19 mayo, 2013

Grupos de autodefensa política

José Buendía Hegewisch
La impunidad que socava la seguridad y la justicia, y particularmente en estados violentos como Michoacán o Guerrero, se debe a la persistencia de formas autoritarias, caciquiles, clientelares y la opacidad que ningún gobierno de la democracia ha querido realmente erradicar. 
Grupos de autodefensa política
La clase política cede otra vez a su natural instinto de preservación, a pesar de que también cada día es más claro el agotamiento de las viejas formas de ejercer el poder en México. El enojo, la inconformidad por el abuso  de autoridad y hartazgo con la simulación han crecido con la democracia, pero gobiernos y partidos parecen creer que aún tienen margen para resguardarse de la transparencia y rendición de cuentas.

No obstante casos como Lady Profeco o el de Elba Esther Gordillo, la élite política confunde la agenda del país con la autodefensa de sus intereses. La impunidad que socava la seguridad y la justicia, y particularmente en estados violentos como Michoacán o Guerrero, se debe a la persistencia de formas autoritarias, caciquiles, clientelares y la opacidad que ningún gobierno de la democracia ha querido realmente erradicar. Se han valido de ellas a pesar de cobijar al crimen y la  violencia. Asimismo, son esas prácticas —como la desviación de programas sociales con fines electorales en Veracruz— las que hoy sobrecargan de tensión al Pacto y cambian el rumbo legislativo del país. Las responsables de echar a un lado la agenda de reformas democratizadoras de las instituciones, como la de transparencia y la ley anticorrupción, que el Congreso dejó para mejor ocasión.
Si alguien cree que a cambio son suficientes casos ejemplares, como el cese de Benítez Treviño o el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, se equivoca. Son buenos mensajes contra el manejo patrimonial del poder y el tráfico de influencias,  pero  no afectan las reglas del juego que permiten esas conductas. Son “cabezas” para calmar la indignación y  el temor de que los viejos abusos vuelvan con el PRI. Pero no modifican usos como el clientelismo, la componenda  y la complicidad de la corrupción; la falta de investigación de denuncias de desviación de recursos o de acuerdos “mafiosos” que involucran a políticos y narcos como las acusaciones contra Yunes en Veracruz.
El castigo de un funcionario público no significa cambiar la representación política. Ni la detención de Gordillo, ni la entronización de la nueva dirigencia del SNTE, implican la democratización del SNTE, aunque haya sido conveniente su salida para la reforma educativa. Así como tampoco la publicidad de desfalcos de Granier en Tabasco se traduce en transparencia de las arcas estatales.  Sin embargo, lejos de entrar a transformar de verdad la forma de gobernar, la clase política opta nuevamente  por la preservación  y se concentra en su agenda prioritaria de los últimos tres lustros: una nueva reforma electoral.
Pero en contraposición, hay en el país 1765 legisladores locales y federales de todos los partidos y entre los que brilla por su ausencia la preocupación de vigilar los recursos públicos y fiscalizar su uso. Prueba de ello es el explosivo crecimiento de las deudas en los estados o la decisión del Congreso de Tabasco de reservar la información de la cuenta pública hasta 2015, sin importar el escándalo por el saqueo del que se acusa al anterior gobierno.
Es la persistencia de esas prácticas y la violencia que generan, la mayor amenaza al Pacto y a la agenda legislativa modernizadora. No obstante, los firmantes del acuerdo prefirieron detener reformas que sí atañen a la forma de ejercer el poder y hasta pensaron en un periodo extraordinario para ver las condiciones para competir por el poder. Su lógica de autodefensa se reproduce a todo nivel de gobierno. El Congreso federal dejó en suspenso la autonomía del IFAI o la creación de nuevos mecanismos para sancionar la corrupción,  mientras los locales dan muestras claras de tener poco interés por cambiar instituciones para fiscalizar el dinero público, como muestra el IMCO sobre las auditorías superiores locales.
A pesar de todo ello, en la agenda vuelven a priorizarse los problemas por la administración de las elecciones ante las crecientes denuncias de prácticas fraudulentas que, paradójicamente, persisten por la falta de transparencia y rendición de cuentas. De nueva cuenta, reformas institucionales o estructurales, como la energética o fiscal, podrían depender de la necesidad que tienen los partidos de “emparejar la cancha” para la competencia por el poder. Pensaran que poco importa que partidos o sindicatos sigan sin ser sujetos obligados de la transparencia, mientras haya la forma de quitar a los gobernadores el control de las elecciones sin caer en la cuenta de que el margen de la ruta de la preservación se les agota a todos.

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