El límite de la prudencia

Pascal Beltrán del Río

México necesita vivir en paz y mantener el ritmo del proceso de reformas, con toda la discusión que éste amerite en las Cámaras, que para eso están. 

Sólo el tiempo dirá si es benéfica para la estabilidad del país la estrategia que sigue la Secretaría de Gobernación en torno de los grupos que están detrás de la violencia política y criminal que impacta al país desde febrero.
La tónica, hasta ahora, ha parecido ser la prudencia. No hacer crecer los conflictos es la orden que aparentemente ha salido de Bucareli, lo mismo para lidiar con el paro de los maestros disidentes de Guerrero, que con las llamadas autodefensas, que con los grupos estudiantiles que tomaron la Rectoría de la UNAM.


De entrada debo decir que mi deseo es que desaparezca la violencia de las calles de Chilpancingo, Morelia y el Distrito Federal, y que la destrucción sin sentido de bienes públicos y propiedad privada sea reemplazada por el debate franco y abierto de las ideas, por los conductos que prevé una democracia.
Nadie tiene derecho a imponer su voluntad por la fuerza, al margen de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, y mucho menos por encima de ellos.
Tenemos un Poder Judicial para dirimir conflictos como éstos. Y si bien sus decisiones no pueden dejar satisfechos a todos, recurrir a él es la única posibilidad que tenemos como país para resolver nuestras diferencias en torno de la promulgación y aplicación de las leyes.
Pretender sustituir al Poder Judicial mediante la negociación política es un error en un Estado que se supone democrático. Cuando se abre la puerta a negociar lo que establece el marco legal, se envía la señal de que cualquiera puede, con medidas de fuerza, torcer el derecho.
Discutir qué es justo y qué no es adentrarse en los caminos serpenteantes de la subjetividad. Llevado al límite, podemos tener tantas visiones de la justicia como individuos en un país.
¿Es justa la reforma educativa? Depende para quién. Pero lo cierto es que es legal: ya ha habido una modificación al Artículo Tercero constitucional y pronto, esperemos, habrá una legislación secundaria al respecto.
¿Son la reforma educativa y otras reformas ya aprobadas o en proceso, la solución a la falta de crecimiento del país y a la terrible desigualdad que ésta ha engendrado?
Quién sabe. Lo cierto es que el statu quo definitivamente no lo es. Por ejemplo, la relación corporativa que ha existido por décadas entre el magisterio y las autoridades ha hundido a México en el rezago educativo, pues en el juego de fuerzas entre las partes las variables en equilibrio han sido los ingresos de los maestros y el apoyo político que éstos pueden ofrecer.
Los procesos de reforma nunca son indoloros. Pero veamos lo que está en juego. ¿Se está proponiendo reducir el salario de los maestros? No. ¿Hacerlos trabajar más de lo que les corresponde? Tampoco.
Lo que se propone es que los maestros sean sujetos a una evaluación (cuyo alcance aún está por ser definido) y que las plazas no sean otorgadas automáticamente —como ha sucedido hasta ahora, con base en la negociación política— ni llenadas al capricho del gremio.
El statu quo por el que pelean los maestros de la Coordinadora no beneficia a los niños de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El statu quo los ha hecho peones de la negociación entre los maestros y las autoridades. Hace años que en esos estados no se cumple un año lectivo completo, aunque los maestros no han dejado de percibir ingresos por días en paro de labores.
Entonces, ¿es justa la reforma educativa? Habría que decir que para los niños sí. Insisto, está por verse si esta reforma los sacará del rezago educativo, pero al menos es una oportunidad de intentar las cosas de modo distinto. ¿Que será doloroso para muchos maestros? Sí, porque los obligará a capacitarse, algo que no ha estado entre las prioridades de quienes se han especializado en movilizarse más que en sacar adelante a sus alumnos.
