Guatemala: Leguleyo lego – por Pedro Trujillo

Con la prepotencia propia de quien cree estar por encima de todo y gracias a la libertad de expresión de que goza, el abogado Héctor López, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), solicitó que el Poder Ejecutivo promueva un decreto legislativo para penar toda expresión que niegue el genocidio en Guatemala. El tal “abogado” pretende silenciar por ley aquello que cuestione lo que no le gusta o estima inapropiado. El manipulador “jurisconsulto” obvia maliciosamente que el derecho de libre expresión está reconocido por muchos instrumentos nacionales e internacionales que interesadamente suele manejar en pleitos y abandera desde esa organización dedicada —dicen— a la defensa de los derechos humanos. Pretende, sin argumentos, que se silencien y no cuestionen ciertos hechos e ignora que la Constitución que seguramente juró y manifiestamente desprecia incluye la libertad de expresión como derecho fundamental, algo que maliciosa o ideologizadamente intenta revertir y destruir.
¡Nada nuevo! Abogadillos con ínfulas de dictadorzuelos lo han hecho en Argentina, Venezuela y Ecuador, y animan a miserables deseosos de imponer absurdas y viles normas atentatorias contra derechos esenciales del ser humano.
Un repaso de sustanciales asignaturas de Derecho y otras lecturas complementarias no le vendrían mal a López, cuando no repetir la carrera. Se hubiese esperado que los —y las— defensores de los derechos humanos rechazasen y condenasen al autoritario (i)letrado, pero el silencio cómplice está demasiado arraigado en esos manipuladores. Defienden los “derechos humanos” —cuando generan réditos—, pero son incapaces de actuar éticamente contra quienes desde su órbita los violan fehacientemente. Oportuno y conveniente conocer la opinión de Frank La Rue, relator de la ONU para la Libertad de Expresión y fundador de Caldh, lugar donde labora el insigne “jurista” promotor de esa represiva iniciativa. ¿Lo despedirán por su fáctica propuesta? Seguramente no.
De vez en cuando, esos personajes desnudan y descubren su esencia y la de la organización que los mantiene. Lobos con piel de oveja que manipulan y politizan la justicia y prefabrican normas —que no soportan un mínimo análisis—, pretendiendo configurar un estado de legalidad, que no de derecho, sobre el que construir falacias o promover autoritarismos o populismos. Se oponen contundentemente a leyes de “punto final”, pero desean implementar precisamente una: cerrar el prefabricado y cuestionado caso del genocidio e impedir que la ciudadanía se cuestione libremente la aberración jurídica y el circo mediático del que son cómplices.
Quieren silenciar voces opositoras con actitud absolutista, impositiva e ilegal. Muestran su dimensión más vil y tenebrosa, igual que aquella guerrilla que niegan y que también pretendía imponerse a la fuerza o asesinando. ¡Defensores de derechos humanos!, capaces de manipularlos, retorcerlos, mutilarlos o destruirlos. Más bien, vividores y depredadores que imponen el silencio al debate, la directiva a la discusión, la sentencia rápida y manipulada a la refutación probatoria. Abanderados de “los derechos humanos”, como si el título estuviese estampillado con el correspondiente basamento ético. Son asesinos de la libertad, detractores de la democracia, violadores de aquello que dicen proteger y absolutistas que se esconden y apoyan mutuamente. La propuesta nada profesional, inmoral e incluso delictiva del tal López fue bochornosa y deleznable. Hubiese sido de esperar la rápida reacción de La Rue —tan ágil en otras ocasiones—, pero alegará ignorancia o se sumará al silencio cobarde, acostumbrado y cómplice de esos grupitos facinerosos y manipuladores que se autodenominan defensores de “derechos humanos”. ¿Cuáles y de quiénes?, me pregunto.
Fuente: Prensa Libre (Guatemala)