Durante el año
2001, la corrupción fue uno de los temas más abordados por los medios
de comunicación latinoamericanos. Su presencia en la prensa fue más
fuerte y diversa en Paraguay, Nicaragua y Guatemala. Tenía una semejante
frecuencia e intensidad en los medios de Panamá, Perú, Argentina, y
muchas veces en El Salvador y México.
Este
sumario, de los casos de corrupción más destacados en el año 2001, es
producto de un esfuerzo colaborativo, en el cual participaron
reconocidos periodistas de los países latinoamericanos de habla hispana.
Su objetivo primordial es contribuir al conocimiento sobre la
corrupción en nuestra región. Por supuesto, puede servir para otros
numerosos fines, por ejemplo, como un punto de referencia para
monitorear la respuesta gubernamental y medir su compromiso con la
anticorrupción.
Hay que aclarar que el hecho de que los casos hayan sido los más destacados, eso no implica que fueron los más importantes en términos de impacto económico o humano, sino que estos obtuvieron la mayor atención de parte de los medios. Para contrastar este situación, por ejemplo en el caso de El Salvador y Honduras han sido mencionados algunos casos delicados a los que los medios decidieron no dar seguimiento.
El sumario fue organizado por Probidad, una organización anticorrupción que maneja iniciativas en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). Uno de los servicios de PFC es la recopilación y difusión, de lunes a viernes, de reportajes y editoriales provenientes de más de 50 medios impresos y virtuales latinoamericanos. De la realización de esta actividad se pueden generar varias conclusiones sobre el tratamiento que dan al problema de la corrupción los medios de comunicación, identificando cuáles temas reciben mayor atención y cuáles no son tratados, así como el nivel y calidad de la investigación principal y del seguimiento, entre otras evaluaciones. Para los propósitos de este sumario cabe mencionar que los casos seleccionados por cada país, guardan resonancia con la atención que recibieron en los medios impresos más importantes.
También es notable señalar que cada vez más la corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores locales que tienen nexos con corruptos de otros países y con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y por supuesto, con el lavado de dinero. Por eso no es sorprendente que los periodistas y medios que investigan el flagelo sean víctimas de censura, legislación y fallos judiciales que minan el acceso a la información y la libertad de expresión, y que sean blancos de ataques verbales de funcionarios, violencia y asesinatos.
A pesar de sus deficiencias y de las críticas que son blancos, los medios de comunicación latinoamericanos, más que ningún otro esfuerzo anticorrupción en la región, han cumplido con mantener el tema de la corrupción en la agenda pública. Por ello, los periodistas y medios comprometidos con su papel fiscalizador frente a la corrupción merecen nuestro respeto y apoyo, para que continúen siendo importantes catalizadores capaces de generar indignación ciudadana, y de conducirla hacia actitudes y acciones que prevengan y controlen la corrupción en todas las esferas de la sociedad.
- Reportaje sobre el Informe
- Chile, corrupción ajustada a derecho
- Un ranking de la corrupción latinoamericana en 2001
- Uruguay en la mitad de la tabla
- Comentarios sobre el informe
- Casos de corrupción: Resúmenes por país : Argentina - Bolivia - Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - República Dominicana - Uruguay - Venezuela
ARGENTINA
Por Dafne Sabanes Plou
daphne@sinectis.com.ar
Corresponsal para las agencias
ALAI, de Ecuador, y Noticias Aliadas, de Perú
En materia de corrupción en el ejercicio del poder, el 2001 dejó a los argentinos un sabor amargo y hasta doloroso. Los hechos más importantes que estuvieron sobre el tapete este año, algunos de los cuales ya llevan tiempo de cometidos, por ahora permanecen impunes y esto lástima, avergüenza y enoja a la ciudadanía que ya no soporta tanta afrenta. Me referiré brevemente a tres de los casos más connotados:
El pago de coimas en el Senado de la Nación
Si bien este hecho ocurrió cuando se aprobó la nueva Ley de Trabajo, en 2000, la supuesta investigación de los hechos finalizó este año, y la justicia desestimó la acusación a varios senadores de haber recibido coimas para votar la ley y al Poder Ejecutivo por haberlas pagado (sumas de entre 50 mil y 80 mil dólares, según se mencionó en algunos medios) por falta de méritos para continuar con la causa.
El escándalo que desató esta denuncia provocó la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, el resquebrajamiento de la Alianza gobernante y la destrucción de la imagen que había creado el nuevo gobierno de transparencia y lucha contra la corrupción durante la campaña electoral, uno de los puntos en su plataforma que seguramente le permitió ganar más votos y apoyo en la ciudadanía.
Que un hecho tan delicado y que tanta repercusión tuvo en la opinión pública quedara en la nada, puso en tela de juicio a las principales instituciones del país y aumentó el descreimiento de la población en la clase política, la justicia y las estructuras de gobierno.
El Lavado de Dinero
A mediados de 2001 otra denuncia importantísima volvió a conmover a los argentinos. Se trató del caso del lavado de dinero, en el cual parecían estar involucrados políticos, inversionistas, bancos extranjeros, personeros en el extranjero, etc. La diputada Elisa Carrió presidió una comisión legislativa de diez miembros (entre senadores y diputados) y obtuvo información confidencial y de primer nivel del propio Congreso de los Estados Unidos. La comisión "Carrió", como se la denominó en un momento, hizo una minuciosa investigación y estudio de los documentos, entrevistó a decenas de personas, realizó investigaciones locales, etc. Pero no pudo llegar a un dictamen unido. Por el contrario, fueron tres los dictámenes que presentó. Las denuncias que surgieron de esta investigación fueron a la justicia y poco se sabe de la suerte corrida por las mismas. De tantos datos, cifras, nombres, discursos contra la corrupción y torbellino de denuncias quedó poco en claro y nuevamente la ciudadanía tiene la sensación de haber puesto su esperanza en un castillo de naipes.
El caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador
Este ha sido el caso más sonado y con mayor repercusión internacional. El ex presidente Carlos Menem y varios de sus colaboradores, incluyendo al jefe del Ejército durante su gobierno, fueron acusados de asociación ilícita para vender armas ilegalmente a Croacia y Ecuador durante su primer gobierno. Menem fue detenido, y si bien tuvo una prisión de lujo, estuvo varios meses encarcelado en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Pero por fallo de la Corte Suprema salió en libertad en noviembre. Se desestimó la figura de asociación ilícita y ya no pudo quedar encarcelado. También quedaron libres sus colaboradores, que habían sido encarcelados bajo la misma figura penal.
Hay un hilo conductor en estos tres casos que nos lleva al sistema judicial argentino. Este sistema está en crisis y la población considera que también es corrupto. Durante el gobierno de Menem se nombraron varios jueces federales que siempre beneficiaron al poder con sus fallos. También se elevó de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema y varios de sus nuevos miembros son notorios amigos personales del ex- presidente, entre ellos el mismo presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien fue socio de los hermanos Menem en el estudio jurídico que estos tenían en La Rioja, su provincia natal.
En las protestas populares que recorren las calles de las grandes ciudades argentinas a diario, se reclama como prioridad la renuncia de la Corte Suprema. Se sospecha de la parcialidad de sus miembros y se los acusa de favorecer la impunidad de aquellos que, cometiendo diversos delitos, arruinaron la economía del país en la última década. Todos los miembros de la Corte tienen varios pedidos de juicio político, por distintas causas, pero hasta finales del 2001 ninguno de estos pedidos había sido considerado seriamente por las cámaras legislativas, que son las que pueden, de acuerdo con la Constitución Nacional, implementar el juicio político y, eventualmente, decidir la destitución.
Mientras reine la impunidad en las altas esferas del poder, el pueblo argentino seguirá sufriendo las consecuencias de la corrupción política y económica que ha provocado estragos en el país, entre ellos el 41% de la población viviendo en la pobreza y la trágica cifra de 100 niños que mueren diariamente por causas que podrían prevenirse con buena alimentación y atención sanitaria básica.
BOLIVIA
Por Fátima López
surlopez@yahoo.com
Semanario "Pulso"
Caso Landivar: estafa al Estado por 60 millones de $US
Roberto Landívar Roca, parlamentario y diputado nacional por Nueva Fuerza Republicana (NFR), malversó 60 millones de dólares del Estado a través de una quiebra fraudulenta del Banco BIDESA, del cual era su Presidente Ejecutivo. Amparado en el poder político y la impunidad, burló la justicia reiteradas veces. Hoy, por una decisión política del Presidente Jorge Quiroga, guarda detención en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Caso Beechcraft: compra irregular de avión presidencial
Otro de los casos de corrupción denunciados por la prensa boliviana fue la compra irregular del avión presidencial "BEECHCRAFT".
La nave no solo fue adquirida con un sobreprecio escandaloso sino que para su adquisición se usaron fondos destinados a la atención de las víctimas de los terremotos de Aiquile y Totora ocurridos en el departamento de Cochabamba.
El ex-Presidente de la República, Hugo Banzer, participó personalmente en la negociación, pero la Contraloría General de la República lo excluyó de toda responsabilidad, dejando solo a su fiel colaborador y ex- Ministro de Defensa Fernando Kieffer.
El caso aun no ha sido resuelto.
Caso policías y ladrones: red delincuencial peruano-boliviana
Luego de nueve atracos a mano armada en distintas entidades bancarias, ocurridos en las ciudades de La Paz y Cochabamba, los Servicios de Inteligencia logran descubrir a una poderosa red delincuencial peruano-boliviana integrada por policías.
La guerra interna desatada entre los miembros de la policía de Bolivia obliga al poder ejecutivo a apurar una reestructuración de la institución frustrada anteriormente.
Cambiar a la policía es una tarea pendiente en la agenda del 2002.
Fuente informativa: SEMANARIO PULSO-AÑO 3-NUMERO127 y RED PAT
COLOMBIAPor Norbey Quevedo
norbey99@hotmail.com
El Espectador
Termorio
Un tribunal de arbitramento condenó a la Nación colombiana a pagar 61 millones de dólares a la electrificadora Termorio, por un supuesto incumplimiento con el Estado. Sin embargo, se descubrió que Marino Zuluaga, un abogado quien representaba los intereses del Estado hizo poco para ganar el pleito, pese a que recibió honorarios cercanos a los 300 mil dólares.
En medio del escándalo se conocieron grabaciones entre el superintendente de servicios públicos, Enrique Ramirez Yañez, y otras personas en donde hablaban para beneficiarse de los dineros públicos. Por estos hechos el superintendente fue destituido y encarcelado por los delitos de peculado e interés ilícito en celebración de contratos. Otros participes en el negocio también están en la cárcel.
Federación Colombiana de Fútbol
Álvaro Fina Domínguez, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Iván Ceballos revisor fiscal de esa Federación y otros dirigentes del fútbol colombiano, a espaldas del país firmaron millonarios contratos con la firma Copa LLC para comercializar los derechos de la Copa América.
Documentos, contratos, cartas y testimonios pusieron al descubierto que parte de los dineros ingresaron a los bolsillos de Fina y varios dirigentes deportivos, así como de empresarios amigos del presidente de la Federación.
Por estos hechos un tribunal le imputó nueve cargos al presidente Fina.
Dragacol
Dos jueces dejaron vencer los términos judiciales de un proceso y así quedaron en libertad Hugo Escobar Sierra y Reginaldo Bray, señalados como los cerebros de una defraudación a la Nación por 20 millones de dólares a través de una conciliación que se hizo entre el Estado a través del ministerio de Transporte y la empresa privada Dragacol.
Acertar
Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia, dejó su cargo porque su esposa Julia Lucia Pardo, dueña de la empresa Acertar firmó contratos por cerca de tres millones de dólares con diversas entidades del Estado. Sin embargo, la referida empresa nuevamente se beneficio de contratos con el Estado por 700 mil dólares. El caso quedó radicado en la Procuraduría.
BANPACÍFICO
Este banco quebró, pero había recibido del gobierno cerca de 20 millones de dólares de impuestos del Gobierno. A través de la sociedad WestSphere Capital Andina, se denunció que el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, y el ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, entre otros se beneficiaron del negocio. El caso está en manos de la Fiscalía.
ESAP
El parlamentario Mario Rincón intervino para el nombramiento de cerca de 100 de sus seguidores políticos y les dio contratos a otros 100 en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Por ello perdió su condición de congresista.
COSTA RICA
Por Pablo Barrantes
pablobarrantes@yahoo.com
Corresponsal/CNN Radio Noticias
Radio María
Es el caso que reveló mas corrupción y que fue el mayor registrado durante el año 2001; donde se ve envuelta la iglesia católica.
El Padre Católico Minor Calvo se hace cargo de una estación de radio en la Frecuencia Modulada, la cual creció en menos de dos años como nunca había crecido un medio de comunicación en este país.
Con una programación católica, la emisora llegó a ser cuestionada tras varias investigaciones periodísticas que dieron con informaciones tales como malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por parte de los jerarcas de la estación, que en ese momento era el Padre Minor.
