Ecuador: Ignorantes e irresponsables

por Gabriela Calderón de Burgos
Gabriela Calderón es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).
Algunos pensamos que la gran mayoría de los adultos somos lo suficientemente capacitados para tomar decisiones acerca de lo que nos conviene a nosotros y a nuestros dependientes. Una vez que tenemos hijos, podemos decidir cómo vestirlos, qué darles de comer, en qué colegio ponerlos. Después de todo, ¿quiénes podrían ser mejores jueces de lo que le conviene a un niño que sus propios padres? Otros, en cambio, parecen pensar que la mayoría de los adultos somos unos pobres ignorantes e irresponsables, necesitados de su superioridad intelectual y moral para proteger a nuestros hijos de sus padres. Inspirada en esta concepción, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)1, atenta contra la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos.


El reglamento de esta ley implica cambios de gran envergadura. Por ejemplo, Abelardo García, rector del IPAC, indica que el nuevo “tronco común” o asignaturas generales en primero de bachillerato deja un espacio en la malla curricular de apenas 15% para que cada institución particular determine libremente materias que vayan de acuerdo a su filosofía/valores y/o su plan educativo. También se prohíbe que las instituciones particulares contraten a empresas independientes de transporte, pues ahora están obligados a contratar a una cooperativa. Esto ha llevado a múltiples quejas durante la primera semana, por ejemplo, Rosa Mendieta, madre de un niño que asiste al Liceo Bilingüe Los Delfines, dijo: “No tengo la libertad de conocer el chofer que llevará a mi hijo y si el automotor cuenta con las comodidades que requiere”.2
Luego está el Acuerdo Ministerial 493-123 que impone un control de precios más severo del que ya existía, prohibiendo que la pensión suba más de un 5% al año, sin importar que pueda darse el caso en que los costos de operación aumenten por un porcentaje mayor. Quienes redactaron este control de precios lamentablemente no aprendieron acerca de la teoría subjetiva del valor que explica que el valor no es intrínseco al objeto ni se encuentra en la cantidad de trabajo o recursos que se requirieron para producirlo, sino en qué tanto los individuos lo valoran.
Los padres eligen el colegio de sus hijos por una diversidad de razones. Estas razones pueden incluir desde el nivel académico de la institución, el costo de la pensión, la filosofía pedagógica y de disciplina, la afiliación religiosa hasta el simple hecho de “conozco a los papás de los que serán sus compañeritos”. Para algunos padres tendrán más peso unas razones y para otros tendrán precedencia otras. Lo importante es que si preservan la libertad de elegir entre distintas instituciones, los padres pueden “votar con sus pies” saliéndose de una y migrando hacia otra cuando no obtienen lo que esperaban.
Esa libertad para elegir de los padres ha sido mermada por una legislación que pretende igualar todas las instituciones educativas, limitando así el espacio que tiene cada institución para innovar, diferenciarse y sobresalir. Bajo un esquema de competencia entre instituciones educativas son los padres los que coronan a las mejores instituciones y castigan a las peores. En cambio, cuando los legisladores hacen leyes que presumen que los padres somos unos incapacitados, resulta que tenemos escasa libertad para elegir el tipo de educación que reciben nuestros hijos.