Durante este fin de semana, el escándalo del IRS se volvió incluso más estrambótico.
Varias agencias de noticias tuvieron acceso a un informe aún no hecho público por parte del inspector general (IG) para la administración tributaria del Departamento del Tesoro. Según ese informe, la responsable del IRS, Lois Lerner, tuvo constancia del problema allá por junio de 2011; sin embargo, en marzo de 2012, el comisionado del IRS, Douglas Shulman, expresó ante el Congreso “que la agencia no estuvo persiguiendo a los grupos conservadores que solicitaban un estatus de exención de impuestos como grupos ‘de asistencia social’”.
Pero según el informe del IG, el IRS no sólo tenía en su punto de mira a las organizaciones del “Tea Party”; sino que perseguía a “grupos centrados en temas como el gasto público, la deuda pública, los impuestos y la educación como formas de ‘hacer de Estados Unidos un lugar mejor para vivir’”. También empezó a fijar su atención en los grupos que criticaban al gobierno o que educaban a los americanos en asuntos como la Constitución o la Carta de Derechos.
Igual de escandalosas son las revelaciones de que puede que el IRS hubiera ido detrás de grupos judíos por razones políticas. El Jewish Press está informando de que una organización proisraelí recibió la indicación por parte de un agente tributario de que estaba siendo sujeta a una investigación adicional debido a que estaba “conectada con Israel”. Su solicitud (junto con las de otros grupos judíos) fue asignada a “una unidad especial de la oficina del D.C. para determinar si las actividades de la organización contradecían las normativas públicas de la administración”. Por otro lado, a una organización religiosa judía se le requirió que declarase si “respalda la existencia de la tierra de Israel” y que describiera su “sistema de creencias religiosas respecto a la tierra de Israel”.
Probablemente no sea necesario señalar que ninguna de estas cuestiones tiene nada que ver con si a una organización sin ánimo de lucro se le debería conceder o no el estatus de exención de impuestos según la Sección 501(c)(4) del Código de Recaudación Interna. Como explica el propio IRS, en esta sección se incluye a las organizaciones de asistencia social que “operan principalmente para incrementar el bien común y el bienestar general de las personas de la comunidad”. Aunque no pueden participar ni intervenir en campañas políticas, pueden “tomar parte en algunas actividades políticas, mientras estas no constituyan [su] actividad principal”.
Y promover (u oponerse) a una legislación (por ejemplo, luchar contra Obamacare, que fue el factor que dio origen a muchas organizaciones del “Tea Party”) “es un medio permitido de alcanzar esos fines de asistencia social”, según el IRS.
Ya esté Ud. de acuerdo o no con las normativas de la administración o si Ud. critica la expansión del gobierno o su deuda excesiva, estas cuestiones no son tenidas en consideración según el Código de Recaudación para acceder al estatus de exención de impuestos. Aparentemente, el IRS comprendió esto finalmente, pues según el Washington Post, modificó su táctica en mayo de 2012 para centrar su atención en “las organizaciones con indicadores de una cantidad significativa de intervenciones en campañas políticas”. A pesar de este cambio, decenas de organizaciones conservadoras aún siguen esperando que les concedan su exención de impuestos.
Sabremos más sobre este asunto cuando finalmente se haga público el informe del IG del Departamento del Tesoro. Pero se debería tener en cuenta que el uso del IRS para perseguir a los oponentes políticos de una administración es uno de los mayores peligros del tremendo poder de esta agencia federal. Es por eso por lo que la ley federal (26 U.S.C. § 7217) prohíbe que cualquier empleado de una oficina ejecutiva del presidente o del vicepresidente, así como de los secretarios de Gabinete, solicite “directa o indirectamente” que el IRS investigue a “cualquier contribuyente particular con respecto a la responsabilidad fiscal de dicho contribuyente”.
No está claro quién del IRS -o de donde sea- respaldó o consintió la errónea conducta en cuestión, pero es importante para el Estado de Derecho y el interés de la justicia que el Congreso lleve a cabo de forma enérgica su función de supervisión para llegar al fondo de este escándalo y, lo que es más importante, averiguar quién lo instigó y autorizó.
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