16 mayo, 2013

EE.UU.: Sobre el impuesto sobre las ventas en Internet

por Daniel J. Mitchell
Dan Mitchell es académico titular del Cato Institute.
Asumamos que usted vive en Utah, Hawái o Carolina del Sur, y que se va a Nevada de vacaciones. Mientras está en Las Vegas, decide gastar algo de dinero en los casinos.
Apostar es ilegal en el estado donde usted vive, entonces, ¿deberían los policías en el estado donde usted reside ser capaces de rastrear sus actividades y arrestarlo por lo que pasó en Nevada?


La respuesta por supuesto que es no. O al menos debería ser no. El sentido común nos dice que las leyes a nivel de los estados deberían aplicarse solamente a las cosas que suceden dentro del territorio del estado.
Pero este principio sensato está siendo olvidado por el senado estadounidense, que ha aprobado una propuesta que le daría a los estados la habilidad de imponer sus impuestos a los vendedores de otros estados.
Mucha gente piensa que este debate se trata acerca de “tributar el Internet”, pero esa es una caracterización engañosa.
Si un vendedor en su estado le vende en Internet a usted o a su vecino, ese vendedor recaudará el impuesto sobre las ventas cobrado por su estado.
Y si un vendedor en otro estado le vende en Internet a usted o a su vecino, ese vendedor está sujeto a cualquier impuesto cobrado por el estado en donde está basado.
Pero a algunos gobernadores y legisladores de los estados no les gusta este sistema porque muchos estados no se ocupan de imponer impuesto alguno sobre las ventas a los consumidores de otros estados. Incluso si los estados cobrasen impuestos sobre las ventas a consumidores de otros estados, ¿qué hay de los cinco estados que no tienen impuesto alguno sobre las ventas? ¿No se convertirían esos estados en “paraísos fiscales” para las ventas en Internet? Por estas razones, algunos políticos se quejan de que el Internet les aplica presión competitiva para evitar que sus tasas de impuestos sobre las ventas se eleven demasiado.
Estas preocupaciones son exageradas. La gente generalmente compra en Internet porque le resulta conveniente, no para ahorrarse impuestos. Pero también es algo bueno que los estados sean forzados a competir entre sí.
Los estados que no cobran impuestos sobre la nómina salarial, como Nevada, Florida, Tennessee, Texas y New Hampshire, ayudan a restringir la ambición de políticos en estados que tienen sistemas punitivos de impuesto sobre la renta, como California, Illinois, Nueva York y Massachusetts. 
Y si los políticos en los estados con impuestos altos se niegan a ajustar sus malas políticas tributarias, entonces la gente debería tener la libertad para escapar y obtener ingresos en otros estados.
El mismo principio se aplica a los impuestos sobre las ventas. Por ejemplo, si los políticos en Arizona están preocupados de que los consumidores se irán a Internet o cruzarán la frontera para evitar un impuesto punitivo sobre las ventas, entonces deberían reducir la tasa de este impuesto.
Los políticos pueden elegir mantener sistemas tributarios no competitivos, por supuesto, pero también deberían estar preparados para aceptar las consecuencias. No creo que California e Illinois deban intentar convertirse en la Francia o Grecia de EE.UU., pero eso es algo que los electores de esos estados pueden decidir por sí solos.
En cualquier caso, no deberían tener el derecho de obligar a los vendedores de otros estados a actuar como funcionarios delegados para la recolección de impuestos si deciden imponer una mala política tributaria.
Pero este debate no es solamente acerca de la política tributaria y acerca de los límites adecuados al poder de los gobiernos de los estados.
La ley todavía tiene que pasar por el congreso, donde el Partido Republicano está dividido en esta cuestión. Si los políticos en Washington quieren aprobar la llamada Ley de Justicia en el Mercado, no solamente estarán autorizando la ejecución extraterritorial del cobro de impuestos, también estarán desencadenando la creación de una base de datos que erosionará la privacidad de los consumidores y creará oportunidades para el robo de identidades.
Esto es así porque la legislación solamente puede ser aplicada si los gobiernos establecen una especie de sistema para rastrear dónde viven los consumidores, qué compran y cuánto cuesta. Con 9.600 jurisdicciones de impuestos sobre las ventas en EE.UU. (ciudades y condados también imponen impuestos sobre las ventas), hacer cumplir esta ley sería una pesadilla. Y esto implica que sus detalles personales y financieros serán recolectados y archivados en una base de datos que será un imán para criminales y hackers de alrededor del mundo.
Para ser honesto, un cartel de impuestos sobre las ventas es una mala noticia para la política tributaria y una mala noticia para la privacidad. Limitemos el poder de los gobiernos de los estados para que solo puedan arruinar las cosas dentro de sus fronteras.

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