Por medio de un programa local -"La Patada" en Radio Monumental- se revelan las irregularidades de Radio María, y tras varios meses de escándalo, la cúpula de la iglesia se ve seriamente afectada por la mala imagen que revelaban las diversas denuncias.
Antes que se dijera mas del asunto y se revelaran otros casos de corrupción en Radio María, tres sujetos buscaron al productor del Programa "La patada" y lo asesinaron, sin que hasta ahora, la policía y las investigaciones sobre tal asesinato den con los responsables.
Universidad
Este caso se dio en la Universidad de Costa Rica, una institución de amplio reconocimiento por la formación de sus estudiantes, además que dicha casa de enseñanza pertenece al Estado y por ende es una institución pública.
Aparece una red de pedofilos y proxenetas, a los cuales denuncia la organización no gubernamental Casa Alianza, ya que las mismas instalaciones de la universidad sirven para la realización de fiestas donde participaban menores de edad. Además, servía como centro de producción de material pornográfico, material que se producía con equipos de la misma universidad.
Dentro de los responsables por los hechos de corrupción contra niños y niñas menores de edad, aparecen funcionarios del mismo centro de enseñanza. Casa Alianza informó que era una red que servía para la prostitución de los menores.
Sentencia
Luego de varios años de recopilar pruebas en contra de los ex directivos de un banco estatal, el desaparecido Banco Anglo, los responsables por la quiebra de la institución fueron llevados años después, en el 2001, a los tribunales para hacerles un juicio.
Dicha acción legal en contra de los que llevaron al Banco Anglo a la quiebra, error por el cual tuvo que pagar toda la población, ya que se tuvieron en aquel entonces que aplicar nuevas medidas fiscales para aplacar la gran deuda del banco con el Estado, y por supuesto es al pueblo al que le toca pagar los platos rotos. La esperada sentencia, sumó años de cárcel para los responsables. El documento condenatorio tardó en su lectura poco más de 10 días, en contra de los responsables de aquella inolvidable quiebra. Lo extraño es que luego de toda esa historia, los hoy responsables con todo y pruebas en su contra, están libres y ejerciendo su trabajo y profesión, dos de ellos en Chile viviendo y comiendo de lo que se llevaron del banco, y el resto, que suman unos 7, siguen libres como que si nada hubiera pasado.
ECUADOR
Por Rubén Buitrón
rbuitron@eluniverso.com
Editor General
El Universo
Un caso de más de 15 años
N de la R: En el día de la fecha hemos recibido la aclaratoria que abajo se transcribe a raiz del error contenido en el artículo que sigue.
En el editorial suscrito por Rubén Darío Buitrón y difundido en la página "Off news.info", se cita erróneamente a la Construtora Norberto Odebrecht S. A., como socia de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Consecuentemente, solicito se rectifique el error, pues, a lo largo de 20 años y durante toda su actuación en Ecuador, Construtora Norberto Odebrecht S. A jamás se ha asociado para ningún contrato con la empresa brasileña de construcciones, Andrade Gutiérrez. Ciertamente, tampoco lo hizo para la construcción de la carretera Méndez Morona, contrato citado en el informe "Corrupción Latinoamericana: los casos más destacados en 2001".
Por la pronta atención a la presente, le anticipo mis agradecimientos
Esteban Michelena
COMUNICACION
Construtora Norberto Odebrecht
QUITO-ECUADOR
El 20 de julio de 1985, durante el gobierno socialcristiano del ingeniero León Febres-Cordero, la constructora Andrade Gutiérrez, ganó la adjudicación de un contrato,por 36 millones de dólares, para construir 143 kilómetros de una carretera en el oriente amazónico ecuatoriano. Ese mismo día el Gobierno estableció el pago del 4% sobre el monto de los contratos de construcción al Ministerio de Defensa Nacional en caso de asuntos de prioridad o seguridad nacional. La carretera era una prioridad porque en ese entonces estaba vigente el conflicto territorial con el Perú.
El descuento del 4% por este contrato no fue realizado en 1986 y durante el Gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992) se lo clasificó como pago pendiente. Tres diferentes procuradores generales del Estado, en tres gobiernos distintos, negaron la solicitud de pago realizada por la constructora porque no hubo participación militar en la construcción.
El 10 de diciembre de 1996 la constructora retomó la pelea. El 1 de julio de 1998 el procurador de la Nación, Milton Alava, desconoció lo resuelto y concluyó que hubo participación militar. Con ese fallo judicial la Andrade Gutiérrez reclamó los valores que se le habían descontado, con intereses y multas, que superaban los 23 millones de dólares y que fueron cancelados durante la administración del presidente de la República interino, Fabián Alarcón (1997-1998). El pago fue considerado como indebido. La carretera, con modificaciones, atrasos, reajustes y el pago por la demanda perdida, terminó costando 106 millones de dólares. Y aún no se la termina y tampoco entra en servicio.
El 20 de diciembre del 2001, La ministra fiscal, Mariana Yépez, emitió un dictamen absolutorio en favor del ex mandatario Fabián Alarcón y del ex procurador, Miltón Alava.
Caso Abraham Correa, general de Policía
En octubre del año 2001, el Consejo de Generales de la Policía Nacional ordena la investigación reservada del director de Asuntos Civiles y Acción Comunitaria, coronel Abraham Correa, y de su ayudante César Zurita, para determinar indicios de mala conducta por una supuesta amistad con Carlos Hong, presunto narcotraficante detenido en Quito el 26 de agosto, en el operativo Halcón, junto a cuatro uniformados y una docena de colombianos.
La información se hace pública el 21 de noviembre por el inspector de Policía, general Edgar Vaca, encargado de investigar las reiteradas visitas de Correa al taller automotriz de Hong, la utilización por parte de Correa de un departamento rentado por Hong y el tráfico de influencias para que Marcela Morán, esposa de Hong, no sea trasladada del cuartel de la Policía Judicial al Centro de Detención Provisional (cárcel más incómoda y peligrosa).
El 23 de noviembre, el general Correa y el capitán Zurita dejan sus cargos para defenderse de las acusaciones, e inmediatamente la Policía los pone a órdenes del Ministerio de Gobierno, organismo que les da 60 días para que presenten las pruebas de descargo. Tres días después la Fiscalía de Pichincha ordena una segunda investigación en el caso. Correa alega su inocencia y acusa al Ministerio Público de violar normas del debido proceso y el legítimo derecho a su defensa. Nueve días más tarde, se inicia una tercera investigación a pedido del Consejo de Generales de la Policía.
Carlos Morales, fiscal de la Unidad Antinarcóticos, entrega el 28 de noviembre a Jenner Larreátegui, presidente de la Corte Superior de Quito, su dictamen con las pruebas de la investigación realizada por miembros de inteligencia de la Policía Nacional, desde abril del 2001. Casi un mes después, el 27 de diciembre, el general Correa solicita que se exhiba un vídeo en el que se observa a varios oficiales y generales participando de una reunión social en Guayaquil junto a Hong, con el cual intenta probar que no es el único general u oficial que conocía a Hong y a su presunto cómplice Eduardo Zambrano Montesdeoca. Previamente, la Fiscalía determina que Carlos Hong entregó un vehículo de lujo (4 x 4) al mayor José Mantilla, agregado policial en la Embajada de Ecuador en Perú.
Según las conclusiones del informe de la Inspectoría General, del 25 de enero de este año, Correa sí mantuvo relación de amistad con los acusados de narcotráfico. Determinó que Correa brindó seguridad, a través del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, a Carlos Zambrano y su hermano y que Carlos Hong prestó a Correa un departamento que alquilaba en Quito y un vehículo en el cual junto con su ayudante, César Zurita, realizaban actividades particulares.
Finalmente, el 27 de enero de este año, el Consejo de Generales de la Policía decide dar de baja al general Correa y a su ayudante. Sin embargo, aún no se aclara lo esencial y de fondo: cuál era el sentido de las relaciones del propio Correa con el presunto narcotraficante y qué de verdad hay en la denuncia del general degradado en el sentido de que los actuales comandantes policiales, miembros de ese Consejo, también mantuvieron relaciones de amistad con Hong y Zambrano.
Presunto sobreprecio en seguro para flota aérea de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas
El escándalo estalla en los primeros días del mes de diciembre del año pasado. Un mes antes, el 8 de noviembre, el Capitán Rogelio Viteri, agregado naval en Londres, denuncia ante el embajador de Ecuador en Inglaterra, el ex presidente Sixto Durán Ballén, las irregularidades cometidas en la contratación con la firma inglesa Heath Lambert de un seguro para la flota de aviones de las Fuerzas Armadas, por alrededor de 14,5 millones de dólares, con un sobreprecio de cuatro millones. La negociación se hizo en Londres y para su adjudicación formal viajaron a esa ciudad cuatro altos oficiales y sus esposas, quienes, además, hicieron una gira por otros países vecinos. Todos los gastos de estadía en Londres y la gira de las señoras fueron pagados por Heath Lambert.
El contrato fue observado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC, una institución estatal que no tiene herramientas legales para sancionar y cuyas investigaciones solo tienen carácter de sanción moral.
Tanto Viteri como el alto mando militar se presentaron ante el Congreso a sustentar sus denuncias y sus argumentos. Viteri fue sancionado por dos ocasiones y retirado de su cargo el 25 de diciembre. Actualmente está en Guayaquil con un nombramiento que sus allegados aseguran no corresponde al grado que él ostenta.
El 10 de enero, la CCCC estableció indicios de responsabilidad penal y administrativa contra los subcomandantes Edgar Guerra (Armada) y Roberto Moya (Ejército) y también contra Marcelo Moscoso (Fuerza Aérea) y de Francisco Rivadeneira, representante de la firma Heath Lambert.
Guerra y Moya, que según los reglamentos militares debían convertirse en enero de este año 2002 en comandantes de sus ramas, quedaron fuera por disposición del presidente de la República, Gustavo Noboa. Moscoso, según ha dicho Noboa, también deberá retirarse. El mayor Byron Vaca aún no tiene destino.
No obstante, con el retiro de esos tres oficiales no se esclarece nada. Los reglamentos militares para la contratación de seguros son secretos y solo una institución estatal, la Contraloría General, tiene entre sus manos el dictamen definitivo.
El 21 de enero la Corte de Justicia Militar inició un juicio penal en contra de los generales Roberto Moya, Marcelo Moscoso, del almirante Édgar Guerra; y, del mayor Byron Vaca en base a las conclusiones del informe de la Comisión Anticorrupción, que determinó responsabilidades penales. Además, la Corte Militar solicitó al ministro de Defensa, Hugo Unda, las liquidaciones de tiempo de servicio de los cuatro sindicados.
EL SALVADOR
Por Linda Hemby
contacto@probidad.org
Probidad y PFC
Títulos falsos
La Fiscalía General detectó 169 casos de abogados con títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encuentran jueces y fiscales. Fueron obtenidos en universidades cuestionables, algunas ya clausuradas, y otras manejadas por personas vinculadas con partidos políticos de la derecha. No hay muchas muestras de voluntad política por parte del Órgano Judicial de sancionar a los "falsos" abogados ni de otros entes para ampliar las investigaciones a otras carreras. El Fiscal General, y el Fiscal Especial que investigó los casos, recibieron amenazas de muerte. Y en diciembre surgió en la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar un decreto para declarar legales todos los títulos cuestionados.
BFA-El Carmen
El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) ha perdido más de 11 millones de dólares por la concesión de créditos irregulares al Ingenio El Carmen. La Fiscalía sostiene que el ex-presidente del BFA, Raúl García Prieto, se asoció ilícitamente con los empresarios Enrique Rais y Héctor Cristiani (primo del ex-presidente de la República, Alfredo Cristiani) para defraudar a esa institución financiera.
FINSEPRO-INSEPRO
El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue descubierto en junio de 1997. El monto de la estafa asciende a más de 130 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 1,400 personas que invirtieron en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Segura Productivas (INSEPRO). Fue detectado por autoridades del Gobierno cuando algunos de los usuarios reclamaron la devolución de sus fondos, pedido que fue rechazado por las financieras. En 2001 un tribunal de conciencia, desestimando las evidencias presentadas por la Fiscalía, declaró penalmente inocentes a Roberto Mathies Hill y Mario Galdamez, los principales imputados en el caso. Mientras que por la vía civil, fueron condenados a reponer a los afectados cerca de 90 millones de dólares, aunque el mismo juez admitió que no hay forma de obligarlos a pagar.
FEDEFUT
En agosto de 1999, la Corte de Cuentas hizo pública su auditoría a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), correspondiente al período 1996-98, y anunció que había detectado un faltante de 35 millones de colones. En agosto/2000, la Corte de Cuentas desvaneció 32 de esos 35 millones de colones. El ente contralor obstaculizó en todo momento las investigaciones de la Fiscalía a tal grado que está última tuvo que realizar, en agosto de 2000, una intervención a las oficinas del ente fiscalizador y secuestrar documentación sobre el caso. Se sospecha que la Corte de Cuentas, controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), ha tratado de encubrir el caso debido a los nexos partidistas con los implicados. En noviembre, los implicados, en los que estaban incluidos funcionarios de la Corte de Cuentas, fueron exonerados, aunque la Fiscalía apeló la resolución.
