por Julian Sanchez
Julian Sanchez es académico titular de investigaciones del Cato Institute.
El espionaje del Departamento de Justicia del registro de llamadas de las líneas telefónicas de docenas de reporteros de Associated Press
(AP) ha provocado una abundante crítica que atraviesa líneas
partidistas, gran parte de la cual ha caracterizado la decisión como una
preocupante desviación de la norma. El director de AP, Gary Pruitt,
condenó la decisión, que es parte de una investigación acerca de
filtración de información clasificada, como una “intrusión masiva y sin
precedentes”. Aún así hay mucha evidencia circunstancial que sugiere que
la detención puede que si tenga precedentes —solo que estos rara vez
son revelados.
Se supone que el Departamento de Justicia debe obedecer reglas
especiales cuando busca los registros telefónicos de reporteros, en
reconocimiento de que meter las narices de esa forma estaría en
conflicto con los valores protegidos por la Primera Enmienda. Como se quejó Pruitt en una enfurecida carta al Fiscal General Eric Holder,
esos registros le proveían al gobierno una “hoja de ruta” acerca de las
noticias que sus reporteros estaban investigando y hay evidencia de que
tales pesquisas disuaden a las fuentes anónimas de hablarle a la prensa
—no importa si están discutiendo programas clasificados o simplemente
datos que avergüenzan al gobierno.
Las regulaciones federales requieren que el fiscal general apruebe
personalmente tal medida, asegure que el pedido es limitado y necesario,
y que notifique a la organización de noticias acerca del pedido —por
adelantado cuando sea posible. En este caso, sin embargo, el
Departamento de Justicia parece haber utilizado una estrategia sin
discriminación de aspiradora —buscar información (de las empresas
telefónicas) acerca de un amplio rango de números telefónicos utilizados
por reporteros de AP— y solo notificó a AP después de que esto había
sucedido.
No sorprendería que hayan más casos como este y acerca de los cuales
nunca nos hemos enterado. Aquí les explico por qué: las reglas del
Departamento de Justicia solamente dicen que la prensa debe ser
informada acerca de “citaciones” de “registros de llamadas telefónicas”.
Las guías de operaciones del FBI interpretan esas reglas de manera
literal, dejando claro que el requisito “concierne solamente a las
citaciones de un juzgado”. Esto significa que estas reglas no se aplican
a las Cartas de Seguridad Nacional, que son pedidos
secretos de información utilizados por el FBI que no requieren una
aprobación judicial. La interpretación minimalista del FBI tampoco cubre
las citaciones administrativas, que son emitidas por las agencias
federales antes de pasar por una revisión judicial. El año pasado, el
FBI emitió Cartas de Seguridad Nacional pidiendo los registros
financieros y de comunicaciones de más de 6.000 estadounidenses —y el
número ha sido mucho más alto que en los años anteriores. Los
procedimientos que si aplican a estas herramientas han sido redactados a
partir de versiones públicamente disponibles de las directrices del
FBI. De manera que no debería sorprender que el espionaje de AP
parecería “una intrusión sin precedentes” si el gobierno no cree que nos
tiene que informar acerca de los precedentes. Y no hay manera de saber
si las reglas del Departamento de Justicia (y la interpretación que el
FBI haga de ellas) le permiten a los agentes federales obtener sin
advertencia previa otros tipos de información como registros de
comunicaciones electrónicas que podrían revelar el correo electrónico,
las conversaciones vía chats o la actividad de navegación en Internet de
un reportero.
¿Es paranoico temer que el Departamento de Justicia y el FBI estén
obviando las normas? Considere un caso que fue reportado primero en
2008, y discutido considerablemente en un reporte condenatorio (aunque
extensamente redactado) de 2010 de la Oficina del Inspector General del
Departamento de Justicia. En este caso, el FBI obtuvo alrededor de dos
años de registros de llamadas telefónicas de líneas que pertenecían a
los burós y reporteros del Washington Post y del New York Times —aún
cuando el FBI había pedido inicialmente registros solamente para siete
meses. En lo que la Oficina del Inspector General denominó “un serio
abuso de la autoridad del FBI para obtener información”, los agentes
tomaron estos registros en virtud de falsas pretensiones, “sin proceso
legal alguno y sin la aprobación del Fiscal General”. Y estos registros
permanecieron en la base de datos del FBI por más de tres años antes de
que la Oficina del Inspector General o la prensa se dieran cuenta.
La cosa empeora. El reporte de la Oficina del Inspector General indicó que el FBI había realizado un pedido de “comunidad de intereses”
a las empresas telefónicas; estos pedidos incluyen no solamente los
registros de llamadas de los objetivos, sino también a aquellos de la
gente con las que el objetivo ha hablado —esto puede incluir a
reporteros. Tales pedidos pueden proveer a los investigadores un retrato
increíblemente revelador de redes sociales completas. Aún así la
Oficina del Inspector General descubrió que los agentes utilizaban
pedidos estándar de información de las telefónicas; algunos decían que
ellos entablaban los pedidos sin saber en realidad lo que “comunidad de
intereses” significaba, y aún cuando lo hacían no necesariamente se les
ocurría que estaban probablemente obteniendo registros de llamadas de
reporteros mediante dichos pedidos. En otras palabras, los agentes del
FBI muchas veces hacían estos pedidos sin entender completamente lo que
estaban pidiendo.
Solo en enero de 2009 el FBI pensó en preguntarle a los abogados
empleados en el Departamento de Justicia si las restricciones de prensa
aplicaban cuando los registros de los reporteros son obtenidos a través
de medios indirectos como los pedidos de comunidad de intereses. Los
abogados del gobierno dijeron que si, pero el FBI concluyó que no le
tenía que informar a la prensa en el caso específico acerca del que
había realizado la consulta, porque los agentes no “habían entendido en
el momento en que las citaciones fueron emitidas que las citaciones
pedían los registros de reporteros”.
Los legisladores en una audiencia del Comité Judicial del Congreso
recientemente sometieron a un severo interrogatorio a Holder acerca de
la investigación de AP con poco éxito: Holder se había negado a esta
consulta de filtración y se negó a discutir una “investigación en
desarrollo”. Pero hay mucho que los legisladores pueden hacer además de
incomodar a Holder. El congreso debería demandar una auditoría de
anteriores incidentes en que el gobierno espío a reporteros. Tal
revisión revelaría si el Departamento de Justicia cree que debe informar
a sus objetivos de prensa cuando ha espiado a sus reporteros utilizando
métodos alternativos a una citación y si sus reglas para obtener los
registros de llamadas de reporteros se aplican al material en Internet.
Este tipo de auditoría también descubriría cuántos periodistas han sido
incluidos en las bases de datos del Estado —directa, o indirectamente a
través de los pedidos de “comunidad de intereses”.
El verdadero escándalo podría ser qué tanto fisgoneo a la prensa
permiten las reglas actuales. Para entender completamente la obtención
de información de AP, la prensa y la gente necesitan una imagen más
clara de las reglas que gobiernan todo tipo de espionaje en la prensa —y
cómo muchas veces tales tomas de información han sucedido. Puede ser
que la obtención de los registros de llamadas de reporteros de AP sea un
caso extraordinario. O puede ser que lo único extraordinario acerca de
este caso sea que de este nos hemos enterado.
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