La tentación de encapucharse

CARLOS ELIZONDO MAYER >>  

La tentación de encapucharse

¿Cómo explicarle a un extranjero de un país serio que la rectoría de una universidad en México estuvo tomada por 14 encapuchados durante 12 días? Sobre todo cuando se trata de la institución educativa más grande e importante del país, con un presupuesto anual de 33.7 mil millones de pesos, cuatro veces más que el de la Universidad Complutense de Madrid y superior al presupuesto total de 19 de las 32 entidades federativas de nuestro país. 

Es fácil pedir desde los medios de comunicación que se haga cumplir el estado de derecho, pero ¿por qué a los responsables de decidir tal curso de acción les parece mejor idea no hacerlo? No sólo en la UNAM, sino en Chilpancingo o en las calles de la Ciudad de México la autoridad suele permitir que una minoría violenta destruya inmuebles o afecte a terceros.
La lógica para no actuar parece contundente. Desalojar por la vía de la fuerza implica un enorme costo político e incertidumbre para quien toma la decisión. Si se hiciera bien, habría aplausos por algunos días, pero siempre está el riesgo de que algo salga mal. Un herido o peor aún una muerte puede transformar un problema acotado en una pesadilla que lleve incluso a perder el puesto, lo más sagrado para casi cualquier funcionario.
No actuar tiene consecuencias negativas para la institución afectada. Al ser tan barato ponerse una capucha y dedicarse a destruir, más de uno realizará actos similares en el futuro. Sin embargo, es un costo que se suele pagar a plazos, y una buena parte de éste lo pagará el sucesor.
Si ésta es la lógica dominante ¿por qué no está el mundo lleno de encapuchados violentos? Porque en los países donde hay estado de derecho sería inaceptable tolerar ser rehén de un pequeño grupo de vándalos. La presión social para actuar sería enorme, empezando por la propia comunidad afectada que le exigiría a la autoridad proteger a la institución.
Es revelador del espíritu puma que una comunidad tan politizada y activa como la de la UNAM no ofrezca una resistencia efectiva frente a la violencia de una minoría. Sus más de 330 mil estudiantes y más de 37 mil profesores nada hicieron para evitar que los vándalos dictaran sus términos. Recolectaron más de 100 mil firmas y hubo algunas cartas de personajes notables, pero nadie fue más allá de la prosa. Nadie utilizó el instrumento por excelencia de los universitarios, la marcha, para demandar la liberación de la UNAM. Se podía hacer sin confrontar a los encapuchados directamente en la rectoría. La UNAM es bastante grande como para poder organizar la marcha en otro lado.
Quizás en el fondo la comunidad universitaria no comparte la idea de que el estado de derecho implica sancionar a quien toma violentamente un edificio. ¿Prevalecerá el miedo de que la defensa del estado de derecho vaya a ser utilizado en algún plantón en otro lado? ¿Creerán que se pierde menos autonomía aceptando a los encapuchados en su campus que a las fuerzas policiacas para desalojarlos?
Tampoco quien paga impuestos tiene internalizado el principio de que la obligación del rector es cuidar el patrimonio de la UNAM, el cual es de todos los mexicanos. Por ejemplo, desde septiembre del 2000 el auditorio Justo Sierra está tomado por un grupito de rebeldes que lo usa como hotel de paso, comedero de fritangas y venta de sustancias ilegales. Esta aberrante ilegalidad ha sido aceptada por la autoridad universitaria. Esto sería intolerable en Cuba o en Estados Unidos, por citar dos países polares, pero en México no produce mayor enojo de la sociedad y ésta no ejerce presión para desalojarlos. ¿Para qué pagar el costo de actuar si nadie lo reclama y es más fácil ir por la vida dando discursos?
Los encapuchados liberaron la rectoría con la oferta de parte de las autoridades universitarias de negociar este jueves 9 de mayo. No queda claro qué quieren o pueden negociar, salvo que se les levanten las actas penales correspondientes por haber destruido el patrimonio universitario y robado desde artículos personales de quienes ahí laboran, aparentemente incluidos los del rector, hasta documentos importantes. Sería un error hacerlo. La autoridad deberá ratificar todas las órdenes de aprehensión correspondientes y empezar a recuperar los espacios tomados por vándalos en el resto de la Universidad. Sólo así la UNAM podrá ser en los hechos el referente que el país requiere y no un lugar donde se declama sobre los bienes y males del país.
Ático: ¿Por qué en México a la autoridad le parece menos costoso dejar que encapuchados violentos hagan lo que deseen a aplicar la ley?