Jorge Fernández Menéndez
Era el 17 de mayo pasado, siete integrantes de
una banda de secuestradores se reunieron en un restaurante de la ciudad
de Oaxaca para concretar los detalles finales del pago de rescate del
secuestro de los niños que tenían en su poder desde cuatro meses atrás y
para terminar de organizar el siguiente, que realizarían en cuanto
cobraran el rescate, en unos días más, que había sido acordado
finalmente en seis millones de pesos.
No era el primer secuestro que realizaban, ya habían organizado por lo menos otros dos, en uno de los cuales la víctima murió (no se sabe si por heridas recibidas o si fue asesinada por sus captores) pese a lo cual de todas formas cobraron el rescate. Se sentían muy seguros, ni siquiera tomaron las medidas que resultarían lógicas en una organización criminal de estas características. Habían cometido muchos errores, habían dejado muchas huellas y no sabían que desde semanas atrás habían sido localizados por la unidad antisecuestros de la Policía Federal, tampoco que sus llamadas eran grabadas, sus pasos seguidos y que poco antes de su detención finalmente se había descubierto el lugar donde estaban secuestrados los dos niños.
Los dos chavitos tenían cuatro meses encerrados en una especie de cisterna, excavada bajo tierra exclusivamente para mantenerlos allí y oculta por láminas. Los niños estaban enclaustrados, atados de pies y manos, apenas se les daba de comer por una mujer contratada ex profeso para ello y que cobraba cinco mil pesos para cumplir con esa labor tan infame. No tenían condiciones mínimas de higiene, y allí mismo, en esa cisterna donde malcomían, debían hacer también sus necesidades.
Los dos niños, 11 y 13 años, el 14 de enero eran trasladados a la escuela La Salle ubicada en el sur de la ciudad de Oaxaca y fueron interceptados en el Ejido Guadalupe Victoria, en la parte norte de la capital oaxaqueña, en la exclusiva zona de San Felipe del Agua, que ha sido azotada por secuestros y extorsiones en los últimos meses. Fueron emboscados por un comando de más de seis hombres con pasamontañas y armados con fusiles de asalto. Luego de una persecución en la que se volcó la camioneta que transportaba a los niños, dejando heridos a un custodio y a otro niño (a los que los secuestradores dieron por muertos), se los llevaron. Pasaron desde entonces cuatro meses.
Casi al mismo tiempo que el comando de la Policía Federal detenía a los siete en el restaurante de la capital, los niños eran rescatados del hoyo en el que se hallaban a 40 kilómetros de allí. También eran detenidos la mayoría de los cómplices que eran parte de la trama que se había descubierto en las últimas semanas y también quienes custodiaban a los niños. Todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta la liberación de los niños, pasando por las detenciones de los implicados (hay algunos miembros que todavía no han sido localizados) ha sido ampliamente documentado y está en manos de los jueces.
Ayer, por tercer día consecutivo y en forma ininterrumpida desde el mismo 19 de mayo en que se anunció la detención de esta especialmente cruel banda de secuestradores, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha manifestado, bloqueando ayer toda Oaxaca, desde oficinas públicas hasta supermercados, exigiendo la libertad de los detenidos. Sostienen, sin prueba alguna más que sus dichos, que son inocentes y que fueron involucrados en esa trama para desprestigiar a ese grupo sindical (como si necesitara más desprestigio del que tiene). Lo cierto es que unas diez mil escuelas estuvieron cerradas. En promedio, los niños oaxaqueños pierden un tercio de cada año lectivo por paros, movilizaciones, reuniones sindicales, feriados, que realiza esta organización. Desde ayer mantienen un plantón frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo la libertad de los secuestradores, y es uno de los temas que encabezan la mesa de negociación de ese grupo con la propia Secretaría.
Ya lo habíamos dicho: la actitud de los dirigentes de la sección 22 ante la detención de los secuestradores es irracional, tanto que sólo puede estar dictada por el miedo de no saber hasta dónde llega la hebra que permitió realizar esas detenciones, que todo indica que tiene un trasfondo político además de criminal. Nadie en su sano juicio puede defender a esos hombres y mujeres abrumados por todo tipo de pruebas, incluyendo el rescate de los niños del lugar donde estaban recluidos, salvo que se quiera esconder algo o que, de plano, se considere que las leyes no se aplican a quienes se llaman así mismos luchadores sociales. Defender a esos personajes es criminal, negociar su liberación como parte de un paquete de prerrogativas sindicales es infame.