Casos delicados
Algunos casos de corrupción importantes no fueron abordados con profundidad por los medios de comunicación ni por el gobierno, entre ellos:
Hubo numerosas denuncias sobre irregularidades en la distribución de la asistencia humanitaria relacionada a los terremotos sufridos durante el año 2001, la mayoría relacionadas con el uso de la ayuda para fines partidistas. Hasta la fecha, ni el gobierno, ni las ONGs, las iglesias y otros entes que recibieron fondos, materiales y víveres, han rendido cuentas de su uso.
Algunas investigaciones realizadas por los medios de comunicación revelaron una serie de irregularidades en las que se implicaba a entes gubernamentales y fortalecía las sospechas sobre los vínculos entre algunos salvadoreños con terroristas internacionales. Se cree que Luis Posada Carriles, Ricardo Cavallo y otros individuos y organizaciones criminales internacionales tuvieron una relación estrecha con los escuadrones de la muerte salvadoreños - y con sus patrocinadores de la élite económica - que aterrorizaron al país desde los años 70 hasta los Acuerdos de Paz (1992), y por esto han tenido facilidades para operar desde El Salvador. También muchos consideran que el tratamiento de los casos Talleres Moldtrok y Sertracen por parte de los medios y del gobierno fue limitado por personas y grupos a quienes no les conviene que los vínculos y las actividades oscuras de estas empresas sean revelados.
GUATEMALA
Por Sylvia Gereda
sgereda@elperiodico.com.gt
Directora del Equipo de Investigación elPeriódico
Ministerio de Comunicaciones suscribe contratos fantasmas
A finales del primer año eferregista, salió a luz que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), dirigido por Luis Rabbé, suscribió contratos por un valor de Q 2 mil 298 millones ( equivalentes a US$ 27 millones dólares) con compañías inexistentes o creadas días antes de ganar los contratos. Algunas compañías tenían relación con funcionarios de gobierno; un ejemplo de ello fue la construcción de una carretera por un valor de Q 66 millones de quetzales que fue a dar a manos del militar Jacobo Salán, asesor presidencial y jefe del Estado Mayor Presidencial.
Además funcionarios de esa cartera revelaron que sus directores vendían plazas para ocupar puestos públicos. El descubrimiento de estas anomalías enfureció al Ministro Rabbé, quien utilizo los canales 3 y 7 de televisión propiedad de su cuñado Angel González y desprestigiar a los medios de comunicación. El 20 de febrero del 2001 las instalaciones de elPeriódico fueron atacados por una turba que gritaba consignas en favor de Rabbé.
Sobrevaloración en la venta de placas
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobrevaloró la compra de un lote de placas de circulación para el parque de vehículos en el país por un valor de Q 44.5 millones (aproximadamente 5.5 millones de dólares).
En diciembre del 2,000, el gobierno del presidente Alfonso Portillo declaró dicha compra de emergencia nacional y sin licitación (obviando la Ley de Compras y contrataciones del Estado) se adquirieron las placas a un monto de Q 84.9 millones.
Meses después, la prensa descubrió que la compañía favorecida, Intrinsic Values Corp, radicada en Panamá y que actuó como intermediaria de la empresa alemana UTCH, había sobrevalorado el producto en contubernio con funcionarios de Finanzas Pública.
La negociación la realizó el ciudadano de origen estadounidense Paul Robert Kittay, quien abrió dos cartas de crédito del Banco de Guatemala con una entidad bancaria en Miami, Estados Unidos.
Tras descubrirse la corrupción, el Gobierno indicó que anularía la compra; sin embargo, el Estado no ha podido recuperar el dinero ni las cartas de crédito.
Funcionarios del Ministerio del Interior desviaron Q 90 millones
Un informe de la Superintendencia de Bancos reveló que Q 90 millones pertenecientes a los fondos del Ministerio del Interior fueron depositados en tres entidades bancarias por funcionarios de esa institución para su beneficio personal.
El desvío de fondos fue realizada por Jarol Axel Gil Muñoz, jefe del departamento de presupuesto de la cartera de gobernación, quien abrió cinco cuentas a su nombre y en forma fraccionada depositó mas de Q 90 millones(aproximadamente 11.2 millones de dólares). Con los interés que generó ese dinero adquirió seis residencias.
El descubrimiento obligó al presidente Alfonso Portillo a destituir a Byron Barrientos, Ministro del Interior y sus dos viceministros, Luis Alberto Davíla García y Luis Arturo García Archila. A la fecha todos permanecen prófugos de la justicia.
Sobregiros millonarios en banco estatal
En 1997 la familia de José Armando Llort Quiteño se vio en la necesidad de hipotecar sus fincas cafetaleras. No obstante con la llegada del Frente Republicano Guatemalteco al gobierno, la vida de Llort Quiteño cambió.
Tras el apoyo financiera otorgado al mandatario Alfonso Portillo durante su campaña este lo nombró presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), uno de los bancos con mayor solvencia del país y con el respaldo del Estado.
Durante su gestión las deudas del funcionario fueron saldadas con dinero del banco. Llort se autorizó sobregiros en sus cuentas personales y seis empresas de su propiedad fueron beneficiadas con sobregiros y créditos blandos. También recibieron dinero del banco estatal amigos personales y familiares del Presidente del CHN.
Luego de la denuncia, reporteros de elPeriódico fueron intimidados y el Presidente del CHN fue destituido. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia en El Salvador.
El Seguro Social, botín para los funcionarios
Juan Virgilio Alvarado, presidente de la Junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), aprovechó su influencia para que su empresa personal ganara medio millón de quetzales por colocar Q 50 millones (aproximadamente 6.2 millones de dólares) de fondos de la institución en un banco Estatal. La ley Orgánica del IGSS y el Código Penal prohiben que empleados públicos se beneficien con fondos del Estado. El delito es malversación y competencia desleal.
Las actitudes de Alvarado fueron imitadas por el gerente y subgerente del IGSS, Jose Enrique Urrutia y Alejandro Santizo, quienes adquirieron medicamentos a un precio superior al del mercado. Por ejemplo el diclofenaco fue adquirido a Q 6.20 cuando el valor real es de 22 centavos, lo que provocó que la institución erogara dos millones de más. Además el Vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, utilizó sus influencias para que trabajadores de Kenworth una empresa de su propiedad ocuparan puestos claves en el IGSS y su hijo Juan Francisco Reyes Wyld ocupa el cargo de vicepresidente de la junta directiva del seguro social.
HONDURAS
Por Thelma Mejía
thelma_mejia@yahoo.com
Freelance, anteriormente Jefa de Redacción de El Heraldo
La Cónsul de Honduras en Barcelona
Mercedes Duce, Cónsul de Honduras en Barcelona, salió implicada en un acto de corrupción por el desvío de mas de 25 mil dólares, donados por ciudadanos españoles para los damnificados del huracán Mitch. Duce estafó a los donantes e implicó -falsificando firmas y documentos- a la Fundación María que presidía la ex-primera dama de la nación, Mary de Flores, según documentos en poder del diario. Las denuncias del diario, en un único trabajo de investigación, llevaron a la suspensión de la funcionaria al comprobarse que el dinero donado nunca llegó a los beneficiarios y hasta ahora se desconoce el paradero de los fondos. (El Heraldo/ enero)
Funcionarios cuestionados obtuvieron finiquito
Más de ochenta ex funcionarios, algunos de ellos prófugos de la justicia por enfrentar reparos millonarios, gozan del ansiado finiquito que otorga Probidad Administrativa que los considera "honestos" porque se "enriquecieron lícitamente". La directora de ese organismo, Selma Estrada, les otorgó sin mayor investigación el finiquito a estas personas, muchas de las cuales evaden la justicia por suponerse implicados en actos de corrupción.
Entre los beneficiados por Probidad se encuentran el coronel Rigoberto Padilla Bejarano, quien enfrenta un reparo en la Contraloría superior a los 5 millones de lempiras que sacó de las arcas del Instituto de Previsión Militar para pagar bienes inmuebles a la alcaldía capitalina, pero ese dinero nunca ingresó a las arcas de la comuna.
Otro de los finiquitos entregados por Probidad está el del ex rector universitario, René Sagastume, quien también tiene un reparo de 5 millones de lempiras cuando fue presidente de la junta directiva del Instituto de Previsión de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). (La Prensa, / septiembre)
Evasión Fiscal
Más de 1,400 casos de evasión fiscal, entre ellas 377 empresas pertenecientes a influyentes grupos económicos, son parte del registro que tiene la Dirección Ejecutiva de Ingresos que intenta recuperar cerca de 10 mil millones de lempiras que por defraudación fiscal no entran al Estado. (La Tribuna, / septiembre)
Cuenta especial en las Fuerzas Armadas
Por un monto de más de 130 millones de lempiras, los ex jefes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, manejaron una cuenta especial, abierta en el Banco Central de Honduras, sin haber tenido respaldo del Poder Ejecutivo, revela una investigación de la Contraloría General de la República. La cuenta número 3400-204-K16 fue manejada desde 1984-1998. Los saldos manejados por los altos jefes militares oscilaban desde partidas de 20 hasta 60 millones de lempiras, sin rendición de cuenta alguna. (La Tribuna / noviembre)
Jueza cuestionada
Varias organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que cuestionan el inminente retorno de la abogada Rita Núñez como jueza del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, por ser sindicada en un informe del Comisionado de Derechos Humanos en actos de corrupción, extorsión y chantaje. Las organizaciones señalan que la abogada tiene un historial "poco decoroso" y "consideramos inoportuno, inmoral y fatídico para la justicia hondureña su posible retorno". Núñez asumió la titularidad de juez un mes después y hoy es nominada en una lista de 120 personas para ser escogida como magistrada en la nueva corte de justicia. (El Heraldo/ julio)
Casos delicados
Dentro de las denuncias de corrupción publicadas en el país, dos merecen especial atención:
a) El aparente enriquecimiento ilícito por parte del ex ministro de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), Tomás Lozano, a quien la Dirección Ejecutiva de Ingresos le hizo un reparo de 30 millones de lempiras por evasión de impuestos, pero de acuerdo al titular de esa dependencia, el monto podría ser mayor. Lozano, hombre cercano al presidente Carlos Flores, no ha podido justificar ese reparo y renunció al cargo para dedicarse al manejo de la dirección de campaña del Partido Liberal en las recientes elecciones de noviembre de 2001, donde su partido perdió los comicios. Sin embargo, el goza de inmunidad parlamentaria y la prensa ha guardado un silencio absoluto sobre este caso, pues la denuncia sólo fue publicada por el semanario Tiempos del Mundo en octubre del 2000, pero el caso no siguió y goza de una censura en los medios.
b) No hay seguimiento a las partidas secretas que usaron los jefes militares, así el desvío de 5,2 millones de dólares en que se vio involucrada la cúpula del ex general Mario Hung Pacheco, cuando hace cuatro años desvió fondos para pagar impuestos municipales que nunca llegaron a las arcas de la alcaldía y hace una semana un tribunal los exoneró de culpas, pese a las evidencias y documentos presentados por la fiscalía.
MEXICO
Por Alma Delia Fuentes
afuentese@yahoo.com
Freelance, ex editora de Noticias
Univisión On Line México
El toallagate
Los datos estaban ahí, al alcance de todos. Pero sólo una los vio. Gracias a una revisión acuciosa de un sitio en Internet, la reportera Anabel Hernández dio a conocer lo que sería el mayor escándalo de la joven presidencia de Vicente Fox.
"Toallas de 4 mil pesos (400 dólares)" esa fue la portada del diario Milenio el 19 de junio para dar a conocer el costo de solo uno de los insumos adquiridos para el menaje de las cabañas en donde vive el Presidente de México y su hija mayor, Ana Cristina, y que fueron remodeladas a un costo de 600 mil dólares.
El mismo día, Carlos Rojas Magnon, asesor de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, luego de señalar como "totalmente erróneo difundir que se ha pagado más de lo necesario" confirmó las cifras y los datos de lo que se está gastando en los enseres de la residencia. Muchas cosas quedaron sin respuesta pero Carlos Rojas ya no quiso ahondar en la información.
Por ejemplo, según Rojas, la compra de 18 sábanas había tenido un costo de 3,880 dólares, pero según Compranet, el precio fue de 3,857 por juego (adquirieron un total de cuatro).
Pero la cuestión no paro en sábanas y toallas, pues, por ejemplo, también compraron un cenicero de mármol en cien dólares, 22 sillones por 33 mil dólares y manteles de tres mil, todos importados.
