por Daniel J. Mitchell
Dan Mitchell es académico titular del Cato Institute.
Asumamos que usted vive en Utah, Hawái o Carolina del Sur, y que se
va a Nevada de vacaciones. Mientras está en Las Vegas, decide gastar
algo de dinero en los casinos.
Apostar es ilegal en el estado donde usted vive, entonces, ¿deberían
los policías en el estado donde usted reside ser capaces de rastrear sus
actividades y arrestarlo por lo que pasó en Nevada?
La respuesta por supuesto que es no. O al menos debería ser no. El
sentido común nos dice que las leyes a nivel de los estados deberían
aplicarse solamente a las cosas que suceden dentro del territorio del
estado.
Pero este principio sensato está siendo olvidado por el senado
estadounidense, que ha aprobado una propuesta que le daría a los estados
la habilidad de imponer sus impuestos a los vendedores de otros estados.
Mucha gente piensa que este debate se trata acerca de “tributar el Internet”, pero esa es una caracterización engañosa.
Si un vendedor en su estado le vende en Internet a usted o a su vecino, ese vendedor recaudará el impuesto sobre las ventas cobrado por su estado.
Y si un vendedor en otro estado le vende en Internet a usted o a su
vecino, ese vendedor está sujeto a cualquier impuesto cobrado por el
estado en donde está basado.
Pero a algunos gobernadores y legisladores de los estados no les
gusta este sistema porque muchos estados no se ocupan de imponer
impuesto alguno sobre las ventas a los consumidores de otros estados.
Incluso si los estados cobrasen impuestos sobre las ventas a
consumidores de otros estados, ¿qué hay de los cinco estados que no
tienen impuesto alguno sobre las ventas? ¿No se convertirían esos
estados en “paraísos fiscales” para las ventas en Internet? Por estas razones, algunos políticos se quejan de que el Internet les aplica presión competitiva para evitar que sus tasas de impuestos sobre las ventas se eleven demasiado.
Estas preocupaciones son exageradas. La gente generalmente compra en
Internet porque le resulta conveniente, no para ahorrarse impuestos.
Pero también es algo bueno que los estados sean forzados a competir
entre sí.
Los estados que no cobran impuestos sobre la nómina salarial, como
Nevada, Florida, Tennessee, Texas y New Hampshire, ayudan a restringir
la ambición de políticos en estados que tienen sistemas punitivos de
impuesto sobre la renta, como California, Illinois, Nueva York y
Massachusetts.
Y si los políticos en los estados con impuestos altos se niegan a
ajustar sus malas políticas tributarias, entonces la gente debería tener
la libertad para escapar y obtener ingresos en otros estados.
El mismo principio se aplica a los impuestos sobre las ventas. Por
ejemplo, si los políticos en Arizona están preocupados de que los
consumidores se irán a Internet o cruzarán la frontera para evitar un
impuesto punitivo sobre las ventas, entonces deberían reducir la tasa de
este impuesto.
Los políticos pueden elegir mantener sistemas tributarios no
competitivos, por supuesto, pero también deberían estar preparados para
aceptar las consecuencias. No creo que California e Illinois deban
intentar convertirse en la Francia o Grecia de EE.UU., pero eso es algo
que los electores de esos estados pueden decidir por sí solos.
En cualquier caso, no deberían tener el derecho de obligar a los
vendedores de otros estados a actuar como funcionarios delegados para la
recolección de impuestos si deciden imponer una mala política
tributaria.
Pero este debate no es solamente acerca de la política tributaria y
acerca de los límites adecuados al poder de los gobiernos de los
estados.
La ley todavía tiene que pasar por el congreso, donde el Partido
Republicano está dividido en esta cuestión. Si los políticos en
Washington quieren aprobar la llamada Ley de Justicia en el Mercado,
no solamente estarán autorizando la ejecución extraterritorial del
cobro de impuestos, también estarán desencadenando la creación de una
base de datos que erosionará la privacidad de los consumidores y creará oportunidades para el robo de identidades.
Esto es así porque la legislación solamente puede ser aplicada si los
gobiernos establecen una especie de sistema para rastrear dónde viven
los consumidores, qué compran y cuánto cuesta. Con 9.600 jurisdicciones
de impuestos sobre las ventas en EE.UU. (ciudades y condados también
imponen impuestos sobre las ventas), hacer cumplir esta ley sería una
pesadilla. Y esto implica que sus detalles personales y financieros
serán recolectados y archivados en una base de datos que será un imán
para criminales y hackers de alrededor del mundo.
Para ser honesto, un cartel de impuestos sobre las ventas es una mala
noticia para la política tributaria y una mala noticia para la
privacidad. Limitemos el poder de los gobiernos de los estados para que
solo puedan arruinar las cosas dentro de sus fronteras.
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