por Víctor Pavón
Víctor Pavón es Decano de Currículum UniNorte (Paraguay) y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.
La prohibición temporal impuesta por el gobierno para el ingreso de
tomates al país ya surtió su primer efecto, pero para perjudicar a los
consumidores. Los precios de los tomates nacionales subieron de precio
en el orden del 66 por ciento, de acuerdo a informes del Ministerio de
Agricultura. La caja de 18 kilos que antes se comercializaba a 60 mil
guaraníes, ahora se vende en el abasto a 100 mil guaraníes.
Esto era predecible. El alza de los precios no se debe a la codicia de
los tomateros que con alguna mala intención ahora se aprovechan de la
ocasión que les da la prohibición. De ninguna manera, el aumento del
precio es consustancial a la alta demanda por comprar tomates y que no
se encuentra en plaza, puesto que la propia producción nacional no
abastece el mercado local.
Esto que parecería ser una lección de economía elemental, no lo es
tanto para el gobierno que no la comprende. Los mecanismos de la oferta y
la demanda no son artificiales ni son establecidos en base a la “orden
superior”. Es una forma de cooperación social por el cual el mercado,
esto es las personas que actúan, son los que fijan el valor de las
cosas.
El comprador procura en todo momento obtener lo que desea por el
precio más bajo posible, y el vendedor trata de que el precio sea el más
alto también posible; pero ambas partes para lograr sus propósitos de
comprar y vender deberán llegar a un acuerdo libre y voluntario, caso
contrario no habrá transacción. De este modo, sin necesidad de ninguna
oficina burocrática o funcionario que dirija aquel proceso, los miles de
productos —como los tomates— se producen, transportan, comercializan y
se consumen.
Pero sin el gobierno ingresa a este proceso, provoca lo mismo que el
zorro en el corral de las gallinas. De esta manera, el gobierno en su
afán de procurar mejorar las condiciones de nuestros productores, en
realidad está provocando un daño enorme a los bolsillos de la gente, los
consumidores —entre los que se encuentran los mismos productores—
quienes de esta manera no solo se ven obligados a comprar tomates más
caros sino también de inferior calidad.
La intervención estatal en la producción y comercialización de bienes y
servicios trae consigo una serie de efectos dañinos. La misma puede
darse de varias maneras; mediante impuestos, privilegiando internamente a los productores con subsidios o directamente aplicando una prohibición de ingreso de mercaderías al país.
Por supuesto que deseamos que nuestros productores progresen en sus
actividades del campo, consiguiendo mejores ingresos para sus familias,
lo que a su vez impacta sobre la mano de obra de muchos compatriotas
que encuentran, de esta manera, un puesto de trabajo de los muchos que
se necesitan en el país. Nadie en su sano juicio desearía que la propia
agricultura de su país se perjudique.
Pero la cuestión no está en perjudicar o beneficiar a los productores
de tomates mediante prohibiciones u otros tipos de intervenciones
estatales.
La cuestión pasa más bien por encontrar el mejor modo de beneficiar a
la mayor cantidad de personas que consumen tomates. Por lo demás, la
prohibición de importar tomates no tiene asidero alguno, dado que ni
siquiera el gobierno puede controlar su propio régimen aduanero
denominado de "pacotilla" y establecido por decreto, por el cual toda
persona que realice compras para su uso personal por valor de 150
dólares mensuales no paga impuesto alguno. Hasta ahora no hay registro
de personas y mercaderías, permitiendo que esa misma persona pase la
frontera cuantas veces desee en un mes.
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