Rojas trató infructuosamente de explicar la compra diciendo que se habían propuesto "evitar gastos innecesarios", además de que los muebles y demás enseres "son propiedad de la Nación y que se quedarán ahí cuando termine su administración el Presidente Vicente Fox", ¿o sea que el próximo presidente de México usará toallas de segunda mano?
Un día después de darse a conocer el "toallagate", el presidente Fox, quizá aún ajeno a las implicaciones del escándalo, se mostró orgulloso de que "hasta el precio de las toallas es público: está en Internet", muestra de la "transparencia" de su administración.
Sin embargo, al mandatario se le olvidó que Compranet (http://www.secodam.gob.mx/index1.html), Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales público, existe desde 1997.
Pese a que Fox anunció que caerían cabezas por el escándalo, la única que rodó fue la de Carlos Rojas Magnon, quien junto con tres de sus colaboradores renunció a su cargo el 26 de junio.
Francisco Barrio, secretario de la Contraloría, informó que como resultado de la revisión de las operaciones se detectaron cuatro irregularidades: precios de contratación elevados, aceptación de facturación global, surtido de productos distintos a los contratados y pago indebido de anticipo al proveedor.
El año terminó y la falsificación de notas y facturas, así como la alteración de precios de lo que se adquirió para acondicionar las cabañas de la residencia oficial quedaron en la impunidad, nadie fue a prisión.
Lo que si hubo fue una boda para levantar los bajos índices de popularidad del presidente: se casó en una de las famosas "cabañas" el 2 de julio, justo un año después de su triunfo electoral.
La fuga del año
Joaquín Guzmán Loaera, el "Chapo", considerado por la DEA como uno de los hombres más peligrosos para Estados Unidos (EU), abrió el primer año de gobierno de Vicente Fox con una espectacular fuga de un penal de "alta seguridad".
Considerado el "jefe del cártel de Sinaloa" (al noroeste de México), "El Chapo" fue apresado en 1993, acusado de participar en el asesinato de un cardenal en lo que, según la policía mexicana, fue un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes ocurrido en pleno aeropuerto de la occidental ciudad de Guadalajara.
Preso desde entonces en "Puente Grande", Jalisco, Guzmán vivió a sus anchas (fiestas, mujeres y hasta computadora con acceso a Internet), pese a las supuestas condiciones de máxima seguridad del penal.
Sin embargo, luego del cambio de régimen en México (tras 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI), sumado a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de autorizar la extradición de presos para ser juzgados en EU, el Chapo se puso "nervioso" y decidió terminar su temporada de interno.
Dado que según su ex amante - presa también en Puente Grande -, Guzmán ponía y quitaba funcionarios carcelarios a su antojo, éste pudo hacer los arreglos convenientes para su fuga el 19 de enero del 2001, ocultándose en un carrito para transportar ropa sucia.
Las investigaciones posteriores destaparon la red de corrupción que rodeaba al Chapo, y que involucran en la fuga a un total de 60 ex funcionarios y custodios del penal, además de cuatro de sus cómplices.
Pese a las numerosas promesas de Vicente Fox, respecto a que el Chapo caería pronto, al terminar el año no había ocurrido ninguna captura, aunque desde la clandestinidad, Guzmán solicitó un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, donde tiene un juicio pendiente por narcotráfico en el estado de California.
Revista Proceso denuncia al director de la Agencia Gubernamental de Noticias (Notimex)
El semanario Proceso, con 25 años de historia, demandó ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) a Francisco Ortiz Pinchetti director general de la agencia gubernamental de noticias, Notimex, por presunto uso de bienes públicos de la agencia oficial de noticias con fines particulares.
La historia empezó en el primer semestre del año, cuando Ortiz Pinchetti, junto con su hijo, Francisco Ortiz Pardo - ambos reporteros de Proceso - fueron asignados para la cobertura de los actos de campaña Vicente Fox, entonces candidato a la presidencia del país por el conservador Partido Accion Nacional (PAN). Sin embargo, en medio de rumores y versiones encontradas, los Ortiz (padre e hijo) fueron retirados de la revista, el 7 de junio del 2000 según ellos, por haber sido "censurados" en su trabajo periodístico.
Luego del triunfo de Fox, Ortiz Pinchetti fue nombrado director general de Notimex, y el 26 de junio del 2001, publicó -en coautoría con su hijo -, El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró .
De este libro, la agencia noticiosa difundió no sólo los materiales informativos pertinentes, sino un capítulo íntegro, con el que pretendían evidenciar la supuesta censura de su trabajo en el semanario, pero que según la revista, eran textos "complacientes, sin una dosis mínima de crítica".
Luego de la difusión de El fenómeno Fox a través de Internet, Proceso solicitó a la Secretaría de Gobernación (Interior) --de la que depende Notimex--, sancionar a Ortiz Pinchetti por el uso de la agencia para realizar una "campaña de calumnias" y utilizar recursos públicos en la difusión del libro
Luego de una auditoría, el 12 de diciembre Francisco Ortiz Pinchetti fue inhabilitado de ejercer cualquier cargo público durante un año y sancionado con una multa de 262 dólares, porque haber incurrido "en la utilización indebida de los medios y recursos de la institución para su beneficio". El ex funcionario afirmó que apelaría esa resolución empleando todas las instancias legales a su alcance.
Desvíos en la Lotería Nacional
Los problemas empezaron en 1999, cuando la Contraloría y tres denuncias impuestas por el propio Carlos Salomón Cámara, entonces director de la Lotería Nacional, levantaron suspicacias y provocaron que se investigara el Programa de Donativos de la Institución.
Millonarios desvíos, donaciones "fantasma" y falsificación de firmas y documentos oficiales fueron algunas de las denuncias que empañaron la imagen de quien fuera vocero del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), y flamante asesor de Martha Sahagún Jiménez, ex vocera y actual esposa de Vicente Fox
Salomón fue requerido en varias ocasiones para declarar respecto a los hechos, sin acudir al llamado del juez en ocho meses, lo que ocasionó suspicacias.
Pero, protegido por las cortes celestiales del poder en México, el ex funcionario salió limpio de toda sospecha, manteniendo a toda costa su versión de que nada tuvo que ver con desviación de dinero, olvidando que fue él mismo quien firmó tanto contratos como donativos que aparecen en las causas penales y que los integrantes de su primer cuadro de trabajo están presos o prófugos.
En abril, y luego de una investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Salomón fue exonerado.
Sin embargo, en diciembre pasó de acusador a acusado y la Secodam presentó una denuncia en su contra por irregularidades que causaron un quebranto superior a los seis millones de dólares.
Según las pesquisas (iniciadas en junio), la administración de Salomón Cámara autorizó - personalmente o por conducto de otros - a diversas sociedades mercantiles como expendedoras de billetes de Lotería Nacional en las que tenía intereses Domingo Muguira Revuelta, tío de su esposa
La investigación también arrojó que las empresas en cuestión no pudieron -o no quisieron- saldar la deuda correspondiente por el concepto de venta de billetes, por lo que ofrecieron bienes inmuebles para saldar sus deudas, pero Carlos Salomón Cámara aceptó la liquidación por debajo de su monto real. Además, los bienes que entregaron fueron aceptados con avalúos que fijaron el precio muy por encima de su valor en el mercado.
Ante esto, el ex funcionario afirmó que un "político de reconocido prestigio nacional" había establecido una campaña en su contra y dijo que daría a conocer el nombre de ese político, pero no cumplió su promesa
Al terminar el año, no se habían dado a conocer resultados concretos de la investigación, aunque Salomón Rojas fue inhabilitado del servicio público por causar un daño por 6 millones 333 mil dólares.
Por cierto, que la administración de Vicente Fox tampoco se ha librado de las irregularidades que privan en esta dependencia, pues según informó la Secodam, Laura Valdés, directora general de la Lotería Nacional, es investigada debido a una asignación directa de un contrato por 186 mil 500 dólares concedido a Sergio Borbolla como asesor externo, pero supuestamente, este hombre también cobraba en esa dependencia como director adjunto desde el 1 de enero. La relación entre ambos data de 15 años atrás, cuando trabajaban en la iniciativa privada.
Corrupción empresarial
La corrupción en México cuenta con tentáculos que llegan al sector privado. Numerosos empresarios y banqueros se han beneficiados de las redes de complicidades que existen en dependencias públicas.
Consecuencia de la terrible crisis económica que sufrió el país en diciembre de 1994, luego de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, los mexicanos comprobaron una vez más que la justicia no es como la pintan, cuando Carlos Cabal Peniche, ex banquero prófugo durante cuatro años en Australia, país al que huyo de lo que ha calificado en numerosas ocasiones de "persecusión" del régimen del (ex) presidente Ernesto Zedillo
Persecusión o no, lo cierto es que los auditores oficiales informaron que el costo para los mexicanos de rescatar y liquidar Banca Cremi-Unión, propiedad de Cabal, fue de 7 mil 900 millones de dólares.
Se descubrió más tarde que Cabal constituyó varios fideicomisos para financiar las campañas presidenciales del asesinado Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo; candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 11 de noviembre de 1998, Cabal fue descubierto en Australia, donde vivía con un nombre falso. La Interpol lo capturo, y tras un largo proceso de extradición, en septiembre regresó a México para enfrentar 15 denuncias penales en su contra. Sin embargo, el empresario nunca pisó la cárcel
En menos de una semana Cabal Peniche recibió 13 autos de libertad en el fuero federal, y únicamente dos autos de formal prisión en el fuero común, de los cuales se libró gracias al pago de fianzas.
Los jueces responsables de liberar al ex banquero, señalaron que la Procuraduría General de la República no demostró la "calidad específica de sujeto activo" del acusado; es decir, Cabal era presidente del consejo de administración del Banca Cremi-Unión, y los delitos se le imputaron en calidad de "funcionario o empleado", por lo que no se demostró su nexo con el delito.
Además, en tres casos las autoridades mexicanos interpusieron la demanda fuera de tiempo. Ya había prescrito el delito en razón de que la querella se interpuso más de un año después de que la autoridad conoció del acto ilícito y del presunto culpable.
NICARAGUA
Por Jorge Loaisiga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Prensa
Los "checazos"
Cheques (hasta por más de medio millón de dólares) que emitió la estatal empresa Nicaragüense del petróleo (PETRONIC) a solicitud de la Dirección General de Ingresos en concepto de pago de impuestos en forma de Notas de Crédito, que dirigía, Byron Jerez Solís, fueron utilizados para comprar dólares en una casa de cambio privada y luego esos dólares se usaron para pagar una deuda de la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios, en la cual el presidente Arnoldo Alemán, sus familiares y colaboradores más cercanos tienen acciones. Esos cheques también alimentaron una cuenta en un banco extranjero de Jerez, denominada Agropecuaria Río Grande SA, sociedad que fue creada y está inscrita en Panamá.
El Helipuerto
El Presidente Arnoldo Alemán se construyó en su hacienda El Chile, ubicada en el Crucero, a unos 20 kilómetros al sur de Managua, un helipuerto. Esto fue descubierto en abril del 2001, cuando a Alemán le quedaban pocos meses para dejar el poder. La construcción de la obra se financió con la asignación presuestaria para gastos confidenciales de la presidencia de la República. El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, confirmó que la obra se construyó con los fondos del Estado.
Banic
La quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) que perdió más de 200 millones de córdobas en créditos irrecuperables otorgados a empresas vinculadas con los directivos del banco, empresas "fantasmas" y empresas de testaferros de directivos de la institución financiera.
Enitel
Más de 45 millones de córdobas pudieron haber salido de las arcas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), para pagar contratos irregulares entre esa institución estatal y dos empresas de construcción y telecomunicaciones que, según el Contralor Luis Ángel Montenegro, nunca terminaron los proyectos de líneas telefónicas en Matagalpa y Bluefields. Montenegro, uno de los cinco magistrados de la Contraloría de la República, dijo que han encontrado graves anomalías en la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación telefónica. El ex socio del Banco del Café, Ronald Calero Lara, presidente de lasempresas Instalinex y Calero Pereira Construcciones, con quienes firmaron los contratos, habría sido el principal beneficiario del dinero del Estado.
Jefe de Auditoría de la Contraloría
La empresa Modultecsa, en la que tenía participación accionaria el yerno del presidente , Arnoldo Alemán, Gerónimo Gadea, fue beneficiada por el Ministerio de Transporte el Infraestructura (MTI) con dos contratos de más de seis millones de córdobas por la construcción de una carretera de 120 kilómetros, que no se ejecutó, en el tramo San Pedro del Norte-La Cruz de Río Grande-El Tortuguero. Este caso está incluido en el informe de auditoría externa que practicó la firma de auditores Hernández Ruiz y Compañía, que encontró deficiencias administrativas y financieras en el uso de casi más de 20 millones de córdobas, y la presunta modificación del informe de verificación realizado por la Contralo
Hay que aclarar que el hecho de que los casos hayan sido los más destacados, eso no implica que fueron los más importantes en términos de impacto económico o humano, sino que estos obtuvieron la mayor atención de parte de los medios. Para contrastar este situación, por ejemplo en el caso de El Salvador y Honduras han sido mencionados algunos casos delicados a los que los medios decidieron no dar seguimiento.