No era el primer secuestro que realizaban, ya habían organizado por lo menos otros dos, en uno de los cuales la víctima murió (no se sabe si por heridas recibidas o si fue asesinada por sus captores) pese a lo cual de todas formas cobraron el rescate. Se sentían muy seguros, ni siquiera tomaron las medidas que resultarían lógicas en una organización criminal de estas características. Habían cometido muchos errores, habían dejado muchas huellas y no sabían que desde semanas atrás habían sido localizados por la unidad antisecuestros de la Policía Federal, tampoco que sus llamadas eran grabadas, sus pasos seguidos y que poco antes de su detención finalmente se había descubierto el lugar donde estaban secuestrados los dos niños.
Los dos chavitos tenían cuatro meses encerrados en una especie de cisterna, excavada bajo tierra exclusivamente para mantenerlos allí y oculta por láminas. Los niños estaban enclaustrados, atados de pies y manos, apenas se les daba de comer por una mujer contratada ex profeso para ello y que cobraba cinco mil pesos para cumplir con esa labor tan infame. No tenían condiciones mínimas de higiene, y allí mismo, en esa cisterna donde malcomían, debían hacer también sus necesidades.
Los dos niños, 11 y 13 años, el 14 de enero eran trasladados a la escuela La Salle ubicada en el sur de la ciudad de Oaxaca y fueron interceptados en el Ejido Guadalupe Victoria, en la parte norte de la capital oaxaqueña, en la exclusiva zona de San Felipe del Agua, que ha sido azotada por secuestros y extorsiones en los últimos meses. Fueron emboscados por un comando de más de seis hombres con pasamontañas y armados con fusiles de asalto. Luego de una persecución en la que se volcó la camioneta que transportaba a los niños, dejando heridos a un custodio y a otro niño (a los que los secuestradores dieron por muertos), se los llevaron. Pasaron desde entonces cuatro meses.
Casi al mismo tiempo que el comando de la Policía Federal detenía a los siete en el restaurante de la capital, los niños eran rescatados del hoyo en el que se hallaban a 40 kilómetros de allí. También eran detenidos la mayoría de los cómplices que eran parte de la trama que se había descubierto en las últimas semanas y también quienes custodiaban a los niños. Todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta la liberación de los niños, pasando por las detenciones de los implicados (hay algunos miembros que todavía no han sido localizados) ha sido ampliamente documentado y está en manos de los jueces.
Ayer, por tercer día consecutivo y en forma ininterrumpida desde el mismo 19 de mayo en que se anunció la detención de esta especialmente cruel banda de secuestradores, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha manifestado, bloqueando ayer toda Oaxaca, desde oficinas públicas hasta supermercados, exigiendo la libertad de los detenidos. Sostienen, sin prueba alguna más que sus dichos, que son inocentes y que fueron involucrados en esa trama para desprestigiar a ese grupo sindical (como si necesitara más desprestigio del que tiene). Lo cierto es que unas diez mil escuelas estuvieron cerradas. En promedio, los niños oaxaqueños pierden un tercio de cada año lectivo por paros, movilizaciones, reuniones sindicales, feriados, que realiza esta organización. Desde ayer mantienen un plantón frente a la Secretaría de Gobernación exigiendo la libertad de los secuestradores, y es uno de los temas que encabezan la mesa de negociación de ese grupo con la propia Secretaría.
Ya lo habíamos dicho: la actitud de los dirigentes de la sección 22 ante la detención de los secuestradores es irracional, tanto que sólo puede estar dictada por el miedo de no saber hasta dónde llega la hebra que permitió realizar esas detenciones, que todo indica que tiene un trasfondo político además de criminal. Nadie en su sano juicio puede defender a esos hombres y mujeres abrumados por todo tipo de pruebas, incluyendo el rescate de los niños del lugar donde estaban recluidos, salvo que se quiera esconder algo o que, de plano, se considere que las leyes no se aplican a quienes se llaman así mismos luchadores sociales. Defender a esos personajes es criminal, negociar su liberación como parte de un paquete de prerrogativas sindicales es infame.
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