El problema de la estrategia

Raymundo Riva Palacio 

¿Alguien, con el mínimo sentido de soberanía, puede estar en contra de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de recortar las actividades tácticas y de inteligencia que el gobierno de Felipe Calderón autorizó a Estados Unidos en territorio mexicano? 

Nadie, por supuesto, pero el gobierno estadunidense, como hace cada vez que quiere presionar a su vecino, abrió información confidencial a su prensa para ratificar desde el anonimato su molestia porque se les cortaron privilegios sin precedente, aprovechando la carencia del gobierno peñista de una estrategia clara de combate al crimen organizado.

No enfrentar a los criminales permitió que renaciera La Familia Michoacana, que invadiera al Estado de México y organizara sus grupos de autodefensa civil, y que la guerra entre cárteles de la droga mantuviera en vilo la frontera norte de Tamaulipas, la Comarca Lagunera y regresara a San Luis Potosí. 

La ausencia de una política de contención criminal permitió a Estados Unidos presionar a los mexicanos. 

No parece interesarle que la instrumenten, sino que entiendan que Washington, no México, es quien controla la estrategia, tiene los insumos de inteligencia y dicta las órdenes de qué hacer, cómo, cuándo y contra quién.

Una estrategia de contención criminal es lo que requiere el gobierno mexicano para encarar a los estadunidenses, que no dejan de sangrar por la herida. Después de todo, el nivel de colaboración del gobierno de Calderón llegó a niveles de subordinación y sumisión ante Washington. 

El concepto de “guerra” contra el narcotráfico provino de la DEA en una reunión secreta que tuvo el jefe de la agencia en México en 2006 con el ex presidente en Cuernavaca. El manejo de centros de inteligencia en Monterrey y la Ciudad de México fue autorizado a petición de la ex canciller Hillary Clinton. 

Los permisos para que drones -no artillados- de Estados Unidos volaran sobre territorio mexicano en tareas de inteligencia, salieron de Los Pinos.

Todo este nivel de colaboración no sólo era sin precedente, sino que en el pasado fue motivo de enfrentamiento. 

En este mismo espacio se publicó en su momento cómo el operativo donde murió Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca en diciembre de 2009 fue hecho por comandos de la Marina entrenados por la CIA y la DEA, quienes recibían las instrucciones del mando en inglés. 

En este mismo espacio se publicó también que algunas de las unidades de élite incorporaban a miembros que no hablaban el español mexicano y que tenían como símbolo tatuajes más similares a los que algunos cuerpos de seguridad privados tenían en Afganistán e Irak. 

Igualmente se publicó cómo la PGR había autorizado que agentes de la DEA participaran en interrogatorios que evolucionó a ser ellos quienes hablaban con los detenidos antes que los ministerios públicos federales.

El gobierno de Calderón autorizó a portar armas y a dirigir operaciones tácticas dentro de territorio mexicano, con lo que cambió toda una doctrina mexicana contra la intervención estadunidense. De esa manera se construyeron bases de entrenamiento en Querétaro y otras localidades, manejadas por la CIA, la DEA y con uso de contratistas privados. 

México siempre se negó a persecuciones en caliente, como se llama a las persecuciones en tiempo real, que penetraban el territorio mexicano, hasta que el ex presidente las autorizó. Siempre, también, se impidió que las campañas contra el narcotráfico se diseñaran en Washington, a lo que se accedió en la administración calderonista hasta permitir a Estados Unidos decidir con qué rama del gobierno trabajaban en México y a quién vetaban.

La entrega, si no total porque dentro del gobierno mexicano hubo resistencias, sí fue inmensa, avalada por toda una clase política que no cuestionó el sometimiento. México se convirtió en una especie de Irak o Afganistán, donde sus gobiernos títeres reciben instrucciones de Washington. 

No les ha gustado que este gobierno cambie las reglas de juego, pero para que el presidente Peña Nieto gane también el consenso nacional, debe explicar claramente que tiene una política de disuasión criminal que no es retórica, y evitar en paralelo la descripción del gobierno de Barack Obama, que afirma que a su gobierno sólo le interesa lo “cosmético”.