El sumario fue organizado por Probidad, una organización anticorrupción que maneja iniciativas en El Salvador y a nivel regional, entre ellas Periodistas Frente a la Corrupción (PFC). Uno de los servicios de PFC es la recopilación y difusión, de lunes a viernes, de reportajes y editoriales provenientes de más de 50 medios impresos y virtuales latinoamericanos. De la realización de esta actividad se pueden generar varias conclusiones sobre el tratamiento que dan al problema de la corrupción los medios de comunicación, identificando cuáles temas reciben mayor atención y cuáles no son tratados, así como el nivel y calidad de la investigación principal y del seguimiento, entre otras evaluaciones. Para los propósitos de este sumario cabe mencionar que los casos seleccionados por cada país, guardan resonancia con la atención que recibieron en los medios impresos más importantes.
También es notable señalar que cada vez más la corrupción latinoamericana se está manifestando como un fenómeno transfronterizo, con actores locales que tienen nexos con corruptos de otros países y con el tráfico de drogas y armas, el terrorismo y por supuesto, con el lavado de dinero. Por eso no es sorprendente que los periodistas y medios que investigan el flagelo sean víctimas de censura, legislación y fallos judiciales que minan el acceso a la información y la libertad de expresión, y que sean blancos de ataques verbales de funcionarios, violencia y asesinatos.
A pesar de sus deficiencias y de las críticas que son blancos, los medios de comunicación latinoamericanos, más que ningún otro esfuerzo anticorrupción en la región, han cumplido con mantener el tema de la corrupción en la agenda pública. Por ello, los periodistas y medios comprometidos con su papel fiscalizador frente a la corrupción merecen nuestro respeto y apoyo, para que continúen siendo importantes catalizadores capaces de generar indignación ciudadana, y de conducirla hacia actitudes y acciones que prevengan y controlen la corrupción en todas las esferas de la sociedad.
- Reportaje sobre el Informe
- Chile, corrupción ajustada a derecho
- Un ranking de la corrupción latinoamericana en 2001
- Uruguay en la mitad de la tabla
- Comentarios sobre el informe
- Casos de corrupción: Resúmenes por país : Argentina - Bolivia - Colombia - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - República Dominicana - Uruguay - Venezuela
ARGENTINA
Por Dafne Sabanes Plou
daphne@sinectis.com.ar
Corresponsal para las agencias
ALAI, de Ecuador, y Noticias Aliadas, de Perú
En materia de corrupción en el ejercicio del poder, el 2001 dejó a los argentinos un sabor amargo y hasta doloroso. Los hechos más importantes que estuvieron sobre el tapete este año, algunos de los cuales ya llevan tiempo de cometidos, por ahora permanecen impunes y esto lástima, avergüenza y enoja a la ciudadanía que ya no soporta tanta afrenta. Me referiré brevemente a tres de los casos más connotados:
El pago de coimas en el Senado de la Nación
Si bien este hecho ocurrió cuando se aprobó la nueva Ley de Trabajo, en 2000, la supuesta investigación de los hechos finalizó este año, y la justicia desestimó la acusación a varios senadores de haber recibido coimas para votar la ley y al Poder Ejecutivo por haberlas pagado (sumas de entre 50 mil y 80 mil dólares, según se mencionó en algunos medios) por falta de méritos para continuar con la causa.
El escándalo que desató esta denuncia provocó la renuncia del entonces vicepresidente de la Nación, Carlos Alvarez, el resquebrajamiento de la Alianza gobernante y la destrucción de la imagen que había creado el nuevo gobierno de transparencia y lucha contra la corrupción durante la campaña electoral, uno de los puntos en su plataforma que seguramente le permitió ganar más votos y apoyo en la ciudadanía.
Que un hecho tan delicado y que tanta repercusión tuvo en la opinión pública quedara en la nada, puso en tela de juicio a las principales instituciones del país y aumentó el descreimiento de la población en la clase política, la justicia y las estructuras de gobierno.
El Lavado de Dinero
A mediados de 2001 otra denuncia importantísima volvió a conmover a los argentinos. Se trató del caso del lavado de dinero, en el cual parecían estar involucrados políticos, inversionistas, bancos extranjeros, personeros en el extranjero, etc. La diputada Elisa Carrió presidió una comisión legislativa de diez miembros (entre senadores y diputados) y obtuvo información confidencial y de primer nivel del propio Congreso de los Estados Unidos. La comisión "Carrió", como se la denominó en un momento, hizo una minuciosa investigación y estudio de los documentos, entrevistó a decenas de personas, realizó investigaciones locales, etc. Pero no pudo llegar a un dictamen unido. Por el contrario, fueron tres los dictámenes que presentó. Las denuncias que surgieron de esta investigación fueron a la justicia y poco se sabe de la suerte corrida por las mismas. De tantos datos, cifras, nombres, discursos contra la corrupción y torbellino de denuncias quedó poco en claro y nuevamente la ciudadanía tiene la sensación de haber puesto su esperanza en un castillo de naipes.
El caso del contrabando de armas a Croacia y Ecuador
Este ha sido el caso más sonado y con mayor repercusión internacional. El ex presidente Carlos Menem y varios de sus colaboradores, incluyendo al jefe del Ejército durante su gobierno, fueron acusados de asociación ilícita para vender armas ilegalmente a Croacia y Ecuador durante su primer gobierno. Menem fue detenido, y si bien tuvo una prisión de lujo, estuvo varios meses encarcelado en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Pero por fallo de la Corte Suprema salió en libertad en noviembre. Se desestimó la figura de asociación ilícita y ya no pudo quedar encarcelado. También quedaron libres sus colaboradores, que habían sido encarcelados bajo la misma figura penal.
Hay un hilo conductor en estos tres casos que nos lleva al sistema judicial argentino. Este sistema está en crisis y la población considera que también es corrupto. Durante el gobierno de Menem se nombraron varios jueces federales que siempre beneficiaron al poder con sus fallos. También se elevó de 5 a 9 los miembros de la Corte Suprema y varios de sus nuevos miembros son notorios amigos personales del ex- presidente, entre ellos el mismo presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien fue socio de los hermanos Menem en el estudio jurídico que estos tenían en La Rioja, su provincia natal.
En las protestas populares que recorren las calles de las grandes ciudades argentinas a diario, se reclama como prioridad la renuncia de la Corte Suprema. Se sospecha de la parcialidad de sus miembros y se los acusa de favorecer la impunidad de aquellos que, cometiendo diversos delitos, arruinaron la economía del país en la última década. Todos los miembros de la Corte tienen varios pedidos de juicio político, por distintas causas, pero hasta finales del 2001 ninguno de estos pedidos había sido considerado seriamente por las cámaras legislativas, que son las que pueden, de acuerdo con la Constitución Nacional, implementar el juicio político y, eventualmente, decidir la destitución.
Mientras reine la impunidad en las altas esferas del poder, el pueblo argentino seguirá sufriendo las consecuencias de la corrupción política y económica que ha provocado estragos en el país, entre ellos el 41% de la población viviendo en la pobreza y la trágica cifra de 100 niños que mueren diariamente por causas que podrían prevenirse con buena alimentación y atención sanitaria básica.
BOLIVIA
Por Fátima López
surlopez@yahoo.com
Semanario "Pulso"
Caso Landivar: estafa al Estado por 60 millones de $US
Roberto Landívar Roca, parlamentario y diputado nacional por Nueva Fuerza Republicana (NFR), malversó 60 millones de dólares del Estado a través de una quiebra fraudulenta del Banco BIDESA, del cual era su Presidente Ejecutivo. Amparado en el poder político y la impunidad, burló la justicia reiteradas veces. Hoy, por una decisión política del Presidente Jorge Quiroga, guarda detención en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Caso Beechcraft: compra irregular de avión presidencial
Otro de los casos de corrupción denunciados por la prensa boliviana fue la compra irregular del avión presidencial "BEECHCRAFT".
La nave no solo fue adquirida con un sobreprecio escandaloso sino que para su adquisición se usaron fondos destinados a la atención de las víctimas de los terremotos de Aiquile y Totora ocurridos en el departamento de Cochabamba.
El ex-Presidente de la República, Hugo Banzer, participó personalmente en la negociación, pero la Contraloría General de la República lo excluyó de toda responsabilidad, dejando solo a su fiel colaborador y ex- Ministro de Defensa Fernando Kieffer.
El caso aun no ha sido resuelto.
Caso policías y ladrones: red delincuencial peruano-boliviana
Luego de nueve atracos a mano armada en distintas entidades bancarias, ocurridos en las ciudades de La Paz y Cochabamba, los Servicios de Inteligencia logran descubrir a una poderosa red delincuencial peruano-boliviana integrada por policías.
La guerra interna desatada entre los miembros de la policía de Bolivia obliga al poder ejecutivo a apurar una reestructuración de la institución frustrada anteriormente.
Cambiar a la policía es una tarea pendiente en la agenda del 2002.
Fuente informativa: SEMANARIO PULSO-AÑO 3-NUMERO127 y RED PAT
COLOMBIAPor Norbey Quevedo
norbey99@hotmail.com
El Espectador
Termorio
Un tribunal de arbitramento condenó a la Nación colombiana a pagar 61 millones de dólares a la electrificadora Termorio, por un supuesto incumplimiento con el Estado. Sin embargo, se descubrió que Marino Zuluaga, un abogado quien representaba los intereses del Estado hizo poco para ganar el pleito, pese a que recibió honorarios cercanos a los 300 mil dólares.
En medio del escándalo se conocieron grabaciones entre el superintendente de servicios públicos, Enrique Ramirez Yañez, y otras personas en donde hablaban para beneficiarse de los dineros públicos. Por estos hechos el superintendente fue destituido y encarcelado por los delitos de peculado e interés ilícito en celebración de contratos. Otros participes en el negocio también están en la cárcel.
Federación Colombiana de Fútbol
Álvaro Fina Domínguez, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Iván Ceballos revisor fiscal de esa Federación y otros dirigentes del fútbol colombiano, a espaldas del país firmaron millonarios contratos con la firma Copa LLC para comercializar los derechos de la Copa América.
Documentos, contratos, cartas y testimonios pusieron al descubierto que parte de los dineros ingresaron a los bolsillos de Fina y varios dirigentes deportivos, así como de empresarios amigos del presidente de la Federación.
Por estos hechos un tribunal le imputó nueve cargos al presidente Fina.
Dragacol
Dos jueces dejaron vencer los términos judiciales de un proceso y así quedaron en libertad Hugo Escobar Sierra y Reginaldo Bray, señalados como los cerebros de una defraudación a la Nación por 20 millones de dólares a través de una conciliación que se hizo entre el Estado a través del ministerio de Transporte y la empresa privada Dragacol.
Acertar
Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia, dejó su cargo porque su esposa Julia Lucia Pardo, dueña de la empresa Acertar firmó contratos por cerca de tres millones de dólares con diversas entidades del Estado. Sin embargo, la referida empresa nuevamente se beneficio de contratos con el Estado por 700 mil dólares. El caso quedó radicado en la Procuraduría.
BANPACÍFICO
Este banco quebró, pero había recibido del gobierno cerca de 20 millones de dólares de impuestos del Gobierno. A través de la sociedad WestSphere Capital Andina, se denunció que el embajador de Colombia en Washington, Luis Alberto Moreno, y el ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, entre otros se beneficiaron del negocio. El caso está en manos de la Fiscalía.
ESAP
El parlamentario Mario Rincón intervino para el nombramiento de cerca de 100 de sus seguidores políticos y les dio contratos a otros 100 en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Por ello perdió su condición de congresista.
COSTA RICA
Por Pablo Barrantes
pablobarrantes@yahoo.com
Corresponsal/CNN Radio Noticias
Radio María
Es el caso que reveló mas corrupción y que fue el mayor registrado durante el año 2001; donde se ve envuelta la iglesia católica.
El Padre Católico Minor Calvo se hace cargo de una estación de radio en la Frecuencia Modulada, la cual creció en menos de dos años como nunca había crecido un medio de comunicación en este país.
Con una programación católica, la emisora llegó a ser cuestionada tras varias investigaciones periodísticas que dieron con informaciones tales como malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por parte de los jerarcas de la estación, que en ese momento era el Padre Minor.
Por medio de un programa local -"La Patada" en Radio Monumental- se revelan las irregularidades de Radio María, y tras varios meses de escándalo, la cúpula de la iglesia se ve seriamente afectada por la mala imagen que revelaban las diversas denuncias.
Antes que se dijera mas del asunto y se revelaran otros casos de corrupción en Radio María, tres sujetos buscaron al productor del Programa "La patada" y lo asesinaron, sin que hasta ahora, la policía y las investigaciones sobre tal asesinato den con los responsables.
