Jorge Fernández Menéndez
Estados Unidos, como lo dio a entender su Presidente, no
conoce aún a detalle la estrategia del gobierno federal.
Concluida la gira del presidente Barack Obama,
será hora, a partir de esta misma semana, de retomar muchos capítulos
de la agenda política que habían entrado en una suerte de impasse para
no alterar la visita del mandatario estadunidense.
Sin duda el primero y más importante es retomar el control en territorios como Guerrero y Michoacán, que están viviendo situaciones sumamente difíciles y marcadas además por la impunidad. En Guerrero, el jueves se dio un primer paso deteniendo a cuatro de los 39 activistas de la CETEG que contaban con orden de aprehensión y que eran acusados de numerosos actos vandálicos… y se dieron varios pasos atrás al liberarlos apenas 12 horas después, sin ninguna explicación. En Oaxaca todos los detenidos por los actos vandálicos del miércoles fueron puestos un día después en libertad. Y los 14 “estudiantes” que tomaron la Rectoría se fueron tranquilamente luego de saquear las oficinas, incluyendo la del rector y la caja fuerte de la secretaría de Finanzas, a golpear policías en la marcha del primero de mayo. Pero todavía falta mucho por ver y hoy mismo se esperan fuertes movilizaciones de la Coordinadora que deberán tener una respuesta de las autoridades. En Michoacán los secuestros de camiones de carga y de pasajeros, los bloqueos, las agresiones, son una constante que no ha tenido respuesta de ninguna autoridad. Y a eso se suma la violencia en Tierra Caliente. ¿Ahora que se fue Obama habrá alguna respuesta?
Pero, además, la tentación de la imitación en varios otros estados está latente, sobre todo en el contexto de la negociación salarial con el magisterio, que está llevando el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una negociación que debe definirse antes del 15 de mayo, que siempre es compleja y mucho más en esta ocasión, con la reforma educativa en ciernes, con la disidencia magisterial decidida a imponer su agenda, con un sindicato aún perplejo por la detención de Elba Esther Gordillo y con un liderazgo, el de Juan Díaz de la Torre, que obviamente aún está a prueba de sus agremiados y de las propias autoridades.
Si las versiones existentes se convierten en realidad, se podría esperar que la negociación concluya la próxima semana con un incremento sustancial de ingresos de los maestros, ligado, también, a la aceptación de las nuevas disposiciones en torno a la evaluación y la formación magisterial.
Porque habrá que recordar que de la mano con esa negociación salarial se están elaborando las leyes regulatorias de la reforma educativa, que son las que realmente determinarán su alcance cotidiano. La velocidad con que se ha conformado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el buen perfil de sus integrantes y la aparente decisión política subyacente en el gobierno federal y en el sindicato, parecen ser determinantes para una aplicación profunda de la reforma pero se tendrán que contraponer con la oposición de una Coordinadora que está apostando a la radicalización de un gremio magisterial que en su gran mayoría ha optado por la negociación, pero precisamente por eso, en esta circunstancia son tan importantes los acuerdos a los que se pueda llegar en el terreno salarial antes del día del maestro.
Pero también habrá que atender el Pacto por México y el proceso electoral que comienza formalmente a fin de mes. El PAN y el PRD han estado midiendo en este tema al PRI y al gobierno federal y saben que pueden obtener beneficios electorales. Las demandas de juicios políticos y demás son improcedentes pero son una buena arma electoral que puede, además, generar un beneficio adicional a través del agregado que quieren hacer al Pacto sobre utilización de recursos públicos en campañas electorales. Algo que, en realidad, el gobierno deberá aceptar por una sencilla razón: reconocer y reafirmar la voluntad de hacer cumplir la ley no debería ser objeto siquiera de una negociación. El punto está en saber qué adiciones al cumplimiento de la ley quieren incorporar los opositores en ese capítulo. Por lo pronto, Veracruz sacrificó ya a uno de los operadores más importantes de Javier Duarte, al secretario de Finanzas Salvador Manzur.
Finalmente, en el terreno de la seguridad también tendrá que haber mayores respuestas. En la visita de Obama quedaron claras dos cosas. Primero, que, como se dijo, la seguridad interior del país es un asunto de México, lo que implica un reconocimiento y también una suerte de sana distancia de la administración de Obama. No es malo. Y segundo, que Estados Unidos, como también lo dio a entender su Presidente, no conoce aún a detalle la estrategia del gobierno federal. Iniciado el sexto mes de gobierno, debe haber mayor claridad sobre la forma en que se llegará al objetivo de reducir la violencia, que, con razón, exhibió el presidente Peña. Para eso es esencial ganar la confianza de la gente, y para quedarse con ella hay que erradicar los espacios de incertidumbre.
