México: Fondos públicos, propósitos políticos – por Sergio Sarmiento

Cuando menos una parte significativa de los programas sociales del gobierno se emplean para propósitos electorales. No hay nada nuevo en eso.
Al final la idea con la que se queda uno es que cuando menos una parte significativa de los programas sociales del gobierno se emplean para propósitos electorales. No hay nada nuevo en eso, aunque muchos quisiéramos que fuera una realidad superada.


El PAN pegó primero al dar a conocer una serie de grabaciones de audio y de video en que funcionarios de los gobiernos de Veracruz y federal discutían estrategias para utilizar recursos de Sedesol para beneficiar electoralmente al PRI. En las varias horas de grabaciones los funcionarios afirmaban que los panistas antes que ellos habían utilizado esos mismos recursos públicos para apoyar a sus simpatizantes y que ahora ese dinero debía encauzarse a militantes o simpatizantes del PRI.
Las grabaciones eran contundentes y se convirtieron en un triunfo político para el PAN. El PRD tardó en reaccionar, pero pronto se unió al PAN en la exigencia de un juicio político en contra de la secretaria federal de desarrollo social, curiosamente la ex presidenta nacional del PRD, Rosario Robles, y del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Robles desde antes había cesado a los funcionarios en las grabaciones y al delegado de la Sedesol en Veracruz, quien no aparecía en ellas.
Unos días después los priistas dieron a conocer una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que pretendían demostrar que Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Boca del Río, y Miguel Ángel Yunes Linares, ex director general del ISSSTE, habían utilizado el programa Oportunidades para coaccionar el voto en la elección presidencial de 2012. Los dos Yunes afirmaron que, al contrario de las declaraciones de los priistas, no hay en sus conversaciones, que fueron grabadas ilegalmente, ninguna irregularidad.
Por otra parte, el gobierno perredista de la ciudad de México anunció que no permitiría el ingreso a su territorio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa de Sedesol para combatir la pobreza extrema, en tanto no se verifique que no duplica proyectos de apoyo social de la capital de la república. El PRD no quiere perder el control de los pobres en su baluarte político más importante: el Distrito Federal.
Uno puede tomar partido por alguno de los grupos que se acusan de utilizar fondos públicos para propósitos políticos. Otra opción es concluir que probablemente todos los partidos y todos los gobiernos hacen lo mismo. Y es una lástima. Los programas sociales deberían servir para ayudar a los más pobres y no para comprar votos. Pero al parecer las cosas no han cambiado lo suficiente en nuestro país después de más de una década de democracia y alternancia de partidos en el poder.
Quizá deberíamos enmendar la forma en que se nombran los delegados de la Sedesol y los responsables de los programas sociales. Hoy es el gobierno en turno el que decide quién queda en los cargos clave. Deberíamos tener un servicio de carrera en el que los responsables lleguen a sus puestos no por designación discrecional o política sino por concurso de oposición. El gasto social debería ser, por otra parte, sometido a auditorías profesionales. Los padrones de beneficiarios deben ser públicos para que todos sepan quiénes reciben subsidios y por qué.
Para los políticos estos cambios son inaceptables: están acostumbrados a utilizar los recursos públicos para propósitos privados. Esto es precisamente lo que un país como el nuestro no puede seguir aceptando.