Universidad
Este caso se dio en la Universidad de Costa Rica, una institución de amplio reconocimiento por la formación de sus estudiantes, además que dicha casa de enseñanza pertenece al Estado y por ende es una institución pública.
Aparece una red de pedofilos y proxenetas, a los cuales denuncia la organización no gubernamental Casa Alianza, ya que las mismas instalaciones de la universidad sirven para la realización de fiestas donde participaban menores de edad. Además, servía como centro de producción de material pornográfico, material que se producía con equipos de la misma universidad.
Dentro de los responsables por los hechos de corrupción contra niños y niñas menores de edad, aparecen funcionarios del mismo centro de enseñanza. Casa Alianza informó que era una red que servía para la prostitución de los menores.
Sentencia
Luego de varios años de recopilar pruebas en contra de los ex directivos de un banco estatal, el desaparecido Banco Anglo, los responsables por la quiebra de la institución fueron llevados años después, en el 2001, a los tribunales para hacerles un juicio.
Dicha acción legal en contra de los que llevaron al Banco Anglo a la quiebra, error por el cual tuvo que pagar toda la población, ya que se tuvieron en aquel entonces que aplicar nuevas medidas fiscales para aplacar la gran deuda del banco con el Estado, y por supuesto es al pueblo al que le toca pagar los platos rotos. La esperada sentencia, sumó años de cárcel para los responsables. El documento condenatorio tardó en su lectura poco más de 10 días, en contra de los responsables de aquella inolvidable quiebra. Lo extraño es que luego de toda esa historia, los hoy responsables con todo y pruebas en su contra, están libres y ejerciendo su trabajo y profesión, dos de ellos en Chile viviendo y comiendo de lo que se llevaron del banco, y el resto, que suman unos 7, siguen libres como que si nada hubiera pasado.
ECUADOR
Por Rubén Buitrón
rbuitron@eluniverso.com
Editor General
El Universo
Un caso de más de 15 años
N de la R: En el día de la fecha hemos recibido la aclaratoria que abajo se transcribe a raiz del error contenido en el artículo que sigue.
En el editorial suscrito por Rubén Darío Buitrón y difundido en la página "Off news.info", se cita erróneamente a la Construtora Norberto Odebrecht S. A., como socia de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Consecuentemente, solicito se rectifique el error, pues, a lo largo de 20 años y durante toda su actuación en Ecuador, Construtora Norberto Odebrecht S. A jamás se ha asociado para ningún contrato con la empresa brasileña de construcciones, Andrade Gutiérrez. Ciertamente, tampoco lo hizo para la construcción de la carretera Méndez Morona, contrato citado en el informe "Corrupción Latinoamericana: los casos más destacados en 2001".
Por la pronta atención a la presente, le anticipo mis agradecimientos
Esteban Michelena
COMUNICACION
Construtora Norberto Odebrecht
QUITO-ECUADOR
El 20 de julio de 1985, durante el gobierno socialcristiano del ingeniero León Febres-Cordero, la constructora Andrade Gutiérrez, ganó la adjudicación de un contrato,por 36 millones de dólares, para construir 143 kilómetros de una carretera en el oriente amazónico ecuatoriano. Ese mismo día el Gobierno estableció el pago del 4% sobre el monto de los contratos de construcción al Ministerio de Defensa Nacional en caso de asuntos de prioridad o seguridad nacional. La carretera era una prioridad porque en ese entonces estaba vigente el conflicto territorial con el Perú.
El descuento del 4% por este contrato no fue realizado en 1986 y durante el Gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1992) se lo clasificó como pago pendiente. Tres diferentes procuradores generales del Estado, en tres gobiernos distintos, negaron la solicitud de pago realizada por la constructora porque no hubo participación militar en la construcción.
El 10 de diciembre de 1996 la constructora retomó la pelea. El 1 de julio de 1998 el procurador de la Nación, Milton Alava, desconoció lo resuelto y concluyó que hubo participación militar. Con ese fallo judicial la Andrade Gutiérrez reclamó los valores que se le habían descontado, con intereses y multas, que superaban los 23 millones de dólares y que fueron cancelados durante la administración del presidente de la República interino, Fabián Alarcón (1997-1998). El pago fue considerado como indebido. La carretera, con modificaciones, atrasos, reajustes y el pago por la demanda perdida, terminó costando 106 millones de dólares. Y aún no se la termina y tampoco entra en servicio.
El 20 de diciembre del 2001, La ministra fiscal, Mariana Yépez, emitió un dictamen absolutorio en favor del ex mandatario Fabián Alarcón y del ex procurador, Miltón Alava.
Caso Abraham Correa, general de Policía
En octubre del año 2001, el Consejo de Generales de la Policía Nacional ordena la investigación reservada del director de Asuntos Civiles y Acción Comunitaria, coronel Abraham Correa, y de su ayudante César Zurita, para determinar indicios de mala conducta por una supuesta amistad con Carlos Hong, presunto narcotraficante detenido en Quito el 26 de agosto, en el operativo Halcón, junto a cuatro uniformados y una docena de colombianos.
La información se hace pública el 21 de noviembre por el inspector de Policía, general Edgar Vaca, encargado de investigar las reiteradas visitas de Correa al taller automotriz de Hong, la utilización por parte de Correa de un departamento rentado por Hong y el tráfico de influencias para que Marcela Morán, esposa de Hong, no sea trasladada del cuartel de la Policía Judicial al Centro de Detención Provisional (cárcel más incómoda y peligrosa).
El 23 de noviembre, el general Correa y el capitán Zurita dejan sus cargos para defenderse de las acusaciones, e inmediatamente la Policía los pone a órdenes del Ministerio de Gobierno, organismo que les da 60 días para que presenten las pruebas de descargo. Tres días después la Fiscalía de Pichincha ordena una segunda investigación en el caso. Correa alega su inocencia y acusa al Ministerio Público de violar normas del debido proceso y el legítimo derecho a su defensa. Nueve días más tarde, se inicia una tercera investigación a pedido del Consejo de Generales de la Policía.
Carlos Morales, fiscal de la Unidad Antinarcóticos, entrega el 28 de noviembre a Jenner Larreátegui, presidente de la Corte Superior de Quito, su dictamen con las pruebas de la investigación realizada por miembros de inteligencia de la Policía Nacional, desde abril del 2001. Casi un mes después, el 27 de diciembre, el general Correa solicita que se exhiba un vídeo en el que se observa a varios oficiales y generales participando de una reunión social en Guayaquil junto a Hong, con el cual intenta probar que no es el único general u oficial que conocía a Hong y a su presunto cómplice Eduardo Zambrano Montesdeoca. Previamente, la Fiscalía determina que Carlos Hong entregó un vehículo de lujo (4 x 4) al mayor José Mantilla, agregado policial en la Embajada de Ecuador en Perú.
Según las conclusiones del informe de la Inspectoría General, del 25 de enero de este año, Correa sí mantuvo relación de amistad con los acusados de narcotráfico. Determinó que Correa brindó seguridad, a través del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, a Carlos Zambrano y su hermano y que Carlos Hong prestó a Correa un departamento que alquilaba en Quito y un vehículo en el cual junto con su ayudante, César Zurita, realizaban actividades particulares.
Finalmente, el 27 de enero de este año, el Consejo de Generales de la Policía decide dar de baja al general Correa y a su ayudante. Sin embargo, aún no se aclara lo esencial y de fondo: cuál era el sentido de las relaciones del propio Correa con el presunto narcotraficante y qué de verdad hay en la denuncia del general degradado en el sentido de que los actuales comandantes policiales, miembros de ese Consejo, también mantuvieron relaciones de amistad con Hong y Zambrano.
Presunto sobreprecio en seguro para flota aérea de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas
El escándalo estalla en los primeros días del mes de diciembre del año pasado. Un mes antes, el 8 de noviembre, el Capitán Rogelio Viteri, agregado naval en Londres, denuncia ante el embajador de Ecuador en Inglaterra, el ex presidente Sixto Durán Ballén, las irregularidades cometidas en la contratación con la firma inglesa Heath Lambert de un seguro para la flota de aviones de las Fuerzas Armadas, por alrededor de 14,5 millones de dólares, con un sobreprecio de cuatro millones. La negociación se hizo en Londres y para su adjudicación formal viajaron a esa ciudad cuatro altos oficiales y sus esposas, quienes, además, hicieron una gira por otros países vecinos. Todos los gastos de estadía en Londres y la gira de las señoras fueron pagados por Heath Lambert.
El contrato fue observado por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, CCCC, una institución estatal que no tiene herramientas legales para sancionar y cuyas investigaciones solo tienen carácter de sanción moral.
Tanto Viteri como el alto mando militar se presentaron ante el Congreso a sustentar sus denuncias y sus argumentos. Viteri fue sancionado por dos ocasiones y retirado de su cargo el 25 de diciembre. Actualmente está en Guayaquil con un nombramiento que sus allegados aseguran no corresponde al grado que él ostenta.
El 10 de enero, la CCCC estableció indicios de responsabilidad penal y administrativa contra los subcomandantes Edgar Guerra (Armada) y Roberto Moya (Ejército) y también contra Marcelo Moscoso (Fuerza Aérea) y de Francisco Rivadeneira, representante de la firma Heath Lambert.
Guerra y Moya, que según los reglamentos militares debían convertirse en enero de este año 2002 en comandantes de sus ramas, quedaron fuera por disposición del presidente de la República, Gustavo Noboa. Moscoso, según ha dicho Noboa, también deberá retirarse. El mayor Byron Vaca aún no tiene destino.
No obstante, con el retiro de esos tres oficiales no se esclarece nada. Los reglamentos militares para la contratación de seguros son secretos y solo una institución estatal, la Contraloría General, tiene entre sus manos el dictamen definitivo.
El 21 de enero la Corte de Justicia Militar inició un juicio penal en contra de los generales Roberto Moya, Marcelo Moscoso, del almirante Édgar Guerra; y, del mayor Byron Vaca en base a las conclusiones del informe de la Comisión Anticorrupción, que determinó responsabilidades penales. Además, la Corte Militar solicitó al ministro de Defensa, Hugo Unda, las liquidaciones de tiempo de servicio de los cuatro sindicados.
EL SALVADOR
Por Linda Hemby
contacto@probidad.org
Probidad y PFC
Títulos falsos
La Fiscalía General detectó 169 casos de abogados con títulos falsos u obtenidos irregularmente, entre los que se encuentran jueces y fiscales. Fueron obtenidos en universidades cuestionables, algunas ya clausuradas, y otras manejadas por personas vinculadas con partidos políticos de la derecha. No hay muchas muestras de voluntad política por parte del Órgano Judicial de sancionar a los "falsos" abogados ni de otros entes para ampliar las investigaciones a otras carreras. El Fiscal General, y el Fiscal Especial que investigó los casos, recibieron amenazas de muerte. Y en diciembre surgió en la Asamblea Legislativa una iniciativa para aprobar un decreto para declarar legales todos los títulos cuestionados.
BFA-El Carmen
El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) ha perdido más de 11 millones de dólares por la concesión de créditos irregulares al Ingenio El Carmen. La Fiscalía sostiene que el ex-presidente del BFA, Raúl García Prieto, se asoció ilícitamente con los empresarios Enrique Rais y Héctor Cristiani (primo del ex-presidente de la República, Alfredo Cristiani) para defraudar a esa institución financiera.
FINSEPRO-INSEPRO
El mayor fraude financiero conocido en la historia de El Salvador fue descubierto en junio de 1997. El monto de la estafa asciende a más de 130 millones de dólares. Involucró a miembros de prominentes familias salvadoreñas afiliadas con el partido gobernante y afectó a 1,400 personas que invirtieron en la Financiera de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Segura Productivas (INSEPRO). Fue detectado por autoridades del Gobierno cuando algunos de los usuarios reclamaron la devolución de sus fondos, pedido que fue rechazado por las financieras. En 2001 un tribunal de conciencia, desestimando las evidencias presentadas por la Fiscalía, declaró penalmente inocentes a Roberto Mathies Hill y Mario Galdamez, los principales imputados en el caso. Mientras que por la vía civil, fueron condenados a reponer a los afectados cerca de 90 millones de dólares, aunque el mismo juez admitió que no hay forma de obligarlos a pagar.
FEDEFUT
En agosto de 1999, la Corte de Cuentas hizo pública su auditoría a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT), correspondiente al período 1996-98, y anunció que había detectado un faltante de 35 millones de colones. En agosto/2000, la Corte de Cuentas desvaneció 32 de esos 35 millones de colones. El ente contralor obstaculizó en todo momento las investigaciones de la Fiscalía a tal grado que está última tuvo que realizar, en agosto de 2000, una intervención a las oficinas del ente fiscalizador y secuestrar documentación sobre el caso. Se sospecha que la Corte de Cuentas, controlada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), ha tratado de encubrir el caso debido a los nexos partidistas con los implicados. En noviembre, los implicados, en los que estaban incluidos funcionarios de la Corte de Cuentas, fueron exonerados, aunque la Fiscalía apeló la resolución.
