Internacional
Las principales ciudades bolivianas son escenarios de violentos disturbios y marchas sincalistas inconformes con la nueva ley de pensiones que impulsa Evo
Sindicatos bolivianos protagonizaron el sábado marchas y disturbios por quinto día consecutivo para exigir mejores pensiones de jubilación al presidente Evo Morales, que se declaró desmoralizado por nacionalizar empresas mineras que después, según él, los trabajadores «llevan a la quiebra» con sus protestas.
Las protestas son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB),
cuyos dirigentes debían retomar el diálogo iniciado ayer con
autoridades pero se enfadaron con Morales por sus declaraciones y, en
cambio, están reunidos desde primera hora de la tarde analizando la
última propuesta del mandatario.
En esta quinta jornada de conflicto hubo manifestaciones callejeras en las ciudades de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y La Paz, donde también hubo un bloqueo en la carretera que la conecta con el centro y el oriente del país.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que también
hubo movilizaciones en Chuquisaca y bloqueos de carreteras en las
regiones sureñas de Tarija y Potosí.
Protestas por la ley de pensiones
Las protestas más violentas ocurrieron en la tarde en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde maestros golpearon a un policía,
destrozaron su motocicleta y también destruyeron un cartel gigante con
propaganda gubernamental, según mostraron canales de televisión.
La policía antidisturbios dispersó a los manifestantes con
uso de gases lacrimógenos y detuvo a una veintena de ellos por la
agresión al agente.
La COB exige con sus protestas cambios a la ley de pensiones
para que los trabajadores puedan cobrar una jubilación mensual con un
valor equivalente al cien por cien de los últimos sueldos que recibían y
no sólo con un 70 % como fija la norma.
La propuesta presentada ayer por Morales sube la renta mínima de jubilación de 531 a 574 dólares para los mineros, y de373 a 459 dólares para el resto de los sectores.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó que, con este
incremento, se reducirá la sostenibilidad del sistema de pensiones de 39
a 30 años y que si se acepta la demanda de la COB, el esquema sólo
podría mantenerse por una década.
Morales dijo que esta oferta es definitiva «digan lo que digan y hagan lo que hagan» los sindicatos, lo que enfadó a los dirigentes.
«Esta oferta es difinitiva digan lo que digan y hagan lo que hagan»
También se mostró «muy preocupado» por los conflictos, en especial por la huelga en la minera estatal Huanuni, que según el Gobierno entrará en quiebra a final de mes tras dejar de ingresar dos millones de dólares en esta semana.
«Me desmoraliza seguir nacionalizando nuevas empresas mineras
para que después los trabajadores las lleven a la quiebra o acaben
destrozando puentes», lamentó el presidente, en alusión a otros sucesos
de esta semana durante las protestas sindicales.
Tras escuchar las declaraciones de Morales, los dirigentes de la COB abandonaron el lugar donde aguardaban a los ministros para dialogar y decidieron convocar a sus afiliados a una reunión de emergencia para definir nuevas medidas.
Decenas de mineros han sido detenidos esta semana mientras
las marchas y bloqueos de carreteras se suceden en varios puntos del
país, aunque sin llegar a paralizarlo pues las actividades son normales
en otros sectores productivos.
Tres policías siguen retenidos
La huelga general se cumple sólo en hospitales del Estado,
en algunas escuelas y en la mina Huanuni, donde tres policías fueron
secuestrados para intercambiarlos por mineros que han sido arrestados en
las protestas.
El diputado oficialista Jaime Medrano confirmó a los medios desde Huanuni que los tres policías han sido retenidos por los pobladores del distrito, pero no dentro de la mina, como habían afirmado algunas autoridades.
Explicó que los agentes están en el edificio de una radio local y han recibido alimentación, abrigo y atención médica.
La huelga general se cumple en hospitales y escuelas públicas
«El informe que nos pasaron es que se estaban identificando
como periodistas, en las gorras negras que llevaban puestas decía
prensa, sin embargo, las amas de casa se dieron cuenta y ahí es cuando
se les agarraron», señaló.
El ministro Romero afirmó que es un «delito gravísimo» y lamentó que en la protesta social predominen «grupos de dinamiteros y secuestradores que están atacando a la policía y provocando violencia».
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