Sin duda el primero y más importante es retomar el control en territorios como Guerrero y Michoacán, que están viviendo situaciones sumamente difíciles y marcadas además por la impunidad. En Guerrero, el jueves se dio un primer paso deteniendo a cuatro de los 39 activistas de la CETEG que contaban con orden de aprehensión y que eran acusados de numerosos actos vandálicos… y se dieron varios pasos atrás al liberarlos apenas 12 horas después, sin ninguna explicación. En Oaxaca todos los detenidos por los actos vandálicos del miércoles fueron puestos un día después en libertad. Y los 14 “estudiantes” que tomaron la Rectoría se fueron tranquilamente luego de saquear las oficinas, incluyendo la del rector y la caja fuerte de la secretaría de Finanzas, a golpear policías en la marcha del primero de mayo. Pero todavía falta mucho por ver y hoy mismo se esperan fuertes movilizaciones de la Coordinadora que deberán tener una respuesta de las autoridades. En Michoacán los secuestros de camiones de carga y de pasajeros, los bloqueos, las agresiones, son una constante que no ha tenido respuesta de ninguna autoridad. Y a eso se suma la violencia en Tierra Caliente. ¿Ahora que se fue Obama habrá alguna respuesta?
Pero, además, la tentación de la imitación en varios otros estados está latente, sobre todo en el contexto de la negociación salarial con el magisterio, que está llevando el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una negociación que debe definirse antes del 15 de mayo, que siempre es compleja y mucho más en esta ocasión, con la reforma educativa en ciernes, con la disidencia magisterial decidida a imponer su agenda, con un sindicato aún perplejo por la detención de Elba Esther Gordillo y con un liderazgo, el de Juan Díaz de la Torre, que obviamente aún está a prueba de sus agremiados y de las propias autoridades.
Si las versiones existentes se convierten en realidad, se podría esperar que la negociación concluya la próxima semana con un incremento sustancial de ingresos de los maestros, ligado, también, a la aceptación de las nuevas disposiciones en torno a la evaluación y la formación magisterial.
Porque habrá que recordar que de la mano con esa negociación salarial se están elaborando las leyes regulatorias de la reforma educativa, que son las que realmente determinarán su alcance cotidiano. La velocidad con que se ha conformado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el buen perfil de sus integrantes y la aparente decisión política subyacente en el gobierno federal y en el sindicato, parecen ser determinantes para una aplicación profunda de la reforma pero se tendrán que contraponer con la oposición de una Coordinadora que está apostando a la radicalización de un gremio magisterial que en su gran mayoría ha optado por la negociación, pero precisamente por eso, en esta circunstancia son tan importantes los acuerdos a los que se pueda llegar en el terreno salarial antes del día del maestro.
Pero también habrá que atender el Pacto por México y el proceso electoral que comienza formalmente a fin de mes. El PAN y el PRD han estado midiendo en este tema al PRI y al gobierno federal y saben que pueden obtener beneficios electorales. Las demandas de juicios políticos y demás son improcedentes pero son una buena arma electoral que puede, además, generar un beneficio adicional a través del agregado que quieren hacer al Pacto sobre utilización de recursos públicos en campañas electorales. Algo que, en realidad, el gobierno deberá aceptar por una sencilla razón: reconocer y reafirmar la voluntad de hacer cumplir la ley no debería ser objeto siquiera de una negociación. El punto está en saber qué adiciones al cumplimiento de la ley quieren incorporar los opositores en ese capítulo. Por lo pronto, Veracruz sacrificó ya a uno de los operadores más importantes de Javier Duarte, al secretario de Finanzas Salvador Manzur.
Finalmente, en el terreno de la seguridad también tendrá que haber mayores respuestas. En la visita de Obama quedaron claras dos cosas. Primero, que, como se dijo, la seguridad interior del país es un asunto de México, lo que implica un reconocimiento y también una suerte de sana distancia de la administración de Obama. No es malo. Y segundo, que Estados Unidos, como también lo dio a entender su Presidente, no conoce aún a detalle la estrategia del gobierno federal. Iniciado el sexto mes de gobierno, debe haber mayor claridad sobre la forma en que se llegará al objetivo de reducir la violencia, que, con razón, exhibió el presidente Peña. Para eso es esencial ganar la confianza de la gente, y para quedarse con ella hay que erradicar los espacios de incertidumbre.
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