Con el maniqueísmo que los caracteriza, los profesores en rebeldía y los grupos que los apoyan han querido vender la idea de que la reforma educativa sigue un instinto conservador y que ellos son los revolucionarios de la película.
Es al revés: mantener a los estudiantes en el rezago es una posición profundamente reaccionaria porque implica reproducir la pobreza. Una juventud con mayor educación tiene posibilidades de romper el círculo vicioso de la miseria en lugares como Guerrero. Dejarlos semanas enteras sin clases por un afán egoísta los condena a repetir la vida de sus padres.
Por eso me cuesta entender la estrategia de Gobernación. Entiendo su voluntad de no profundizar los conflictos, pero, ¿acaso podía esperar que el proceso de reformas que ha emprendido el gobierno federal, con apoyo de los partidos del Pacto por México, no enfrentaría algún tipo de resistencia?
Repito que espero que tenga éxito, porque las escenas de saqueos, destrucción y rapiña que hemos visto en días recientes en varios lugares del país alteran la vida de la población que desea vivir en paz, transitar con seguridad, ir a trabajar y mandar a sus hijos a la escuela.
Pero no me queda clara una negociación donde, de un lado, se tiene a una persona prudente y, del otro, a alguien siempre dispuesto a subir el monto de la apuesta.
Veamos Guerrero: Los maestros paran labores, el gobierno les retiene el salario, los maestros bloquean la Autopista del Sol, el gobierno libera los pagos, los maestros exigen una reforma educativa a su conveniencia, la legislatura estatal se resiste, los maestros apedrean la sede del Congreso, los diputados se van a sesionar a Acapulco, los maestros destruyen las oficinas de los partidos, el gobierno estatal pide y obtiene órdenes de aprehensión contra ellos, los maestros atacan la casa del gobernador, la Procuraduría estatal detiene a cuatro profesores… y ¡la Secretaría de Gobernación interviene para que sean liberados!
Es evidente que el gobierno de Guerrero está rebasado y no puede con este conflicto. Es entendible que Bucareli intervenga, pero, ¿con esa estrategia?
Los estrategas de Gobernación deben estar confiados en que la liberación de los cuatro profesores es una muestra de buena voluntad que llevará a la CETEG a sentarse a la mesa. Lo veremos: la primera prueba será terminar con el paro de labores, que ya lleva más de dos meses.
La misma prudencia de Bucareli puede verse en el manejo del tema de las autodefensas y la toma de la Rectoría de la UNAM.
Esta última fue liberada en vísperas de la visita del presidente estadunidense Barack Obama. La coincidencia fue fabulosa. Los encapuchados se fueron casi sin despedirse, de una manera ordenada que contrastó con la violencia con la que entraron en el edificio.
¿Qué pasó? Se ha anunciado una negociación con las autoridades de la UNAM en las islas de Ciudad Universitaria, pero no se ha dicho qué estará en la mesa. ¿Es negociable la expulsión de cinco alumnos del CCH Naucalpan o el plan de estudios de ese colegio?
Poco después del fin de la toma, trabajadores y autoridades (estos últimos en off the record, como si temieran algo) dieron a conocer la desaparición de objetos personales, así como de documentos y sellos oficiales.
A reserva de aclarar quién se los robó, ¿se puede negociar con personas violentas que, además, se comportan como simples ladrones?
Y en cuanto a las autodefensas, ya está claro que estos grupos armados irregulares están creando más violencia de la que están previniendo, pero también se les ha tratado con una absoluta prudencia.
Aun así, yo le deseo éxito a las gestiones de la Secretaría de Gobernación. México necesita vivir en paz y mantener el ritmo del proceso de reformas, con toda la discusión que éste amerite en las Cámaras, que para eso están.
Sólo espero que Gobernación sepa que a quienes tiene enfrente no son igual de tolerantes y que ya han mostrado que están dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios.
Y que la prudencia, para ser eficaz, necesita tener un límite. Y si no, que se acuerden de cómo unos machetes terminaron con el gobierno de Vicente Fox cuando apenas comenzaba.