EE.UU.: ¿Por dónde se puede empezar a recortar el gasto?

por David Boaz

David Boaz es Vicepresidente Ejecutivo del Cato Institute.

El presidente Barack Obama y el congreso han rescatado valientemente al país del precipicio fiscal —encaminando al gobierno directamente hacia otra serie de precipicios fiscales que empezarán a sentirse en marzo. Curiosamente ausentes en este juego continuo de postergar el problema están las ideas concretas —de cualquiera de los dos partidos— para lograr controlar el gasto público.
El senado no ha aprobado un presupuesto en tres años. El presidente propone que no haya recortes de gastos. Los republicanos en el congreso, a pesar de su afición al estribillo “Tenemos un problema de gasto, no de ingresos”, guardan silencio cuando se les pregunta exactamente qué reducirían.
¿Hay un buzón de sugerencias? Si lo hubiese, aquí hay solo algunos grandes gastos que podríamos eliminar:

• Los subsidios agrícolas. El Departamento de Agricultura reparte entre $10.000 millones y $30.000 millones en subsidios en efectivo a los agricultores y propietarios de tierras agrícolas cada año (dependiendo del precio de las cosechas, los desembolsos por desastres y otros factores). Más del 90 por ciento de los subsidios agrícolas van a agricultores de sólo cinco tipos de cultivos: trigo, maíz, soya, arroz y algodón. La mayor parte de las granjas no recibe subsidios. El ingreso de los agricultores ha estado en auge últimamente, haciendo de este un momento particularmente bueno para poner fin a los subsidios.
• El programa educativo Head Start. ¡Oh no! Todo el mundo ama Head Start. Ayuda a los niños pobres. ¿Quién podría estar en contra de eso? Pero el viernes antes de Navidad, el gobierno dio a conocer un estudio a gran escala de la efectividad de Head Start. Su conclusión: “Para el final de tercer grado, fueron pocos los impactos encontrados… en cualquiera de los cuatro dominios de desarrollo cognitivo, social-emocional, salud y las prácticas de crianza. Los pocos impactos que fueron encontrados no mostraron un patrón claro de ser favorables o no favorables para los niños”. Head Start genera un costo de $8.000 millones anuales, y ha costado cerca de $200.000 millones desde su creación. Múltiples estudios oficiales han mostrado su ineficacia.
• Afganistán. Los estadounidenses están cansados de la guerra más larga de EE.UU. Está costando más de $100.000 millones al año. En lugar de vagos planes para reducir el número de tropas el próximo año o después, tomemos la decisión de acabar con la guerra, traer las tropas a casa y ahorrar ese dinero.
• La embajada de EE.UU. en Irak. La embajada más grande y más cara del mundo es la embajada estadounidense en Bagdad. Alojando a unas 17.000 personas, costará alrededor de $3.500 millones anuales para operar. A medida que nos acercamos al décimo aniversario de nuestra invasión de Irak, es tiempo de librarnos de administrar ese país lejano.
• El tránsito urbano. Los sistemas locales de transporte masivo deberían ser responsabilidad de los gobiernos estatales y locales. ¿Por qué los contribuyentes de alrededor del país están pagando los sistemas de metro y de trenes ligeros de Chicago, San Francisco, Boston, Nueva York y de otras ciudades? En esto, como en otras áreas, los subsidios federales le facilitan a los políticos locales aprobar gastos que no son rentables. Podríamos ahorrar entre $5.000 millones y $15.000 millones anuales al poner fin a estos subsidios nacionales para los sistemas locales de metros.

Casi cualquier programa federal tiene una sección de porristas, por lo que es tan difícil recortar cualquier cosa del presupuesto. Pero en una época de crisis fiscal, estas son algunas de las partidas que seguramente deben estar en la mira; pues han demostrado ser excesivas e ineficientes, y recortarlas salvaría cientos de miles de millones de dólares.
Se necesita más, por supuesto. Las transferencias a los individuos —conocidas como “prestaciones sociales” para hacerlas más difíciles de recortar— se han duplicado en términos reales durante los últimos 20 años y ahora representan el 60 por ciento del presupuesto federal. En dólares ajustados por la inflación, el presupuesto base del Pentágono a lo largo de los últimos cinco años fue de un promedio de $529.000 millones, mayor que el presupuesto promedio durante la era de Ronald Reagan, cuando se incrementó el gasto en defensa por la Guerra Fría —y eso ni siquiera incluye las decenas de miles de millones en asignaciones suplementarias para financiar nuestras guerras.
A largo plazo tenemos que pensar más detenidamente sobre lo que el Estado hace. ¿Queremos un Estado que gasta el 25 por ciento del PIB? ¿Debería el ejército de EE.UU. actuar como el policía del mundo? ¿Deben los contribuyentes proporcionar prestaciones de jubilación y atención de salud para los jubilados de clase media, e incluso los ricos? ¿Podrían los beneficios de un seguro social privado y de las cuentas de ahorro individual para la salud utilizar incentivos económicos comunes y corrientes para que las personas estén en una mejor situación que con los actuales programas de Seguridad Social y Medicare?
Esas son preguntas difíciles que el país será forzado a enfrentar tarde o temprano. Pero el próximo “precipicio fiscal” ya se acerca. Para rescatar algo de credibilidad, los políticos deberían al menos tener el coraje de aceptar unos cortes que están obviamente y objetivamente justificados considerando la evidencia.