24 mayo, 2013

México y su mercado rojo

O P I N I Ó N 
R A Y M U N D O   R I V A   P A L A C I O 
Estrictamente personal
México y su mercado rojo

Para comprender las externalidades del negocio de las drogas -en Estados Unidos se estima anualmente en 100 mil millones de dólares-, hay que entender su cadena de valor. El kilo de pasta base de hidrocloruro de cocaína en la selva colombiana tiene un costo entre 585 y 780 dólares. Se vende a los distribuidores en la misma selva en 2 mil 700 dólares, y sube hasta 7 mil al llegar a los puertos. En Centroamérica alcanza los 10 mil, y vale 30 por ciento más cuando llega a México. En Estados Unidos supera los 27 mil dólares en venta al mayoreo, y con los procesos de adulteración química ese mismo kilo duplica su valor. Tras ser refinada la cocaína, el costo es 500 veces mayor, y luego de recorrer los 4 mil kilómetros entre la selva colombiana y las calles estadounidenses, su valor total al detalle es de 330 mil dólares.

La cocaína es la droga más redituable en los mercados y actualmente, según el informe que dio a conocer el viernes pasado la Organización de Estados Americanos, "El problema de las drogas en las Américas", el 80 por ciento de la droga producida en los países andinos pasa a Estados Unidos por México -70 por ciento entra por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez- y Centroamérica. La estructura de ganancias, según la OEA, deja el 1 por ciento del valor en los productores originales, mientras que los vendedores minoristas en los países consumidores reciben cerca del 65 por ciento de esos ingresos.

El informe dice que el mayor valor en esta economía ilegal es agregado en los mercados de venta final, con lo que presumiblemente una parte importante de las ganancias se genera en esos mercados. Paradójicamente, la violencia en esos mercados es menor. De acuerdo con los expertos, la mayor violencia se da en los países de cultivo, producción, distribución, tránsito y venta de drogas, donde generan delitos asociados como asesinatos, secuestros o extorsiones, ante la debilidad de las instituciones. Hay una correlación directa de la violencia con la menor fuerza institucional, donde se añade el fenómeno de la corrupción, que responde a diversos factores.

México no tenía un problema real de violencia generalizada hasta 1996, cuando los cárteles colombianos dejaron de pagar en efectivo la transportación de su cocaína a Estados Unidos, y empezaron a liquidar en especie. Con el cambio, las bandas mexicanas tuvieron que desarrollar mercados internos para el consumo de drogas, y establecer territorios para sus rutas de distribución y transporte de drogas. El gobierno de Felipe Calderón los enfrentó directamente, y al golpear con éxito a las cabezas en 2007, varios cárteles que se quedaron sin droga mutaron de delito.

Por ejemplo, el Cártel de Tijuana casi desapareció, y cuando no pudo pagar nóminas, sus sicarios se fueron al secuestro exprés. Los Zetas tuvieron que abrir nuevos mercados en Centroamérica, y se desdoblaron en la extorsión, piratería y prostitución. Por esta razón el gobierno de Calderón argumentaba que el 92 por ciento de los delitos eran del fuero común, aunque tramposamente omitía que una parte significativa eran externalidad del crimen organizado. La gran debilidad de la estrategia en el sexenio pasado fue que al golpear a las cabezas de los cárteles, la fuerza del Estado no fue acompañado por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales que no eran parte del problema, sino el problema en sí mismo, al vincularse orgánicamente con los cárteles de las drogas.

La debilidad de las instituciones puso a las fuerzas de seguridad en una especie de mercado, donde los cárteles reclutaban policías y militares. La compra de impunidad era elástica, y policías o militares no dudaron en cambiar de patrón, si la paga mejoraba. La guerra contra las drogas en el sexenio pasado produjo realineamientos entre los cárteles y en sus esquemas de protección institucional, donde las fuerzas de seguridad, en no pocas ocasiones, también jugaron como escuadrones de la muerte. La violencia se convirtió en la externalidad más dramática en la búsqueda del control de la distribución de la cocaína, de cuyas ganancias los cárteles engrosan sus carteras para la corrupción y adquieren mejor armamento para sus ejércitos.

Por esta razón de mercado, la OEA propuso la liberalización de las drogas. "En un marco de prohibición, la economía de las drogas ilegales requiere del soborno, la connivencia y la omisión de servidores públicos para proteger sus operaciones y garantizar la impunidad de sus acciones", dice. "Si en algo existe consenso en materia de economía ilegal de drogas es que ésta y el crimen organizado no pueden existir sin corrupción". La lógica de la OEA es que si el mercado de las drogas se legaliza, se reduce la corrupción y se ayuda a construir instituciones más sólidas al estar menos putrefactas. El razonamiento puede parecer un poco simplista. Pero tanto se ha hecho sin avanzar, que experimentar a partir de prueba y error, bien vale la pena, al menos, comenzar a discutirlo seriamente.

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