La administración Obama hace caso omiso de la ley

Diane Katz

Después de tres años de hiperregulación, la administración Obama ha ralentizado de manera notable su actividad reguladora durante los últimos meses. Todo un conjunto de importantes normas han sido dejadas a un lado en un proceso de “revisión” prolongada por parte de la Casa Blanca, mientras que por dos veces se han dejado de elaborar las agendas reguladoras, que además están requeridas por un estatuto del Congreso. Este desprecio a la ley ya es lo suficientemente perturbador, pero se ha empeorado aún más debido a la creciente incertidumbre reguladora que este ha ocasionado.
El Congreso obligó en 1980 a que cada agencia elaborase una agenda reguladora, según la ley de Flexibilidad Reguladora. Este estatuto exige la publicación, los meses de abril y octubre de cada año, de un resumen de todas las normas susceptibles de tener un “impacto económico significativo” en un número sustancial de pequeñas empresas. Las órdenes ejecutivas subsiguientes ampliaron esos requisitos a todas las regulaciones en proceso de desarrollo o de revisión en unos 60 departamentos, agencias y comisiones.


Sin embargo, el presidente Obama ha hecho caso omiso de los plazos de esas agendas para abril y octubre de 2012. La agenda más reciente de la administración, con 2,676 regulaciones, se publicó en otoño de 2011. El abandono de la legalidad por parte del presidente contradice su promesa de un “nivel de apertura sin precedentes en la transparencia del gobierno”.
El anuncio de las inminentes medidas reguladoras es una herramienta esencial para la transparencia y la responsabilidad gubernamental. La agenda facilita el que los ciudadanos participen en el proceso de elaboración de las normas, que las empresas planifiquen sus actividades y que el Congreso se involucre en su labor de supervisión. Precisamente ahora hay mucho en juego debido a los cientos de normas que aún quedan por completar relativas al estatuto regulador Dodd-Frank y a Obamacare.
Además, la administración ha pospuesto últimamente las medidas relacionadas con algunas de sus regulaciones más ambiciosas. Por ejemplo, los estándares más estrictos para las emisiones de ozono se han archivado hasta 2013. La propuesta original realizada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) costaría $90,000 millones o más cada año y, posiblemente, haría peligrar millones de empleos.
También están suspendidas varias regulaciones para controlar las emisiones de las centrales eléctricas de los denominados gases de efecto invernadero que incrementarían espectacularmente los costos de la energía, así como la calificación de las cenizas del carbón como “sustancia peligrosa”, que se estima que costarían entre $79,000 millones y $110,000 millones y miles de empleos en Pensilvania, Virginia Occidental, Misuri y Ohio.
Hay muchas razones para creer que este reciente “frenazo” en la elaboración de reglas presagia un tsunami regulador para el año que viene. De particular importancia es el enorme número de regulaciones propuestas que se están acumulando en la Oficina de Información y Asuntos Reguladores (OIRA), el departamento dentro de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) que revisa las reglas antes de que sean publicadas en el Registro Federal.
Según los datos de la OIRA, un impresionante 78% de las 151 regulaciones que esperan revisión ha estado atascado en esta oficina durante más de 90 días, excediendo por tanto del tiempo máximo asignado por la orden ejecutiva.
Entre las más costosas se encuentran:

· Una norma del Departamento de Transporte para requerir una cámara trasera y un dispositivo de video para todos los autos y camiones de nueva fabricación, con un costo estimado de más de $2,700 millones.

·Las revisiones de las reglas denominadas Boiler MACT que imponen unos límites más estrictos en las calderas e incineradoras tanto industriales como comerciales. La EPA fijó el costo de su propuesta original en %9,500 millones, pero analistas independientes estimaron que el costo sería al menos de $20,000 millones.

· Los estándares de conservación de la energía para las cámaras frigoríficas y refrigeradoras así como para la refrigeración comercial, que se aplicaría prácticamente a todos los equipamientos utilizados en las tiendas de comestibles. El Departamento de Energía estima que esto aumentará los costos de fabricación en $500 millones durante cuatro años.

·Las restricciones del Departamento de Trabajo respecto a la exposición de los trabajadores a la sílice cristalina (finas partículas de arena comunes a los trabajos de la minería, la industria y la construcción). Un análisis remitido a la OIRA por consultores económicos y de ingeniería estimaba que los costos de conformidad serían de $5,500 millones anuales, conllevarían la pérdida de 17,000 empleos al año y de $3,100 millones de rendimiento económico cada año.

Sería una buena noticia tanto para la economía como para los consumidores si los retrasos en la elaboración de reglas fueran el resultado de unos análisis de los costos más concienzudos o de una consideración de otras alternativas reguladoras. Pero no hay ningún indicio de que la administración haya adoptado un escepticismo de nuevo cuño respecto a su propia burocracia. Las pruebas sugieren en cambio que una multitud de importantísimas normas simplemente están esperando a su publicación durante el próximo año.
Por supuesto, nadie lo sabe con certeza. Pero esa misma incertidumbre es en sí misma perjudicial para la economía. Esa es una importante razón por la que el Congreso requiere que la administración revele sus intenciones en materia de regulación mediante agendas semestrales. Y desde luego, el presidente debería cumplir esa ley.