecto al gobierno, al Congreso o al Presidente. La ley tenía la intención de suprimir las críticas a la batalla naval con Francia y fue una clara violación de los derechos de los americanos de hablar libremente y cuestionar las acciones de su gobierno.
En lugar de suprimir la disensión, la ley provocó una tormenta política tal que los estados aprobaron resoluciones denunciando la ley y los candidatos fueron a las urnas haciendo campaña en oposición a esa ley. Los federalistas, incluyendo a Adams, perdieron en las urnas y el presidente que sucedió a Adams, Thomas Jefferson, indultó a los que cumplían condenas en virtud de la ley.
Las protecciones codificadas en la Carta de Derechos son la garantía final contra cualquier intrusión a la libertad que entorpeciera los controles expresados en la Constitución. Por ejemplo, sin la garantía de la Primera Enmienda del derecho a la libertad de expresión, de reunión, de petición al gobierno a la reparación de agravios, los poderes políticos serían menos receptivos a las preocupaciones de los ciudadanos y los votantes estarían menos informados sobre la importancia de sus decisiones. La prohibición de la Cuarta Enmienda a caprichosos cateos e incautaciones asegura que el gobierno no pueda hostigar arbitrariamente a quienes se oponen a sus políticas. Dentro de la Quinta Enmienda, la cláusula de expropiación requiere que el peso de la responsabilidad de las políticas públicas se comparta de forma amplia.
Si bien son importantes, estos derechos enumerados son también limitados y específicos. Éstos son sólo una parte infinitesimal de los derechos que los estados y el pueblo retienen. Por ejemplo, Ud. tiene el derecho a cuidar de su familia, dirigir la educación de sus hijos, hacer contratos y ser propietario de una casa. Estos derechos, que son demasiados como para enumerarlos y demasiado cambiantes como para ser incluirlos en una constitución, están sujetos no a garantías específicas, sino a protecciones estructurales de la Constitución. Por lo tanto, la mayoría de los asuntos de seguridad nacional y de libertad no son aptos para el arbitrio de las cortes, sino para que el pueblo ejerza su criterio a través de los poderes del Estado.
En general, Estados Unidos ha tenido éxito preservando la seguridad y las libertades civiles gracias a la adopción de políticas que las refuerzan al mismo tiempo. Cuando se ha apartado de ese curso, tanto la libertad como la seguridad se han visto afectadas.
La fuerza militar bajo firme control civil es el mejor garante de la libertad. Thomas Jefferson reseñó que: “Lo que nos permite ir a la guerra, asegura nuestra paz” [4]. Así fue en la Guerra Fría, cuando la fortaleza de Estados Unidos y del sistema de gobierno que lo sustentaba lo llevó a una victoria sin una gran guerra y trajo la mayor expansión de libertad en la historia del mundo.
Por el contrario, los enemigos de Estados Unidos en la Guerra Fría trataron de lograr la supremacía militar mediante la planificación y el control central, organizando a sus pueblos y economías en torno a las necesidades del Estado y negando a sus ciudadanos las libertades más básicas. Sin embargo, sus ostentosas exhibiciones de fuerza—desfiles aéreos, de tropas, de flotas— eran huecas. Eran el resultado de gobiernos que estaban en guerra con la seguridad y las libertades de sus pueblos.
Estados Unidos se enfrenta hoy al riesgo opuesto. El mantenimiento de una fuerte defensa nacional garantiza la libertad frente a amenazas conocidas y desconocidas, sea desde estados parias hasta organizaciones terroristas. Ésta es la responsabilidad primordial y vital del gobierno federal.
Reunir datos de inteligencia, cuando se hace eficazmente y de manera consistente con los derechos y las expectativas de los americanos, es igualmente esencial. Tales programas de inteligencia ayudan a garantizar nuestras libertades contra aquellos que tratan de destruirlas. Cuanto mejor funcionen estos programas, mejor protegen nuestra seguridad y libertad.
Un ejemplo perfecto es el uso de cortes militares para terroristas. El uso de esas cortes en Estados Unidos se remonta a la Guerra Revolucionaria y siempre se han considerado como un recurso que da flexibilidad necesaria a las operaciones militares, especialmente si lo comparamos con la alternativa habitual en guerra – la ejecución sumaria. Hoy en día, las cortes tienen una función adicional como barrera entre nuestro sistema de justicia civil y los compromisos legales que se deben tomar a la hora de lidiar con las violaciones de las leyes de la guerra.
A veces, Estados Unidos ha tomado decisiones que han sido contraproducentes. Mientras que encarcelar a aquellos que activamente conspiran con el enemigo en tiempo de guerra es buena política, el internamiento de ciudadanos japoneses por su origen étnico durante la Segunda Guerra Mundial fue tanto inconstitucional como sumamente destructivo de la libertad. También fue contraproducente, ya que desvió recursos y atención, costó valiosa mano de obra y perjudicó directamente la iniciativa de guerra. La Ley de Sedición de 1798 fue una abominación que, en todo caso, perjudicó el sistema político de Estados Unidos e hizo al país menos seguro. Pero Estados Unidos ha aprendido bien de estos errores y es poco probable que los repita.
Según el memorable dicho de Benjamín Franklin: “Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad”. A esto puede agregarse que aquellos que estén dispuestos a sacrificar la libertad por la seguridad, al final, no logran ninguna de ellas. La forma adecuada para alcanzar el equilibrio entre seguridad y libertad no es en absoluto balancearlas sino insistir en aplicar políticas que maximicen a ambas en la medida de lo posible.

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