Existen muchas cosas raras en la
demanda presentada por Pemex en diciembre de 2012 contra César Nava por
su presunta participación en una conspiración de la empresa alemana
Siemens y la empresa coreana SK Engineering, para defraudar a Pemex
durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta. La
demanda fue ampliada apenas el 8 de mayo, ante el Segundo Tribunal
Federal de Distrito de Nueva York. Entre los enigmas figuran las
inconsistencias de fechas ya mencionadas por el propio Nava, las
contrademandas del consorcio mexicano Conproca (compuesto por Siemens y
SK) contra Pemex, los laudos ante la instancia de arbitraje
internacional en París perdidos por Pemex (aunque ganó algunos), por un
monto que en noviembre alcanzaba más de 500 millones de dólares y que
según los alemanes y los coreanos al día de hoy suman más de 900
millones de dólares; los riesgos jurídicos y hasta penales en los que
hubiera incurrido Nava de haber ejecutado las cartas de crédito hace más
de 10 años por incumplimiento de Siemens y SK no necesariamente
demostrado; y la ausencia, hasta este momento de la acción penal en
México en contra de Nava. Seguramente todo se dilucidará en las próximas
semanas en Nueva York, pero a menos de que se trate de un caso
blindado, que involucra un enorme daño patrimonial a Pemex, o de una
estrategia de litigio negociador de Pemex para no pagar esa suma, uno
puede preguntarse cuál es la lógica política en juego, en vista de que
en México, hasta nueva orden, y en el mejor de los casos, la justicia no
es exclusivamente justa, sino también, al menos en parte, política.
La mayoría de los conocedores de la reforma energética (me excluyo) han
concluido que sin cambios en el 27 constitucional que permitan
asociaciones mayoritarias de Pemex con empresas privadas nacionales y
extranjeras, tanto upstream como dowstream, compartir el riesgo y la
inversión en aguas profundas, permita algún incentivo para pequeñas
empresas como las 22 mil que han proliferado en EU para explotar las
enormes seducirreservas de shale gas en México, y algún tipo de acuerdo
tácito con la Securities and Exchange Comission (SEC) mediante el cual
las empresas extranjeras que entren a México puedan realizar el
equivalente de booking reserves sin tener la propiedad del subsuelo,
cualquier reforma se asemejará a la de 2008. No atraerá enormes
cantidades de inversión y tecnología; no incrementará, ni siquiera en un
horizonte de cinco a siete años, la producción y exportaciones
mexicanas de crudo, gas seco y shale gas; y no mandará el mensaje a los
mercados internacionales de una transformación radical de las
tradicionales actitudes mexicanas en esta materia. El País puede
prescindir de todo esto y seguir como va. Como hemos insistido Aguilar
Camín y yo, seguir como vamos desde 1997, con la excepción de los
muertos y desaparecidos de la guerra, no está mal.
Ahora bien, a menos de que uno crea en Santa Claus, el PRD jamás
aprobará una reforma energética de estas características. Ello significa
que la sacan Peña y el PRI la sacan con el PAN, o no la sacan. El PAN
ya formuló su moneda de cambio: una reforma política que incluya
reelección de diputados y senadores, segunda vuelta en la elección
presidencial, federalizar los IFE´s estatales y, así lo espero también,
contemplar referenda constitucionales y vinculantes. Todas estas
posturas son anatema para Peña y el PRI, pero ya entrados en gastos,
podrían aceptarlas.
En estas condiciones, confieso que no entiendo la lógica de golpear al PAN demandando a Nava por corrupción.
Más allá de los desencuentros personales que pudo haber tenido Nava con
su jefe Felipe Calderón, fue Secretario Particular del Presidente
durante dos años y presidente del PAN durante año y medio, y la opinión
verá el golpe a Nava como un golpe al PAN.
Pemex se fue por la libre, o la demanda es el garrote para que el PAN se
alinee, o se trata de un peligroso instrumento de negociación, en un
litigio de cientos de millones de dólares que no debiera salir de su
ámbito. |
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