Peña retoma a Calderón
Martín Moreno
“El Estado mexicano
se está tambaleando en algunas partes del país...”
Con el envío del Ejército a Michoacán, el
gobierno federal no sólo retoma la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Aún más: reconoce que en la praxis está siendo
rebasado por la violencia galopante, por el fortalecimiento de los cárteles y,
lo más grave, confirma la ausencia de un plan
propio, claro y efectivo.
El reportaje en The Washington Post de Nick Miroff —a la prensa mexicana nos debería dar vergüenza
que en el extranjero se haga el trabajo periodístico que nos toca hacer a
nosotros— es implacable. Afirma:
“El Estado mexicano se está tambaleando
en algunas partes del país”, ante la aparición de las policías comunitarias.
“El gobierno de Peña Nieto lanzó una
estrategia de seguridad para Michoacán que es igual a la que emprendió hace
seis años el ex presidenteFelipe Calderón: poner al
Ejército en las calles para vigilar la entidad”.
Reconoce el gobierno peñista que durante
los primeros cinco meses del sexenio se han registrado cinco mil 296 homicidios
—un ritmo frenético: mil 50 muertos al mes, 35 cada día—, aunque el prestigiado
y respetado semanario Zeta —dirigido por la periodista Adela Navarro— da la cifra, en el mismo lapso, de ocho mil
ejecuciones.
Lo preocupante es que el país se ha
bifurcado: por un lado está la discusión política —el Pacto por México, la
fractura interna del PAN, los escándalos de Granier, Reynoso, Murillo Karam y lo que se acumule— y, por otro, como una olla
de presión a punto de reventar, aparece la contención oficialista y el
ocultamiento en el discurso de gobierno sobre lo que es una realidad dolorosa y
viva: la violencia que, lejos de haber
disminuido, está repuntando.
Y no es
percepción. Allí están los hechos irrebatibles:
–Guerrero ha sido
el estado más violento: 888 muertes relacionadas con el crimen organizado. Le
sigue Chihuahua con 722, Estado de México —donde la ingobernabilidad se asoma
peligrosa ante el embate de la criminalidad— y Jalisco, con 568 ejecuciones
cada uno.
–Son gobernados por el PRI los estados más violentos y
donde hay más ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (excepto
Guerrero): Chihuahua, Edomex y Jalisco. Durango y Coahuila (también priistas)
en la Comarca Lagunera, sobre todo, siguen los altos índices de violencia y la
seguridad en punto muerto.
–Lo que para Calderón fue
Ciudad Juárez, para Peña Nieto es Acapulco: 403 ejecuciones
de diciembre de 2012 hasta abril de este año.
–En un sólo acto,
asesinan a seis personas e incendian vehículos en Apaxtla de Castrejón,
Guerrero.
–Cinco muertos y
tres heridos en Guanajuato.
–En Neza ejecutan
al dueño de Micheladas Don Chuy por no pagar cuota de piso al crimen
organizado.
–Y cuidado en el
DF: los estallidos en un cajero bancario en Tlalpan, y en Bellas Artes días
después, autoadjudicados por grupos subversivos, prenden las luces rojas en la
capital. Es violencia y temor.
–El secuestro también va al alza: de
acuerdo con el Sistema Nacional de Información (SIN), durante los primeros
cinco meses del gobierno de Peña Nieto los plagios
llegaron a… ¡596!, en comparación con los 209 registrados en lapso similar al
arranque del gobierno de Calderón. Es decir: 120
personas al mes fueron secuestradas de diciembre de 2012 a abril de 2013.
Cuatro diarias.
Eso se llama
miedo.
Y dos ejemplos del empoderamiento de los
cárteles nos ofrece el reportero Enrique Mendoza Hernández, de Zeta: tan
sólo en Guerrero, son… ¡17 grupos del crimen organizado los que se disputan el
control delictivo! En Chihuahua son ocho.
En la violencia
que arrodilla a los mexicanos, no hay grandes ni pequeñas tragedias. La más desgarradora es la que vive a quien le ocurre.
Intentar
encapsular un problema nacional que flagela, agravia y va en aumento
—la violencia del
narco y sus hermanas: el secuestro, la extorsión— sólo conduce a mayor
desinformación y descontrol y, por tanto, menos herramientas para poder
enfrentarlos.
De qué sirve un
Pacto por México ahogado en sangre y en
inseguridad.
ARCHIVO CONFIDENCIAL
GRANIER. La pinza se
cierra sobre el ex gobernador Andrés Granier: la procuraduría
de Justicia de Tabasco lo citará a comparecer para que responda por el hallazgo
de 88.5 millones de pesos encontrados en una casa vinculada a quien fuera su
tesorero, José Saiz Pineda.
El
enriquecimiento del priista es de escándalo. La jactancia etílica de los 400
pares de zapatos, 300 trajes y mil camisas sería sólo un botón de muestra de
los presuntos abusos al erario.
Allí están
también las propiedades de lujo. Ese es el lado jurídico. Del otro está lo
político: veremos si el gobierno priista da luz
verde al proceso legal en contra de su correligionario.
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