Casos delicados
Algunos casos de corrupción importantes no fueron abordados con profundidad por los medios de comunicación ni por el gobierno, entre ellos:
Hubo numerosas denuncias sobre irregularidades en la distribución de la asistencia humanitaria relacionada a los terremotos sufridos durante el año 2001, la mayoría relacionadas con el uso de la ayuda para fines partidistas. Hasta la fecha, ni el gobierno, ni las ONGs, las iglesias y otros entes que recibieron fondos, materiales y víveres, han rendido cuentas de su uso.
Algunas investigaciones realizadas por los medios de comunicación revelaron una serie de irregularidades en las que se implicaba a entes gubernamentales y fortalecía las sospechas sobre los vínculos entre algunos salvadoreños con terroristas internacionales. Se cree que Luis Posada Carriles, Ricardo Cavallo y otros individuos y organizaciones criminales internacionales tuvieron una relación estrecha con los escuadrones de la muerte salvadoreños - y con sus patrocinadores de la élite económica - que aterrorizaron al país desde los años 70 hasta los Acuerdos de Paz (1992), y por esto han tenido facilidades para operar desde El Salvador. También muchos consideran que el tratamiento de los casos Talleres Moldtrok y Sertracen por parte de los medios y del gobierno fue limitado por personas y grupos a quienes no les conviene que los vínculos y las actividades oscuras de estas empresas sean revelados.
GUATEMALA
Por Sylvia Gereda
sgereda@elperiodico.com.gt
Directora del Equipo de Investigación elPeriódico
Ministerio de Comunicaciones suscribe contratos fantasmas
A finales del primer año eferregista, salió a luz que en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), dirigido por Luis Rabbé, suscribió contratos por un valor de Q 2 mil 298 millones ( equivalentes a US$ 27 millones dólares) con compañías inexistentes o creadas días antes de ganar los contratos. Algunas compañías tenían relación con funcionarios de gobierno; un ejemplo de ello fue la construcción de una carretera por un valor de Q 66 millones de quetzales que fue a dar a manos del militar Jacobo Salán, asesor presidencial y jefe del Estado Mayor Presidencial.
Además funcionarios de esa cartera revelaron que sus directores vendían plazas para ocupar puestos públicos. El descubrimiento de estas anomalías enfureció al Ministro Rabbé, quien utilizo los canales 3 y 7 de televisión propiedad de su cuñado Angel González y desprestigiar a los medios de comunicación. El 20 de febrero del 2001 las instalaciones de elPeriódico fueron atacados por una turba que gritaba consignas en favor de Rabbé.
Sobrevaloración en la venta de placas
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), sobrevaloró la compra de un lote de placas de circulación para el parque de vehículos en el país por un valor de Q 44.5 millones (aproximadamente 5.5 millones de dólares).
En diciembre del 2,000, el gobierno del presidente Alfonso Portillo declaró dicha compra de emergencia nacional y sin licitación (obviando la Ley de Compras y contrataciones del Estado) se adquirieron las placas a un monto de Q 84.9 millones.
Meses después, la prensa descubrió que la compañía favorecida, Intrinsic Values Corp, radicada en Panamá y que actuó como intermediaria de la empresa alemana UTCH, había sobrevalorado el producto en contubernio con funcionarios de Finanzas Pública.
La negociación la realizó el ciudadano de origen estadounidense Paul Robert Kittay, quien abrió dos cartas de crédito del Banco de Guatemala con una entidad bancaria en Miami, Estados Unidos.
Tras descubrirse la corrupción, el Gobierno indicó que anularía la compra; sin embargo, el Estado no ha podido recuperar el dinero ni las cartas de crédito.
Funcionarios del Ministerio del Interior desviaron Q 90 millones
Un informe de la Superintendencia de Bancos reveló que Q 90 millones pertenecientes a los fondos del Ministerio del Interior fueron depositados en tres entidades bancarias por funcionarios de esa institución para su beneficio personal.
El desvío de fondos fue realizada por Jarol Axel Gil Muñoz, jefe del departamento de presupuesto de la cartera de gobernación, quien abrió cinco cuentas a su nombre y en forma fraccionada depositó mas de Q 90 millones(aproximadamente 11.2 millones de dólares). Con los interés que generó ese dinero adquirió seis residencias.
El descubrimiento obligó al presidente Alfonso Portillo a destituir a Byron Barrientos, Ministro del Interior y sus dos viceministros, Luis Alberto Davíla García y Luis Arturo García Archila. A la fecha todos permanecen prófugos de la justicia.
Sobregiros millonarios en banco estatal
En 1997 la familia de José Armando Llort Quiteño se vio en la necesidad de hipotecar sus fincas cafetaleras. No obstante con la llegada del Frente Republicano Guatemalteco al gobierno, la vida de Llort Quiteño cambió.
Tras el apoyo financiera otorgado al mandatario Alfonso Portillo durante su campaña este lo nombró presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), uno de los bancos con mayor solvencia del país y con el respaldo del Estado.
Durante su gestión las deudas del funcionario fueron saldadas con dinero del banco. Llort se autorizó sobregiros en sus cuentas personales y seis empresas de su propiedad fueron beneficiadas con sobregiros y créditos blandos. También recibieron dinero del banco estatal amigos personales y familiares del Presidente del CHN.
Luego de la denuncia, reporteros de elPeriódico fueron intimidados y el Presidente del CHN fue destituido. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia en El Salvador.
El Seguro Social, botín para los funcionarios
Juan Virgilio Alvarado, presidente de la Junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), aprovechó su influencia para que su empresa personal ganara medio millón de quetzales por colocar Q 50 millones (aproximadamente 6.2 millones de dólares) de fondos de la institución en un banco Estatal. La ley Orgánica del IGSS y el Código Penal prohiben que empleados públicos se beneficien con fondos del Estado. El delito es malversación y competencia desleal.
Las actitudes de Alvarado fueron imitadas por el gerente y subgerente del IGSS, Jose Enrique Urrutia y Alejandro Santizo, quienes adquirieron medicamentos a un precio superior al del mercado. Por ejemplo el diclofenaco fue adquirido a Q 6.20 cuando el valor real es de 22 centavos, lo que provocó que la institución erogara dos millones de más. Además el Vicepresidente de la República, Juan Francisco Reyes, utilizó sus influencias para que trabajadores de Kenworth una empresa de su propiedad ocuparan puestos claves en el IGSS y su hijo Juan Francisco Reyes Wyld ocupa el cargo de vicepresidente de la junta directiva del seguro social.
HONDURAS
Por Thelma Mejía
thelma_mejia@yahoo.com
Freelance, anteriormente Jefa de Redacción de El Heraldo
La Cónsul de Honduras en Barcelona
Mercedes Duce, Cónsul de Honduras en Barcelona, salió implicada en un acto de corrupción por el desvío de mas de 25 mil dólares, donados por ciudadanos españoles para los damnificados del huracán Mitch. Duce estafó a los donantes e implicó -falsificando firmas y documentos- a la Fundación María que presidía la ex-primera dama de la nación, Mary de Flores, según documentos en poder del diario. Las denuncias del diario, en un único trabajo de investigación, llevaron a la suspensión de la funcionaria al comprobarse que el dinero donado nunca llegó a los beneficiarios y hasta ahora se desconoce el paradero de los fondos. (El Heraldo/ enero)
Funcionarios cuestionados obtuvieron finiquito
Más de ochenta ex funcionarios, algunos de ellos prófugos de la justicia por enfrentar reparos millonarios, gozan del ansiado finiquito que otorga Probidad Administrativa que los considera "honestos" porque se "enriquecieron lícitamente". La directora de ese organismo, Selma Estrada, les otorgó sin mayor investigación el finiquito a estas personas, muchas de las cuales evaden la justicia por suponerse implicados en actos de corrupción.
Entre los beneficiados por Probidad se encuentran el coronel Rigoberto Padilla Bejarano, quien enfrenta un reparo en la Contraloría superior a los 5 millones de lempiras que sacó de las arcas del Instituto de Previsión Militar para pagar bienes inmuebles a la alcaldía capitalina, pero ese dinero nunca ingresó a las arcas de la comuna.
Otro de los finiquitos entregados por Probidad está el del ex rector universitario, René Sagastume, quien también tiene un reparo de 5 millones de lempiras cuando fue presidente de la junta directiva del Instituto de Previsión de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). (La Prensa, / septiembre)
Evasión Fiscal
Más de 1,400 casos de evasión fiscal, entre ellas 377 empresas pertenecientes a influyentes grupos económicos, son parte del registro que tiene la Dirección Ejecutiva de Ingresos que intenta recuperar cerca de 10 mil millones de lempiras que por defraudación fiscal no entran al Estado. (La Tribuna, / septiembre)
Cuenta especial en las Fuerzas Armadas
Por un monto de más de 130 millones de lempiras, los ex jefes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, manejaron una cuenta especial, abierta en el Banco Central de Honduras, sin haber tenido respaldo del Poder Ejecutivo, revela una investigación de la Contraloría General de la República. La cuenta número 3400-204-K16 fue manejada desde 1984-1998. Los saldos manejados por los altos jefes militares oscilaban desde partidas de 20 hasta 60 millones de lempiras, sin rendición de cuenta alguna. (La Tribuna / noviembre)
Jueza cuestionada
Varias organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que cuestionan el inminente retorno de la abogada Rita Núñez como jueza del Juzgado Primero de Letras de lo Criminal, por ser sindicada en un informe del Comisionado de Derechos Humanos en actos de corrupción, extorsión y chantaje. Las organizaciones señalan que la abogada tiene un historial "poco decoroso" y "consideramos inoportuno, inmoral y fatídico para la justicia hondureña su posible retorno". Núñez asumió la titularidad de juez un mes después y hoy es nominada en una lista de 120 personas para ser escogida como magistrada en la nueva corte de justicia. (El Heraldo/ julio)
Casos delicados
Dentro de las denuncias de corrupción publicadas en el país, dos merecen especial atención:
a) El aparente enriquecimiento ilícito por parte del ex ministro de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (SOPTRAVI), Tomás Lozano, a quien la Dirección Ejecutiva de Ingresos le hizo un reparo de 30 millones de lempiras por evasión de impuestos, pero de acuerdo al titular de esa dependencia, el monto podría ser mayor. Lozano, hombre cercano al presidente Carlos Flores, no ha podido justificar ese reparo y renunció al cargo para dedicarse al manejo de la dirección de campaña del Partido Liberal en las recientes elecciones de noviembre de 2001, donde su partido perdió los comicios. Sin embargo, el goza de inmunidad parlamentaria y la prensa ha guardado un silencio absoluto sobre este caso, pues la denuncia sólo fue publicada por el semanario Tiempos del Mundo en octubre del 2000, pero el caso no siguió y goza de una censura en los medios.
b) No hay seguimiento a las partidas secretas que usaron los jefes militares, así el desvío de 5,2 millones de dólares en que se vio involucrada la cúpula del ex general Mario Hung Pacheco, cuando hace cuatro años desvió fondos para pagar impuestos municipales que nunca llegaron a las arcas de la alcaldía y hace una semana un tribunal los exoneró de culpas, pese a las evidencias y documentos presentados por la fiscalía.
MEXICO
Por Alma Delia Fuentes
afuentese@yahoo.com
Freelance, ex editora de Noticias
Univisión On Line México
El toallagate
Los datos estaban ahí, al alcance de todos. Pero sólo una los vio. Gracias a una revisión acuciosa de un sitio en Internet, la reportera Anabel Hernández dio a conocer lo que sería el mayor escándalo de la joven presidencia de Vicente Fox.
"Toallas de 4 mil pesos (400 dólares)" esa fue la portada del diario Milenio el 19 de junio para dar a conocer el costo de solo uno de los insumos adquiridos para el menaje de las cabañas en donde vive el Presidente de México y su hija mayor, Ana Cristina, y que fueron remodeladas a un costo de 600 mil dólares.
El mismo día, Carlos Rojas Magnon, asesor de la presidencia y uno de los hombres más cercanos a Vicente Fox, luego de señalar como "totalmente erróneo difundir que se ha pagado más de lo necesario" confirmó las cifras y los datos de lo que se está gastando en los enseres de la residencia. Muchas cosas quedaron sin respuesta pero Carlos Rojas ya no quiso ahondar en la información.
Por ejemplo, según Rojas, la compra de 18 sábanas había tenido un costo de 3,880 dólares, pero según Compranet, el precio fue de 3,857 por juego (adquirieron un total de cuatro).
Pero la cuestión no paro en sábanas y toallas, pues, por ejemplo, también compraron un cenicero de mármol en cien dólares, 22 sillones por 33 mil dólares y manteles de tres mil, todos importados.
