Carlos Ramírez -
La
titubeante capacidad de respuesta política del gobierno federal ante la
estridencia de la oposición en torno al gasto social-lealtad electoral
pareció darle la razón a las quejas. Sin embargo, desde el Pronasol de
1989 se han hecho estudios técnicos para demostrar que los programas contra la pobreza no han beneficiado al PRI.
Más aún, el estudio Monitoreo de
programas sociales en contextos electorales. Análisis de la vinculación
del gasto de programas sociales con las variables electorales, de Ma.
Fernanda Somuano en 2006, investigadora de El Colegio de México,
concluye que "municipios panistas y perredistas reciben mayores recursos que municipios priístas".
En su investigación técnica, Somuano
pudo consolidar datos verificables acerca de la relación
gasto-elecciones. En el periodo 2002-2004, en el caso de Liconsa,
concluyó: "el grado de competencia en el municipio, así como qué partido
gobierna en el mismo, no afecta la distribución de recursos. En años electorales municipales se destinan menores recursos per cápita a los municipios". "No existe un uso político-electoral del programa Liconsa para los años estimados".
Respecto a Oportunidades, la investigadora concluyó que "el grado de competencia política en el municipio no parece tener efecto sobre la magnitud de los recursos asignados.
La identidad del partido en el gobierno municipal tampoco parece ser
una variable que tiene influencia sobre los recursos". Eso sí, encontró
que "municipios en estados perredistas reciben mayores recursos que
municipios en estados priístas y que municipios en estados panistas".
Por su parte, la investigadora Gabriela
Pérez Yarahuán, en su estudio Social development policy, expeditures and
electoral incentives in Mexico, publicado en 2007 en la revista
Iberofórum, jerarquiza la importancia de los programas sociales: primero
está el Fondo de Infraestructura social Municipal (376 pesos per
cápita), luego Oportunidades (283 pesos) y Liconsa (21 pesos). En este
sentido, "municipios gobernados por el PRD reciben en promedio más gastos per cápita del Fondo y Oportunidades", pero en promedio esos municipios tienen un 'menor grado de desarrollo'.
De acuerdo con la investigación en el periodo 1999-2005, Liconsa fue el único programa social que reveló 'mayor influencia política'
en la distribución de recursos pero por razones de lealtad en el ámbito
federal. Peor aún, en el ámbito municipal se observó un efecto negativo
por los mecanismos de blindaje desarrollados por la Secretaría de
Desarrollo Social. De hecho, la investigación encontró que 'los nuevos
arreglos institucionales han servido para limitar la discrecionalidad
del ejecutivo federal en la asignación de los gastos del gobierno".
Michelle Dion, en una investigación
publicada en el 2000 en la revista Estudios Sociológicos de El Colegio
de México respecto de una indagación de programas sociales en el periodo
1988-1994 acerca del Pronasol (ya inexistente), encontró 3 puntos
decisivos: los recursos del Pronasol se asignaron con base en criterios
políticos, el programa no estuvo dirigido a los estados o regiones más
necesitados del país y 'no influyó en los resultados de las elecciones presidenciales de 1994'.
Esta
conclusión es importante porque en el ámbito federal los programas
sociales manejados por el PRI y luego por el PAN no determinaron
preferencias electorales federales.
Otro dato de la investigadora es
revelador: 'esos gastos rara vez consiguen comprar un número
considerable de votos'; 'los políticos sí hacen uso del gasto público
para comprar votos, pero no siempre tienen capacidad para influir en los
resultados electorales'. A boca de urna, los electores votan por
decisiones propias, no por compromisos con los políticos. Luego del
resultado adverso al PRI en las elecciones de 1997 -pérdida de la
mayoría absoluta en la Cámara federal y pérdida del gobierno del DF-, Zedillo emprendió una gira por municipios pobres para promover el Progresa -sustituto del Pronasol- pero el resultado en el 2000 fue negativo al PRI.
En una investigación acerca de los
criterios de asignación para la superación de la pobreza en México, de
John Scott y Erik Bloom, publicada en Economía Mexicana de El Colegio de
México en el primer semestre de 1997, se acumulan datos del entonces
vigente ramo 26 para combatir la pobreza: los 4 estados más beneficiados
fueron Chiapas (4.6 veces de 1988 a 1997), Guerrero (4.7), Oaxaca (3.1) y Veracruz
(2.8) tuvieron resultados irregulares en materia electoral: Chiapas fue
dos veces ganada por una alianza anti-PRI, Guerrero se descompuso hasta
pasar al PRD, Oaxaca pasó a manos de otra alianza antipriista y sólo Veracruz se quedó en poder del PRI.
Y una Evaluación de las políticas y
programas sociales implementados por el gobierno del DF, realizada para
la Asamblea Legislativa del DF en 2001, llegó a una conclusión vía una
encuesta: 'la mayoría de los entrevistados, 51.7%, opinó que la finalidad de los apoyos que da el gobierno (del DF) es obtener votos' y
sólo el 30.5 asumió que el objetivo fue atender los derechos. En el DF 3
programas concentran el 70% del presupuesto de 12.3 millones de pesos:
servicios médicos gratuitos (39.7%), pensión alimentaria a adultos
mayores (20.1%) y Prepa Sí (6.78%). De ellos, sólo el tercero tiene un
efecto multiplicador de bienestar y nivel social.
Al final, la polémica armada por el PAN y
el PRD en torno a la relación gasto-elecciones no obedeció a una
investigación de fondo del principal efecto de la modernización
política: ciudadanización de la sociedad, pasando de la sociedad del
acarreo (sólo magnificado en el DF) a la sociedad del voto consciente.
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