La confesión de un responsable del Servicio de Impuestos Internos (IRS) reconociendo que la agencia tributaria tenía en su punto de mira a los grupos conservadores del “Tea Party” no supone ninguna sorpresa para quienes trabajan con las organizaciones y líderes del “Tea Party” en el ámbito de las bases conservadoras. El Washington Post informa de que Lois Lerner, jefa de la división del IRS que supervisa los grupos exentos de impuestos, reconoció que las organizaciones que solicitaban un estatus de exención de impuestos quedaban señaladas si en sus nombres aparecían las palabras “tea party” o “patriota”.
Lerner se disculpó en nombre del IRS e indicó que era “absolutamente incorrecto, era desconsiderado e inapropiado”. No sólo se retrasaban las solicitudes de estas organizaciones, sino que de manera inapropiada se les pedían cantidades ingentes de información sobre la que el IRS no tenía potestad, según Cleta Mitchell, abogada de Washington que representa a un buen número de organizaciones del “Tea Party”. Lerner admitió que a muchas de ellas se les pidió que facilitasen “su lista de donantes”, algo que Lerner indicó que viola las normativas que el IRS debe aplicar.
Lerner afirmó que “la práctica se inició por parte de trabajadores de bajo rango de Cincinnati y no estaba motivada por sesgo político”. Pero al no ofrecer ninguna otra explicación, es lógico que la gente se pregunte: ¿qué razón aparte del favoritismo político explica que se tenga en el punto de mira a organizaciones cuyos nombres contengan las palabras “tea party” o “patriota”? Lo único relevante o sustancial que estas organizaciones tienen en común es que todas son políticamente conservadoras. Mitchell me comentó que “resultaba evidente para muchos de nosotros que algo siniestro estaba sucediendo dentro del IRS. Ahora la jefa de la unidad de Organizaciones Exentas lo ha admitido”.
Mitchell también cuestiona la afirmación de que eran sólo unos empleados de “bajo rango” de Cincinnati. Ella se encontró con el mismo problema en diversas oficinas del IRS al actuar como representante de numerosos clientes, incluida la oficina del IRS de Washington DC. Mitchell comenta también que más de uno de los agentes del IRS con los que trató le dijo que la orden de poner en el punto de mira a los grupos conservadores venía de Washington.
Incluso asumiendo que el acoso se inició por trabajadores de bajo rango de la agencia, ¿cómo pudo esta práctica haber continuado durante aproximadamente cuatro años a pesar de las enérgicas quejas presentadas ante el IRS por los abogados representantes de tantos grupos del “Tea Party” si no había altos cargos, en algún lugar del IRS, que la respaldasen?
El Centro Americano para la Ley y la Justicia (ACLJ) ha confirmado que representa a 27 grupos conservadores de 18 estados diferentes que han sido objeto de esta práctica. Les hacían preguntas totalmente inapropiadas sobre sus miembros, sus familias, sus donantes, los fines y actividades de sus organizaciones e incluso sobre sus participaciones en páginas web y redes sociales. Estas preguntas se las hacían a los clientes del ACLJ en múltiples oficinas del IRS, no sólo en la de Cincinnati.
Además, a pesar del reconocimiento del IRS de sus malas prácticas, a muchos de los clientes de Mitchell aún no les han concedido su estatus de exención de impuestos. Una de estas organizaciones ha estado esperando desde 2009 y su único delito parece ser expresarse en contra de Obamacare. Más de una docena de clientes del ACLJ siguen también a la espera.
Por último, no hay ningún indicio de que el IRS haya sancionado, trasladado o despedido a ninguno de los empleados que estaban persiguiendo ilegalmente a estas organizaciones conservadoras y que les exigían información y documentos en violación de las normas y regulaciones del IRS.
El senador Mitch McConnell (R-KY) ha pedido que la administración Obama realice una “revisión transparente y a nivel gubernamental con el objetivo de garantizar al pueblo americano que estas prácticas propias de matones no se llevan a cabo por parte del IRS o de cualquier otro órgano de la administración”. No obstante, el Congreso también debería ejercer sus funciones de supervisión y celebrar audiencias públicas para dilucidar quién autorizó estas medidas en el IRS, cuán alto en la cadena de mando llegó este acoso ilegal a ciudadanos americanos y qué procedimientos se han implantado para que esto no suceda de nuevo.
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