Rojas trató infructuosamente de explicar la compra diciendo que se habían propuesto "evitar gastos innecesarios", además de que los muebles y demás enseres "son propiedad de la Nación y que se quedarán ahí cuando termine su administración el Presidente Vicente Fox", ¿o sea que el próximo presidente de México usará toallas de segunda mano?
Un día después de darse a conocer el "toallagate", el presidente Fox, quizá aún ajeno a las implicaciones del escándalo, se mostró orgulloso de que "hasta el precio de las toallas es público: está en Internet", muestra de la "transparencia" de su administración.
Sin embargo, al mandatario se le olvidó que Compranet (http://www.secodam.gob.mx/index1.html), Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales público, existe desde 1997.
Pese a que Fox anunció que caerían cabezas por el escándalo, la única que rodó fue la de Carlos Rojas Magnon, quien junto con tres de sus colaboradores renunció a su cargo el 26 de junio.
Francisco Barrio, secretario de la Contraloría, informó que como resultado de la revisión de las operaciones se detectaron cuatro irregularidades: precios de contratación elevados, aceptación de facturación global, surtido de productos distintos a los contratados y pago indebido de anticipo al proveedor.
El año terminó y la falsificación de notas y facturas, así como la alteración de precios de lo que se adquirió para acondicionar las cabañas de la residencia oficial quedaron en la impunidad, nadie fue a prisión.
Lo que si hubo fue una boda para levantar los bajos índices de popularidad del presidente: se casó en una de las famosas "cabañas" el 2 de julio, justo un año después de su triunfo electoral.
La fuga del año
Joaquín Guzmán Loaera, el "Chapo", considerado por la DEA como uno de los hombres más peligrosos para Estados Unidos (EU), abrió el primer año de gobierno de Vicente Fox con una espectacular fuga de un penal de "alta seguridad".
Considerado el "jefe del cártel de Sinaloa" (al noroeste de México), "El Chapo" fue apresado en 1993, acusado de participar en el asesinato de un cardenal en lo que, según la policía mexicana, fue un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes ocurrido en pleno aeropuerto de la occidental ciudad de Guadalajara.
Preso desde entonces en "Puente Grande", Jalisco, Guzmán vivió a sus anchas (fiestas, mujeres y hasta computadora con acceso a Internet), pese a las supuestas condiciones de máxima seguridad del penal.
Sin embargo, luego del cambio de régimen en México (tras 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI), sumado a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de autorizar la extradición de presos para ser juzgados en EU, el Chapo se puso "nervioso" y decidió terminar su temporada de interno.
Dado que según su ex amante - presa también en Puente Grande -, Guzmán ponía y quitaba funcionarios carcelarios a su antojo, éste pudo hacer los arreglos convenientes para su fuga el 19 de enero del 2001, ocultándose en un carrito para transportar ropa sucia.
Las investigaciones posteriores destaparon la red de corrupción que rodeaba al Chapo, y que involucran en la fuga a un total de 60 ex funcionarios y custodios del penal, además de cuatro de sus cómplices.
Pese a las numerosas promesas de Vicente Fox, respecto a que el Chapo caería pronto, al terminar el año no había ocurrido ninguna captura, aunque desde la clandestinidad, Guzmán solicitó un amparo para evitar su extradición a Estados Unidos, donde tiene un juicio pendiente por narcotráfico en el estado de California.
Revista Proceso denuncia al director de la Agencia Gubernamental de Noticias (Notimex)
El semanario Proceso, con 25 años de historia, demandó ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) a Francisco Ortiz Pinchetti director general de la agencia gubernamental de noticias, Notimex, por presunto uso de bienes públicos de la agencia oficial de noticias con fines particulares.
La historia empezó en el primer semestre del año, cuando Ortiz Pinchetti, junto con su hijo, Francisco Ortiz Pardo - ambos reporteros de Proceso - fueron asignados para la cobertura de los actos de campaña Vicente Fox, entonces candidato a la presidencia del país por el conservador Partido Accion Nacional (PAN). Sin embargo, en medio de rumores y versiones encontradas, los Ortiz (padre e hijo) fueron retirados de la revista, el 7 de junio del 2000 según ellos, por haber sido "censurados" en su trabajo periodístico.
Luego del triunfo de Fox, Ortiz Pinchetti fue nombrado director general de Notimex, y el 26 de junio del 2001, publicó -en coautoría con su hijo -, El fenómeno Fox. La historia que Proceso censuró .
De este libro, la agencia noticiosa difundió no sólo los materiales informativos pertinentes, sino un capítulo íntegro, con el que pretendían evidenciar la supuesta censura de su trabajo en el semanario, pero que según la revista, eran textos "complacientes, sin una dosis mínima de crítica".
Luego de la difusión de El fenómeno Fox a través de Internet, Proceso solicitó a la Secretaría de Gobernación (Interior) --de la que depende Notimex--, sancionar a Ortiz Pinchetti por el uso de la agencia para realizar una "campaña de calumnias" y utilizar recursos públicos en la difusión del libro
Luego de una auditoría, el 12 de diciembre Francisco Ortiz Pinchetti fue inhabilitado de ejercer cualquier cargo público durante un año y sancionado con una multa de 262 dólares, porque haber incurrido "en la utilización indebida de los medios y recursos de la institución para su beneficio". El ex funcionario afirmó que apelaría esa resolución empleando todas las instancias legales a su alcance.
Desvíos en la Lotería Nacional
Los problemas empezaron en 1999, cuando la Contraloría y tres denuncias impuestas por el propio Carlos Salomón Cámara, entonces director de la Lotería Nacional, levantaron suspicacias y provocaron que se investigara el Programa de Donativos de la Institución.
Millonarios desvíos, donaciones "fantasma" y falsificación de firmas y documentos oficiales fueron algunas de las denuncias que empañaron la imagen de quien fuera vocero del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), y flamante asesor de Martha Sahagún Jiménez, ex vocera y actual esposa de Vicente Fox
Salomón fue requerido en varias ocasiones para declarar respecto a los hechos, sin acudir al llamado del juez en ocho meses, lo que ocasionó suspicacias.
Pero, protegido por las cortes celestiales del poder en México, el ex funcionario salió limpio de toda sospecha, manteniendo a toda costa su versión de que nada tuvo que ver con desviación de dinero, olvidando que fue él mismo quien firmó tanto contratos como donativos que aparecen en las causas penales y que los integrantes de su primer cuadro de trabajo están presos o prófugos.
En abril, y luego de una investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Salomón fue exonerado.
Sin embargo, en diciembre pasó de acusador a acusado y la Secodam presentó una denuncia en su contra por irregularidades que causaron un quebranto superior a los seis millones de dólares.
Según las pesquisas (iniciadas en junio), la administración de Salomón Cámara autorizó - personalmente o por conducto de otros - a diversas sociedades mercantiles como expendedoras de billetes de Lotería Nacional en las que tenía intereses Domingo Muguira Revuelta, tío de su esposa
La investigación también arrojó que las empresas en cuestión no pudieron -o no quisieron- saldar la deuda correspondiente por el concepto de venta de billetes, por lo que ofrecieron bienes inmuebles para saldar sus deudas, pero Carlos Salomón Cámara aceptó la liquidación por debajo de su monto real. Además, los bienes que entregaron fueron aceptados con avalúos que fijaron el precio muy por encima de su valor en el mercado.
Ante esto, el ex funcionario afirmó que un "político de reconocido prestigio nacional" había establecido una campaña en su contra y dijo que daría a conocer el nombre de ese político, pero no cumplió su promesa
Al terminar el año, no se habían dado a conocer resultados concretos de la investigación, aunque Salomón Rojas fue inhabilitado del servicio público por causar un daño por 6 millones 333 mil dólares.
Por cierto, que la administración de Vicente Fox tampoco se ha librado de las irregularidades que privan en esta dependencia, pues según informó la Secodam, Laura Valdés, directora general de la Lotería Nacional, es investigada debido a una asignación directa de un contrato por 186 mil 500 dólares concedido a Sergio Borbolla como asesor externo, pero supuestamente, este hombre también cobraba en esa dependencia como director adjunto desde el 1 de enero. La relación entre ambos data de 15 años atrás, cuando trabajaban en la iniciativa privada.
Corrupción empresarial
La corrupción en México cuenta con tentáculos que llegan al sector privado. Numerosos empresarios y banqueros se han beneficiados de las redes de complicidades que existen en dependencias públicas.
Consecuencia de la terrible crisis económica que sufrió el país en diciembre de 1994, luego de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, los mexicanos comprobaron una vez más que la justicia no es como la pintan, cuando Carlos Cabal Peniche, ex banquero prófugo durante cuatro años en Australia, país al que huyo de lo que ha calificado en numerosas ocasiones de "persecusión" del régimen del (ex) presidente Ernesto Zedillo
Persecusión o no, lo cierto es que los auditores oficiales informaron que el costo para los mexicanos de rescatar y liquidar Banca Cremi-Unión, propiedad de Cabal, fue de 7 mil 900 millones de dólares.
Se descubrió más tarde que Cabal constituyó varios fideicomisos para financiar las campañas presidenciales del asesinado Luis Donaldo Colosio y de Ernesto Zedillo; candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 11 de noviembre de 1998, Cabal fue descubierto en Australia, donde vivía con un nombre falso. La Interpol lo capturo, y tras un largo proceso de extradición, en septiembre regresó a México para enfrentar 15 denuncias penales en su contra. Sin embargo, el empresario nunca pisó la cárcel
En menos de una semana Cabal Peniche recibió 13 autos de libertad en el fuero federal, y únicamente dos autos de formal prisión en el fuero común, de los cuales se libró gracias al pago de fianzas.
Los jueces responsables de liberar al ex banquero, señalaron que la Procuraduría General de la República no demostró la "calidad específica de sujeto activo" del acusado; es decir, Cabal era presidente del consejo de administración del Banca Cremi-Unión, y los delitos se le imputaron en calidad de "funcionario o empleado", por lo que no se demostró su nexo con el delito.
Además, en tres casos las autoridades mexicanos interpusieron la demanda fuera de tiempo. Ya había prescrito el delito en razón de que la querella se interpuso más de un año después de que la autoridad conoció del acto ilícito y del presunto culpable.
NICARAGUA
Por Jorge Loaisiga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Prensa
Los "checazos"
Cheques (hasta por más de medio millón de dólares) que emitió la estatal empresa Nicaragüense del petróleo (PETRONIC) a solicitud de la Dirección General de Ingresos en concepto de pago de impuestos en forma de Notas de Crédito, que dirigía, Byron Jerez Solís, fueron utilizados para comprar dólares en una casa de cambio privada y luego esos dólares se usaron para pagar una deuda de la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios, en la cual el presidente Arnoldo Alemán, sus familiares y colaboradores más cercanos tienen acciones. Esos cheques también alimentaron una cuenta en un banco extranjero de Jerez, denominada Agropecuaria Río Grande SA, sociedad que fue creada y está inscrita en Panamá.
El Helipuerto
El Presidente Arnoldo Alemán se construyó en su hacienda El Chile, ubicada en el Crucero, a unos 20 kilómetros al sur de Managua, un helipuerto. Esto fue descubierto en abril del 2001, cuando a Alemán le quedaban pocos meses para dejar el poder. La construcción de la obra se financió con la asignación presuestaria para gastos confidenciales de la presidencia de la República. El presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, confirmó que la obra se construyó con los fondos del Estado.
Banic
La quiebra del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC) que perdió más de 200 millones de córdobas en créditos irrecuperables otorgados a empresas vinculadas con los directivos del banco, empresas "fantasmas" y empresas de testaferros de directivos de la institución financiera.
Enitel
Más de 45 millones de córdobas pudieron haber salido de las arcas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), para pagar contratos irregulares entre esa institución estatal y dos empresas de construcción y telecomunicaciones que, según el Contralor Luis Ángel Montenegro, nunca terminaron los proyectos de líneas telefónicas en Matagalpa y Bluefields. Montenegro, uno de los cinco magistrados de la Contraloría de la República, dijo que han encontrado graves anomalías en la adjudicación y ejecución de las obras de ampliación telefónica. El ex socio del Banco del Café, Ronald Calero Lara, presidente de lasempresas Instalinex y Calero Pereira Construcciones, con quienes firmaron los contratos, habría sido el principal beneficiario del dinero del Estado.
Jefe de Auditoría de la Contraloría
La empresa Modultecsa, en la que tenía participación accionaria el yerno del presidente , Arnoldo Alemán, Gerónimo Gadea, fue beneficiada por el Ministerio de Transporte el Infraestructura (MTI) con dos contratos de más de seis millones de córdobas por la construcción de una carretera de 120 kilómetros, que no se ejecutó, en el tramo San Pedro del Norte-La Cruz de Río Grande-El Tortuguero. Este caso está incluido en el informe de auditoría externa que practicó la firma de auditores Hernández Ruiz y Compañía, que encontró deficiencias administrativas y financieras en el uso de casi más de 20 millones de córdobas, y la presunta modificación del informe de verificación realizado por la Contralo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario